CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El estado de Guerrero se convirtió en el primer productor de amapola en el país durante los últimos 24 años que los gobiernos estatales del PRI y PRD destinaron un promedio anual de mil 300 millones de pesos al programa de fertilizante para subsidiar a pequeños productores de maíz en esta entidad. A diferencia del pasado, este año el gobierno federal decidió operar directamente el registro de campesinos y terrenos de siembra, así como el reparto del insumo a los campesinos donde detectó listados inflados y duplicidad en la superficie. Esta situación desató una serie de protestas sociales encabezadas por el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien calificó de “ineficientes” y “prejuiciosos” a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Retenciones y bloqueos A finales de mayo, campesinos amapoleros de los municipios de Tlacotepec y San Miguel Totolapan retuvieron a policías estatales y soldados en el poblado serrano de San Juan Puerto del Gallo para exigir la entrega de fertilizante, obligando a funcionarios estatales y federales a entregar el insumo para calmar la protesta. Previamente, el miércoles 15 de mayo, un grupo armado secuestró al encargado del almacenamiento del fertilizante en las bodegas del organismo público descentralizado el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Reynaldo Pulido Rodríguez, quien fue liberado dos días después en la Ciudad de México. Mientras, los subdelegados del gobierno federal en la Tierra Caliente y la Montaña, Andrés Nieto Cuevas y Julio Lázaro Bazán, respectivamente, fueron retenidos en los municipios de San Miguel Totolapan y Zapotitlán Tablas en la segunda semana de este mes. Ambos funcionarios federales fueron liberados. Desde hace dos semanas, dirigentes de organizaciones campesinas vinculadas al PRI y PRD realizan bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad en demanda de fertilizante, y el mandatario estatal no ha dejado de utilizar actos oficiales para criticar a los funcionarios federales que le quitaron el control del programa. Las irregularidades En respuesta a las críticas de Astudillo y los conflictos sociales generados ante el retraso en la entrega del fertilizante, el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, afirmó que el análisis estadístico sobre el comportamiento de los rendimientos del maíz a nivel estatal advierte que “el programa de fertilizante gratuito no ha incidido en la producción de maíz”. “Del 2009 al 2018 no hay un incremento de las cosechas como debería esperarse si se aplicara el fertilizante correcto, en dosis adecuadas y oportunamente. En 10 años, la producción promedio por hectárea ha fluctuado entre 2.4 y 2.8 toneladas por hectárea”, indicó Villalobos Arámbula, durante una conferencia realizada en Palacio Nacional el pasado viernes 7, en la Ciudad de México. Villalobos Arámbula denunció que el retraso se debe a que están “rompiendo inercias y afectando intereses muy arraigados durante años”, porque ahora se pretende entregar directamente el insumo al productor que acredite la parcela. También explicó que el presupuesto se redujo de mil 300 millones que gastó el gobierno de Astudillo y los 81 municipios el año pasado, a mil millones, cifra que considera 378 millones de pesos para semillas mejoradas y 20 millones en gasto de distribución. Mientras, el encargado del programa federal en la entidad, Jorge Gage Francois, anunció que pretenden entregar 120 mil toneladas de fertilizante en todo el estado y que el insumo se almacena en bodegas de Segalmex, de las cuales 34 mil toneladas de insumos están en las zonas de Tierra Caliente, Montaña y Norte, donde se pretende entregar completamente en la segunda semana de julio. El funcionario informó que se recibieron 401 mil solicitudes de campesinos cuando el año pasado fueron 328 mil productores beneficiados, por lo que se están verificando las solicitudes para evitar que se beneficie a personas inexistentes. Explicó que el estado tiene una capacidad de tierra para cultivo de 450 mil hectáreas, pero el número de solicitudes de parcelas arrojó una cantidad de 885 mil hectáreas; es decir, “se duplicó la extensión de terreno y eso no es posible”, indicó. En este sentido, Gage señaló que detectaron esta duplicidad de superficie territorial en 56 de los 81 municipios de la entidad y destacan Acapulco, Chilpancingo y Acatepec como los lugares donde se presentó esta irregularidad. Explicó que la primera fase de entrega de fertilizante se realizó la semana pasada en el poblado de San Juan Puerto del Gallo, luego de que productores de amapola retuvieron a militares y policías estatales en esta zona del filo mayor de la sierra de Guerrero. La segunda fase de reparto considera los municipios de Costa Grande, Costa Chica, Acapulco y la región Centro. Gage Francois informó el jueves 20 que el programa lleva un avance de entrega directa del 18 por ciento sobre el padrón depurado. El 61 por ciento de bodegas (82 de 133) dijo que están operando con normalidad y que en 53 de los 81 municipios se realiza la entrega del insumo. No obstante, admitió que la revisión del padrón de productores, los bloqueos carreteros y la retención de servidores públicos ha retrasado la distribución y entrega del fertilizante en esta entidad donde el maíz es para autoconsumo y la producción de amapola es de exportación. La amapola De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los 63 mil 621 kilómetros cuadrados que conforman Guerrero se cosecha “el 60 por ciento” de la producción de amapola en México, indican documentos oficiales. Esta semana durante una entrevista con la agencia de Proceso, se le preguntó al responsable del programa del gobierno federal, Jorge Gage, si las cifras de la Sader sobre la nula producción de maíz y la Sedena que destaca la cosecha de amapola en la entidad, advierten que los gobiernos estatal y municipal habrían utilizado recursos públicos para subsidiar la siembra de adormidera durante 24 años de operación de este programa destinado a la producción de maíz, el funcionario respondió: “Eso explica las resistencias que estamos teniendo. Es todo lo que te puedo decir sobre ese tema”. El fertilizante en campo amapolero En agosto de 2017, la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que en un campamento amapolero ubicado en la sierra de la entidad se destruyeron nueve plantíos de adormidera y también fue decomisada una tonelada y media de fertilizante del programa que en ese entonces controlaba el gobierno de Astudillo. El hecho, registrado hace dos años, advirtió que el insumo subsidiado con recursos públicos y destinado a productores de maíz era utilizado para beneficiar al narco en esta entidad colapsada por la violencia. Al respecto, esta semana, el gobernador Astudillo, durante una entrevista radiofónica, acusó al gobierno federal de utilizar el programa del fertilizante “para denunciar a quienes se dedican a actividades ilícitas en Guerrero”, en referencia al uso del fertilizante para la siembra de amapola. “Han llenado de prejuicios un programa que efectivamente no puede ser perfecto, que no es perfecto, pero yo creo que son más los prejuicios que ya se le ven que lo que realmente tenía de malo, yo creo que no es un programa endemoniado”, indicó el mandatario en el programa de Denise Maerker en Radio Fórmula. No obstante, el gobernador Astudillo aseguró el año pasado que la guerra que mantienen grupos delictivos en la Sierra, es por el control de las zonas de producción y las rutas de tráfico de la amapola. En octubre pasado, Proceso publicó el reportaje titulado Sierra de Guerrero: la amapola a la baja, la violencia al alza donde se informó que la recolección de goma de opio fue una “industria” que tuvo auge en los ochenta y noventa del siglo pasado en la región guerrerense de La Sierra. Ahora, aunque ese precursor de la heroína está a la baja, la zona sigue siendo un territorio que se disputan los grupos del crimen organizado, pues además de la droga controlan la producción minera y la explotación forestal. Y esa guerra criminal ha ido convirtiendo en fantasmas a los pueblos, donde ya no hay servicios públicos de educación, salud o transporte. Ya sólo quedan ahí quienes no se han podido ir. Además, el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, exhibió que el principal negocio del grupo delictivo Guerreros Unidos es el control de la heroína que se produce en la Sierra y la Zona Norte del estado para traficarla directamente a los Estados Unidos. Incluso, una de las líneas de investigación que fue omitida por las autoridades del gobierno federal anterior fue el caso de un autobús que presuntamente llevaba un cargamento de heroína y que fue retenido por los normalistas, situación que explica el nivel de violencia ejercida por el grupo criminal que actuó bajo el manto protector de autoridades de los tres niveles y el Ejército durante la noche trágica de Iguala, indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).