En las pasadas elecciones guatemaltecas ganó la presidencia el exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei —quien asumirá el próximo enero—, conocido por haber sofocado un supuesto motín en 2006 y después acusado de facilitar una lista de reos para ejecutarlos extrajudicialmente. Su programa de gobierno incluye el uso del ejército en labores de seguridad, una política conservadora contra la diversidad sexual y el aborto, además de megaproyectos de alcance aún incierto. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La madrugada del 25 de septiembre de 2006, más de 3 mil efectivos policiales, militares y penitenciarios ingresaron a la Granja Penal de Pavón, la cual, según las autoridades, se encontraba en poder de un grupo de reos que la utilizaba como base para sus operaciones criminales. Según la versión oficial, tras un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y presos fuertemente armados, la autoridad retomó el control del penal, con un resultado de siete amotinados muertos. Alejandro Giammattei, quien dirigió la operación, llevaba menos de un año como director del Sistema Penitenciario tras desempeñar varios cargos en la Municipalidad de Guatemala; de la noche a la mañana fue elevado a héroe nacional. Tres años después, la suerte de Giamma­ttei, del exjefe de la policía Erwin Sperisen y del exministro de Gobernación Carlos Vielmann sufrió un revés. La recién creada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), formada por la ONU para desmantelar redes de corrupción y crimen organizado en el país, había revelado que el verdadero motivo del llamado Operativo Pavo Real no fue recuperar el control de Pavón, sino la ejecución extrajudicial de varios reos. Fotografías que la CICIG presentó como evidencia muestran a un reo capturado por las fuerzas del orden, quien en una foto posterior aparecía ya muerto y vestido diferente, con un arma a su lado. La investigación también reveló que los reos que supuesta­mente murieron en el enfrentamiento mostraban señales de tortura y heridas de bala a corta distancia. A Giamma­ttei en particular se le acusó de facilitar la lista de los reos que había que ejecutar. Según la versión de Giammattei, que narra en su libro Relato de una injusticia, él jamás facilitó la “lista negra” y la CICIG utilizó testimonios falsos de reclusos que a cambio obtuvieron beneficios. El exdirector del Sistema Penitenciario quiso evadir la orden de aprehensión en su contra refugiándose en la embajada de Honduras en Guatemala para solicitar asilo, pero finalmente se entregó a la justicia y se declaró “preso político”. Después de 10 meses bajo custodia, tres de ellos en la Brigada Militar Mariscal Zavala (donde actualmente se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina bajo cargos de corrupción), fue candidato presidencial de la derechista Gran Alianza Nacional (Gana) en 2007 y quedó en tercer lugar gracias a la popularidad ganada al frente del Sistema Penitenciario. Cuatro años después, el Tribunal Primero de Alto Riesgo cerró el caso en su contra, aduciendo falta de pruebas, lo cual le permitió participar como candidato presidencial del partido Centro de Acción Social (Casa). Pero ya habían pasado cinco años desde el Operativo Pavo Real y su partido ni siquiera logró representación en el Congreso. Sperisen, quien huyó a Suiza –donde gozaba de doble nacionalidad– fue condenado allá por su complicidad en la ejecución de los siete reos. Con tales antecedentes, no es de sorprender que el presidente electo de Guatemala, quien ganó las elecciones de agosto en su cuarto intento de llegar al poder, sea un acérrimo opositor a la CICIG. Esta comisión internacional se vio obligada a concluir su mandato en el país centroamericano después de 12 años, luego de que el presidente saliente, Jimmy Morales, investigado por la comisión por cargos de corrupción, decidiera que representaba “un riesgo para la seguridad nacional”. Giammattei, de 63 años, promueve la pena de muerte y el uso del ejército para desempeñar funciones de seguridad, como estrategia contra los altos índices de criminalidad en Guatemala. También quiere sustituir a la CICIG, la cual presentó cargos contra tres expresidentes, con una comisión nacional, sin precisar cómo se integrará ni cuál será su presupuesto. Tras los pasos de Jimmy Morales Igual que el presidente saliente, Jimmy Morales, Giammattei es un político de derecha que propone el uso del ejército para frenar la violencia de las pandillas y los narcotraficantes; se ha manifestado contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro paralelo entre ambos es el fuerte uso de una retórica cristiana-evangélica. En su primera conferencia de prensa, Giamma­ttei se declaró “un instrumento de Dios” y cerró con su frase habitual: “¡Que Dios bendiga a Guatemala!” Su promesa de acabar con la corrupción también hace eco del eslogan de campaña de Morales: “Ni corrupto ni ladrón”, que se desgastó luego de que Morales llegara al poder y fuera investigado por la CICIG por el delito de financiamiento electoral ilícito. “Yo no quiero ser recordado como un hijueputa más en la historia de Guatemala. Hoy ser político significa ser ladrón, mentiroso, corrupto, pajero, transero, traidor, coche, maldito, desgraciado, hijo de su madre. ¿Por qué no puede ser justo, honesto, capaz, decente, trabajador, que ama a su comunidad, a su país y es un hombre de fe?”, dijo Giammattei en la campaña electoral, repitiendo una frase que ya había causado furor en las redes sociales en 2015. Igual que su antecesor, el actual presidente electo también goza del respaldo de la élite empresarial. Su ministro de Economía será Antonio Malouf, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras; y Alberto Pimentel Mata, uno de los nombres que se barajan como posible Ministro de Energía y Minas, proviene de una de las familias que financió la campaña de Morales, según reportes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En el portal de investigación Nómada se dice que la familia Pimentel le proporcionó a Giammattei un vehículo para la campaña presidencial y le prestó las oficinas para grabar sus espots, aportes que no fueron declarados ante el TSE, lo que contraviene la ley. Alberto Pimentel, además, es accionista de FERSA, una empresa que en 2014 fue beneficiada con contratos estatales por 3.1 millones de dólares para construir 400 kilómetros de red eléctrica (proyecto que todavía no culmina), lo que pone en duda la promesa del mandatario de aplicar cero tolerancia a la corrupción. El pacto migratorio Una de las interrogantes que surgen tras el cambio de gobierno en el país centroamericano es sobre el cumplimiento del acuerdo firmado por el saliente gobierno de Morales con la administración Trump, el cual convierte a Guatemala en un “tercer país seguro” a fin de que albergue a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos, provenientes en su mayoría de El Salvador y Honduras. Pese al rechazo social generalizado, Morales accedió al acuerdo ante la amenaza de que Estados Unidos impondría aranceles a las importaciones guatemaltecas e impondría impuestos a las remesas que 1.5 millones de guatemaltecos residentes en Estados Unidos envían a sus familias, las cuales equivalen a 10% del PIB guatemalteco, según la Organización Mundial para las Migraciones. Días después la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que dictaminaba que el pacto atenta contra la Constitución guatemalteca. Sin embargo, el 10 de septiembre la CC revocó el amparo a solicitud del presidente Morales, lo cual le permite continuar con las negociaciones. Durante la campaña electoral Giamma­ttei se refirió al acuerdo como “una lamentable noticia para Guatemala”, pero una vez electo lo consideró “un hecho” y dijo que su gobierno “trataría de solventarlo”. A inicios de este mes Giammattei expresó su desacuerdo con el pacto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y pidió que su futuro gabinete participara como observador en las conversaciones entre la administración Trump y el gobierno de Morales. Tren rápido y maquilas fronterizas Giammattei asegura que el éxodo centroa­mericano no se frenará “criminalizando la migración”, sino mediante “el desarrollo humano”, objetivo que impulsará mediante un Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Entre los proyectos clave de este plan se encuentra la construcción de un tren rápido que conecte las costas Atlántica y Pacífica, similar al Tren Maya impulsado en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la misma vía, se construiría un oleoducto que uniría los puertos de Santo Tomás de Castilla, en el Caribe, y Quetzal, en el Pacífico. El plan también incluye la construcción de una carretera que uniría los puertos de Champerico y Quetzal por el litoral del Pacífico (unos 120 kilómetros). A finales de agosto, Giammattei acudió al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en busca de financiamiento para el tren rápido y anunció que esta institución de crédito realizaría el estudio de prefactibilidad necesario para comenzar el proyecto. También se reunió con el diputado mexicano Luis Alegre, quien preside la comisión legislativa de Turismo, para discutir una conexión entre el Tren Maya y el tren rápido guatemalteco. Giammattei no fue el primer mandatario centroamericano en buscar financiamiento del BCIE para estos proyectos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele acudió al banco con una propuesta muy similar: la construcción de un tren de carga y pasajeros que atraviese la costa del Pacífico. Pero en el vecino país muchas organizaciones sociales ya han manifestado preocupación por los posibles conflictos por la tierra, daños ambientales y desplazamientos de población que podría ocasionar ese proyecto. El plan de Giammattei también incluye la creación de una zona franca (donde se importan materias primas e insumos sin pagar impuestos arancelarios y se reexportan productos nuevos y finales) en cada una de las 22 estaciones del tren, donde se crearían maquilas textiles. Una de las zonas francas se ubicaría en el municipio fronterizo de Tecún Umán, que colinda con el estado mexicano de Chiapas, y otra se construiría en el Puerto de Champerico, en el departamento sureño de Retalhuleu. Giammattei asegura que estas maquilas generarían entre 100 mil y 200 mil empleos, de manera que 1 millón y medio de guatemaltecos optarían por permanecer en Guatemala al contar con los medios para mantener a sus familias. Pero no toma en cuenta que en el país el salario mínimo para los trabajadores de maquila es de 82.46 quetzales diarios (equivalentes hoy a 10.73 dólares), inferior al salario mínimo vigente de 90.16 quetzales (11.73 dólares) e insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica mensual de 3 mil 200 quetzales (416 dólares) que fija el Ministerio de Trabajo. Desde hace dos décadas Guatemala cuenta con zonas francas que pretenden atraer inversión extranjera con mano de obra barata e incentivos fiscales, pero en conjunto no emplean a más de 0.1% de la población ocupada. Este reportaje se publicó el 15 de septiembre de 2019 en la edición 2237 de la revista Proceso