Al dar a conocer su programa a este semanario, la titular del INBAL adelanta que se trata de fortalecer los mecanismos jurídicos en materia de protección del patrimonio artístico, además de convertir a la institución en un organismo realmente “nacional” mediante circuitos artísticos y un laboratorio de creación y gestión. Habla en entrevista de la situación laboral y asegura que no se ha despedido a un solo trabajador. Anuncia, además, que se está trabajando con las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para transparentar sus prestaciones y reconoce la necesidad de replantear “la cuestión fiscal para la cultura”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con 73 años de existencia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) podría considerarse una institución “añeja” y con muchos problemas a cuestas. Para su actual directora, la antropóloga Lucina Jiménez, la institución fundada en 1946 por Carlos Chávez, sí es añeja, pero es también el “fruto de una epopeya social mexicana del siglo XX”, que debe recuperar su esencia, no con mirada nostálgica sino con un enfoque contemporáneo, una renovada forma de gestión y producción artística. Afirma que cuando asumió el cargo en diciembre de 2018, había participado en varias mesas de análisis que arrojaron un diagnóstico nada favorable. Tan sólo en el ámbito de la educación y la investigación artísticas –uno de los pilares del instituto– concluyó: “Lo que tiene nuestro país como tal es un conjunto de iniciativas dispersas, no conectadas, en donde la movilidad artística, académica, pedagógica es muy pobre. Nadie sabe, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Colima tiene uno de los mejores diseños de danza… con una visión integradora, transdisciplinar.” En el café del Palacio de Bellas Artes, la tarde del martes 27 de septiembre, con el tiempo justo para incorporarse a una reunión con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y otros funcionarios como la subsecretaria de Diversidad Cultural, Natalia Toledo, y Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jiménez habla con Proceso de los retos de la institución que ha retomado su nombre de Bellas Artes y Literatura y sus siglas INBAL. Lo cual contrasta con la desincorporación que hizo la Secretaría de Cultura (SC) de la Dirección General de Publicaciones hacia el Fondo de Cultura Económica, encabezado por Paco Ignacio Taibo II. Adelanta que entre sus proyectos está el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos del INBAL en materia de protección del patrimonio artístico; que sea una institución realmente “nacional”, a través de la creación de circuitos artísticos; y la creación de un laboratorio de creación y gestión. Habla de la situación laboral y asegura que no se ha despedido a un solo trabajador y anuncia que se está trabajando con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública para transparentar sus prestaciones. Licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, la exdirectora del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y fundadora del Consorcio Internacional Arte y Escuela A. C. (ConArte), comenta que llegó al INBAL luego de trece años de trabajar desde la sociedad civil, y le “costó trabajo” acostumbrarse a “pensar con la lógica de la institución pública”. Sin embargo, recuerda su participación de manera voluntaria y sin la “pretensión de tener un cargo” en las mesas de diálogo con creadores y comunidades artísticas realizadas durante la etapa de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luego, ya como directora, invitó a los coordinadores de las compañías y grupos artísticos del instituto y a los titulares de museos a reflexionar sobre su presencia en el país. Consideró que el primer reto a lograr es que el instituto sea nacional en tanto que la centralización ha sido una de las críticas constantes, pues su acción se concentra prácticamente en la zona metropolitana: “El ejercicio fue interesante porque hubo una dosis de realidad. Nos puso frente a la posibilidad de saber dónde había potencialidad para transitar, casi de manera inmediata, al plan nacional, y dónde se requería una reconfiguración de los modelos de gestión para poder pensar al país.” Se trabajó con la Compañía Nacional de Danza (CND), ahora dirigida por Elisa Carrillo, y se les preguntó a sus integrantes: “¿Con qué sueñas?”. Expresaron su deseo de bailar, pero revelaron que no hay proyectos. Una bailarina le dijo, incluso, aludiendo a la inversión que se había hecho en su formación: “Le salimos muy caro a este país para no bailar”. De ahí se decidió conformar diferentes elencos, con distintas producciones, para realizar giras. Igual se realiza con compañías independientes de los estados, que aportaron su propio diagnóstico, y se están armando nodos y circuitos regionales para hacer girar a sus agrupaciones, por lo cual se firman convenios de colaboración con gobiernos y universidades. En cuanto al teatro, el ejercicio se hizo con la Coordinación Nacional de Teatro, no con la Compañía (CNT), que más bien está “vinculada al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”. La investigadora Patricia Chavero explicó hace un par de meses a Proceso (edición 2225), que la Compañía es como un becario más al funcionar con un mecanismo financiero del fondo, porque las instituciones “abandonaron la producción”. A decir de Jiménez, en la Coordinación Nacional de Teatro se está asumiendo un nuevo modelo de gestión para la Muestra Nacional de Teatro y el Programa de Teatro Escolar. Se conformó un grupo de 25 compañías que trabajan para niños y jóvenes. Asimismo, se está “a punto de dialogar” con la Secretaría de Educación Pública, pues el programa tiene dos vertientes: llevarse a cabo en las escuelas mismas y realizar producciones para teatros profesionales donde las escuelas se puedan relacionar. El mismo concepto de tejer redes nacionales lo aplica para el área de educación e investigación artísticas, que ha sido una de las áreas “menos visibilizadas y reconocidas como una inversión pública, cuando es la puerta de entrada a los derechos culturales”. Otro proyecto que están impulsando es un Laboratorio de creación y gestión itinerante que ayudará a formar al sector artístico en temas como estímulos fiscales, para que compañías y grupos independientes de teatro, arte, música, danza, aprendan a manejarse con autonomía. Se les enseña cuál es la diferencia entre gestionar una compañía de una u otra manera, como aspirar a la movilidad internacional y la formación de capacidades en ámbitos locales y territoriales. Se acaba de impartir recientemente en San Luis Potosí. En manos de Hacienda Diríase que el arranque de la antropóloga no fue de algodones: Además del asunto del polémico concierto para el líder religioso Naason Joaquín García, ha habido protestas, paros y peticiones de los trabajadores del instituto en demanda de la regularización de quienes no tienen base y están contratados por los capítulos 1000 y 3000, mejores sueldos y prestaciones, y el pago de salarios retrasados. Desde la etapa de transición hubo plantones en la casa donde trabajaba el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Los problemas laborales en el INBAL se remontan más allá de la fundación en 1988 del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La funcionaria afirma que se ha sentado a dialogar con los agremiados de cada una de las trece organizaciones sindicales del instituto. Y se acordó, primero, respetar su autonomía y un trato igualitario; es decir, lo que logre un sindicato o no se aplicará para todos. Enseguida, “cero corrupción”: no se entregarán a los sindicatos recursos que no estén “debidamente establecidos… bajo ningún argumento”. Explica que hay un déficit en el instituto por entregar prestaciones “no reconocidas” (bonos por puntualidad, por ejemplo), pues se buscaban fondos de donde fuera para cubrirlas. Ahora, la Secretaría de Cultura (SC) tiene una base de condiciones generales de trabajo, y el INBAL, que depende de ella, hará sus condiciones específicas. Y se está consultando con la SHCP y la Función Pública el pago de las prestaciones no establecidas en contrato, y les han señalado que no se pueden pagar. Por otra parte, está la cuestión de los trabajadores del 1000 y 3000 que han denunciado en los medios haber sido despedidos. Ella asegura que ni uno solo se ha quedado sin trabajo y que se acordó con los líderes hacer un diagnóstico para saber quién es quién, pues hay trabajadores muy diversos, algunos tienen ganado un laudo y por eso fueron contratados así. Considera que “es un tema de ingeniería y valoración económica”, y calcula que en un par de meses tendrán el diagnóstico. No puede responder si se les contratará porque eso depende de la SHCP. Lo importante, a decir suyo, es que se está avanzando en el diálogo y el proceso de reorganización, y los trabajadores han comprendido también que de la nueva configuración del instituto depende su futuro, que el organismo existe para fortalecer la vida artística del país y todos tienen derecho a él: “No nos estamos escondiendo. Un día me reclamaron por decir que no estoy de acuerdo con la herencia de las plazas, y no lo estoy. Pero les dije: ‘Si leyeron bien, lo que pienso es irrelevante, porque eso se firmó hace mucho... Pero debemos hablarlo, son realidades que enfrentamos como institución, país y personas, qué más quisiera que la solución estuviera enfrente, pero eso no es realista. Esto viene de décadas y no desde la existencia del Conaculta, desde mucho antes.” –¿Cómo se inserta el INBAL tanto en la Secretaría de Cultura como en el proyecto de la llamada 4T? Resume que el instituto tiene su propia personalidad y su Ley de Creación, reglas propias, pero está inscrita en el sector cultural donde se suman INAH, Instituto Mexicano de Cinematografía, Fonca, Cenart, Centro Cultural Helénico, y se trabaja en colaboración para articular un proyecto horizontal en donde no haya duplicidades. Opina: “Es un logro que tengamos una Secretaría de Cultura porque tenemos un ramo, un ramo presupuestal asignado que está en proceso de consolidación. El hecho de existir como sector permite aspirar a construir desde otra lógica el proceso cultural, porque tenemos responsabilidades y atribuciones que la secretaría respeta.” Cuando se creó la SC en 2015, luego la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en cuyos procesos de creación formó parte como miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y del Consejo Redactor –“honoraria siempre”, subraya–, hubo críticas por considerar que se hicieron con premura y en forma “inacabada”, y que en algún momento tendrían que corregirse, que eran “perfectibles”. “Fui una de las que lo dijo y lo sigo sosteniendo.” –Qué hace falta entonces para que funcione el proyecto de la 4T y qué papel le corresponde al INBAL? –Recuperar su misión, su alcance nacional, actualizando sus herramientas y generando trabajo con los estados –no en los estados–, eso contribuye mucho. “En términos de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, tenemos que recuperar algunos elementos planteados por el Consejo Redactor, particularmente la cuestión fiscal para la cultura.” Debe haber adecuaciones que, en el marco del federalismo, les permitan a los estados contar con herramientas para sus legislaciones estatales. Y se requiere de una revisión para tener la posibilidad de una normativa específica en temas de mecenazgo: “No nos caerían nada mal esos dos elementos, lo local y el reconocimiento a la condición jurídica y de gestión de instancias independientes, es muy importante y viene de un debate largo. Los centros culturales y teatros independientes requieren otros esquemas de gestión, pero corresponde también a las instancias estatales y locales cambiarlo.” Gasto presupuestal No duda en afirmar que, a nueve meses de haber asumido el cargo, hay un cambio en las formas de organizar el trabajo artístico con modos de producción y creación. También en lo administrativo y hasta en la infraestructura. Se revisaron, afirma, hasta los extinguidores y cuestiones de seguridad, mantenimiento, tecnología. El instituto cuenta con 88 espacios de trabajo, entre museos, escuelas, centros culturales y teatros. –¿Les alcanza el presupuesto para darles atención? –Hicimos un análisis del presupuesto. Fue de 3 mil 84.3 millones de pesos para este año. Se habló mucho de los recortes, pero haciendo las cuentas reales, nos comprometimos a que nadie tuviera menos presupuesto que en el 2018 para actividades sustantivas. Y según la funcionaria se pudo lograr, porque hay proyectos en los que participan estados y hasta instituciones del extranjero que aportan recursos. Asimismo, se simplificaron trámites: Si antes había 88 trámites para la adquisición de material, ahora se hace uno sólo y se reparte el material a los centros, lo cual ha ayudado “a ahorrar costos administrativos”. En un cuadro proporcionado a Proceso por el INBAL se desglosa el gasto del ejercicio fiscal 2019. Se han destinado a las artes escénicas 799.2 millones de pesos, 25% del presupuesto; a museos y patrimonio cultural 720 millones, 23%; a las escuelas mil 50.1 millones, 34%; y a la parte administrativa 515 millones, esto es 17%. Cuando se le pregunta si esperan un incremento presupuestal, comenta que se les pidió hacer un planteamiento sobre sus necesidades y se expuso también el déficit de recursos financieros que tienen tanto el INAH como el INBAL por las cuestiones laborales. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, dado a conocer el pasado 9 de septiembre por la SHCP, contempla un incremento de 175 millones de pesos para el INBAL, con lo cual contará con 3 mil 259 millones de pesos. Se le cuestiona también qué pasaría si Hacienda determina que no abrirá plazas para regularizar a los trabajadores de los capítulos 1000 y 3000, cuál es la salida. “Eso no lo sé, es lo que les estoy explicando, no es del instituto, es fruto del diálogo con Hacienda. Son procesos diferentes: uno el diagnóstico del 3000, otro más con la regularización o no de prestaciones que deben estar o no para sectores que no tiene contrato ni condiciones generales de trabajo.” Lo cierto es que en el PPEF para 2020 no se contempla la apertura de plazas. Resume que en este momento hay una reconfiguración del sector que en un momento formó parte de la SEP, y ahora pertenece a una secretaría que es muy joven, pues apenas se creó en 2015. Y asegura que así lo ven también los trabajadores. Protección al patrimonio Con reportajes como “El patrimonio del siglo XX, tierra de nadie”, “La CDMX destruye sin piedad su patrimonio del siglo XX”, “Débil la protección legal del siglo XX”, “La ciudad asfixia la Casa Barragán en Tacubaya”, “El Paseo de la Reforma al límite”, entre otros, este semanario ha dado cuenta en varias ocasiones de la destrucción del patrimonio artístico y de las limitaciones jurídicas del INBAL para su protección, entre ellas la necesidad de contar con una declaratoria de monumento, ante la cual los propietarios que no la desean pueden ampararse. Es un talón de Aquiles. Y más de un titular de la institución prefirió darle la vuelta al tema de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Jiménez dice ahora que tiene una propuesta y la dará a conocer “muy pronto”, pero primero debe debatirla con el Congreso. Se está dialogando también con el INAH, “porque confluimos los dos dentro de la misma ley y vamos a hacer un planteamiento conjunto, lo estamos afinando, sobre todo para fortalecer las debilidades del instituto. “Estoy muy contenta porque creo que con unos cambios pertinentes podemos fortalecer las herramientas jurídicas del instituto… Hay mucha emoción por parte de ellos porque lo hemos dialogado y hemos avanzado.” Señala que se están firmando convenios con los estados para crear una plataforma en la cual cataloguen su propio patrimonio del siglo XX. Menciona como ejemplo que en Chihuahua ya se hizo el registro y se avanzará en el resto de los estados. –El INAH tiene potestad a nivel nacional, ¿cómo será en el caso del INBAL, será similar o podrán legislar los estados como lo hacen en el caso del patrimonio intangible? –Ya lo leerán cuando entreguemos el proyecto, quiero que se logre y me parece que debo mantener un espacio respetuoso con el Congreso, debemos planteárselo a ellos. Es importante porque realmente quiero que suceda. Otro de los cuestionamientos que en las administraciones anteriores se han hecho al INBAL –particularmente por parte de la crítica de arte de Proceso, Blanca González Rosas–, es por qué debe financiar el traslado de obras, personas y la participación de galerías privadas en ferias internacionales de arte. Se le pregunta entonces qué hará en su gestión, particularmente con el programa de austeridad impuesto por López Obrador. “Nosotros no financiamos eso.” –¿Habrá un cambio entonces? –Ya lo está habiendo, nosotros nos enfocamos al servicio público y a apoyar a los estados que a veces no tienen la infraestructura. Lo que tenga sentido público es lo que nos corresponde hacer, el marco institucional de atribuciones es puntual. Este texto se publicó el 15 de septiembre de 2019 en la edición 2237 de la revista Proceso