Gracias a las presiones de Washington y Tel Aviv, el atentado a la AMIA en Buenos Aires –que causó 85 muertes el 18 de julio de 1994– sigue impune. El afán de Estados Unidos e Israel de culpar a toda costa a Teherán ha hecho que las investigaciones desarrolladas durante 25 años se vean entorpecidas y adulteradas, y que se desestimen las pistas que apuntan a un “trabajo interno” en Argentina, las cuales incluso salpican al expresidente Carlos Menem. BUENOS AIRES (Proceso).- “Puse la hoja para mandar el fax y sentimos una explosión. Salimos corriendo para el lado de adelante y nos encontramos con que no existía el edificio en la parte de adelante. Empezamos a gritar ‘¡Esto es una bomba!’, porque el edificio se había seccionado. Nosotros veíamos lo que quedaba de la calle de enfrente… había desaparecido el edificio. Entonces yo empecé a gritar ‘¡Paola, Paola!’, mi hija, que ese día me había acompañado por primera vez al trabajo.” Hace un lustro Ana María Czyzewski relató a este corresponsal (Proceso 1995) lo que vivió el 18 de julio de 1994, minutos antes de las 10:00 horas, en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, ataque del que ahora se cumplen 25 años. Czyzewski supo más tarde que su hija Paola, de 21 años y estudiante de derecho, había ido al segundo piso del edificio por un café. Pero entonces, en medio de la desesperación y el polvo, no pudo encontrar las escaleras porque el ataque las había derrumbado. La mujer salió como pudo al patio trasero del edificio. Fue subida hasta el techo con una escalera de rescate y desalojada sobre los escombros. Mientras bajaba hacia la calle intuyó que ahí debajo podía estar su hija. “Cuando me sacaron y me tiraron sobre los escombros había como un… ya no era olor a polvo, había como olor a muerte, olor a sangre”, recordó. “Y mi marido, Luis, siempre dice que cuando me vio, yo tenía pegado a los labios el polvo, los escombros, los labios negros tenía. Y aparte tenía el pelo lleno de los escombros. Eso fue como una negación: hasta que no la enterré a Paola, no me lavé la cabeza. Era como que tenía algo de ella todavía…” Con 85 muertos y más de 300 heridos, el de la AMIA es el peor atentado terrorista de la historia argentina; y 25 años más tarde no se sabe quién ni cómo se cometió, pues la trama de encubrimiento enlodó la causa desde el primer día con testigos falsos y manipulación de evidencias. La hipótesis oficial supone el uso de un vehículo-bomba y la presencia de un conductor suicida del grupo Hezbolá, apoyado por Irán. De acuerdo con esta premisa se movieron el gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), las organizaciones de la comunidad judía, los funcionarios judiciales a cargo de las pesquisas y las posteriores administraciones del Estado. Esta línea de investigación, defendida por los servicios de inteligencia estadunidenses, israelíes y argentinos, siempre ha relegado otra, sostenida sobre todo por investigadores independientes y grupos de familiares de las víctimas, que implica a miembros sirios del gobierno de Menem y a agentes de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE). Ante la falta de resolución del tema central –el esclarecimiento del atentado y el castigo a sus autores–, la AMIA se ha convertido en un símbolo de la utilización del dispositivo judicial para conseguir fines que no tienen que ver con la justicia. Sellada la impunidad a través del lodo que cubre la investigación, estos 25 años han visto surgir una serie de causas derivadas, por las que han sido y son acusadas las más altas autoridades del Estado. El único juicio que hasta hoy investigó el atentado terminó en 2004 con la absolución de todos los acusados, debido a las irregularidades cometidas por quienes instruyeron la causa. Esto dio lugar al juicio por encubrimiento en el que se acusó, entre otros, a Menem y a miembros de su gobierno, al juez y a dos fiscales de la causa. El tercero de los fiscales, Alberto Nisman –desvinculado del encubrimiento–, siguió al frente de la investigación. En 2006 imputó a siete diplomáticos iraníes y a un miembro de Hezbolá como autores intelectuales. Ante el rechazo de Irán a extraditar a los sospechosos, en 2013 el gobierno de Cristina Kirchner firmó con el de Mahmud Ahmadineyad (entonces presidente iraní) un memorándum que permitiría a un juez argentino interrogarlos en Teherán. El 13 de enero de 2015 Nisman acusó a la entonces presidenta de intentar beneficiar por este medio a los iraníes imputados. La denuncia, desestimada por completo en su momento, fue desenterrada tras el cambio de gobierno y hoy le vale a Kirchner una acusación por traición a la patria. La falta de claridad en torno a la muerte de Nisman –lo encontraron en su departamento, con un tiro en la cabeza, cinco días después de que efectuara la denuncia– alimenta el gran descrédito de la justicia argentina. En 2018 el último director de la Unidad Especial de Investigación del Atentado, Mario Cimadevilla, acusó al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Justicia, Germán Garavano, de proteger a algunos de los acusados de encubrimiento. Pistas La “pista iraní” es apoyada a rajatabla por Estados Unidos e Israel. Supone que una célula de Hezbolá, financiada por Irán, cometió el atentado. La excluyente investigación de esta vertiente es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos argentinos, a los principales dirigentes de las organizaciones de la comunidad judía y a los funcionarios judiciales asignados a la causa. Su primer juez, Juan José Galeano, investigó junto a los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman una conexión interna de la célula terrorista, supuestamente formada por policías de la provincia de Buenos Aires. El juicio oral, realizado entre 2001 y 2004, no pudo hallar a ningún autor material o intelectual del atentado. A pesar de los ingentes recursos y el aporte de varias agencias de inteligencia, ni siquiera fue posible probar la existencia del coche-bomba manejado por un suicida. Menos aun se pudo precisar quién proveyó y armó los explosivos. Quedó en evidencia, en cambio, que Galeano había desviado la investigación. El magistrado coordinó el pago de 400 mil dólares, provistos por la SIDE, al acusado de proporcionar la camioneta, Carlos Telleldín, quien a cambio implicó a cuatro policías como miembros de la conexión interna. En 2004 la justicia declaró la nulidad de todo el proceso. Los 22 imputados fueron absueltos, los policías detenidos recuperaron la libertad y el juez fue destituido. La hipótesis oficial que desde 2003 apuntaba al joven libanés Ibrahim Hussein Berro como el conductor suicida sufrió un revés en noviembre de 2017. Según un análisis del FBI, las muestras de ADN de dos restos humanos encontrados durante las autopsias, adheridos a los cuerpos de quienes murieron en el atentado, dieron resultados negativos al ser comparados con el perfil genético de un hermano de Berro. Tampoco hubo avances en cuanto a los supuestos autores intelectuales. Hadi Soleimanpour, embajador de Irán en Argentina en 1994, fue detenido en Londres en 2003, en virtud de las órdenes internacionales de captura que los fiscales argentinos habían pedido a la Interpol. La justicia británica lo dejó en libertad, pues juzgó insuficiente el material probatorio aportado. En 2004 el presidente Néstor Kirchner puso a cargo de la investigación a Nisman. El entonces mandatario estadunidense George W. Bush acusaba a Irán de ser parte del “eje del mal” y de patrocinar el terrorismo. El alineamiento con la hipótesis de Washington e Israel se mantuvo a rajatabla y se investigó sólo la “pista iraní”. Este enfoque cerrado presenta al menos una contradicción notoria. Es difícil entender por qué, si detrás del atentado estuvo Irán, en Argentina se montó un descomunal encubrimiento. La investigación evitó profundizar la “pista siria”, que salpica a Menem. Hijo de inmigrantes sirios, el expresidente habría recibido dinero de Damasco para la campaña electoral de 1989. El pacto se completaría, según esta hipótesis, con la venta a Siria del reactor nuclear argentino Carem. Debido a advertencias e intimaciones de Estados Unidos e Israel, Menem incumplió su palabra. Había sin embargo muchos sirios en lugares clave de la seguridad nacional, con una facilidad absoluta para propiciar el atentado como represalia, según plantea el periodista y abogado Horacio Lutzky en el libro Brindando sobre los escombros (2012). El periodista Juan José Salinas, autor de los libros AMIA. El atentado (1997) y La InfAMIA (2018), sugiere el uso de explosivos escondidos entre los materiales de construcción con los que se remodelaba el edificio. Sostiene que el ataque fue un ajuste de cuentas entre los miembros de una trama internacional de tráfico de armas y drogas en la que participaban servicios secretos de Israel, Siria, Estados Unidos y Arabia Saudita. Y afirma que la ejecución estuvo a cargo de miembros de una extensa banda dirigida por altos oficiales de la Policía Federal argentina, que durante la dictadura habían integrado los “grupos de tareas” dedicados a secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas. En el banquillo En 2007 el presidente Néstor Kirchner denunció a Irán en la Asamblea de la ONU por su falta de colaboración para esclarecer el atentado. En 2009 hizo lo propio Cristina Kirchner. En 2013 la entonces presidenta impulsó la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Se proponía que los acusados pudieran declarar en Teherán ante una Comisión de la Verdad. El acuerdo fue aprobado por el Congreso argentino pero no por el iraní y por lo tanto nunca entró en vigor. Pero provocó gran escozor en diferentes sectores de la comunidad judía. En mayo de 2014 la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Nisman llevó adelante la investigación entre 2004 y 2015, es decir durante casi toda la era kirchnerista. Disponía de un gran presupuesto y del apoyo de diferentes agencias de inteligencia y además informaba a la embajada estadunidense sobre sus pasos en la causa, según consignan varios cables revelados por WikiLeaks. Los familiares de las víctimas solicitaron en diversas oportunidades su renuncia, por falta de resultados. Sorpresivamente, el 13 de enero de 2015 Nisman acusó a Cristina Kirchner de encubrir a los iraníes imputados. En su denuncia sostenía que el gobierno había pedido a la Interpol que levantara los pedidos internacionales de captura en su contra. Un día más tarde el exjefe de Interpol, Ronald Noble, desmintió al fiscal y luego su acusación fue desestimada por los jueces. El 19 de enero Nisman debía presentar los fundamentos de su denuncia ante el Congreso, pero un día antes fue hallado muerto. El Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, determinó que “no intervinieron terceras personas en el hecho”. Una nueva autopsia, ordenada por el gobierno de Mauricio Macri y realizada por la Gendarmería Nacional, sostiene que sí fue asesinado. La verdad sobre su muerte parece yacer bajo el mismo lodo que imposibilita el esclarecimiento del atentando contra la AMIA. El 28 de febrero de 2019 se dictaron las condenas en el juicio por encubrimiento. Menem, acusado de haber ordenado al juez Juan José Galeano que no investigara la “pista siria”, fue absuelto. El tribunal condenó a Galeano a seis años de prisión por haber pagado 400 mil dólares a Carlos Telleldín, para que desviara la investigación mediante un testimonio falso. Los exfiscales Mullen y Barbaccia, que consintieron este acuerdo, fueron condenados a dos años de prisión condicional. El entonces jefe del servicio de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por haber aportado los fondos. Fueron absueltos el entonces líder de la comunidad judía, Rubén Beraja, y el excomisario Jorge Palacios. Las organizaciones de familiares se mostraron contrariadas con el fallo, señalando que las penas fueron bajas en relación con los delitos comprobados. Previamente habían denunciado en repetidas oportunidades que el gobierno de Macri se sumaba a las políticas de encubrimiento. También Mario Cimadevilla, el último titular de la Unidad Especial de Investigación, disuelta en 2018 por un decreto de Macri, denunció que el ministro de Justicia, Garavano, le había ordenado dejar de acusar a los exfiscales Mullen y Barbaccia, quienes finalmente fueron eximidos de una pena de cumplimiento efectivo. Otro de los absueltos, el excomisario Jorge Palacios, fue jefe de Seguridad del club Boca Juniors durante la presidencia de Macri y jefe de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante su alcaldía. El resumen de estos 25 años es lapidario. El gobierno ha reflotado la idea de juzgar en ausencia a cinco de los iraníes a los que se imputa la autoría intelectual. Acerca de cómo y quién lo cometió no se sabe a ciencia cierta nada. La posterior judicialización ha llevado al banquillo a dos expresidentes y numerosos funcionarios. Nada indica que vayan a ser los últimos. “La causa AMIA fue usada con fines políticos durante estos años, desde el principio y hasta hoy, que todavía se la sigue usando”, dice a Proceso Adriana Reisfeld, dirigente de Memoria Activa, quien perdió a su hermana Noemí en el atentado: “Los pocos que buscamos justicia somos algunos familiares”. Este reportaje se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2228 de la revista Proceso