Con el acuerdo que el presidente López Obrador publicó el lunes 11 para extender hasta 2024 la intervención de militares en la seguridad pública, no sólo revivió las protestas de los defensores de derechos humanos sino que profundizó los riesgos que entraña la militarización de esas labores. A decir del director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, y de la especialista Lilian Chapa, la decisión presidencial otorga a marinos y soldados facilidades para realizar detenciones arbitrarias, alterar escenas del crimen y tergiversar los hechos a su conveniencia, sin rendir cuentas a la autoridad civil. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El acuerdo presidencial que dispone de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional sumará cinco años más de intervención militar en las calles, práctica que en los últimos 13 años se ha traducido en una avalancha de 11 mil 142 quejas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos atribuidas al Ejército y otras 2 mil 967 a la Marina-Armada. Estas cifras no son la única preocupación de especialistas y abogados defensores: también los alarman las facultades que se otorgan a militares y personal naval para resguardar y procesar datos de prueba después de enfrentamientos y operativos, pues consideran que facilita a las fuerzas armadas la manipulación de escenas del crimen, como sucedió con la ejecución de civiles en Tlatlaya o el asesinato de dos estudiantes en el campus del Tecnológico de Monterrey. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, quien ha litigado casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército, afirma que el acuerdo publicado el lunes 11 “profundiza” la militarización del país, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumente lo contrario. Aguirre Espinosa también sostiene que las facultades otorgadas a las fuerzas castrenses también podrían facilitar casos de tortura, como ocurrió con los detenidos por la Marina en el caso Ayotzinapa, cuyos testimonios inducidos se usaron para apuntalar la llamada “verdad histórica” de la PGR. El defensor de derechos humanos recordó que en Tlatlaya, tras el primer enfrentamiento en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón, el 30 de junio del 2014, los integrantes del Segundo Batallón de Infantería del Ejército actuaron como primeros respondientes, aseguraron la escena del crimen y realizaron las primeras entrevistas a los testigos y las víctimas. Gracias a esa intervención inicial, la milicia hizo pasar una ejecución sumaria como un enfrentamiento en el que murieron 22 civiles. “En el caso Tlatlaya –no lo dice sólo el Centro Prodh, lo comprobó en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, ser la primera autoridad en llegar le permitió al Ejército manipular la evidencia, mover los cuerpos, sembrar armas y presionar a testigos. Todo eso permitió el montaje que disfrazó o pretendió disfrazar las ejecuciones, que después se develó mediante trabajos periodísticos y gracias al valiente testimonio de una de las sobrevivientes”, puntualiza Aguirre Espinosa. Desde su punto de vista, con el nuevo acuerdo “se vienen a legalizar” e institucionalizar esas prácticas: “Como es una de las 12 facultades de la Guardia Nacional que se enumeran en el artículo noveno de la ley, se le dan  facultades concretas a las fuerzas armadas, incluyendo dos para actúen como primeros respondientes frente a la comisión de delitos. Eso es legalizar que pueden hacer lo que hicieron en Tlatlaya. Hay antecedentes de que cuando el Ejército es el primero en llegar a una escena donde se violaron derechos humanos, pues busca manipular la evidencia”. En cuanto al otro caso emblemático, señala que “la propia experiencia muestra que hay violaciones a derechos humanos… La participación constante de la Marina en la detención de algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa –hoy sabemos y está más allá de toda duda, puesto que hay acusaciones legales– se tradujo en actos de tortura. Son ese tipo de prácticas, muchas de ellas que ya ocurrían, ahora quedan formalizadas y legalizadas institucionalmente por vía de este acuerdo”. 

Fragmento del texto publicado en la edición 2272 de la revista Proceso, ya en circulación.