El silencio es oro para una mina en Tanzania
En Tanzania, en el norte del pai?s, los reporteros que intentan investigar la violencia, el dan?o ambiental y otras irregularidades relacionadas con una mina de oro, esta?n atrapados entre el silencio de un gigante minero y las mentiras de un gobierno represivo. Al menos una docena de reporteros, locales y extranjeros, que escribieron sobre la mina han sido censurados o amenazados. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicacio?n, revelo? la vergonzosa historia del oro de la mina de North Mara. Un oro que termina en los codiciados tele?fonos inteligentes y computadoras de alta tecnologi?a. Este arti?culo forma parte de la serie “Green Blood”, un proyecto que indaga las historias de periodistas que han sido amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas ambientales.
“Los productos realmente innovadores son los que dejan su huella en el mundo, no en el planeta” afirma Apple con orgullo en su pa?gina web. “Estamos construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras”, dice el CEO de Canon. Mientras que la tecnología de Nokia “mejora la vida”.
“En este momento, el abastecimiento responsable forma claramente parte del costo de hacer negocios, es parte de la necesidad comercial de una empresa para acceder a los mercados y al financiamiento, entre otros”, dijo Tyler Gillard, experto en auditori?as de compras, de la Organizacio?n para la Cooperacio?n y el Desarrollo Econo?mico.
En otras palabras, vale la pena anunciar productos ecolo?gicos, libres de sangre, sostenibles y producidos de forma e?tica y humana. Por esta razo?n, las grandes empresas de tecnologi?a obtienen el oro que necesitan para ciertos componentes electro?nicos de proveedores certificados. En el caso de Apple, Canon, Nokia y ma?s de 500 empresas registradas en la Comisio?n de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es la Refinería MMTC-PAMP en India.
Sin embargo, las certificaciones que garantizan minerales libres de conflictos se disen?aron teniendo en cuenta a los pequen?os mineros, no a las multinacionales. En Tanzania, una mina de oro propiedad del gigante canadiense de la extraccio?n de oro Barrick, tiene un historial documentado de abusos a los derechos humanos y dan?os ambientales. La mina de oro North Mara actualmente envi?a sus lingotes de oro a la refineri?a MMTC-PAMP, que los coloca luego entre los proveedores de muchos clientes de la industria tecnolo?gica.
Tanto Canon como Nokia destacaron que la auditoría india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta fundición será bandera roja y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta fundicio?n”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartio? una declaracio?n similar.
En el otro extremo de la cadena, los reporteros locales y extranjeros que han tratado de cubrir lo que esta? sucediendo en el terreno se han enfrentado a la intimidacio?n y la censura del estado. Forbidden Stories, un consorcio de 30 medios de comunicacio?n, descubrió irregularidades en la mina de oro North Mara, a pesar de las declaraciones de la compan?i?a.
Durante aproximadamente dos de?cadas, la historia de la mina, cerca de la regio?n de los Grandes Lagos, ha estado plagada de violencia. Como resultado, la mina esta? rodeada por un muro de dos metros de altura y custodiada como una fortaleza. Fi?sica y metafo?ricamente. Forbidden Stories hablo? con varios reporteros que habi?an sido amenazados por informar sobre la mina. Algunos fueron intimidados, otros fueron censurados por las autoridades. Un reportero tuvo que huir del pai?s por un par de an?os.
[caption id="attachment_588772" align="alignright" width="702"] La mina de oro North Mara está rodeada por un muro y es vigilada por guardias privados y la policía local. Foto: Forbidden Stories[/caption]
Censura gubernamental
“Han creado miedo”, dice Jabir Idrissa, un periodista de 55 an?os de Zanzi?bar, que no ha olvidado lo que le sucedio? hace dos an?os. Trabajaba como editor de dos perio?dicos, el semanario de lengua suahili? MwanaHalisi y Mawio, ambos miembros de un grupo de perio?dicos reconocido por sus reportajes de investigacio?n.
En junio de 2017, Mawio publico? un arti?culo que relacionaba a dos expresidentes con supuestas irregularidades en los acuerdos mineros firmados en la de?cada de 1990. “Teni?amos largas discusiones en la sala de redaccio?n cuando decidi?amos sobre las historias”, dice Idrissa, recordando la reunio?n editorial que precedio? la publicacio?n. “En verdad, hay temas sobre los que no informamos debido al entorno general”, dijo. “Pero esta era un deber”, an?adio?, “porque el trabajo del periodismo es decir la verdad”.
Esto es particularmente difi?cil en Tanzania, donde la libertad de prensa ha sido amenazada durante los u?ltimos cinco an?os y, ma?s concretamente, desde la eleccio?n de John Magufuli como presidente en 2015. Una reciente ley preve? ma?s de tres an?os de prisio?n, una multa de ma?s de cinco millones de chelines (dos mil 100 do?lares estadunidenses) o ambos por publicar a sabiendas informacio?n o datos considerados “falsos, engan?osos o inexactos”.
Adema?s, “los periodistas son atacados sin razón”, segu?n Ryan Powell, un especialista en desarrollo de medios que trabaja en A?frica Oriental y Occidental. “La polici?a acosa a los periodistas y la gente no interfiere”. Tanzania ocupa ahora el puesto 118 entre los 179 pai?ses en el I?ndice de Libertad Mundial de Reporteros Sin Fronteras. Cayo? 25 puestos en el u?ltimo an?o.
El di?a siguiente a la publicacio?n de la investigacio?n de Mawio, el ministro de Informacio?n, Harrisson Mwakyembe, prohibio? el perio?dico durante dos an?os. El editor en jefe de Mawio, Simon Mkina, afirmo? que comenzo? a recibir llamadas telefo?nicas amenazadoras. En cuanto a Idrissa, perdio? su trabajo y fue excluido de cualquier otra posible opcio?n de trabajo como periodista. Sin recursos, teniendo que alimentar a sus tres hijos, comenzo? a trabajar en la tienda de segunda mano de su hermano en Zanzi?bar.
La historia que causo? todo esto versaba sobre Acacia Mining, una compan?i?a registrada en Reino Unido que ha sido propietaria de la mina de oro North Mara con diferentes nombres desde 2006 y cuyo accionista mayoritario es Barrick. La empresa matriz canadiense pronto podri?a convertirse en el propietario directo de la mina North Mara y otras dos ma?s, debido a una disputa fiscal entre Acacia y el gobierno de Tanzania.
Despue?s de beneficiarse durante an?os de un acuerdo fiscal extremadamente ventajoso con el gobierno de Tanzania, la compan?i?a ahora esta? perdiendo su combate con las autoridades en el frente ambiental. En mayo, las autoridades multaron a la compan?i?a con 2.4 millones de dólares estadunidenses por supuesta contaminación en la presa de desechos de North Mara.
January Makamba, el ministro responsable del medio ambiente, dijo que la cuanti?a de la multa se justificaba, entre otras cosas, por la persistencia del problema. “Han pasado diez an?os y en la instalacio?n de almacenamiento de deshechos au?n se producen filtraciones”, dijo sobre la presa que se supone deberi?a evitar el escurrimiento de los subproductos de la operacio?n minera.
“La mina de oro de North Mara ha guardado el agua con veneno en esta instalacio?n durante mucho tiempo, y esta presa no esta? construida correctamente, por lo que el veneno se ha filtrado en el agua subterra?nea y en los ri?os y arroyos cercanos”. Makamba reconocio? cierta responsabilidad por parte del gobierno de Tanzania diciendo que “siempre crei?mos lo que la mina nos deci?a”.
Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y disen?ar una nueva instalacio?n de almacenamiento de relaves”.
El poli?tico opositor Tundu Lissu, que ha escrito sobre los aspectos ambientales de la industria minera en Tanzania, sen?alo? “la contaminacio?n de los ri?os y las praderas de donde los aldeanos esta?n obteniendo el agua y criando a sus animales”, asi? como “graves problemas de salud asociados a la contaminacio?n”.
“Vi a seis personas que se lavaban en el agua cerca del a?rea minera y sufrieron una muy mala reaccio?n”, dijo el Dr. Nega, exoficial me?dico del distrito en el a?rea, sobre los pacientes que vio en 2013.
En 2009, un estudio encontro? altos niveles de arse?nico en el agua en las proximidades de la mina. Las concentraciones elevadas de arse?nico se encuentran con frecuencia cerca de los sitios de extraccio?n de oro. En 2015, agricultores de la re?gion enviaron muestras de agua que corrían de la mina a la vecina Kenia, para que fueran analizadas. El ana?lisis toxicolo?gico realizado por un analista del gobierno de Kenia sen?alo? que “los niveles de nitratos y nitritos se consideran inseguros para el consumo del ganado”.
“Un incidente ambiental ocurrio? en la mina North Mara durante la temporada alta de lluvias de la primavera de 2009, cuando el agua que conteni?a las descargas de los estanques de contencio?n y el escurrimiento de la mina entraron al cercano ri?o Tigithe”, dijo Acacia Mining en un comunicado. La compan?i?a dice que tomo? medidas inmediatas despue?s del incidente.
22 asesinatos sin juicio
Adema?s, las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 presuntos homicidios cometidos por la polici?a o los trabajadores de seguridad de las minas desde 2014. ¿Las vi?ctimas? La mayor parte mineros ilegales, llamados “intrusos” por la compan?i?a.
“Los pequen?os mineros que teni?an licencias gubernamentales eran los duen?os de la mayori?a de las tierras en cuestio?n”, explico? Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe en Tanzania. “La adquisicio?n de sus tierras por parte de la compan?i?a desestabilizo? sus medios de subsistencia y la compan?i?a no les compenso? adecuadamente”.
Todo aquello con resultados desastrosos: grupos de jo?venes desempleados de las aldeas vecinas se arman con machetes o lanzas de metal y se emborrachan con cerveza y Knoyagi –una marca local de ginebra– todas las noches para encontrar el coraje de escalar el muro con la esperanza de ganar un par de cientos de do?lares al mes. En su lugar, encuentran a la polici?a armada del otro lado.
¿Por que? arriesgan tanto? “Tenemos que ir a buscar oro para ayudar a nuestras familias”, explico? Monchena Mwita, líder de los “intrusos” de Kiwanja, un pueblo que se encuentra al borde de la mina. “No podemos conseguir oro sin entrar en el lugar y no hay ningu?n otro lugar para conseguir dinero, esta es nuestra u?nica fuente de ingresos”.
Los responsables de Barrick culpan a la polici?a de Tanzania de cualquier accio?n delictiva. “Ha habido muchas, muchas investigaciones sobre varias acusaciones, y no puedes responsabilizarme por lo que haga el Estado”, dijo el CEO de Barrick, Mark Bristow, cuando Forbidden Stories le pregunto? sobre los asesinatos.
Sin embargo, la barrera que separa a las fuerzas policiales nacionales de la seguridad de las minas no es tan clara. Segu?n la organizacio?n no gubernamental de Reino Unido Rights and Accountability in Development (RAID), Acacia, firmo? un memorando de entendimiento con la polici?a en el que dice que “proporcionara? ‘apoyo monetario y en especie’ a la polici?a, pagara? a los oficiales un subsidio, proporcionara? comidas y alojamiento, suministro combustible” para proteger a la mina.
[caption id="attachment_588771" align="alignright" width="702"] Los jo?venes de las aldeas vecinas a la mina se emborrachan con cerveza y Knoyagi –una marca local de ginebra– para encontrar el coraje de escalar el muro de la mina. Foto: Forbidden Stories[/caption]
Guardias privados abusan de mujeres
Algunas vi?ctimas tambie?n dicen que no fue la polici?a, sino los trabajadores de seguridad de la mina quienes los atacaron. Forbidden Stories, junto con un reportero de The Guardian, de Reino Unido, se encontraron con Lucia Marembela, una mujer de 44 an?os que fue violada dos veces en 2010. Dice que reconocio? a sus violadores como fuerzas de seguridad de la mina porque llevaban uniformes azules y no los beige de la fuerza policial.
Marembela fue atrapada por hombres mientras buscaba oro cerca de la mina, un destino que dice es comu?n para las mujeres en el a?rea. “Cuando esta?bamos cansadas de correr, terminaban atrapa?ndonos y traye?ndonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en su vehi?culo y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un pequen?o aero?dromo, lejos de la vista de los transeu?ntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, te dejaban ir, subi?an a su vehi?culo y regresaban al trabajo”, dice.
Hemos conocido a otras dos mujeres que describieron el mismo tipo de ataque.
Marembela tendra? que pasar el resto de su vida viviendo con las consecuencias. Su esposo la dejo? cuando supo que habi?a sido violada, deja?ndola sola para criar a sus seis hijos. “Tengo muy malos recuerdos de lo que me hicieron”, dice ella. “Especialmente porque todos saben que fui violada, comenzando por mis hijos. A veces las personas, en la calle, hablan de lo que me paso?, y eso me duele mucho”.
Marembela y otras mujeres fueron en grupo para quejarse ante la gerencia de la mina. La compan?i?a –luego llamada African Barrick Gold– las contactó y les hizo firmar un acuerdo: a cambio de 13.9 millones de chelines (ocho mil 600 do?lares estadunidenses), tuvieron que renunciar a su derecho de presentar un caso civil contra la mina o Barrick. Ella dice que no fue capaz de leer y entender completamente el documento antes de firmarlo.
“No se debe silenciar a las personas, pero siempre hay retribucio?n”, dijo el CEO de Barrick, Mark Bristow. “Y, en el poco tiempo que he estado con Barrick, ha habido demandas de retribucio?n. No por la justicia, por la retribucio?n. Para pagar a las personas que esta?n poniendo las demandas”.
La tensión se mantiene
La situacio?n continu?a hoy en di?a. “Estos abusos, particularmente en la mina de oro de North Mara, van y vienen, van y vienen”, dice Lissu, quien anteriormente representaba legalmente a los aldeanos en la regio?n. Lissu fue vi?ctima de un intento de asesinato en 2017, despue?s de acusar al gobierno de Magufuli de mentir sobre el contrato minero. “Hay periodos de calma, y luego algo sucede, y todo explota. Pero las tensiones se mantienen a di?a de hoy”.
“Los abusos de derechos humanos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la seguridad minera privada y pu?blica comenzaron a aumentar notablemente alrededor de 2005 y fueron muy altos entre 2009 y 2016”, dijo Catherine Coumans, de la ONG canadiense Mining Watch, que ha estado documentando lo que esta? sucediendo en North Mara durante an?os.
“Nuestros contactos locales e incluso personal de la mina que he entrevistado me han dicho que el enfoque internacional de MiningWatch y RAID han abierto el tema, han ayudado a reducir los casos de tiroteos, pero siguen ocurriendo fuertes palizas, especialmente en la cabeza y articulaciones de las personas, lo que a veces conduce a discapacidades de por vida.”
En una declaracio?n, Acacia Mining dijo que habi?a refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONG con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos.
Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron con las familias de dos hombres, fusilados por la polici?a en incidentes separados en 2014 y 2016 cuando estaban dentro de la mina. Las familias dicen que no fueron compensadas. La polici?a dice que actuo? en legi?tima defensa.
“De acuerdo con los propios registros de Acacia se desprende claramente que las violaciones de los derechos humanos continu?an en su mina North Mara”, escribio? en Julio del 2017, de RAID.
Sin embargo, las barras de oro de la mina hoy en di?a se procesan en la refineri?a MMTC-PAMP –una refinería india que forma parte del grupo suizo holandés MKS PAMP– certificada por la London Bullion Market Association, la asociacio?n comercial ma?s prestigiosa de la industria.
“Durante nuestra diligencia debida realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y desafiamos a la mina en las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP. “Hemos evaluado las medidas tomadas por la mina para remediar los reclamos de derechos humanos, que son en gran parte histo?ricos y relacionados con las actividades de la polici?a estatal que opera en el a?rea de la mina”.
En 2010, en el momento crítico de los abusos contra los derechos humanos, un documento escrito para inversionistas indicaba que el oro era refinado por la compan?i?a suiza Argor-Heraeus, que tambie?n certifica y provee a ma?s de 600 compan?i?as.
Hay que fiarse menos de las etiquetas, dicen los expertos. “Es importante saber que estas etiquetas de la industria del oro, que son administradas por la propia industria, no son un programa de certificaciones”, explica Gillard. “Verifican que las refineri?as dispongan de sistemas para obtener oro de manera responsable, en conformidad con las normas de la OCDE. No tienen la intencio?n de proporcionar una garanti?a sobre el estado de los productos, una garanti?a de que no hay trabajo infantil, una garanti?a de que no existe una financiacio?n de conflictos con cada pedazo de oro que se compra”.
Dice que la complejidad de la cadena del oro hace imposible un trabajo como ese y que la calidad de las auditori?as a menudo es insuficiente. La responsabilidad se diluye a lo largo de la cadena de suministro.
Ju?rgen Heraeus, presidente de la Junta de Supervisio?n de Argor-Heraeus, describe la situacio?n con franqueza en una entrevista en 2016: “En esta industria es imposible refinar oro limpio”.
En Tanzania, los mineros “intrusos” empobrecidos siguen buscando oro a riesgo de sus vidas, y los reporteros son castigados y se les impide arrojar luz sobre el dan?o ambiental y otros delitos.
“Una vez que hayan usado el oro, se ira?n y dejara?n tras ellos el veneno”, dijo Lissu sobre la actividad minera.
Y, en el caso del periodista Jabir Idrissa, se encuentra con una carrera y un modo de vida destrozados.
En diciembre de 2018, Mawio gano? el caso en la corte contra el ministro para poder obtener la informacio?n que solicita. Sin embargo, el perio?dico no se volvera? a abrir pronto, ya que necesitan una licencia del gobierno para publicar nuevamente.
“Asi? que sólo depende del gobierno. Si nos otorgan la licencia, volveremos a trabajar”, dice Idrissa. “No he perdido la esperanza de poder regresar y trabajar en condiciones y con coraje”.