Luego de que en una reunión del gabinete presidencial Alicia Leal –con una historia de 23 años de lucha– hiciera visible la labor de los refugios para mujeres y niños víctimas de la violencia, se dio marcha atrás a la decisión de retirarles los fondos federales. Esa medida –que se había tomado para combatir un fenómeno de corrupción en algunas organizaciones civiles y que fue condenada incluso por la CNDH– habría significado que el Estado abdicara de ser garante de los derechos de ese vulnerable sector de la sociedad mexicana. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A las 05:30 horas del miércoles 6, Alicia Leal Puerta –quien en 1996 fundó Alternativas Pacíficas, el primer refugio de mujeres víctimas de violencia– esperaba la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a su reunión cotidiana de gabinete. Regiomontana, conocida de López Obrador de años atrás, Leal Puerta fue invitada a la reunión a instancias de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para dejar en claro el papel de ese tipo de refugios en el rescate de mujeres y niños víctimas de violencia extrema. Leal, hasta 2006 directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), expuso durante una hora la labor que realizan organizaciones civiles y agencias estatales en favor de mujeres en riesgo de muerte; particularmente el trabajo que durante 23 años ha realizado Alternativas Pacíficas –por donde han pasado más de 100 mil mujeres, niñas y niños–, un proyecto que cuenta con financiamiento de los gobiernos federal y estatal, así como de la iniciativa privada y fundaciones nacionales y extranjeras. La exposición era pertinente. Durante tres semanas prevaleció la incertidumbre entre los organismos dedicados a la atención de esta población vulnerable, luego de que López Obrador emitiera la Circular Número Uno, por la cual decretaba la cancelación de apoyos a organizaciones civiles, y con ello, la suspensión de la Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos, que Viven Violencia Extrema y, en su caso, a sus Centros de Atención Externa 2019, que emite la Secretaría de Salud. El lunes 18, en un comunicado firmado por el director general adjunto de Salud Reproductiva, Rufino Luna Gordillo, “en suplencia por ausencia del titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva”, se daba cuenta de la suspensión de la convocatoria anual, lo que provocó reacciones adversas principalmente de la RNR, en la que están 40 refugios y 37 centros de atención externa, 90% de cuyo financiamiento viene de fondos federales. El tema de la suspensión de apoyos –que para el rubro es de 346 millones de pesos– fue materia de las conferencias mañaneras de López Obrador, quien si bien hablaba de respaldar a las mujeres agredidas, mantenía su postura de cuestionar la labor de las organizaciones civiles y fincar en una supuesta falta de transparencia el retiro de los apoyos a cualquier instancia administrada por la sociedad civil, donde entra la mayoría de los refugios. La crisis llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a emitir medidas cautelares, el 21 de febrero, dirigidas al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lugo López Gatell, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. “No había claridad sobre la ejecución misma de los recursos, y no se había lanzado la convocatoria, lo que generó mucha controversia e incertidumbre de la actividad y, hay que decirlo, es muy importante la labor que hace la sociedad civil en materia de protección a las mujeres de manera directa”, destaca Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH, responsable de las medidas. Al considerar que la suspensión de las medidas ponía en riesgo la vida de las mujeres que viven violencia extrema –lo que iba contra la Convención sobe la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer–, la CNDH solicitó a ambos funcionarios garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijos que en esos momentos estaban en refugios, así como a las que requerían los servicios, y ejercer los recursos etiquetados en el Ramo 12 –“Subsidios para refugios y Centros de Atención Externa para víctimas de violencia”–, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, acciones que deberían realizarse en un plazo máximo de 30 días. Al señalar que el organismo integró 10 quejas, Cruzvillegas destacó que para el 27 de febrero, ambas dependencias respondieron favorablemente a las medidas y reabrieron la convocatoria a la que se inscribieron 100 proyectos. “En la CNDH insistimos en que el gobierno mexicano debe contar con una política adecuada para las mujeres, niñas y niños que viven en violencia extrema; esta garantía sería la distribución de recursos a organismos de la sociedad civil que muy afortunadamente han atendido el tema de manera integral”, apunta la visitadora. Aunque la convocatoria a la postre se reactivó, las expresiones del presidente ahondaban la confusión.  En sus conferencias de prensa, López Obrador insistía en que “se abusó del mecanismo de darle dinero a las organizaciones no gubernamentales”, que no habría excepciones en la suspensión de fondos destinados a organizaciones civiles, que los apoyos serían “de manera directa, sin intermediarios” para las mujeres víctimas de violencia y que sería la Secretaría de Gobernación la instancia encargada de atenderlas. “Si empezamos con excepciones ya no vamos a tener autoridad, porque entonces me van a pedir los de las estancias infantiles que hagamos lo mismo; los que tienen organizaciones de niñas y niños con discapacidad que hagamos lo mismo”, dijo López Obrador en su conferencia del lunes 4. Para aclarar el tema resultó importante la presencia de Leal en la reunión del miércoles 6, cuando se anunciaría el “Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México”, en el que los refugios están incluidos. Rectoría del Estado La exposición de Leal “ayudó mucho”, reconoce Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), responsable del Plan Emergente. “Fue muy importante en esa reunión de gabinete oír a alguien que ha hecho la gestión en esta materia durante más de 20 años, que reconoce la importancia de la rectoría del Estado, porque al mismo tiempo que Alicia habló de su experiencia, ella fue muy enfática. Dijo: ‘Hemos discutido por años, nos parece muy importante la gestión, la rectoría del Estado, las normas, el apoyo, pero también el reconocimiento de la función que tenemos las asociaciones de la sociedad civil’”, cuenta Gasman en entrevista. Durante su exposición, la defensora delinea la forma de operar de la llamada Puerta Violeta, administrada por Alternativas Pacíficas en un inmueble de Escobedo, Nuevo León, modelo que fue considerado por López Obrador como viable para ser replicado en todo el país. Aquella mañana del miércoles 6, en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa, en la que además de López Obrador estuvieron la secretaria de Gobernación y Gasman, al ser interrogada sobre la continuidad de los apoyos a los refugios la directora del Inmujeres respondió afirmativamente, al tiempo que volteaba a ver al presidente para que lo confirmara. “Yo no tenía duda de cuál era la respuesta, pero era claro que los periodistas necesitaban que el presidente lo dijera, y lo dijo inequívocamente, porque el tema es importante para este gobierno; hay voluntad política, no es todo pero es desde ahí que tenemos que construir y poner a las mujeres víctimas y hacer un gran esfuerzo de prevención.”  Gasman, exrepresentante de la ONU en Brasil, directora de la campaña Únete, de la ONU, para acabar con la violencia contra las mujeres en América Latina y El Caribe, y con una amplia trayectoria internacional en defensa de las mujeres, sostiene que los refugios no podían estar fuera del Plan Emergente, que es resultado de un reconocimiento del gobierno de López Obrador de la gravedad de la violencia que sufren las mujeres en México. Con 3 mil 300 asesinatos de mujeres en los últimos dos años, con estimaciones de que seis de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, con alertas rojas en al menos 35 municipios y cálculos de unos 5 mil huérfanos de víctimas de feminicidios, Gasman advierte que la existencia de los refugios ha sido vital para resguardar la vida de “las que están en mayor riesgo, que pueden ser víctimas de feminicidio”. El año pasado, apunta, mil 523 mujeres y sus hijos fueron acogidos en los 83 refugios del país, 60% administrados por la sociedad civil y el resto por organismos públicos, aunque 90% de ellos, financiados por fondos públicos. Al retomar la crisis mediática que atravesó el gobierno de López Obrador por el tema de los refugios, Gasman resalta que sacó a la luz que en este tema “el Estado mexicano ha tenido poca rectoría, poca evaluación, ha dado recursos pero los ha dejado sin tanta supervisión”, además de que no existe una norma que los regule. “Lo hablamos con la doctora Candelaria Ochoa, que fue designada al frente de Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres), y con Alicia Leal: tenemos que ordenar el sistema de protección, de tal manera que ponga en el centro las necesidades de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia”, destaca Gasman. Al señalar que próximamente se llevarán a cabo mesas de trabajo con representantes de refugios, la directora del Inmujeres advierte que los momentos de tensión que se vivieron permitieron analizar los sistemas de protección, desde la perspectiva de la recuperación de la rectoría del Estado, para “que deje de abdicar su papel de rector y de garante de los derechos de las mujeres, las niñas, los niños, de toda la población, y por otro lado hay un tema importante de enfrentamiento a la corrupción”. El tema es, apunta, “cómo vamos construyendo, con los recursos que tenemos, con las instituciones que existen, el sistema de cuidado en una asociación de Estado-sector privado-familia”. Con 23 años de experiencia protegiendo mujeres violentadas, Leal reconoce que precisamente los huecos normativos y el “desorden en la forma en que se han entregado los recursos por parte del Estado” desde 2003, han sido aprovechados por “organizaciones que se han formado bajo la sombra de partidos políticos o de otros intereses que no corresponden a las necesidades de las personas que se busca atender”. En entrevista, Leal resalta que ante las manifestaciones del gobierno de López Obrador de mejorar la operación de los refugios “que sí salvan vidas”, lo que se avecina es un debate de “cómo el Estado debe ser garante de la seguridad social y humana de las mujeres, cómo garantizar que las mujeres puedan tener este acceso a servicios básicos por especialistas, cómo optimizamos los recursos públicos para que esto pueda ser una realidad en cada municipio, qué modelo podemos mejorar, optimizar y fortalecer para poder aplicarlo”.  Al señalar que desde 2003 las responsables de los refugios han exigido normas claras para la distribución de recursos, destaca que una de las demandas torales es que el sistema “tenga fondos multianuales, que no se tenga que estar mendigando cada año, porque no somos damas de caridad, somos defensoras de los derechos de las mujeres”. Concluye: “Lo que buscamos es conciliar, poner al centro las necesidades de seguridad y justicia para las mujeres que están viviendo violencia, podemos prevenir muchas cosas, pero lo primero que hay que prevenir es que las maten”. Este reportaje se publicó el 24 de marzo de 2019 en la edición 2212 de la revista Proceso