La magistrada Yasmín Esquivel Mossa, acusada de conflicto de interés por ser esposa de José María Rioboó, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un historial de señalamientos de utilizar sus cargos y relaciones en diversos tribunales para impulsar su propia carrera y las de sus aliados. Sin embargo, el titular del Ejecutivo la propuso en la terna de candidatas a ocupar la vacante de Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su segunda propuesta de ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta más que un conflicto de interés: las acusaciones de influyentismo y una cadena de alegadas ilegalidades de quien aparece como su principal candidata. La magistrada Yasmín Esquivel Mossa, cuestionada por ser la esposa de uno de los contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, arrastra acusaciones de administrar y aplicar justicia administrativa por favores políticos a quienes han impulsado su carrera, desde la última regencia del PRI hasta los dos últimos gobiernos de la Ciudad de México. Uno de ellos, el del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. De acuerdo con integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), sus retribuciones han alcanzado también a quienes en la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han respaldado su carrera como magistrada y que la llevaron a la presidencia del Tribunal. Desde hace siete años controla el TJACDMX gracias a una reelección en la presidencia para un segundo periodo de cuatro años que termina a finales de 2019, si no es que se convierte en los próximos días en ministra del máximo tribunal en sustitución de Margarita Luna Ramos, quien pasó a retiro el 19 de febrero pasado. La designación de sus colaboradores y de magistrados, así como algunas de sus resoluciones, la perfilan como una jueza atrapada en intereses políticos y económicos. El más conocido es el de su esposo, José María Rioboó Martín, presidente de Grupo Riobbó, un conglomerado de empresas de ingeniería y construcción que ahora participa en la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, luego de que López Obrador cancelara el aeropuerto de Texcoco. Grupo Rioboó participó en la elaboración del proyecto de ingeniería de un tramo de la Supervía Poniente, impulsada por el entonces jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard. La vía se construyó entre 2012 y 2013, cuando la magistrada consolidó su poder en el Tribunal. La magistrada niega, categórica, que su esposo haya tenido alguna participación. La construcción de la obra estuvo a cargo de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, creada en noviembre de 2009 con el objetivo expreso de hacerse de la concesión de la Supervía, de acuerdo con actas del Consejo de Administración de la empresa del 22 de abril y 28 de junio, ambas de 2010, citadas por los integrantes del TJACDMX. Ese Consejo de Administración estuvo presidido por José Andrés de Oteyza Fernández, en representación de la empresa española OHL, una de las firmas dueñas de la controladora. Durante el sexenio pasado, OHL fue centro del escándalo por el favoritismo del entonces presidente Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México (2005-2011). En el escándalo, de Oteyza, extitular de la desaparecida Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, quedó al descubierto como el bróker de la empresa española en México mediante sobornos a funcionarios de las administraciones estatal y federal de Peña Nieto. En diversas declaraciones públicas la candidata a ministra ha negado que tenga un conflicto de interés, bajo el argumento de que su esposo no participa en la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo mismo declaró a Proceso el viernes pasado. La creación de la Controladora Vía Rápida Poetas fue en el mismo mes de noviembre en que Esquivel Mossa fue designada magistrada de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a propuesta del entonces gobernante Ebrard. La obra fue impugnada por Greenpeace y vecinos afectados. En diciembre de 2011, el mismo mes en que asumió la presidencia del Tribunal, la Primera Sala proclamó ilegal la declaración de impacto ambiental de la obra y determinó por tanto que la construcción de la vía estaba viciada. La resolución fue impugnada en enero siguiente por la Secretaría de Medio Ambiente y la Controladora. La titular de la secretaría era Martha Delgado Peralta, ahora subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Votos interesados La llegada de Yasmín Esquivel a la presidencia contó con el voto de Jesús Anien Alemán, quien había sido propuesto también por Ebrard como magistrado ante la ALDF. Su nombramiento fue dictaminado por el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el exdelegado de Venustiano Carranza, Julio César Moreno. Anien Alemán era hasta entonces procurador fiscal en el gobierno de Ebrard. Su primer acto como magistrado fue votar a favor de Esquivel Mossa para presidenta del Tribunal. La misma situación ocurrió en enero pasado, cuando Juan Luis González Alcántara Carrancá asumió como ministro de la SCJN, en lo que fue la primera propuesta de López Obrador para la Corte. Su primer acto como juez constitucional fue votar a favor de Arturo Zaldívar para que ganara la presidencia del máximo tribunal del país. También a propuesta de Ebrard, la ALDF designó magistrado, a pesar de su bajo perfil, a Jorge Antonio Martínez Maldonado, quien había sido subdirector de Verificación y Reglamento en Venustiano Carranza, con Julio César Moreno. Fue éste quien, como presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la ALDF propuso, en 2012, modificar la Ley Orgánica del Tribunal para permitir la reelección en la presidencia de la Sala Superior, en beneficio de Esquivel Mossa. A partir de entonces, con la ahora candidata a ministra como cabeza del Tribunal, el expediente de la Supervía Poniente quedó archivado durante 22 meses, al cabo de los cuales la magistrada ponente Victoria Quiroz Pesquera terminó dándole la razón al gobierno y a la empresa, por considerar que los demandantes carecían de interés jurídico, pero la Supervía ya era una realidad. La sentencia contó con el voto de la magistrada presidenta de la Sala Superior. “En ese acto la magistrada violó la Ley Orgánica del Tribunal y el Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal, además de incurrir en los delitos de denegación y retardo de la justicia y de prevaricación, previstos en el Código Penal del Distrito Federal”, observan integrantes del Tribunal en una carta enviada al Senado de cara al proceso de selección de la nueva ministra de la Corte. La autora de la resolución, la magistrada Quiroz, pasó a retiro en 2015, pero además de su pensión cobró en el Tribunal como coordinadora de una maestría establecida por el TJACDMX y la UNAM, para lo que litigó en contra del propio Tribunal con el propósito de hacer legal el doble cobro. Su lugar en la Sala Superior fue ocupado por la magistrada Estela Fuentes Jiménez, aun cuando Quiroz se encontraba como magistrada en periodo de prejubilación. La nueva magistrada promovida por la presidenta del Tribunal carecía de experiencia administrativa, ya que había sido juez penal en el Estado de México. Según la carta, su designación además violó la Ley Orgánica del Tribunal, la cual señalaba que para ser magistrado se requería una experiencia mínima de cinco años en materia administrativa y fiscal. Desde 2015 Fuentes Jiménez forma parte de la Sala Superior junto con Esquivel Mossa. Red de influencia Las designaciones en el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país durante la presidencia de la candidata a ministra de la SCJN han estado marcadas por sus relaciones políticas, que pasan por el PRI, el PAN, el PRD y ahora Morena. Su carrera la inició al lado del magistrado federal y exsenador David Jiménez González cuando éste era titular de la Delegación Azcapotzalco, durante la regencia de Manuel Camacho Solís, quien había sido designado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Yasmín Esquivel fue entonces subdelegada Jurídica y de Gobierno, mientras que Ebrard era el secretario general del PRI en el Distrito Federal. Después, cuando David Jiménez fue designado subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ella fue su coordinadora de asesores. Luego, entre 1994 y 1997, Jiménez fue diputado federal y ella su asesora. En 1997 y 2000 intentó ser diputada por el PRI en la ALDF, pero perdió ambas contiendas. En la segunda, su candidatura fue avalada por el entonces presidente del PRI en la capital del país, Manuel Aguilera Gómez, cuyo hijo, Andrés Aguilera Martínez, es su coordinador de asesores en la presidencia del Tribunal y a quien Esquivel ha promovido para magistrado. En 2004, el entonces presidente Vicente Fox designó a Esquivel Mossa como magistrada unitaria de los Tribunales Agrarios, adonde había llegado en el año 2000 como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Superior Agrario. De los tribunales agrarios pasó al entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, ahora TJACDMX, de la que fue designada magistrada por la ALDF en noviembre de 2009. Cuando en 2012 se hizo de la presidencia del Tribunal, uno de sus primeros nombramientos fue el de María Luisa Gómez Martin, esposa de su protector, David Jiménez González, como secretaria general de Defensoría de Oficio. El nombramiento generó inconformidades entre los secretarios de acuerdo porque, según las denuncias ante el Senado, el cargo pertenece a la carrera judicial y era la primera vez que la beneficiada incursionaba en el Tribunal. La candidata a ministra también ha propuesto a Gómez Martin para convertirse en magistrada. Otro de los nombramientos que han causado molestia en el TJACDMX es el que la Sala Superior hizo en mayo de 2012 al designar a Nicandra Castro Escarpulli como contralora interna del Tribunal. El enojo entre los miembros de la carrera judicial se debió a que Castro incumplía el requisito de tres años para ser contralora, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal citada por sus críticos. La carrera de la contralora había estado dominada por sus actividades de Ministerio Público en la Ciudad de México y en la Procuraduría General de la República, incluida la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ahora SEIDO. También fue titular de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), designada por el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la SCJN, impulsado por Peña Nieto. En la AFI, Castro Escarpulli quedó en medio de la controversia cuando intentó favorecer a los agentes federales que habían torturado y asesinado a Alejandro Vélez, a quien acusaron falsamente de secuestro. En el primer año de Yasmín Esquivel Mossa como presidenta de la Sala Superior, la ALDF modificó la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo, pero la versión finalmente publicada por la Consejería Jurídica del gobierno de la ciudad fue distinta a la aprobada por los legisladores locales, sin que la magistrada presidenta se inconformara. La consejera jurídica de la ciudad era entonces Leticia Bonifaz, quien hasta enero pasado estuvo en la Suprema Corte. La entonces magistrada del Tribunal Margarita Espino del Castillo Barrón tomó el caso para su titulación de maestría en derecho administrativo y fiscal. Como consecuencia, dos años después, en 2014, ya no fue ratificada como magistrada. En cambio, en noviembre de 2015 la ALDF ratificó a Esquivel Mossa como presidenta del Tribunal para un segundo periodo. Entre las designaciones como magistrados por la ALDF está la de José Arturo de la Rosa Peña, quien fue secretario general de Acuerdos del Tribunal bajo la primera presidencia de Esquivel. Su designación por la ALDF, sin embargo, se hizo sin dictamen en comisiones y fue votado directamente por el pleno legislativo en agosto de 2012. Como magistrado, fue el encargado de desechar las demandas de los vecinos de la delegación Coyoacán en contra de los parquímetros, en una decisión que los detractores de Esquivel aseguran fue por instrucciones del entonces secretario general de Gobierno, Héctor Serrano, y del entonces delegado Mauricio Toledo, ahora diputado federal. Su partido, el PRD, le acaba de iniciar a Toledo un proceso de expulsión por las más recientes denuncias de corrupción en su contra. La candidata a ministra ha cultivado también sus vínculos con la SCJN. Además de su relación con Margarita Luna Ramos, a quien pretende suceder, tuvo en el Tribunal Administrativo al ministro en retiro Carlos de Silva Nava. En su primer periodo como presidenta creó, en octubre de 2012, el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, donde a decir de empleados del Tribunal Silva Nava se presentaba ocasionalmente, aunque cobraba 90 mil pesos mensuales. Fue una retribución de Esquivel a quien había sido su profesor en la licenciatura y asesor de tesis, quien falleció en noviembre de 2017. Apenas en octubre pasado, la magistrada Esquivel invitó al expresidente de la SCJN Mariano Azuela Güitrón a dar una conferencia sobre “La ética de los jueces”. En el gobierno de Fox, Azuela y el entonces titular de la PGR, el general retirado Rafael Macedo de la Concha, operaron el desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ahora la propone para llegar al máximo tribunal del país. Las otras dos candidatas son la magistrada del Tribunal de Justicia de Querétaro, Celia Maya García, y Loretta Ortiz, esposa del recién designado titular de la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales (FEPADE), José Agustín Ortiz Pinchetti. Este reportaje se publicó el 3 de marzo de 2019 en la edición 2209 de la revista Proceso.