Luego de más de medio siglo de lucha armada y un complejo y prolongado proceso de pacificación, la exguerrilla de las FARC se convirtió en partido político… uno que no ha logrado prácticamente nada en las urnas. Ante un gobierno central derechista dispuesto a sabotear los acuerdos de paz –cuyas cláusulas incumple–, los antiguos guerrilleros comenzaron la desbandada... Incluso algunos exdirigentes farquistas anunciaron que vuelven a las armas. Y en medio de ese caos ocurre el supuesto intento de asesinato contra una de las figuras emblemáticas de aquella guerra: Timochenko. BOGOTÁ (Proceso).- Tres años después de firmar un acuerdo de paz con el Estado colombiano, la exguerrilla de las FARC vive una crisis de tal profundidad que sus mismos dirigentes optaron por impulsar un proceso de renovación que le permita al antiguo grupo insurgente sobrevivir en un ámbito que le fue ajeno durante más de medio siglo: la política legal. En medio de la salida de militantes emblemáticos, de una ola de asesinatos de excombatientes y de sonados fracasos electorales, el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) alista su II Asamblea Nacional con la idea de replantearse todo, hasta el nombre.  En noviembre pasado ya habían renunciado 39 militantes en Bogotá por diferencias con la cúpula del partido, a la cual acusaron de querer conducir a la FARC con una lógica militar y no política. Además los responsabilizaron de los magros resultados electorales obtenidos en la capital del país en los comicios locales del pasado 27 de octubre: apenas 26 mil 53 votos, 0.9% del total. Las disputas internas se agudizaron hace tres semanas, cuando la Policía Nacional de Colombia (PNC) dijo haber descubierto y desarticulado un plan para atentar contra la vida del presidente del partido, Rodrigo Londoño, Timochenko. Según el director de la PNC, general Oscar Atehortúa, el atentado lo ejecutarían dos exguerrilleros de las FARC en una finca al occidente de Bogotá en la que Timochenko estaría el 31 de diciembre.  Los presuntos agresores, identificados como Guamby y Conejo, fueron abatidos por la policía en un enfrentamiento a un kilómetro de la finca; Atehortúa los identificó como “integrantes de la célula terrorista al mando de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga”, un excomandante de las FARC. Velásquez Saldarriaga, El Paisa, apareció en agosto pasado en un video en el que el exnúmero dos de las FARC, Iván Márquez, y los excomandantes Jesús Santrich y Henry Castellanos Garzón, Romaña, rompieron con el partido que preside Timochenko y anunciaron la creación de una nueva guerrilla que denominaron FARC-Segunda Marquetalia (en referencia al lugar donde se originó esa insurgencia en 1961).  La PNC dijo que los autores intelectuales del atentado contra Timochenko fueron Márquez –exjefe de la delegación de las FARC que negoció los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana entre 2012 y 2016–, Santrich y El Paisa. Timochenko incluso agradeció a la policía y al ejército –instituciones que participan en su esquema de seguridad– por haberle salvado la vida, y al referirse a Márquez, Santrich y El Paisa señaló que es “un hecho doloroso” saber que antiguos compañeros de armas lo quieren matar. Las declaraciones de quien fuera el máximo comandante de las FARC cayeron mal en un sector del partido, que le reclamó por darle el crédito a la policía y al ejército, enemigos históricos de las guerrillas, y por creer la versión de que el atentado había sido fraguado por sus excompañeros. Familiares de los dos exguerrilleros abatidos pusieron en duda que su muerte se haya producido en un enfrentamiento y mostraron fotografías de los cadáveres con aparentes huellas de tortura. 

Saldo rojo

Desde la firma de los acuerdos de paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados 181 excombatientes y medio centenar de sus familiares, lo que revela el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los antiguos guerrilleros. Además, en ese periodo han sido ejecutados unos 555 líderes sociales que estaban involucrados en programas derivados de los acuerdos de paz y en la defensa de los derechos humanos. El partido de la FARC enfrenta también la hostilidad del gobierno de Iván Duque, del ultraderechista Centro Democrático (CD) y “delfín” del exmandatario Álvaro Uribe, principal opositor a los acuerdos de paz. La consigna del sector más radical del CD es “hacer trizas” esos acuerdos y, si no fuera por el Congreso, donde el partido de gobierno carece de mayoría, Duque ya hubiera avanzado en esa tarea. El presidente no sólo ha mostrado un total desinterés en cumplir aspectos sustantivos de esos pactos que pusieron fin a más de medio siglo de conflicto armado, como el programa de desarrollo rural, sino que perdió varios meses tratando de echar abajo –sin éxito, porque el Congreso y la Corte Constitucional lo pararon– aspectos sustantivos de la Jurisdicción Especial para la Paz, el modelo de justicia transicional derivado de los acuerdos. Adicionalmente, el partido de las FARC ha cargado con el lastre de la mala imagen que generó la antigua guerrilla entre millones de colombianos, cuando comenzó a secuestrar civiles y a cometer matanzas y atentados terroristas en los que murieron mujeres, niños y decenas de colombianos que nada tenían que ver con la guerra. Según una encuesta de Gallup, 83% de los colombianos tiene una mala imagen de las FARC y sólo 10 de cada 100 tienen una opinión favorable. En 2018 Timochenko se presentó como candidato presidencial de las FARC, pero se retiró de la contienda ante la baja aceptación que reflejaban las encuestas. Ese mismo año el partido sólo logró 85 mil votos en las elecciones legislativas. Sin embargo, como parte de los acuerdos de paz, el partido de las FARC obtuvo cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, las cuales conservará durante tres periodos legislativos.

Los antiguos camaradas

En entrevista con Proceso, el senador farquista Carlos Antonio Lozada considera que la crisis del partido es parte de la transición que vive la exguerrilla para insertarse en la política legal. “Hemos tenido que enfrentar una serie de problemas muy complejos que parten del hecho de que nuestro funcionamiento por más de 50 años fue militar y ahora es el de un partido político”, señala.  Necesariamente, agrega, las FARC, sus dirigentes, sus militantes, sus excombatientes, han tenido que pasar por un proceso de adaptación muy difícil, tanto de estilos como de formas de trabajo. “Y a eso se le suman todas las dificultades de la implementación del acuerdo. Ha sido una disputa permanente con la derecha de este país y, de manera particular, con este gobierno.”  De acuerdo con Lozada, integrante de la dirección del partido y antiguo miembro del secretariado (el alto mando) de las FARC, los diferentes obstáculos que han surgido en el proceso de inserción a la política institucional han generado “distintas apreciaciones y enfoques de cómo debemos encarar esta situación”.  Eso, agrega, ha determinado incluso “que algunos compañeros hayan decidido irse de nuevo para las armas”. Es el caso de Márquez, segundo al mando en las FARC después de Timochenko, y Santrich, uno de los ideólogos de la organización.  Ambos representaron siempre al sector más ortodoxo del grupo insurgente, mientras que Timochenko y Lozada son hoy los rostros más visibles de la corriente renovadora. Lozada acepta que Márquez y Santrich, quienes optaron por crear una nueva organización guerrillera que tendría su centro de mando en Venezuela, eran figuras influyentes en el partido de las FARC. “Pero ellos sintieron que ya no había espacio para trabajar en función de la implementación integral de los acuerdos de paz y decidieron irse. Finalmente, en este partido, como en cualquiera que funcione en el marco de la legalidad, la gente tiene la libertad de entrar o salir”, asegura.  –Pero pareciera que a pesar de su salida, Márquez y Santrich siguen gravitando en el partido FARC y que sus posturas sobre la implementación de los acuerdos aún son reivindicadas por un sector… –No es fácil hacer una ruptura cuando se viene de un proceso que tiene más de 56 años –señala Lozada–, y seguramente el debate sobre la implementación de los acuerdos y el carácter que debe asumir el partido en la lucha por esa implementación podrá ser algo permanente. Márquez y Santrich, sostiene el senador, “creyeron que con la sola firma del acuerdo el Estado iba a cumplir y que simplemente con reclamarle al Estado todo se iba a dar y eso los llevó a pensar que, ante el incumplimiento, se cerraron los caminos de la lucha por la implementación en el marco de la legalidad”. En 2018 Santrich fue implicado por la DEA en una transacción de cocaína que, de acuerdo con las FARC, fue “un montaje”; Márquez huyó cuando consideró que también él sería acusado.  El señuelo de la DEA era un sobrino de Márquez que acabó como informante de la justicia estadunidense.  Lozada dice que la salida de Márquez y Santrich es diferente a la de otros exmilitantes de las FARC, que se apartaron porque consideran que deben buscar su camino en otras corrientes y fuerzas políticas, “lo que nosotros obviamente respetamos”.  De acuerdo con el senador, muchas de las renuncias a la militancia se han producido por la desazón que sienten los excombatientes por el incumplimiento de los acuerdos –faltan proyectos productivos, reparto de tierras y la mayor parte de la inversión social pactada– y las masacres, que ellos atribuyen a paramilitares, terratenientes y bandas criminales.  “Uno pudiera llegar a pensar que buena parte de los incumplimientos son algo premeditado de este gobierno, que es enemigo del acuerdo de paz, y que con eso busca generar desmovilización y desmotivación en buena parte de la militancia”, asegura. Al referirse al frustrado plan para asesinar a Timochenko, Lozada dice que la dirección de las FARC ya tenía información previa en el sentido de que los disidentes encabezados por Márquez y Santrich habían tomado la decisión de atentar contra dirigentes del partido. “Uno quisiera pensar que esto no es así, pero somos gente que estuvo en la guerra más de 50 años y sabemos que la decisión que tomamos (seguir en la legalidad, luchando por la paz) puede ser interpretada por algunos sectores que hicieron parte de las FARC como una traición”, indica. Sobre las denuncias de que los exguerrilleros que perpetrarían el atentado y que fueron abatidos por la policía fueron torturados, señala que su partido solicitó a la fiscalía investigar “si hubo procedimientos irregulares y, obviamente, si fue así, los responsables tendrían que responder” ante la justicia.

Lecciones aprendidas

Lozada, quien formó parte de la delegación de las FARC que negoció la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, indica que el partido ya tomó nota del fuerte mensaje que le enviaron los votantes colombianos en los procesos electorales de los últimos dos años. “Estuvimos 53 años en la lucha armada –asegura– y llegar a la política abierta ha representado el reto de poder sincronizarnos con las nuevas realidades que viven la sociedad colombiana y el mundo. Pero se aprende más de las derrotas que de las victorias, y entendemos esto como parte del proceso de aprendizaje y de consolidación de nuestra propuesta política.”  El partido FARC realizará en abril próximo su II Asamblea Nacional, en la cual seguramente cambiará de nombre como parte de su renovación frente al electorado, y revisará sus estatutos. Ahí se definirá “una nueva composición de la dirección”, adelanta Lozada. El partido seguirá reivindicando el muy marxista-leninista “centralismo democrático” en sus estatutos, pero hará una autocrítica por la “falta de comunicación” que ha existido entre la dirección y las bases y se abrirá a realizar “los ajustes” que se requieran para conectarlo con la sociedad. “Queremos que vuelvan los militantes que se han ido y que siguen creyendo en la paz y en la lucha por las transformaciones por la vía pacífica”, dice Lozada. Dentro de la crisis, el partido de las FARC logró un triunfo político de gran simbolismo en los últimos meses. De manera imprevista, las protestas sociales que emergieron en Colombia en noviembre pasado incorporaron entre sus principales exigencias al gobierno la de cumplir los acuerdos de paz con la exguerrilla.  Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso