En un recorrido por las armerías del sur de Estados Unidos, Proceso comprobó que las constantes exhortaciones del gobierno mexicano a la administración de Donald Trump no surten efecto: ahí se puede adquirir todo tipo de armamento. Además, se confirmó que México no tiene recursos tecnológicos ni personales en los puentes fronterizos para detectar el ingreso de esa mercancía letal. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a la autoridad estadunidense realizar un operativo conjunto para detener el contrabando de armas, en un esfuerzo equiparable al que se despliega contra la migración ilegal. NOGALES, Arizona/CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua (proceso).– El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le exige al de Donald Trump que “congele” el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, pero la realidad en la frontera común expone un desinterés de Washington por hacerlo y la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas para contenerlo. El tráfico hormiga, como se conoce a la táctica usada por los traficantes para meter ilegalmente armamento a México, sigue vigente en los principales puentes trasfronterizos y, como pudo corroborar Proceso, este método parece pasar inadvertido para el gobierno de López Obrador. “Hormigas” llaman los traficantes de armas a los miles y miles de mexicanos que todos los días cruzan caminando la frontera al salir de trabajar en Estados Unidos, tras realizar compras en supermercados o en los malls y que casi nunca son revisados por los aduaneros mexicanos encargados de cribar paquetes, bolsas y bultos. En el tráfico hormiga se cuenta también a los mexicanos o personas de distinta nacionalidad que ingresan al territorio mexicano por Estados Unidos en su auto con placas de algún estado de la frontera norte, y que extrañamente son sometidos a escrutinio por la aduana mexicana. En vehículos privados, camiones de carga comerciales, bolsas de mandado, mochilas, cajas de cartón y cualquier otro embalaje, todos los días entran a México ilegalmente cientos, si no miles, de armas procedentes de Estados Unidos. Para corroborar que el tráfico hormiga está más latente que nunca y que el gobierno de Trump –pese a las promesas que le ha hecho al de AMLO– no asume como responsabilidad propia revisar a las personas y autos que cruzan a México, Proceso realizó un recorrido en armerías y puentes trasfronterizos a lo largo de la frontera sur de Arizona y Texas. La Oficina para la Rendición de Cuentas Gubernamentales (Government Accountability Office, GAO) del Congreso federal de Estados Unidos, sostiene en su más reciente reporte que 70% de las armas confiscadas en México son de manufactura estadunidense. En el documento, fechado en junio de 2019, la GAO indica que la “vulnerabilidad de las fronteras del norte mexicano facilita el trasiego de armamento”. Se refiere a que el gobierno mexicano carece de personal de aduanas y de tecnología en los puentes transfronterizos para revisar a las personas y automóviles que ingresan desde Estados Unidos. Esta situación no es nueva, ha prevalecido durante décadas en la frontera norte del país y tuvo un auge en el sexenio de Felipe Calderón, con su guerra contra los cárteles de las drogas: los narcos respondieron aterrorizando al país y asesinando a decenas de miles de personas con su poder de fuego. López Obrador, con la colaboración de Trump, prometió contener el tráfico ilegal de armas; algo que todavía no se palpa en la zona limítrofe.   Fragmento del texto publicado en la edición 2254 de la revista Proceso, actualmente en circulación.