Dos integrantes del gabinete de Jair Bolsonaro cayeron el mes pasado. El de Salud fue despedido porque no se plegó a la política de ignorar el peligro del coronavirus; el de Seguridad y Justicia renunció por los intentos (fallidos, a la postre) del presidente de entorpecer una investigación policiaca en torno a sus hijos, sospechosos de lavar dinero. El mandatario brasileño ya no tiene más que 30% de aprobación popular y además enfrenta una crisis económica. RÍO DE JANEIRO, Brasil (Proceso).– El martes 5 el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se detuvo a la entrada de la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, donde lo esperan todos los días los reporteros, por un lado, y sus fanáticos, por otro. Según el humor del mandatario va a hablar con unos o con otros. Pero ese día se dirigió resueltamente hacia los micrófonos de la prensa, sosteniendo en sus manos el periódico La Folha de S. Paulo: “¡Cállense todos! ¡No pregunten nada! ¡Qué prensa tan despreciable que es esta Folha de S. Paulo!”. No era la primera vez que Bolsonaro despotricaba contra los medios y los amenazaba con cortarles la publicidad o las concesiones; pero sus gritos ese día eran particularmente desesperados, pues su situación política empeora drásticamente. El presidente le reprochaba a la prensa la publicación de las acusaciones formuladas por su exministro de Seguridad y Justicia, el exjuez Sergio Moro, conocido por su actuación al frente de la investigación Lava Jato. Moro justificó su renuncia, que tuvo lugar el pasado 24 de abril, asegurando que Bolsonaro quería “interferir en la autonomía de la Policía Federal”, lo que él no podía permitir. “Primero el presidente quería sustituir al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro, después al director de la Policía Federal, cuando no había ninguna justificación para eso, sino razones estrictamente personales. El presidente reconoció que era una interferencia política. Me dijo textualmente que quería tener la posibilidad de llamar al director de la PF para obtener informaciones confidenciales sobre las investigaciones en curso”, dijo Moro. Sin mencionarlo, Moro hacía referencia al hijo mayor del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, investigado desde hace más de un año en Río de Janeiro por lavado de dinero. Esa investigación ha ido revelando poco a poco los lazos criminales de la familia Bolsonaro con La Milicia, un grupo criminal compuesto por policías corruptos que dominan territorios importantes de Río de Janeiro. Más recientemente el segundo hijo del presidente y consejero municipal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, empezó a ser investigado, como su hermano, por lavado de dinero, pero también por haber participado activamente en un esquema de difusión en masa de fake news a fin de desacreditar a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia del Poder Judicial brasileño. Para tener información de primera mano sobre su familia es que Bolsonaro quería sustituir a los directivos de la PF, según el exjuez; esto sería confirmado mediante el video de una reunión entre el presidente, Moro y otros ministros. El procurador general de la República, Augusto de Aras, decidió abrir una investigación dada la gravedad de las acusaciones del exministro contra Bolsonaro. El lunes 4 Moro tuvo que acudir a la Policía Federal, donde reiteró sus acusaciones, que evidentemente fueron reproducidas al día siguiente por toda la prensa nacional, razón de la furia presidencial ante la portada de La Folha de S. Paulo.

El factor económico

La renuncia de su ministro de Seguridad y de Justicia, el más popular de su gobierno, es sólo el último episodio de una caída que hoy día parece segura, según Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad de Río de Janeiro: “frente a la doble crisis, de la salud y de la economía, la popularidad de Bolsonaro, que hoy es de alrededor de 30%, seguirá cayendo. Él mantiene el apoyo de los religiosos, especialmente de los evangélicos, pero ha perdido gran parte de los aliados vinculados al exministro Sergio Moro, que defienden una agenda más dura contra el crimen. “Las grandes empresas, incluyendo las del agronegocio, que lo apoyaban ciegamente, han sido más críticas con el presidente. Gran parte de este apoyo depende hoy en día de la permanencia de Paulo Guedes como ministro de Economía, la cual tampoco está garantizada. Para mí, es poco probable que Bolsonaro termine su mandato en estas condiciones.” Las previsiones económicas son realmente negativas, con una caída del PIB estimada en 5% para este año. Pero es sobre todo la pandemia la que probablemente oscurezca seriamente el futuro del presidente, dada la enorme responsabilidad que tiene en haber facilitado su expansión. Desde el pasado marzo el jefe de Estado ha dicho repetidas veces que el coronavirus es “sólo una pequeña gripe que no necesita confinamiento”. Frente a las cámaras, Bolsonaro se divierte visitando comercios, creando multitudes, multiplicando los abrazos sin máscara ni guantes. El pasado 16 de abril despidió a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, justamente por que éste invitaba a la población a seguir las recomendaciones de la OMS y apoyaba el confinamiento. El presidente se opuso también a los 27 gobernadores que en su gran mayoría impusieron el confinamiento. El STF impidió la difusión de un anuncio publicitario proyectado por Bolsonaro y que decía: “Brasil no puede parar”.

“Ambicioso y oportunista”

Como la mayoría de los observadores, Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas, de Sao Paulo, considera que “Moro salió no tanto por proteger a la Policía Federal sino por su propio futuro, con toda la ambición política que tiene. Necesitaba urgentemente desligarse del gobierno de Bolsonaro”. De hecho, Moro reconoció que “no era la primera vez que el presidente me presionaba para cambiar al director de la Policía Federal”. Esta vez la presión no fue más fuerte, sino que la situación del presidente era más frágil. “Moro acertó al marcharse ahora, justo a tiempo para mantener su popularidad e incluso aparecer como el defensor de la integridad de la Policía Federal contra los intentos de manipulación del presidente”, añade Santoro. El 24 de abril, tras la renuncia de su ministro, Bolsonaro lo definió como “ambicioso y oportunista, más preocupado por su carrera que por el país”. Moro dejó la magistratura para entrar al gobierno, tres días después de la victoria electoral de Bolsonaro, en octubre de 2018. Para lograr eso no dudó en manipular los procesos judiciales, como lo demostró en junio de 2019 la revista electrónica The Intercept, que publicó los mensajes privados intercambiados con los procuradores del Lava Jato en la aplicación Telegram. Esas conversaciones muestran a un juez queriendo demostrar a toda costa la culpabilidad del expresidente Lula da Silva, intentando fortalecer una acusación frágil y apoyando a los procuradores en sus búsquedas desesperadas de pruebas contra el exmandatario. “Los mensajes revelan una colaboración ilegal con los procuradores, una violación continua del sistema acusatorio: un juez no puede tomar cartas en el asunto ni tratar el caso con los procuradores para influir en su trabajo, lo que Moro hacía abiertamente”, considera André Bezerra, presidente de la Asociación Jueces por la Democracia. La investigación de la Policía Federal (la Operación Spoofing) encarceló a los supuestos hackers que estuvieron atrás de esas revelaciones, pero hasta ahora nadie en el Ministerio Público de Curitiba ni el exjuez Moro fueron castigados. El entonces ministro de Justicia incluso quería destruir las pruebas –los mensajes de Telegram–, pero el ministro Luiz Fux, del STF, se lo impidió. Para la abogada penalista Carol Poner, “el caso muestra perfectamente lo que llamamos lawfare: la utilización de la ley para fines políticos. Moro ayudó enormemente a Bolsonaro a ganar la elección presidencial, impidiendo la candidatura del favorito, el expresidente Lula, y por eso se volvió ministro”.

Colaboración con Estados Unidos

En los mensajes revelados por The Intercept llama la atención el episodio sobre Venezuela en agosto de 2017. Moro y los procuradores le filtraron a la exprocuradora general de Venezuela, Luisa Ortega, el video en el que el exdirector de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, admite haber financiado con 35 millones de dólares la campaña electoral de Nicolás Maduro. Pero no divulga la parte donde también admitió haber pagado 15 millones de dólares por la campaña del candidato opositor, Henrique Capriles. Fue Moro el primero en sugerir al grupo de la fiscalía que lanzara toda esta filtración, justo cuando Estados Unidos estaba aumentando las sanciones contra el régimen de Maduro. La voluntad de Moro de colaborar activamente con Estados Unidos está documentada desde hace varios años por el medio independiente brasileño Agencia Pública. Una investigación reciente de este medio, publicada el lunes 4, muestra que el exjuez usó su cargo como ministro para fortalecer su relación con el FBI y los servicios de inteligencia estadunidenses. La periodista Natalia Viana documentó que el FBI está presente desde 2015 en Curitiba, asistiendo a los interrogatorios de los acusados que firmaron acuerdos del mecanismo de “delación recompensada”, para intentar minimizar sus condenas a cambio de información exclusiva sobre otros crímenes o criminales. Los agentes del FBI investigan en Brasil la corrupción trasnacional y el lavado de dinero gracias a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Pero la investigación periodística muestra que dicha cooperación judicial durante la gestión de Moro fue mucho más allá de la simple cuestión de la corrupción y que el Buró terminó pidiendo un aumento de presupuesto para sus oficinas en Brasil. Moro firmó acuerdos para el intercambio de datos biométricos y para colaborar dentro del nuevo Centro de Operaciones contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú –en la triple frontera: Brasil, Argentina, Paraguay–. Viana asegura que este centro fue creado sobre el modelo del dirigido por la DEA en El Paso, Texas, que Moro visitó en junio pasado. “Como ministro de la Justicia Moro adoptó una postura inédita que beneficia a los intereses de Estados Unidos dentro del territorio brasileño, contraria a la posición anterior de Brasil, que intentaba mantener una independencia frente a los estadunidenses. Él permitió un acceso que el FBI y el Departamento de Justicia querían hacía mucho tiempo, en particular la cuestión de la triple frontera”, explica Viana. Todos los observadores aseguran que Moro será el candidato de la derecha en la próxima elección presidencial, en 2022. Su relación privilegiada con Estados Unidos será una gran aliada en esta batalla.

Texto publicado el 17 de mayo en la edición 2272 de la revista Proceso.