La crisis de Agbar en Saltillo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aguas de Barcelona llegó a Saltillo, Coahuila, en el 2001 bajo la promesa de que iba a “Mejorar la accesibilidad del agua para los habitantes”. En ese entonces, el alcalde era el priista Óscar Pimentel González y la gestión público-privada no levantó sospechas. Ahora, la empresa se ve envuelta en un círculo de denuncias que varían entre violaciones a los derechos humanos, la aprobación irregular del aumento en la tarifa, una multa por cobros indebidos a más de 200 usuarios y el remate de una paraestatal en buenas condiciones[1].
Esta información, junto con los documentos constitutivos de Aguas de Saltillo (consorcio donde Aguas de Barcelona es socio), estuvo oculta durante 19 años, debido a la decisión de un juez local que apeló por su resguardo, pero fue revelada por un alertador vía MéxicoLeaks. Derivado de esto, en el Palacio Legislativo local, vía el diputado Alejandro Martínez Hernández del PRD, se promovió un punto de acuerdo en el que solicitaban a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se hiciera pública dicha información[2].
Para lograr la aparición de Aguas de Barcelona en México, Pimentel González, declaró que su municipio tenía problemas de gestión debido a que se encontraba en un fuerte periodo de estiaje y que las aguas locales que fluían desde el acuífero sur estaban por agotarse[3]. Se propuso un replanteamiento de los servicios públicos.
Ese mismo año (2001) el Cabildo de Saltillo aprobó la asociación del municipio con la empresa Aguas de Barcelona, formando Aguas de Saltillo. InterAgbar de México, S.A. de C.V., filial de Aguas de Barcelona, quien aportaría los trabajos de gestión, compró 24 mil acciones y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) que pasaría de gestor general a una simple constitución en papel, se quedó con la mayor parte de las acciones, 25 mil. Por su parte, Pimentel González, quedó como presidente del Consejo de Administración.
Acto seguido, el ayuntamiento de Saltillo contrató a la consultora Freese Nichols (FN) para evaluar los procesos de participación de las empresas privadas en el sistema de aguas. En sus presentaciones, FN favoreció la gestión mixta.
Una vez elegido el sistema mixto para gestionar el agua, las autoridades realizaron una Licitación Pública Internacional a la que nadie más que Aguas de Saltillo se presentó. El proceso de licitación fue conducido por la firma Arthur Andersen que en ese entonces era asesor contable de Aguas de Barcelona (Agbar), la única empresa que presentó una propuesta y ganó el proceso de licitación.
La oferta financiera fue de 81.9 millones de pesos, para hacerse dueña del 49% de las acciones del sistema de agua de la ciudad. La cifra de la oferta es significativa, pues en los dos años anteriores los gobiernos estatal y municipal y la Comisión Nacional del Agua habían invertido en el sistema de agua de Saltillo 100 millones de pesos, cantidad superior a la cifra que pagó Agbar por todo el aparato de gestión[4].
Otro problema que ocurre metros arriba de la ciudad, es el del abasto de agua para las comunidades. Los pozos que usan los campesinos que no pertenecen a las grandes firmas de la agroindustria están teniendo problemas para extraer agua debido a la sobre explotación de la que responsabilizan a Aguas de Saltillo.
Estas comunidades, al igual que Saltillo, se alimentan del acuífero sur, pero sus bombas de extracción son de un tamaño muy menor y al estar localizadas en zonas más altas, les es imposible tener agua todo el año. Una de estas comunidades es Jala, donde a Juan Gamboa, líder comunitario en esta zona también le preocupa el agua de su comunidad y comenta: “La falta de esta poquita agua es la muerte, ¿no? terminan con nuestro modo de vida, nuestras costumbres (…) Llevarse el agua es acabar con todo, es acabar con tus sueños”.
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La información en manos de este medio de comunicación también revela que este modelo mixto (público-privado) que ejecutó Aguas de Saltillo surgió el 15 de julio de 2001 mediante la escritura 87825 inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76 de la Notaría Pública 42 de Coahuila y de la cual dio fe el notario Rubén Roberto Sánchez Montemayor.
La contradicción: Cortan el agua, pero “respetan los derechos humanos”
“Nosotros tenemos un sistema de gestión avalado por las leyes estatales, la Ley de Aguas de Saltillo, en donde cuando hay una reiteración en el no pago al tercer mes, la ley exhorta al corte”, explica desde su silla reclinable, Jordi Bosch Bragado, catalán que realizó toda su carrera profesional en Aguas de Barcelona y llegó a México en 2015 como gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), supliendo a Alejandro Osuna Ruiz-Poveda y convirtiéndose en funcionario público del Estado de Coahuila. El prelado local, sin embargo, discrepa de los dichos de Bosch Bragado sobre su amparo ante la ley y comenta: “Cuando empieza aquí la privatización del agua, de un jalón se subió diez veces el costo y el precio que tenían que pagar ya no era posible de sostener (para los habitantes). Empezaron a llegar las personas aquí (la catedral de Saltillo) quejándose de que les habían cortado el agua, es ilegal”, asegura, José Raúl Vera, obispo de la comunidad de Saltillo. Cuando se le cuestiona al gerente general de Agsal lo estipulado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (donde se garantiza el acceso al agua para todas las personas) al que hace referencia el Obispo, reclama: “¿Te refieres al derecho humano al agua? Nosotros hemos iniciado los trámites para sacar nuestro certificado de derecho humano al agua con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y vamos a comenzar una serie de auditorías que nos otorgarán ese certificado”. Es decir, que, con ese papel, la empresa obtendría una certificación favorable a pesar de los consecutivos cortes de agua en Saltillo. Sobre la relación de la empresa que representa con la transnacional Odebrecht, Bosch Bragado prefiere no hablar. “Lo de Veracruz yo no conozco el caso, pero sé que aquello fue una fórmula diferenciada, ellos entiendo tenían una concesión hasta donde yo llego, la fórmula veracruzana es una concesión, esto es una empresa mixta, es otra cosa. Odebrecht ganó un concurso y es entonces que busca a Aguas de Barcelona, en una primera instancia acepta, pero ya no están. Mira, antes de poder hacer esta entrevista Marcela (encargada de comunicación) vino a hablarme, pero yo voy a hablar de Aguas de Saltillo, porque soy gerente de aquí. No voy a hablar de otro organismo que no tiene que ver con el mío”.
Otro problema que ocurre metros arriba de la ciudad, es el del abasto de agua para las comunidades. Los pozos que usan los campesinos que no pertenecen a las grandes firmas de la agroindustria están teniendo problemas para extraer agua debido a la sobre explotación de la que responsabilizan a Aguas de Saltillo.
Estas comunidades, al igual que Saltillo, se alimentan del acuífero sur, pero sus bombas de extracción son de un tamaño muy menor y al estar localizadas en zonas más altas, les es imposible tener agua todo el año. Una de estas comunidades es Jala, donde a Juan Gamboa, líder comunitario en esta zona también le preocupa el agua de su comunidad y comenta: “La falta de esta poquita agua es la muerte, ¿no? terminan con nuestro modo de vida, nuestras costumbres (…) Llevarse el agua es acabar con todo, es acabar con tus sueños”.
El fallido intento de gestionar el agua en Ramos Arizpe
En 2013 Aguas de Barcelona también intentó apoderarse del agua del municipio de Ramos Arizpe, pero a finales de 2014, fueron expulsados. El negocio comenzó en 2012, 11 años después de llegar a Saltillo, con el alcalde priista Ramón Oceguera Rodríguez, cuando declaró, al igual que Pimentel González en Saltillo, que su municipio estaba en crisis de gestión del agua. Bajo el mismo argumento y mecanismo, el contrato de asociación público-privada, del que PODER tiene una copia, se ejecutó entre el municipio de Ramos Arizpe y Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. con la diferencia de que la Comisión Estatal de Aguas de Saltillo (CEAS) fungiría como dirección general. El primer problema llegó junto a las amenazas. A la gente se le comenzó a cobrar cosas que no eran, según explica Laura Leticia López, vecina de la comunidad de Ramos Arizpe, quien llegó un día a su casa y observó que le había llegado un recibo de adeudo por un año. La señora López asistió a las oficinas con sus recibos en mano y, ni de esa manera, le hicieron validos los pagos. No fue hasta que presentó la denuncia ente la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) que la empresa reconoció los pagos. “La llegada de Agbar fue una sorpresa para los habitantes de Ramos Arizpe. Nos vinieron a decir que se iba a privatizar y los señores nos dijeron que nos iban a cobrar las mensualidades vencidas. Iban a realizar cambios en las tomas de agua, entonces, nos sentimos prácticamente amenazados, teníamos que lidiar con pagos que no contemplábamos”, agregó Leticia López. Aunado al caso de Leticia, según narra, había otros 40 casos similares. El asunto obligó a la ciudadanía a organizarse y presentaron una queja común en contra de la empresa. El 28 de enero de 2013 el Comité Ciudadano de Defensa del Agua (CDA), envió un documento al presidente municipal de Ramos Arizpe solicitando la expulsión de Agbar del municipio y dar por terminada toda relación con la empresa. Asimismo, impulsaron que todos los adeudos de agua en aquella localidad fueran condonados.
