La emergencia sanitaria obliga a varias naciones a ceder libertades y derechos básicos, algo que sería impensable en circunstancias normales. Los cierres de fronteras y escuelas, así como la prohibición de circular y reunirse libremente, son algunos ejemplos. Organismos defensores de derechos humanos llaman a estar atentos para evitar que la democracia y las libertades individuales sean víctimas de la actual crisis. BRUSELAS (Proceso).- Casi un tercio de la humanidad está sujeto a algún tipo de confinamiento domiciliario para intentar contener la pandemia del coronavirus, que hasta este viernes 27 había provocado más de 21 mil fallecimientos y el contagio de casi medio millón de personas. Según la agencia francesa AFP, la decisión del gobierno de India (el segundo país más poblado del planeta) de restringir el movimiento de sus mil 300 millones de habitantes a partir del martes 24 elevó el número de personas recluidas en sus domicilios a dos mil 600 millones. Conforme el aislamiento y el control social se expanden, cada vez son más los pensadores, políticos o activistas que se preguntan si la democracia y los derechos humanos terminarán siendo víctimas de la actual crisis. Y es que a causa de la emergencia sanitaria, incluso las sociedades más democráticas, como las europeas, han tenido que ceder libertades y derechos básicos que no hubieran cedido en circunstancias normales. De un día para otro se cerraron las fronteras, las escuelas y los lugares de esparcimiento y ciudadanos de todo el mundo fueron privados de su derecho de circular y reunirse libremente; y quedaron prohibidas las actividades recreativas en el exterior. El cumplimiento de las nuevas reglas quedó bajo control de la policía y se amenaza con fuertes multas y hasta penas de prisión a los infractores. Los militares han sido llamados a reforzar la sobrecarga de tareas de logística y abastecimiento durante la crisis. En Italia también obtuvieron poderes de seguridad pública para que hagan cumplir el confinamiento, en vigor desde el miércoles 11. Gracias a facultades legales extraordinarias que les han sido otorgadas por los parlamentos nacionales –“estado de emergencia” en Francia o Italia, “estado de alarma” en España–, los gobiernos han adquirido poderes excepcionales sólo utilizados en tiempos de guerra. “Esta situación debe ser temporal. Es impensable que nuestras democracias se transformen en seudodemocracias donde los poderes especiales o los estados de urgencia deriven en regímenes de excepción o dictaduras”, declaró a la televisión belga Olivia Venet, presidenta de la Liga de los Derechos Humanos. El jueves 26 el Parlamento de Bélgica aprobó una ley que le confiere “poderes especiales” al gobierno federal para que pueda tomar disposiciones de urgencia durante seis meses, sin pasar por procesos legislativos. En el contexto de la pandemia del coronavirus, los Estados han adquirido un poder inusitado que preocupa a la sociedad civil global. Amnistía Internacional (AI) reiteró el pasado viernes 20, cuando muchos países estaban endureciendo sus normas de reclusión social, que “la manera en que los gobiernos decidan responder a la crisis sanitaria impactará en los derechos humanos de millones de personas”. Aunque “son tiempos extraordinarios”, manifestó AI, “es importante recordar que las leyes de protección de los derechos humanos son aplicables”. La estadunidense Human Rights Watch, a su vez, estima que el coronavirus “abre nuevas oportunidades para movilizarse por los derechos fundamentales, la dignidad y la igualdad para todos”.

Fragmento del texto publicado en la edición 2265 de la revista Proceso, ya en circulación.