Durante un cuarto de siglo el Centro Tlachinollan ha documentado los abusos y violaciones a los derechos humanos que ocurren en las zonas más pobres de Guerrero, actos cometidos en muy alta proporción por las fuerzas del Estado, aunque más recientemente hay que sumar la participación del crimen organizado. Abel Barrera, director del centro, cuenta a Proceso la historia de la organización y expone los altos riesgos que conlleva trabajar con las víctimas, aunque también habla de la satisfacción de hacerlo. CIUDAD DE MÉXICO (Procreso).- En los últimos 25 años Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha sido testigo de primera mano de cómo el país se ha ido “desfondando” en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos, así como del incremento de los riesgos que conlleva ser defensor de esos mismos derechos en México. Barrera, con una trayectoria ampliamente reconocida en ese ámbito –tres premios y reconocimientos nacionales y cinco internacionales de 1996 a 2017–, hace un recuento en entrevista con Proceso respecto del trabajo desarrollado por Tlachinollan durante un cuarto de siglo. Esa labor quedó plasmada en el informe Montaña, llena eres de Esperanza. Tlachinollan, una de las organizaciones que representa a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzi­napa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, nació documentando abusos cometidos por autoridades locales; al paso de unos años incursionó en el registro de casos de violaciones graves a los derechos humanos derivados de la militarización de la Montaña. Entre las referencias que toma el informe de Tlachinollan destacan los datos del Institute for Economics and Peace 2019, según el cual “la paz en México tuvo un retroceso de 4.9% y su deterioro se materializó en 22 estados”. La institución atribuye esta situación a un incremento de 14% en la tasa de homicidios, siendo los hombres jóvenes, de entre 15 y 29 años, los más afectados, con 42% de incidencia. Guerrero se colocó como uno de los estados más violentos en 2018, con 2 mil 472 asesinatos, en tanto que en los primeros cinco meses de 2019 la numeralia alcanzó 748 víctimas, de acuerdo con los registros hemerográficos consignados en el informe de Tlachinollan. En 1997, tres años después de haber nacido como organización, “siendo aprendices” en la defensa de los derechos humanos, Tlachinollan documentó casos de tortura cometidos por miembros del Ejército que incursionaron en la zona tras la irrupción del Ejército Popular Revolucionario en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez. Al defensor le viene a la memoria el caso del profesor Magencio Abad Zeferino, quien fue brutalmente torturado por militares: “Le enterraron agujas en las uñas, lo desnudaron, le dieron toques eléctricos, lo pusieron en una tabla, lo sumergieron en agua” (Proceso 1075). Enfrentar los “estragos de la militarización” como organización naciente “nos marcó sobre lo que teníamos que enfrentar, lo que hoy es una realidad: las graves violaciones a los derechos humanos. Vimos cómo se fue desfondando el país”, apunta el activista. A 25 años de su formación, Tlachinollan se ocupa de casos en los que está implicada “no sólo la policía”, sino “grupos de la delincuencia; una realidad difusa en la cual las agresiones a los defensores pueden venir de agentes estatales o no estatales que trabajan en un entramado hecho para proteger a los perpetradores”. Para los defensores de derechos humanos, agrega, esa realidad implica un “peligro mayor”, porque si bien siempre ha sido riesgoso ejercer ese oficio, “ahora los costos políticos ya no son significativos para las autoridades”. Pone un ejemplo: si un periodista o un defensor es asesinado, “automáticamente” las autoridades ya tienen una explicación: aluden a la “doble vida” de la víctima o a que ésta “no tenía que estar donde estaba, pero nunca reconociendo que (ese crimen) se debió a su trabajo”. Esa colusión entre la delincuencia y las autoridades, aunada al incremento de la violencia, se ha traducido en una disminución de las denuncias ante las autoridades, sobre todo en casos de desapariciones o asesinatos, por la desconfianza ciudadana. “La gente no quiere denunciar porque para ella es elegir entre el purgatorio o el infierno; para ella ir al Ministerio Público es sufrir más; primero, porque los agentes dudan de su dicho; segundo, porque sabe que se va a filtrar la información; tercero, porque puede sufrir una agresión más, y cuarto, porque no existe una institución que proteja los derechos de las víctimas. La ayuda que nos piden es para localizar a su familiar desaparecido.” El informe de Tlachinollan indica que de septiembre de 2018 a junio de 2019 en la región de la Montaña se cometieron 86 homicidios, además de 25 desapariciones de personas; “es una zona silenciada donde ocurren muchos asesinatos, pero la población prefiere callar porque ha dejado de confiar en las autoridades”. Esa “realidad difusa”, advierte, ha crecido en presencia de la permanente militarización de los últimos 25 años, que ahora, con el formato de Guardia Nacional, no se traduce en operativos “tan aparatosos” como se observaba durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mientras la violencia parece no tener fin en Guerrero, “el Ejército está ahí, vigilante, pero como un fantasma, porque la gente no está sintiendo que esa fuerza sea la solución para la inseguridad”. Explica: “La gente duda que el Ejército actúe más allá de los intereses macrodelincuenciales; al ver que no hay una actuación para contener la avalancha del crimen, la ola del crimen sigue más alta.” Hasta ahora, en la práctica, la figura de la Guardia Nacional sólo ha significado “el fortalecimiento del Ejército y el debilitamiento de las autoridades civiles, pues cada viernes los presidentes municipales tienen que entregar un parte de novedades al cuartel militar, y diariamente los 19 municipios de la Montaña tienen que informar lo que pasa en sus territorios”. Barrera, para quien desde 2009 existen medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por defender casos en los que están involucrados miembros del Ejército, no cree que el nuevo esquema de militarización, mediante la Guardia Nacional, signifique cambios positivos en la región. “Sigue habiendo este patrón de impunidad hacia el Ejército, falta de controles internos en las actuaciones castrenses; sigue habiendo opacidad, y mientras las Fuerzas Armadas no rindan cuentas y no se supediten a la autoridad civil, seguiremos documentando lo que lamentablemente hemos registrado en Guerrero: ejecuciones, tortura desapariciones.” Desconfianza ciudadana Barrera dice que, pese a la visibilidad que la región y el estado han tenido tras años de denuncias por violaciones a los derechos humanos y otros abusos al menos desde la época de la Guerra Sucia, en los últimos 25 años de trabajo Tlachinollan ha atestiguado “un desfondamiento, un hundimiento de la vida social pública” en el que prevalece la desconfianza ciudadana en las autoridades y los actores políticos, a quienes “no es gratuito que los vinculen con la misma delincuencia, y al mismo tiempo la sociedad se ha vuelto temerosa ante el crecimiento de un poder delincuencial”. A partir de testimonios de víctimas y de la realidad tangible de “siete asesinatos diarios en las diferentes regiones del estado”, lo que ha colocado a Guerrero como la entidad más violenta del país, Tlachinollan sostiene en su informe: “Son los actores armados los que están marcando el derrotero de nuestra vida como guerrerenses. Son ellos los que están imponiendo su ley, los que están controlando amplias franjas de nuestro territorio y los que han logrado supeditar a las mismas autoridades locales para imponer sus intereses facciosos.” Barrera apunta que pese a este escenario adverso “tan descompuesto y de purgatorio, en el que todo mundo está penando”, entre los pueblos hay “un lado luminoso” en el que están las víctimas de la violencia y sus familiares. Lo mismo se trata de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, como de familias de Zitlala, Chichihualco o Chautla; son familias de víctimas “que no tienen ninguna plataforma de donde despegar su movimiento, más que su propia fuerza, su propia raíz, que nace de lo más profundo de su ser y de toda una historia de resistencia que hay en la Montaña, de no doblegarse”. Con ese bagaje histórico y con el “olfato político de saber qué cosas en el país se pueden cambiar y qué cosas no”, los pueblos indígenas de la Montaña tienen una percepción sobre lo que puede significar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los próximos años. “La gente intuye que si no se desmonta este aparato que ha fomentado la impunidad, sobre todo en las instituciones de justicia y de seguridad, habrá un buen discurso y mucha voluntad, pero en las entrañas del sistema todavía no se tocarán las fibras más dañinas que hay para poderle garantizar justicia, seguridad y bienestar a la gente”, advierte Barrera. Y apunta: “La gente está consciente de que es más desde la organización comunitaria, más desde la reconstrucción del tejido local y el impulso de sus propias iniciativas como va a poder ir removiendo este escombro, esas losas de un sistema todavía corroído por la impunidad y la corrupción”. El último informe de labores del Centro Tlachinollan refleja el trabajo al lado de los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero, que representan 81% de los atendidos entre junio de 2018 y junio de 2019, de un total de cerca de 900 personas que acudieron a solicitar asesoría por violaciones a sus derechos políticos y sociales (49%), asesoría jurídica (37%) y a denunciar violaciones a los derechos humanos (14%). Este reportaje se publicó el 11 de agosto de 2019 en la edición 2232 de la revista Proceso