CANCÚN, Q. Roo (apro).- En prisión desde hace 22 meses, sin recibir visitas familiares, expulsado del PRI, abandonado por el grupo político nacional que lo impulsó, incluido su mentor Félix González Canto, el exgobernador Roberto Borge Angulo enfrenta totalmente solo un juicio que la Fiscalía Especial en el Combate a la Corrupción de Quintana Roo busca a toda costa poner como castigo ejemplar en contra del saqueo público de la pasada administración. En todo este tiempo que su proceso federal por el delito de “lavado de dinero” no caminó en la desaparecida Procuraduría General de la República, al parecer de forma deliberada como en su momento denunció esta Fiscalía, Borge aguantó callado y hasta confiado de que el sistema al que sirvió lo pondría en libertad antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así fue como a través de la defensa de despachos jurídicos caros pero afamados por ganar asuntos espinosos, Borge Angulo intentó primero, sin éxito, evitar su extradición de Panamá donde fue aprehendido en julio de 2017; y justo cuando estaba dando la batalla legal, promoviendo amparo tras amparo, dentro del proceso federal por el delito de “lavado de dinero” por más de 900 millones de pesos, la justicia estatal encontró elementos para vincularlo a proceso por “aprovechamiento ilícito del poder”. En la videoaudiencia inicial de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa 151/2017, celebrada en Chetumal el pasado lunes 13 de mayo, como prueba reina de su acusación la Fiscalía presentó documentos y testimonios que demuestran que en dos ocasiones como gobernador de Quintana Roo, Borge obligó a los integrantes del Consejo Administrativo de Vip Saesa  S.A de C.V. a contratar por adjudicación directa los servicios de taxi aéreo con la empresa Aerotaxi Villa Rica, propiedad de su compadre Francisco Ruiz Anitúa, por la cantidad de 594 millones 590 mil 535 pesos. De acuerdo con las acusaciones, en virtud del cargo de gobernador que Borge ostentaba “obligó a sus subordinados a ejecutar negocios jurídicos, es decir, obligó a funcionarios públicos que se desempeñaban también como miembros del Consejo Administrativo de Vip Saesa, a aprobar mediante asambleas de fecha 5 de abril de 2011 y 6 de diciembre de 2013 la contratación de servicios de taxi aéreo con Aerotaxi Villa Rica por la cantidad de 594 millones 590 mil 535 pesos”. Anitua, empresario consentido Hombre clave en el gobierno de Borge, Ruiz Anitua fue el empresario consentido y se demostró en la asignación de licitaciones públicas por casi 700 millones de pesos para obras de construcción o prestación de servicio a favor de su empresa Grupo Desarrollador Rumega S.A. de C.V. El juez de Control en Chetumal, Daniel Esteban Farah Godoy, aceptó también el argumento de la Fiscalía en el sentido de que el acusado debe enfrentar este nuevo proceso en prisión debido a que enfrenta otro proceso por lavado de dinero y podría fugarse. Por operaciones irregulares en VipSaesa, la Fiscalía ha detenido y puesto en prisión a otros diez exfuncionarios, algunos ya en libertad, que participaron en estos hechos, como el secretario de Gobierno de Borge, Gabriel Medicutti, y el derrotado candidato del PRI a gobernador Mauricio Góngora, quienes se lavaron las manos y declararon haber actuado por órdenes superiores. Aplazada hasta en tres ocasiones por el propio acusado, la videoaudiencia duró 14 horas, entre el lunes y la madrugada del pasado martes, en conexión continua desde la capital Chetumal hasta las instalaciones del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocilal (Ceferepsi) en Villa de Ayala, estado de Morelos, donde se encuentra recluido. Pero fue el 9 de febrero pasado cuando Borge no aguantó más y rompió el silencio al declararse inocente del delito de lavado de dinero y preso político para acogerse a la amnistía ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa videoaudiencia, Borge perdió el control de sus emociones y lanzó acusaciones sin sustento al grado de que tuvo que ser tranquilizado enérgicamente por su abogada Sharon Paola Hernández Colín.

“Por primera vez haré uso de la palabra --soltó el exmandatario. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos. "No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Le quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente, hago un exhorto al señor fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal", exigió.

Además del proceso por el delito de “aprovechamiento ilegal del poder”, Borge enfrenta ante la justicia estatal otros dos procesos en investigación: por desempeño irregular de la función pública y por peculado. Los prestanombres El gran dilema en estos asuntos es que Borge metió como prestanombres de sus negocios incluido el de la naviera Barcos Caribe, a su propia madre, la señora Yolanda Margarita Angulo, quien se presume prófuga de la justicia, así como la secretaria y el abogado de la familia Borge Angulo, María de Lourdes Pinedo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, con orden de aprehensión la primera y en proceso penal el segundo. Los tres fueron beneficiados con terrenos públicos propiedad del patrimonio municipal a precios de remate o hasta regalados en algunos casos, pero ninguno de ellos tiene cómo acreditar legalmente cómo hicieron su fortuna, sobre todo González Hermosillo y Melgarejo que figura como el socio principal de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. de C.V., empresa propietaria de Barcos Caribe. Desde 2015 fue promovida ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una denuncia para que se investiguen las transferencias bancarias que realizó la empresa para adquirir las embarcaciones en Australia. Parte del expediente de esta denuncia que no ha caminado, se integra por el acta constitutiva de la compañía naviera, los contratos de compraventa de cada una de las embarcaciones y las 21 transferencias bancarias realizadas por Barcos Caribe a las empresas proveedoras, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, que presuntamente no fueron reportadas al SAT. En total fueron cuatro embarcaciones: Kilimanjaro I (Caribe I), dos millones 450 mil dólares americanos; Kilimanjaro II (Caribe II), dos millones 450 mil dólares americanos; Eagle (Caribe III), cuatro millones 350 mil dólares australianos; Casco B-117, cuatro millones 970 mil dólares australianos; y Casco B-118, cuatro millones 970 mil dólares australianos. De toda esta fortuna son propietarios tanto la secretaria particular como el abogado de toda la vida de la familia y si bien antes era imposible demostrar una conexión entre los prestanombres y el funcionario, la entrada en vigor de la reciente Ley Nacional de Extensión de Dominio permite el decomiso de bienes producto de la corrupción.