En plena pandemia las acciones económicas del gobierno de López Obrador son disonantes; tras plantearlas, hace “ajustes” que desconciertan a sus propios colaboradores. Así sucedió con la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante la cual propone un ahorro superior a los 622 mil millones de pesos, suprimiendo 10 subsecretarías y recortando el sueldo “a los altos funcionarios públicos”. Más aún, la iniciativa faculta al Ejecutivo a reorientar el gasto bajo sus criterios y no conforme al Presupuesto de Egresos aprobado por los diputados. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador –renovada por una de las medidas del “plan económico” para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y por el desplome de los precios del petróleo– ha transitado por un atropellado proceso de instrucciones, un decreto y una iniciativa que, de aprobarse, le permitirían a su gobierno reorientar 622 mil 556 millones de pesos. Aunque no tiene facultades para hacerlo, las órdenes están giradas a las dependencias y entidades para que se empiecen a ejecutar los “ahorros”, en espera de que se apruebe la iniciativa de reforma que adiciona un artículo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante el cual el presidente podría disponer de esos y otros recursos con discrecionalidad. Las medidas de austeridad plantean que los recursos destinados al pago del personal, contratación de pequeños proveedores, profesionistas y prestadores de servicios que dependen del gobierno sean dirigidos a los programas de ayuda social para paliar la crisis económica, si bien dejan inoperantes la mitad de las áreas gubernamentales que no tienen atención al público o se relacionan con sus proyectos y programas emblemáticos. Además, radicalizan la disminución originalmente anunciada de 50% pues aspira a 75% de reducción en el gasto operativo gubernamental; presiona políticamente a la alta burocracia para que “de manera voluntaria” se reduzca el salario y renuncie al aguinaldo, pero no lo ordena jurídicamente (librando así una ilegalidad); y suspende no sólo nuevas contrataciones de insumos y servicios, sino también las comprometidas que aún no se han liquidado. Eso sí, el plan deja a salvo de cualquier alteración presupuestal los programas y proyectos insignia; es decir, los creados por la actual administración. López Obrador pormenorizó el plan el miércoles 22, cuando anunció la eliminación de 10 subsecretarías (sin despedir funcionarios), así como la reducción salarial desde el nivel de subdirector hasta el de él mismo y la supresión de aguinaldos. La nueva etapa de “austeridad republicana” fue anunciada por el presidente en su “informe” del domingo 5, como una extensión a su oferta verbalizada en la frase recurrente: que sea el gobierno “quien se apriete el cinturón y no el pueblo”. Una serie de oficios emitidos entre el miércoles 8 y el lunes 13, así como las declaraciones del mandatario sobre los recortes en gastos, habían generado confusión incluso dentro de la administración por diferentes problemas de legalidad, facultades y competencias en materia presupuestaria, administrativa y laboral, hasta que finalmente el jueves 23 el mandatario emitió un decreto dejando claro, en el artículo segundo de los transitorios de la mencionada ley, que enviaría una iniciativa a la Cámara de Diputados para su urgente aprobación. Este es un fragmento de un reportaje publicado en el número 2269 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 26 de abril de 2020