El gobierno de Aguascalientes encabezado por el priista Carlos Lozano adquirió terrenos de tres comunidades para donarlos a la armadora de automóviles Nissan, entre otros incentivos a la inversión. Sin embargo, la trasnacional vendió esas tierras en 2015, transacción que gestionó un hombre de confianza de Lozano y que sólo fue legal por las modificaciones a la ley que impulsó el entonces gobernador. AGUASCALIENTES, Ags. (Proceso).- En agosto de 2015 Nissan Mexicana vendió en 17 millones de dólares los terrenos que el gobierno de Aguascalientes le donó entre 2011 y 2014 para instalar su segunda planta. Una serie de reformas legales impulsadas por el entonces gobernador priista Carlos Lozano permitieron que personas cercanas a él y la trasnacional recibieran millonarios recursos públicos; a cambio, Nissan prometió generar empleos, pero en los últimos años éstos disminuyeron y sus condiciones son cuestionables. Fue Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, quien en octubre de 2011 le expuso al gobierno estatal la intención de invertir 2 mil millones de dólares en una nueva planta. A cambio exigió condiciones preferenciales: que se le donaran aproximadamente 500 hectáreas de terreno y se desarrollara infraestructura suficiente para dar viabilidad a su inversión. El gobierno aceptó. Entre 2011 y 2014 adquirió, a través del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), 523.9 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina  por un monto superior a 814 millones de pesos y posteriormente donó 437.84 hectáreas a Nissan Mexicana. El acuerdo del Comité Técnico en el que se aprobó la compra y donación de las tierras, igual que todas las actas de sesión de ese organismo, está clasificado como información reservada. Con el argumento de que se generarían 3 mil empleos directos, en 2012 el Congreso local autorizó a Lozano para contratar deuda pública hasta por mil 55 millones de pesos. Además de los terrenos, que ya habían comenzado a adquirirse, con la deuda se otorgarían otros incentivos a Nissan y se construiría infraestructura urbana para su nueva planta.

 Reformas a la medida

En 2012 Carlos Lozano envió una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Patrimonial que le permitiría donar bienes públicos sin solicitar la aprobación del Poder Legislativo –lo que implicaba negociar con otras fuerzas políticas– ni detallar las condiciones u objetivo específico de las donaciones. Además del perredista Gilberto Carlos Ornelas, que votó en contra, siete priistas encabezados por el diputado Gabriel Arellano dejaron el recinto para abstenerse de votar. Así narra Arellano el episodio cuando se le pregunta si existió presión del Ejecutivo estatal: “Sí la hubo. Recuerdo muy bien a uno de los diputados que estaba ahí y le habló el jefe de gabinete (Javier Aguilera); lo puso en altavoz: ‘Son indicaciones precisas, no sé qué estás haciendo allá adentro, cabrón. Sales y votas como yo te lo mando’.” Sin embargo, la reforma se aprobó por mayoría con ayuda de la bancada del PAN. A partir de entonces los fideicomisos estatales pueden donar inmuebles y bienes públicos sin transparentar las condiciones de la operación. Gracias a eso Nissan Mexicana pudo vender en 17 millones de dólares los terrenos donados. En junio de 2015 la armadora japonesa y su socia alemana, Daimler AG, anunciaron la apertura de una fábrica de automóviles de lujo y constituyeron la empresa Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas), que el 25 de agosto de 2015 pagó a Nissan Mexicana 17.3 millones de dólares (293.6 millones de pesos al tipo de cambio de la época) por 109.65 hectáreas del mencionado terreno. El convenio entre el gobierno de Aguascalientes y Nissan estableció que los recursos públicos entregados a la armadora tenían la finalidad de instalar una fábrica de vehículos, pero el FIADE le dio a la trasnacional carta libre para disponer de los predios al incluir en las escrituras una cláusula de donación “sin restricción alguna”. Al respecto, el abogado fiscalista Marco Ramírez señala que la venta de las tierras y las correspondientes reformas legales son inconstitucionales: “Todo lo que son bienes del Estado tiene una finalidad y un destino, que siempre va a ser público. Eso es por Constitución (...). El Estado puede tener bienes para el uso privado pero, aunque el uso del bien sea particular, es parte del patrimonio del Estado y se tiene que utilizar para el interés social (…). Si dicen que no hubo un daño al erario, sí lo hubo porque el Estado lo donó y Nissan lo vendió. Ahí se comprueba que (el Estado) lo pudo haber vendido.” Sobre la venta de tierras a Compas, el experto en derecho corporativo Saúl Favela precisa que no fue ilegal, pero sí una operación poco común entre alianzas corporativas como la establecida entre Nissan y Daimler. “Por lo menos en la escritura de donación, no hay ninguna restricción. El gobierno del Estado debió justificar por qué está donando y establecer por lo menos alguna condición para que la empresa adquiriente pudiera destinar los bienes a los fines que se establecen y no para venderlo”, explica.

Promesa incumplida

Inicialmente, la armadora rebasó los 3 mil empleos que había prometido, pero fueron mal pagados y recientemente ha recortado plazas. Los salarios más bajos de todas las fábricas de Nissan en México son los de Aguascalientes.  En 2015, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) en el gobierno de Lozano, Raúl Landeros Bruni, reconoció en declaraciones a la prensa la baja calidad de los empleos generados por Nissan y la industria automotriz:  “Es un tema de que tenemos una gran competitividad, de que tenemos mano de obra un poco más económica que otros lugares. Si no tuviéramos esos empleos, que si bien pudieran estar un poco mejor pagados, ¿dónde estarían? Probablemente hay quien ni siquiera contaba con ese nivel de pago.”  En Aguascalientes los operadores tienen una jornada de 12 horas, con 35 minutos para comer y otros seis para ir al baño. Quienes más ganan perciben 9 mil pesos al mes. Consultado al respecto, un exoperador de la empresa revela:  “La línea arranca a las 7:05 de la mañana. Si tú por algún motivo querías ir al baño a las 7:40, te regañaban. Casi siempre había un líder para cubrir más o menos a 20 personas y para arreglar cosas de la misma línea; era el ‘tráeme todo’. Tú le decías al supervisor que ya de verdad no aguantabas o que estabas malo y no te dejaban. Era tanta la presión que había gente que prefería hacerse del baño en las mismas líneas.”

El gestor de los Lozano

Los contratos de compraventa obtenidos del Registro Público y los ejidatarios entrevistados identifican a Juan Antonio Jáuregui Verdín como la persona que gestionó la venta de parcelas al FIADE en 2011. Un ejidatario de Peñuelas describe la forma en que lo consiguió: “Llegaron con todos los campesinos; andaban como unas 15 personas con él. Visitaron a todos los que tenían tierras. Iban a negociar, los manipulaban. Ellos ponían el precio, uno según negociaba, pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado, con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido y, ¿cómo iban a pasar a su tierra? Fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus propiedades, los acorralaron”. Según los contratos de compraventa notariados, por cada terreno el FIADE hizo una transferencia bancaria a nombre del vendedor y otra a favor de Jáuregui Verdín, que cobró una comisión de 2.5% del precio por metro cuadrado. El fideicomiso le pagó al menos 19.5 millones de pesos. Pero oficialmente Jáuregui es un desconocido. El FIADE respondió a dos solicitudes de información que no tiene registro de contratación o pagos por gestoría a su nombre. Sin embargo, entregó una lista de transferencias que reconoce y de las cuales admitió que no conserva respaldo documental, pero en ninguna de ellas aparece Jáuregui Verdín. Jáuregui no es un desconocido para la familia Lozano. En enero y julio de 2011, meses antes de que gestionara los terrenos para el FIADE, vendió poco más de 20 hectáreas de los predios Corpus Christi y La Campana, contiguos al rancho del gobernador Lozano, a la esposa de éste, Blanca Rivera Río Flores. El conocido de los Lozano volvió a gestionar la venta de tierras que Nissan hizo a través del fideicomiso 15053-02-02 en Peñuelas. Pese a ser privado, ese fideicomiso también recibió recursos públicos (39.2 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas estatal) para adquirir un terreno del Instituto de Vivienda y 4.6 millones del FIADE para la compra de otro terreno. Además, el FIADE asesoró a este fideicomiso en la adquisición de más tierras. Según los contratos de las compraventas realizadas mediante el mencionado fideicomiso de Nissan, Jáuregui Verdín elevó su comisión a 6% del precio por cada metro cuadrado que la compañía compró. En consecuencia, cobró 3.2 millones de pesos más. Otro personaje cercano a Lozano que se benefició con esta inversión fue José de Jesús Aguirre Campos. Su constructora, Grupo Profrezac, aplanó los terrenos donde se construyó la planta A2, trabajos para los cuales el gobierno de Aguascalientes entregó 276.3 millones de pesos a Nissan Mexicana. El convenio marco firmado entre el gobierno de la entidad y la empresa el 23 de marzo de 2012 establece los lineamientos para otorgar a ésta recursos públicos. Aunque la Sedec del actual gobierno, encabezado por el panista Martín Orozco, lo reservó a inicios de la administración y hasta 2022, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) resolvió un recurso de revisión presentado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ordenó entregar una versión pública del documento en un plazo que vence después del cierre de esta edición.  Un funcionario de la administración del priista Carlos Lozano permaneció en la de su sucesor, el panista Martín Orozco: Mario Vega Garza, actual administrador del FIADE. Lo fue también en 2015, cuando además fungió como coordinador jurídico, y en 2012 fue delegado fiduciario del Banco del Bajío en los movimientos realizados por el FIADE. Hasta el cierre de esta edición no accedieron a ser entrevistados Vega Garza ni representantes de Nissan Mexicana.     Este reportaje se publicó el 9 de febrero de 2020 en la edición 2258 de la revista Proceso. *Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, con ayuda del Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.