Hace un mes, el presidente López Obrador determinó vetar a tres empresas que proveen de medicinas al gobierno federal: Grufesa, Dimesa y Maypo, ante la presunción de que realizaban prácticas monopólicas. Sin embargo, nadie le advirtió que esa decisión podría provocar un desabasto que repercutiría directamente en la salud de pacientes que requieren medicamentos, sobre todo los antirretrovirales. Y así sucedió. El viernes 3 el mandatario tuvo que recular y acordó con dos de esas empresas la provisión de fármacos de suministro inaplazable. El daño, sin embargo, ya estaba hecho… CIUDDA DE MÉXICO (Proceso).- La compra masiva de medicinas instrumentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incuba un desabasto y pone en riesgo la salud de quienes las necesitan, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, según advierten instancias oficiales y asociaciones civiles de personas que padecen este tipo de problemas de salud. Sin bien la decisión de vetar a tres empresas farmacéuticas que durante años surtieron a las instituciones de salud pública tiene como propósito explícito combatir la corrupción y ahorrar recursos en la obtención de los fármacos, es probable que cause efectos imprevistos, de acuerdo con las fuentes y documentos consultados por Proceso. En un memorándum del 20 de marzo último, clave Presidencia-009/03/20/19, dirigido a Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente López Obrador indicó que en 2018 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) y Farmacéuticos Maypo vendieron 34 mil 280 millones de pesos a los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS), equivalente a 62% de las adquisiciones de ambas instituciones ese año. “Este hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”, sostuvo López Obrador en ese documento de una página que fue enviado con copia a Carlos Urzúa, Jorge Alcocer e Irma Eréndira Sandoval, secretarios de Hacienda, Salud y de la Función Pública, respectivamente. El mandatario pidió a Buenrostro que, en consecuencia, vete la participación de esas tres firmas en licitaciones o adjudicaciones directas “de conformidad con la legalidad en la materia” y “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”. El plan del gobierno es recibir las medicinas en julio, pero es probable que ese plazo provoque un vacío de aprovisionamiento que afectará a los derechohabientes del sector salud.  El cronograma de la SHCP para la adquisición de fármacos, al cual tuvo acceso este semanario, estipula que la publicación del proyecto de convocatoria sería entre el 26 de abril y el 13 de mayo. Hasta el viernes 5, ese paso no se había completado. La atención de comentarios al proyecto sería entre el martes 14 y el jueves 16 de mayo, y la publicación de la convocatoria está programada para el viernes 17. Según el cronograma, el gobierno realizará la junta de aclaraciones al concurso del miércoles 29 al jueves 30, mientras que la presentación y apertura de ofertas está programada para el 6 de junio. Su evaluación técnica y económica se verificará del 7 al 13 de junio y el gobierno anunciará el fallo el 14 de ese mes y recibirá las entregas de productos en julio. La administración lopezobradorista propone la compra consolidada de medicamentos –convocatoria que lanzan colectivamente dos o más instituciones– para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), la Secretaría de Salud (SS), el IMSS y el ISSSTE. En la siguiente etapa, la intención es incorporar a Petróleos Mexicanos y las secretarías de Defensa y de Marina para dotarlas de medicinas. En respuesta a la solicitud de veto presidencial, Dimesa –que es parte de Grupo PISA–, publicó un desplegado el 12 de abril pasado en el periódico Reforma en el cual arguyó que el corporativo genera 20 mil empleos directos, opera 16 plantas que fabrican mil 600 productos genéricos y material de curación para el sector salud, exportados a 15 países del Continente Americano. Firmado por Óscar Osorio Arechavaleta, director general de PISA, el grupo asegura que seguirá invirtiendo en México “para atender las demandas que su gobierno ha ofrecido a la población”. A su vez, Grufesa interpuso un amparo el 11 de abril ante el juez décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni, quien le concedió suspensión definitiva ante cualquier prohibición administrativa, por lo cual la SHCP tiene que incluirla en la nueva licitación sanitaria. En su resolución, consultada por Proceso, el juzgador advirtió la inexistencia de “indicio alguno de que se haya iniciado en su contra algún procedimiento” derivado del oficio de López Obrador. Migoni recordó que es la Comisión Federal de Competencia (Cofece) la responsable de indagar la operación de monopolios. La escasez Ana Karen López, paciente con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, no pudo cubrir su receta de marzo para antirretrovirales que necesita en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en Tampico, Tamaulipas. “No tenían medicamento, no lo había mandado el Censida (Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida) y la compra no se ha realizado”, relata a Proceso. Dice que necesita los antirretrovirales Atripla, una combinación de efavirenz, emtricitabina, tenofovir y atazanavir, pero no los consiguió; tampoco hay existencias de los fármacos que requieren otros enfermos. “Los médicos no quieren entregar recetas porque no hay medicinas; están negando el derecho a la atención médica”, añade López. Y explica: “Trae consecuencias no tomar el medicamento. El médico respalda a la Secretaría de Salud diciendo que no pasa absolutamente nada si no se toman... Urge atender este problema.” La organización de López recabó por lo menos 65 recetas incumplidas en Tampico, donde unos 600 pacientes consumen Atripla. La escasez de antirretrovirales también afecta a Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas. Eso no lo vio el gobierno, como lo muestran los documentos consultados por Proceso. El 25 de abril último, el subdirector de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, Hugo López-Gatell, envió el oficio SPPS-1063-2019 a Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la misma dependencia, en la que le advierte sobre el “riesgo inminente de desabasto” de antirretrovirales de patente a partir de los primeros días de mayo. Eso “implicaría limitar el acceso” de esos fármacos a los más de 97 mil pacientes atendidos por la SS, refiere López-Gatell, o “se tendrían que modificar los esquemas de terapia” que reciben. Es probable que esos cambios ocasionen “un alto riesgo de farmacorresistencia”, como se ha comprobado con varios estudios clínicos, así como “una sobrecarga económica” al aumentar el costo del tratamiento por paciente, indica el documento de cuatro páginas. Según López-Gatell, hay “asuntos de carácter jurídico y normativo” pendientes de resolver para continuar con la adquisición de medicamentos. Y menciona 20 fármacos sobre los cuales es necesario “dar celeridad al procedimiento de adquisición de antirretrovirales y garantizar su distribución en el país”. En cuanto a VIH y sida, en México hay 164 mil 74 pacientes, de los cuales 81 mil 771 tienen el virus y 82 mil 303 padecen el síndrome. El gobierno federal había negado las contingencias. El 11 de marzo, Censida garantizó la entrega de medicamentos y ese mismo mes la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) anunció que iniciaba la compra centralizada de medicamentos para diversas enfermedades. En otro escrito del 23 de abril dirigido a Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), López-Gatell negó que hubiera escasez y aseguró que había dotación para inicios de junio. Asimismo, aseguró que en abril se haría la primera entrega de fármacos adquiridos bajo adjudicación directa. La CNDH solicitó el miércoles 1 de mayo medidas cautelares a favor de los pacientes con VIH ante el creciente desabasto de antirretrovirales y las afectaciones a la protección de la salud y vida de las personas sujetas a tratamiento. Las revisiones a los procedimientos administrativos no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Primeras advertencias  Ante las primeras señales de una crisis por desabasto, organizaciones defensoras de personas con VIH dieron voces de alarma. En una misiva de dos páginas remitida el 30 de abril a López Obrador, María Elena Ramos, Miguel Corral y Luis Adrián Quiroz, vocales titulares del Consejo Nacional de Sida, alertan sobre lo que está por sobrevenir. “El procedimiento se ha entorpecido por el desconocimiento sobre los tratamientos antirretrovirales de parte de quienes actualmente están realizando la compra. La información sobre las existencias de medicamentos nos muestra que cada día han disminuido drásticamente los inventarios; en algunos casos las reservas sólo permitirían cubrir la demanda por cuatro semanas; en otros, los medicamentos disponibles sólo alcanzarán para una semana”, indican los activistas. Los firmantes instan al presidente a dar “las instrucciones necesarias para que se realicen las compras a la brevedad posible y para que de manera urgente se realicen las gestiones necesarias para garantizar las existencias de los mismos, para que los pacientes no se vean afectados negativamente por la nueva estrategia de adquisiciones”. Además, adelantan que recurrirán a todas las medidas legales para garantizar el aprovisionamiento de medicamentos. La acción de los antirretrovirales marca la frontera entre la vida y la muerte para los pacientes; si éstos no los consumen, la presencia del virus en el organismo puede subir y, al ser capaz de mutar, puede desarrollar resistencia a los tratamientos. Además, el individuo seropositivo puede quedar expuesto a infecciones que pueden ser mortales, como la neumonía o la tuberculosis. En su conferencia matutina del viernes 3, López Obrador reveló que había aceptado que Grufesa entregara antirretrovirales para paliar la falta de inventario, y dijo que aún no se había suscrito contrato alguno. No dio más detalles. En abril de 2018, Censida adjudicó directamente a ese corporativo un contrato por 557 millones de pesos por la adquisición de cuatro medicinas para el VIH. Maypo, por su parte, había ganado un concurso por 2 mil millones de pesos para distribuir antirretrovirales al sector salud. “Que no quieren vender los medicamentos porque quieren poner condiciones. Yo los exhorto a los proveedores a que actuemos con honestidad y que no estén queriendo jugar a las vencidas porque no van a faltar los medicamentos”, declaró el presidente, y añadió que su gobierno busca opciones en otros países, como Brasil o India, para surtir esos fármacos. “Me plantearon que una de las empresas que abastecía más al gobierno es de las que tienen la concesión para vender esos medicamentos. Como se trataba –se trata– de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero”, dijo. El mismo viernes 3, el gobierno llegó a un acuerdo para que los corporativos Grufesa y Maypo provean de antirretrovirales, que entregarían en una semana para que sean distribuidos a los enfermos.   Este reportaje se publicó el 5 de mayo de 2019 en la edición 2218 de la revista Proceso