Las bancadas del PSOE y Unidas Podemos propusieron en el Congreso español la creación de comisiones con el propósito de investigar el mayor escándalo de espionaje instrumentado desde el gobierno en el periodo de Rajoy para rescatar información comprometedora para el Partido Popular. En este “juego de traiciones”, los operadores fueron dos de los personajes del entorno de Rajoy: su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la exsecretaria del PP, María Dolores de Cospedal. MADRID (Proceso).- Durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), el Ministerio del Interior español echó mano de algunos miembros de la Policía Nacional, quienes actuaron al margen de la ley, espiaron y robaron pruebas –que documentaban el financiamiento ilegal al Partido Popular (PP)– que estaban en poder de Luis Bárcenas, el gerente y tesorero del partido durante unos 20 años. El pasado 9 de septiembre el juez José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, levantó el secreto del sumario de la denominada Operación Kitchen, y destapó la podredumbre de la policía política española bajo las órdenes de un gobierno del PP. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez imputó al ministro del Interior y hombre de la más absoluta confianza de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, aunque no vio indicios suficientes para imputar a la exnúmero dos del PP, la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, ni a su marido, Ignacio López del Hierro. Por ser “necesaria, útil y pertinente”, el juez ordenó la comparecencia de Fernández Díaz para el próximo 30 de octubre, porque las pesquisas sitúan al Ministerio del Interior como el núcleo “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro”. Hasta ahora la fiscalía no ve indicios suficientes para imputar al expresidente Mariano Rajoy, pese a que un informe policial del caso, en el que se le señala con la clave del “Asturiano”, lo considera conocedor del operativo de espionaje.  El caso es de tal calado que el diario El Mundo lo considera el “Watergate español”. Y es que la Audiencia Nacional investiga desde hace años el funcionamiento de la “caja B” del PP durante aproximadamente dos décadas.  El viacrucis del PP por sus casos de corrupción política se inició en noviembre de 2007, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó la investigación –el caso Gürtel– de una red de corrupción política en Madrid y Valencia, principalmente, que luego denunció en la Audiencia Nacional en febrero de 2009. Como una derivación de este caso surgió el de los Papeles de Bárcenas, que contenía la contabilidad alterna del partido, al margen del Tribunal de Cuentas y del fisco: el pago de sobresueldos a altos dirigentes del partido con dinero negro proveniente de sobornos pagados por empresarios y constructores, que a cambio fueron beneficiados por contratos de obras y servicios de los gobiernos del PP. En el auto del magistrado se señala que “el objetivo de la investigación Kitchen se centró en la localización de documentos” en poder de Bárcenas vinculados a los llamados Papeles de Bárcenas. Esta operación de la policía política tenía el propósito de recuperar dichas pruebas para que no llegaran a manos de la justicia, objetivo que se cumplió. La brigada que actuó sin control judicial la encabezaban los principales mandos del Ministerio del Interior, entre ellos Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; el comisario Eugenio Pino, máximo jefe policial en el gobierno de Rajoy; el polémico comisario José Manuel Villarejo y su par, Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo; Marcelino Martín Blas, extitular de Asuntos Internos; el inspector Andrés Gómez Gordo y Sergio Ríos, chofer de Luis Bárcenas entre 2013 y 2014 y quien ayudó a extraer parte de la información del extesorero, preso desde 2013 y uno de los condenados del caso Gürtel. Al mando de estos jefes operó la que se denomina “Policía Patriótica”, una brigada de unos 70 agentes que hicieron seguimientos, espionaje y operaron el robo de las posibles pruebas. El auto del magistrado señala que la estrategia ilegal fue coordinada por mandos y efectivos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y del Área de Seguimientos Especiales de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, “en calidad de ejecutora de las acciones”. El juez investiga si estos hechos tienen relación con el secuestro que sufrió la familia de Bárcenas por un hombre que, haciéndose pasar por sacerdote, ingresó al domicilio del extesorero, amagó a su esposa, Rosalía Iglesias, a su hijo y a la asistente, y les exigió  la entrega de documentos comprometedores para la cúpula del PP, para “salvar a España de la crisis y de su gobierno”, según declaró el falso cura una vez detenido. Fue el 23 de octubre de 2013 cuando Enrique Olivares García, el falso cura, entró con engaños a la vivienda de Bárcenas y amagó con un arma a su familia, exigiendo tres pen drives que contenían información sensible que el extesorero amenazaba poner en manos de la justicia y que se convertirían en una bomba contra el PP. El juez advierte que la Operación Kitchen “se desarrolló extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción sobre la práctica de diligencias dirigidas a la averiguación de los hechos”. Pero también destaca que el dispositivo de la policía política del gobierno de Rajoy, agobiado por los casos de corrupción bajo procedimiento judicial, intentó arrebatar evidencias contra el PP, que debían haberse puesto en manos de este juzgado y del 6 de Instrucción. “El resultado fue una ausencia permanente y total de control mediante la omisión de la posición del juez, así como de la Unidad Policial a la que por mandato judicial se comisionó en exclusiva para la práctica de diligencias y propuestas de actuaciones”, sostiene el instructor. Y agregó: “Esta estrategia se desarrolló por el Ministerio del Interior, desde donde se desplegaron diferentes líneas de actuación por diversos actores que coadyuvaron al objetivo común a través de las unidades policiales de las que forma parte su estructura orgánica”.

“Sé fuerte”

En febrero de 2013 el diario El País dio a conocer una parte de los Papeles de Bárcenas: 14 hojas de un cuaderno cuadriculado con el registro de los 18 años como gerente y tesorero de oscuros episodios contables del PP, lo que puso en serios aprietos al gobierno de Rajoy. Esto se publicó luego de saberse que el aún tesorero tenía cuentas ocultas en Suiza y cuando el PP lo empezaba a abandonar. En junio de ese año Bárcenas entró en prisión. Acorralado, el tesorero volvió a atacar entregando al diario El Mundo sus comunicaciones, vía SMS, con Rajoy, que se publicaron el 14 de julio del mismo año. En los mensajes, el presidente de España intenta tranquilizar a su amigo diciéndole: “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo”. En un SMS enviado sólo 48 horas después de que se conocieron las cuentas en Suiza del tesorero, Rajoy le dice: “Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos”. Por un documento, que ahora ve la luz, de la Operación Kitchen, dado a conocer por el secretario de Seguridad, Francisco Martínez, mano derecha de Fernández Díaz, se sabe que las “instrucciones muy concretas” para espiar a Bárcenas se dieron el 13 de julio de 2013, cuando era inminente la publicación de los SMS Rajoy-Bárcenas en El Mundo. Y es que en un juego de traiciones y de ‘sálvese quien pueda’, en el verano de 2019, cuando estalló el escándalo de la Operación Kitchen, Fernández Díaz evadió toda responsabilidad de la operación de espionaje y robo a Bárcenas. “No me consta para nada, me estoy enterando ahora”, declaró a la prensa. Con esa declaración Francisco Martínez, número dos del ministro, se sintió abandonado, como si la responsabilidad única de dicha operación fuera suya. Molesto por la intención de sus jefes, decidió acudir a un notario en Mahón (Menorca), donde dejó registrados los mensajes de telefonía celular entre él y su jefe, en los que hablan del operativo y que demuestran que Fernández Díaz mentía, porque presuntamente tuvo un papel mucho más protagónico en dar las órdenes de la operación ilegal, utilizando las cloacas de la policía y fondos reservados del ministerio. En uno de los mensajes, del 2 de agosto de 2013, Martínez inicia una conversación con el ministro en la que le dice: “Entiendo que hablamos mañana en cuanto tenas (sic) el contacto Cecilio (así llaman a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia). Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado”. A lo que su jefe responde: “Yo lo tendré al acabar el Consejo (de Ministros), así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info”. Eldiario.es, medio que adelantó estos mensajes, hacía hincapié en la posible participación también del CNI al seguimiento a Bárcenas. En otro mensaje, el 18 de octubre de 2013, Martínez le informa a Fernández Díaz sobre el éxito de las actuaciones: “La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B (Bárcenas) a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica”.  Y más adelante, añade: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información… veremos. Te informo”. Para la Fiscalía Anticorrupción estas comunicaciones confirman “el conocimiento de detalle que el entonces ministro del Interior tenía respecto al desarrollo y ejecución de la operación”. En junio de 2019 Martínez cruzó mensajes con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al que le reconoce que su “grandísimo error” como número dos del Interior fue “ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), (Mariano) Rajoy o (María Dolores de) Cospedal”. “De eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer”.

El topo

El excomisario José Manuel Villarejo se convirtió en una bomba de tiempo para el sistema político español. Una anomalía en toda regla, pero permitida por todos. Si bien fungía como comisario de la Policía Nacional, también actuaba por su cuenta como abogado e investigador privado en su agencia de detectives Cenyt. Compaginaba sus actuaciones públicas con sus negocios y mucho de lo que hacía era el trabajo sucio del sistema político español; por eso ahora que cayó en desgracia está acusado de revelación de secretos, blanqueo, organización criminal y cohecho. En una serie de cartas que ha enviado a las autoridades judiciales –que Proceso pudo consultar– el excomisario aporta detalles de los trabajos que asegura haber hecho a petición de los distintos gobiernos a los que sirvió o información que a iniciativa propia entregaba a dichos gobiernos, y que la utilizaron para combatir casos de terrorismo o narcotráfico, entre otros. En la Operación Kitchen, de acuerdo con los documentos del sumario, Villarejo controlaba a Sergio Ríos Esgueva, el chofer de Bárcenas, que estaba en calidad de agente encubierto. Conforme al auto del juez, el chofer “fue captado como confidente a cambio de un sueldo mensual de 2 mil euros de las arcas públicas y una plaza de policía. Constan una serie de documentos que incorporaban los soportes acreditativos de los pagos efectuados con cargo a los fondos reservados”. Se tiene registro de al menos 25 pagos entre julio de 2013 y septiembre de 2015, que sumaban más de 53 mil euros sólo de pago al chofer. Los pagos los hicieron José Manuel Villarejo, entre julio de 2013 y abril de 2015, y Andrés Gómez Gordo, entre junio y septiembre de 2015, todos con fondos reservados procedentes de la DAO de la Policía Nacional. La documentación del caso incluye los reportes del seguimiento que se hacía a la esposa de Bárcenas y a sus familiares, “informes en los que se da especial importancia a los objetos que portan las personas vigiladas”, en especial bolsos o documentos. El juez De la Mata asevera que el “objetivo real de esta operación fue la detección del lugar de ocultación de documentos relativos al PP y las personas que ocupaban sus órganos directivos, y conseguir su incautación”. El auto señala que el chofer informa a Villarejo (al que conoce como Tony o Tomy) sobre datos de interés relativos a Bárcenas y su pareja, como contactos con periodistas, justificación de ingresos mediante compra de cuadros, existencia de documentos y grabaciones comprometedoras para los dirigentes del PP. Se señala en el documento “el interés de Villarejo por conocer el lugar donde pudiera guardar Bárcenas aquellos documentos y grabaciones comprometedoras para altos cargos del Partido Popular, entre los que citan a Javier Arenas, Cospedal o Rajoy. “Lo único es que esas conversaciones, en ese pen drive, hay que encontrarlo”, y añade: “por eso te digo, todo lo que sea recuperar esas grabaciones y esos discos duros”. El escándalo político por la Operación Kitchen propició que socialistas y Unidas Podemos en el Congreso registraran sendas peticiones para la creación de comisiones parlamentarias que investiguen “la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para ese partido en casos de corrupción, durante los mandatos del gobierno del Partido Popular”, señaló la mesa del Congreso que se reunió el 15 de septiembre. A petición del pleno del Congreso de los Diputados, el 1 de octubre quedó aprobada la creación de esa comisión de investigación, y Unidas Podemos adelantó su intención de citar ante la comisión al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al actual presidente del PP, Pablo Casado, al que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no descarta someter a interrogatorio. Casi todos coinciden que el exministro Fernández Díaz y la exdirigente del PP, María Dolores de Cospedal, tendrán que dar explicaciones. Reportaje publicado en el número 2293 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 11 de octubre de 2020.