CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado martes 9 de julio una comisión de representantes de pobladores de Almarejo, Acasico y Temacapulín, así como de diversas organizaciones ecologistas y defensoras de los derechos humanos, tuvieron una audiencia en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en la Secretaría de Gobernación, donde llevaron la vieja demanda de los pueblos de cancelar y desmantelar definitivamente la presa El Zapotillo y el acueducto que llevaría agua de Jalisco a León, Guanajuato. Los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato) y Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco) anunciaron el 29 de mayo pasado el Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde cuyo objetivo es reactivar los mega proyectos hídricos que quedaron interrumpidos a causa de 15 amparos y dos controversias constitucionales, una en contra de la presa que data del 2013 y la otra en contra del acueducto, del 2018. El Acuerdo también invirtió las proporciones de aprovechamiento del caudal de la presa: el 76% será para el área metropolitana de Guadalajara y el 24% para León. La presa condena a Almarejo, Acasico y Temacapulín a desaparecer bajo las aguas. Los afectados defienden sus tierras al tiempo que denuncian todo tipo de corruptelas en la construcción de la presa y el acueducto. Sostienen que desde el 2005, durante el gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña, han sido una inagotable fuente de desfalcos y desvíos de fondos públicos, por lo que piden a las autoridades competentes hagan una auditoría. “El desmontar la presa sería más económico y ecológico ya que desde el 2005 a la fecha se dispararon sus costos. El costo de los proyectos fue de 7 mil 960 millones de pesos, para 2019 ya son de 35 mil millones de pesos”, subraya María González Valencia especialista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario en entrevista con Apro. “Hay alternativas viables y económicas para el manejo del agua, pero el negocio está en los mega proyectos amañados; ellos tienen un mismo patrón de comportamiento: la inversión con dinero público es un de 100%, después, en la construcción los precios se van inflando, se le da en concesión a una empresa privada sin que haga inversiones o corra riesgos y las ganancias son privadas”, sostuvo el también experto de IMDEC Claudio Figueroa, en entrevista por separado. En el 2005 la Comisión Nacional del Agua anunció la creación de la presa El Zapotillo y la inundación de Palmarejo, Acasico, Temacapulin. Nadie informó ni mucho menos consultó a sus habitantes. Las licitaciones estuvieron plagadas de irregularidades. “Hay estudios, datos duros que demuestran que no hay agua suficiente para distribuir”, acusa Claudio Figueroa. Las aguas negras de Abengoa El 14 de octubre del 2011 la Conagua otorgó el contrato de construcción del acueducto a la empresa Acueducto del Zapotillo S.A.de C.V. filial de la española Abengoa. El trasvase de 140 kilómetros de largo recibió una inversión de 6 mil 866 millones de pesos, según datos del IMDEC. El acueducto llevaría agua de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato. La concesión sería por 25 años y podría comercializar el líquido. La empresa no era nada estable. Enfrentaba múltiples deudas ya que no había cumplido con pagos. En España, los acreedores la llevaron a juicio. La fiscalía pidió 5 años de cárcel para Felipe Benjumea, presidente del grupo sevillano. El 17 de octubre del 2017 la televisión española RTVE anunció la quiebra de Abengoa. No era la primera vez. Los analistas bromeaban con las siete vidas de la empresa. “Uno de los intentos de rescate lo hizo el gobierno de México con una inyección de 702 millones de pesos; peor aún, el Instituto de Pensiones de Jalisco invirtió 600 millones de pesos en Abengoa, sin consultar a nadie” reclamó María González Valencia. La gota que derramó la guerra Abengoa se hizo famosa en el 2000 por su implicación en la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, donde la privatización del vital líquido provocó airadas protestas que se tornaron violentas cuando las empresas extranjeras, entre ellas Abengoa, súbitamente aumentaron las tarifas hasta en un 300%. La gota que derramó la guerra fue la exigencia de las empresas de un pago por recolectar agua de lluvia, como si ellas fueran dueñas del cielo. Ante la rebelión popular el presidente Hugo Banzer declaró el Estado de Excepción y el Ejército reprimió a la población; sin embargo, medio millón de personas enfurecidas lograron cancelar la privatización del agua. Según la página web de Abengoa, su principal proyecto en México fue el acueducto y su cliente, la Conagua. La empresa se fue a la quiebra y en 2017 abandonó el proyecto. En México fue declarada en concurso mercantil involuntario y cerró el 2018 con pérdidas por más de mil 498 millones de euros que equivalen a casi 30 mil millones de pesos y, según la prensa tapatía, intenta demandar a la Conagua por 5 mil millones de pesos por “no haber liberado las vías para la construcción del acueducto”; éste solo avanzó el 6% en seis años. Los Altos de Jalisco es una zona semi-árida y las aguas del Río Verde serían contenidas por la presa El Zapotillo y llevadas a León, Guanajuato, a los parques industriales, especialmente los automotrices. Sonia Serrano Iñiguez hizo una investigación periodística (Diario NTR 23 junio 2018) y descubrió que la Conagua, sin tener las atribuciones, “regaló” 3 mil 619 kilómetros de derecho de vía en Jalisco, para el acueducto; casi 7.8 hectáreas de bienes inmuebles. Dicha donación se hizo a espaldas del Congreso de Jalisco por lo que aquel interpuso una controversia constitucional. Según Serrano Iñiguez, José Elías Chedid Abraham, titular de la Conagua, según el acta de octubre de 2014, entregó a Abengoa, tierra ubicadas en la Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión San Antonio. A decir de Rubén Moreno, del periódico El Informador, el Fondo Nacional de Infraestructura negó recursos para el fideicomiso del Acueducto por no tomar en cuenta que por esas tierras yacen oleoductos de Petróleos Mexicanos y líneas alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. El Muro del agua En el 2008 el entonces gobernador de Jalisco Emilio González Márquez dio su visto bueno para que la cortina de El Zapotillo subiera de 80 a 105 metros de altura. La construcción arrancó en el 2009 con la empresa española FCC (de la que ahora Carlos Slim es accionista mayoritario) La Peninsular, filial del el Grupo Hermes, propiedad de Hank Rohn. Además de erigir la cortina, había que instalar 139 kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo una planta de tratamiento de agua potable, un tanque de almacenamiento y un circuito de distribución de 40 kilómetros. Actualmente todo esto tendrá un costo aproximado de 71 mil millones de pesos. Aristóteles Sandoval tuvo como promesa de campaña no inundar los pueblos, pero cuando se convirtió en gobernador de Jalisco cambió de parecer. Para salir del embrollo, contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su acrónimo en inglés) para realizar un estudio sobre la presa, sus avances y posibilidades. Dicho reporte fue titulado Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde. En la investigación participaron 44 expertos que de octubre del 2015 a marzo del 2017 recuperaron datos e información sobre el comportamiento del clima en la zona a los largo de medio siglo, estudiaron todos los reportes y materiales existentes e hicieron diversas entrevistas. Carlos Angelaccio y Alejandro Rossi, explicaron en una entrevista para Notisistemas el 3 de julio 2017 que el estudio contempló tres grandes grupos de variables: las climáticas, la demanda de agua y la infraestructura. “Para tomar la decisión, hay que concentrarse en el mayor beneficio y la población que hará el mayor sacrificio, debe ser debidamente atendida, con una estrategia de asistencia y de compensación integral”, afirmaron los técnicos y explicaron que lo primero fue evaluar la situación actual de la presa y el comportamiento del río ante crecidas extraordinarias. El informe tiene más de 4 mil páginas y el resumen ejecutivo tiene 135 accesible al público general. El estudio costó 90 millones de pesos y no es vinculante; es una investigación netamente técnica. Carlos Angelaccio y Alejandro Rossi explicaron a la prensa que formularon cinco modelos posibles para la presa. Hicieron prospecciones, estudiaron el balance hídrico de la cuenca y el cómo se comporta ante diversas condiciones climáticas. “Lo tradujimos a un modelo numérico, hidrológico, que simula distintas condiciones y funcionamientos” expuso Angelaccio, coordinador técnico del estudio, y añadió que los modelos de gestión tienen tres ejes: el clima, la demanda de agua (agrícola, pecuaria, humana e industrial) y la infraestructura. “Los tomadores de decisiones deben evaluar la demanda” dijeron los técnicos. Los entrevistadores les preguntaron si habían llegado a las mismas conclusiones que la Conagua años atrás. “No. Encontramos que hay menos agua que la considerada en los estudios preexistentes y un 120% más de su demanda. La obra ya está ejecutada, lo que falta es regularla de manera diferente”, afirmaron los técnicos. La mala noticia que dejó la UNOPS es que para cualquiera de los cinco escenarios hay que reubicar a los pobladores. “Con la presa como está, con una cortina de 80 o de 105 metros o con crecidas extraordinarias, los pueblos se inundarán; esa es una realidad física preexistente al estudio”, argumentó Angelaccio de manera defensiva y dejó bien claro que no se les contrató para buscar alternativas a la obra y de suministro de agua sino en estudiar las posibilidades de la presa. “Generamos una herramienta para que el estado de Jalisco pueda analizar y evaluar la situación”, sentenció. Furia El 29 de junio de 2017 la UNOPS presentó su informe y el gobernador Aristóteles Sandoval dijo: “Hoy tengo que reconocerlo con toda sencillez y dejarlo claro: salvar Temacapulín ya no es técnicamente una variable asequible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdí yo con ustedes. No poder cumplirles es algo que lamento profundamente”. Jalisco atenderá el escenario cinco dijo el gobernador, lo que se traduce en una cortina de 105 metros de altura con un caudal de 7.5 metros por segundo; con la opción de 80 metros el caudal sería insuficiente. Los pobladores de Temacapulin protestaron en el Palacio de Gobierno y tildaron al estudio de la UNOPS de ser una farsa y al gobernador de haber tomado la decisión de antemano. María González, representante del Comité de los Pueblos, en conferencia de prensa pidió una auditoría y un peritaje al estado actual de la presa y revisar de manera integral los impactos del proyecto. Los pobladores llevan 12 años con la incertidumbre de que sus pueblos sean inundados y de que pierdan todos sus bienes y tesoros culturales tangibles e intangibles. La batalla legal y política de los afectados es acompañada por el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, el Comité Salvemos Temacapulín, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, el Colectivo de Abogados y Tómala Ciudad. Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, aseguró que el estudio de la UNOPS está mal planeado y que tiene la intención de favorecer la construcción de la presa. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, director del Observatorio acusa que los técnicos UNOPS plagiaron información y les faltó rigor técnico; también preguntó el por qué no atendieron las 81 recomendaciones que hizo el Observatorio del Agua. Dicha organización solicitó un debate público con los ingenieros de la Conagua y de la UNOPS, que fuera transmitido en vivo, pero nadie aceptó. “Van a provocar más problemas que los que quieren solucionar”, advirtió Márquez Gutiérrez. La UNOPS, según su página web es una institución sin fines de lucro en pro del desarrollo sustentable, pero los opositores a la presa consideran que utiliza el nombre y el prestigio de la ONU para avalar proyectos de los que recibe una comisión o un pago y que no corresponden con la misión y el mandato de la ONU. El 29 de agosto de 2017 varios comisionados de la ONU que no tienen nada que ver con la UNOPS, visitaron a las poblaciones en peligro por la presa y encontraron que ya hay desplazamientos forzados. “Las familias oriundas de Palmarejo fueron obligadas con amenazas y engaños a dejar sus tierras; los llevaron a páramos donde no hay agua, ni escuelas, ni ningún servicio y ni siquiera les han pagado una indemnización”, dijo en entrevista María González Valencia, activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. AMLO: ¡La presa va! El 2 de octubre del 2018, durante su “gira de agradecimiento”, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó en Guanajuato que ninguna obra quedará inconclusa y que la presa va. “No se va a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de la presa y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco”, dijo López Obrador en un concurrido mitin. A pesar de los amparos, las controversias constitucionales, las protestas y las quejas en instancias internacionales, la cortina de la presa ya mide 79 metros. Si se ponen de acuerdo los políticos y los empresarios, los pobladores tendrán el mismo destino que el pueblo nubio. Hay propuestas concretas de los científicos y técnicos de Jalisco para recargar los mantos freáticos, reparar las tuberías de Guadalajara por las que se fuga el 40% del agua potable, aprovechar el agua de lluvia y gestionar racionalmente el agua. Eso es viable e infinitamente más económico que seguir con la presa y el acueducto, concluye con optimismo Claudio Figueroa.