En el último mes, 11 ciudadanos franceses han sido condenados a muerte en Bagdad. Su delito: pertenecer al Estado Islámico. Y hay más, cientos de ellos, presos en el Kurdistán y que podrían ser enviados a Irak para ser juzgados. La situación representa un problema para el gobierno galo: Francia abolió hace años la pena de muerte y su Constitución obliga al gobierno a defender a sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo. Pero en casa no serían bienvenidos porque se les considera peligrosos terroristas. PARÍS (Proceso).- Cae el veredicto de la Corte Penal Central de Irak: pena capital para Bilel Kadaoui, de 32 años; Mourad Delhomme, de 41; Fodil Tahar Aouidate, de 33; y Vianney Ouraghi, de 28. Cuatro franceses acusados de pertenecer al Estado Islámico (EI). Es el domingo 2. Las audiencias de cada uno apenas duraron una hora. Los abogados de oficio, que accedieron a los expedientes media hora antes de iniciarse el juicio, tuvieron una presencia meramente simbólica. Los acusados tuvieron pocos minutos para expresarse. Ahora disponen de un mes para apelar su sentencia. Estas condenas a muerte, que se suman a las pronunciadas por el mismo tribunal antiterrorista de Bagdad entre el 26 y el 29 de mayo contra otros siete yihadistas franceses, dejan en un aprieto al presidente Emmanuel Macron. El mandatario francés está contra la pared: por un lado proclama respetar la soberanía de Irak y la de su justicia; por otro, tiene la obligación constitucional de oponerse a la ejecución de sus connacionales, pues Francia abolió la pena de muerte en 1981. Además, el tema de un eventual traslado a Francia de los excombatientes del EI genera tensiones crecientes entre amplios sectores de la opinión pública, traumados por los atentados terroristas cometidos en suelo galo, y grupos minoritarios pero influyentes apegados a la defensa del estado de derecho y de los derechos humanos. Problema viejo El embrollo empezó durante el mandato de Francois Hollande, con las derrotas del EI en Irak y Siria y las detenciones de sus combatientes por la coalición árabe-kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apoyada por Washington. Y fue a raíz del aparente desmoronamiento del EI a principios de 2019 –y de las detenciones masivas de los yihadistas y de sus familias– que el problema se complicó. El noreste de Siria, el Kurdistán Sirio, goza de una autonomía de hecho, pero no tiene existencia legal; cuenta con un “autogobierno” que carece de reconocimiento internacional y con un sistema judicial de excepción, expeditivo y aleatorio. La presencia de miles de presos amontonados en campos insalubres en ese pequeño territorio, económicamente frágil y amenazado a la vez por Turquía y la coalición irano-siria, se vuelve insostenible para las autoridades kurdas, que acaban presionando a los países implicados para que repatrien a sus ciudadanos. La situación también es insostenible para Macron, quien gusta de enarbolar la imagen de “Francia, cuna de los derechos humanos” y que por lo tanto no puede ni debe aceptar que sus 450 connacionales –entre los que hay 210 menores de edad– sigan detenidos, sin derecho alguno, en el vacío jurídico y penal kurdo. Según se desprende de investigaciones del matutino Libération y del diario electrónico Mediapart, a finales de 2018 la Secretaría General de Defensa y de Seguridad Nacional (SGDSN) hizo, a solicitud de Macron, planes para repatriar a Francia a 249 presos –37 hombres, 63 mujeres y 149 niños– en coordinación con las fuerzas militares estadunidenses. Los reporteros tuvieron acceso a documentos confidenciales que detallan el proceso de transferencia de los yihadistas y sus familias a Francia. Todo está perfectamente planeado: se mencionan las instancias judiciales ante las cuales comparecerán los adultos –en su mayoría, objeto de órdenes internacionales de detención–, así como los reclusorios en los que estarán en espera de sus juicios. También se establece la lista de los servicios especializados que se encargarán de los menores de edad. Macron aprobó el plan. Los ministros empezaron a “preparar el terreno”, explicando que la única manera de tener a los yihadistas bajo control es regresarlos a Francia y juzgarlos. Pero el pasado 26 de febrero Macron se echó para atrás. Declaró categórico: “A la inversa de lo que pude leer o escuchar, no existe hoy día programa alguno de regreso de los yihadistas”. La SGDSN insistió e intentó defender su plan, con apoyo de policías, jueces y fiscales antiterroristas. Fue en vano. El repentino giro de 180 grados obedece a que los sondeos de opinión inquietan a Macron: entre 82% y 89% de los franceses rechaza la repatriación de los yihadistas y 67% se opone inclusive al regreso de los niños, sin tomar en cuenta que 75% de ellos tiene menos de cinco años. Desestabilizado por la crisis de los Chalecos Amarillos, el presidente no asume el riesgo político de ir contra el sentir “a flor de piel” de sus conciudadanos. A principios de marzo dos incidentes –el intento de asesinato de dos guardias de prisión por reos islamistas radicalizados y un proyecto de atentado contra un jardín de niños, neutralizado por la policía antiterrorista– exacerbaron las pasiones y fortalecieron la decisión de Macron de enterrar el plan de traslado. Pero sigue siendo urgente resolver el problema de los combatientes franceses del EI entrampados en el noreste de Siria. Los servicios de inteligencia temen que los más determinados logren escapar y encuentren la manera de regresar clandestinamente a Francia. Macron optó entonces por la “solución iraquí”. Ideada hace meses, pero considerada “problemática” por la SGDSN, dicha “solución” prevé trasladar a los yihadistas a Irak, que acepta juzgarlos aun si no cometieron crímenes o acciones armadas en ese país. Según la legislación antiterrorista de Irak, el hecho de pertenecer al EI constituye un crimen que puede ser castigado con cadena perpetua o con pena capital. A finales de febrero las FDS entregaron a las autoridades iraquíes a 280 combatientes “extranjeros” del EI, entre los cuales estaban los 11 franceses condenados. Se ignora si París negoció directamente con Bagdad o recurrió a intermediarios; si fue un acuerdo bilateral o multilateral que abarcó a otros Estados europeos que no quieren repatriar a sus connacionales; cuáles fueron los términos de ese acuerdo, si lo hubo; y si Francia excluyó de su “trato” con Irak la pena de muerte para sus ciudadanos. El Elíseo no ha informado nada al respecto. Según documentos confidenciales consultados por Mediapart, la SGDSN recomendó a Macron cuidar que los operativos de traslado de los yihadistas a Irak se hicieran “sin intervención visible de Francia”. Insistieron: “Por ningún motivo puede aparecer la mano de nuestro país en ese asunto”. Entrevistado por la Agencia France-Presse el pasado abril, un alto responsable político iraquí, no identificado, se mostró en cambio muy locuaz y no vaciló en afirmar que su país estaba dispuesto a juzgar a todos los combatientes extranjeros del EI a cambio de 2 mil dólares por preso. El Elíseo no confirmó ni desmintió esa noticia, que se publicó en todos los medios de Francia. La reacción de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los abogados de las familias de los yihadistas fue inmediata: denunciaron “una subcontratación judicial inicua”. Pero su indignación alcanzó el clímax cuando llegaron las primeras condenas a muerte. En una declaración publicada el lunes 3, 45 abogados de renombre recordaron: “El artículo 66-1 de la Constitución, que estipula que nadie puede ser condenado a muerte, no sufre derogación alguna, ni siquiera en caso de crímenes terroristas… Hacer correr a nuestros nacionales el riesgo de ser condenados a muerte en Irak es renunciar a nuestros principios fundamentales, porque permite la aplicación extraterritorial de la pena capital”. Incómodos, Macron y Jean-Yves Le Drian, ministro de Relaciones Exteriores, aseguraron que están en contacto, “al más alto nivel”, con Bagdad para lograr la conmutación de la pena capital por la de cadena perpetua. “Si países como Francia no quieren que sus ciudadanos estén condenados a muerte, como lo afirman sus gobernantes, pues más les vale repatriarlos para investigarlos y juzgarlos”, profiere exasperada Lama Fakih, directora adjunta de Human Rights Watch para Medio Oriente, que denuncia en entrevista, al igual que ONG francesas e internacionales, el “cinismo” y “las ambigüedades” de las autoridades galas, que nunca hubieran debido aceptar o fomentar el traslado de sus nacionales a un país que sigue aplicando la pena capital. Víctimas defensoras Entre las protestas que provoca la condena a muerte de los 11 yihadistas galos –varios de los cuales están involucrados en los atentados que enlutaron a Francia en 2015– causa impacto la reacción de la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AFVT), que manifiesta su “total oposición a la pena capital” y exige que los yihadistas sean juzgados y condenados con “respeto de sus derechos fundamentales”. Creada en 2009, la AFVT –respetada tanto por la opinión pública como por las autoridades políticas– agrupa a las víctimas francesas de ataques terroristas perpetrados en cualquier parte del mundo desde hace cuatro décadas. Guillaume Denoix de Saint Marc, fundador y director general de la AFVT –su padre murió en 1989 en el atentado contra el avión DC-10 de la aerolínea estadunidense UTA–, explica a la corresponsal: “La AFVT denuncia las sentencias de muerte que acaban de ser pronunciadas contra los combatientes del EI juzgados en Irak por tres razones esenciales: la oposición a la pena capital es un principio intangible que comparten todos los integrantes de nuestra asociación; cuidamos siempre pensar y actuar tomando distancia de nuestras propias emociones; y consideramos que cualquiera que sea el crimen cometido, su autor debe ser sometido a un juicio que respete sus derechos fundamentales.” Denoix insiste en la “importancia capital” de ese apego al estado de derecho: “No podemos apartarnos de nuestros valores con el pretexto de que otros los atacaron. Hace tiempo que ya no prevalece la Ley de Talión y debemos cuidar que quienes nos atacan no nos impulsen a volver a ella. Si la venganza prevalece sobre la justicia, nuestros enemigos habrán ganado”. La segunda razón por la cual la AFVT se opone a la sentencia de muerte contra los combatientes franceses del EI es pragmática: “Estos yihadistas tienen información capital para los jueces que instruyen las investigaciones sobre los atentados que sufrió Francia. De manera un tanto cruda yo diría que muertos, no nos sirven; vivos, pueden hablar. Es indispensable que estén interrogados en Bagdad por jueces franceses, si están involucrados en crímenes perpetrados en nuestro país”. Finalmente Denoix insiste en que condenar a la pena capital a los yihadistas es ofrecer “héroes” y “mártires” al EI. “La pena capital nutre el terrorismo”, recalca. Y confía: “A lo largo de los últimos años la AFVT representó a víctimas de atentados en juicios contra terroristas celebrados en Marruecos, Arabia Saudita y Túnez. En cada uno de ellos pedimos que los culpables no fueran condenados a la pena capital. No siempre se nos hizo caso, pero es la posición que asumimos sistemáticamente”. En los últimos días el ministro de Relaciones Exteriores intensificó sus negociaciones con Bagdad. Se nota confiado, pues hasta el momento ninguno de los 500 combatientes extranjeros condenados a muerte en Irak ha sido ejecutado. “Someter la ejecución de nuestros nacionales a la intensidad de las presiones que Francia decida ejercer en el marco de sus relaciones bilaterales opacas con Irak aumenta el riesgo de que algunos condenados acaben ahorcados”, se alarma el grupo de 45 abogados que firma la declaración del lunes 3. Existe quizás un atisbo de esperanza para los defensores del estado de derecho y de los derechos humanos en este contexto poco alentador. El lunes 3, altos funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia de 11 países europeos –entre los que había representantes de Francia– se reunieron en Estocolmo para analizar la propuesta de Mikael Damberg, ministro sueco del Interior, que preconiza “la creación de un Tribunal Penal Internacional que juzgue a los yihadistas que han combatido con el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico en Siria o Irak”. Esa instancia, similar a los tribunales creados después de la guerra en la antigua Yugoslavia o del genocidio de Ruanda, garantizaría “un proceso judicial respetuoso de las normas internacionalmente reconocidas”, aseguró Damberg, quien tiene el apoyo de los gobiernos de Dinamarca, Noruega y Finlandia. Este reportaje se publicó el 23 de junio de 2019 en la edición 2225 de la revista Proceso