La central nuclear de Laguna Verde tiene problemas serios: ha permitido que algunos de sus trabajadores queden expuestos a dosis altas de radiación, ha tenido “paros automáticos” por problemas técnicos y no maneja adecuadamente sus residuos. Por estas razones, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares le dio una calificación reprobatoria, pero los directivos de la planta ocultan y minimizan esta información... CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Contra lo que cree el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) tiene problemas graves: sus trabajadores han sido expuestos a peligrosas dosis de radiación, la planta ha debido parar actividades por problemas técnicos, hay un manejo inadecuado de residuos y se enfrenta al riesgo de saturación de desechos, según varios reportes obtenidos por este reportero mediante la Ley de Transparencia. El 20 de agosto de 2017, durante la recarga de combustible de uno de los reactores de la central –situada en el municipio veracruzano de Alto Lucero y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, la radiación emitida por tuberías y válvulas afectó a cinco trabajadores (a dos de ellos, de gravedad), de acuerdo con el expediente de la inspección IIIE-01/18-LV01 consultado por Proceso. Los trabajadores descontaminaban equipo en el llamado pozo seco, que se ubica entre la vasija que alberga los reactores –son dos, con 800 megavatios de capacidad, alimentados con uranio enriquecido– y el contenedor de concreto que envuelve el área de máquinas. Una de las dos personas con contaminación grave es Ana Luisa Rodríguez Valladares. Para ella, trabajadora con 20 años de experiencia en la planta y 16 en protección radiológica, sería otra jornada de purificación de equipo, como muchas emprendidas durante su carrera como técnica en descontaminación. En un acta de hechos, la empleada, considerada “personal ocupacionalmente expuesto” (POE) a condiciones laborales peligrosas, inseguras o contaminantes, relató el pasado diciembre ante cuatro inspectores de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que, al iniciar las tareas asignadas, la persona a cargo les dijo que los niveles de radiación eran bajos, porque el día anterior habían hecho también reducción de polución de las válvulas. Para la actividad le entregaron un overol, careta y mandil de plástico, pero ella pidió cambio de indumentaria porque “en mi experiencia de área, el equipo no era el adecuado para las condiciones de la válvula”; el técnico de protección radiológica lo negó, porque presuntamente los niveles radiactivos eran bajos. La teledosimetría asignada –medición de radiactividad para evaluar el riesgo– era de 400 milirems (mrem) de dosis acumulada y de mil 500 de mrem/hora de rapidez de dosis. Pero antes de iniciar la labor, recibieron la alarma de la rapidez de la dosis. El mrem mide el efecto de la radiación en el cuerpo, mientras que la rapidez de dosis se refiere a la fracción de rayos absorbidos en determinado lapso. “De inmediato, mostré al técnico el dosímetro y estaba prendida la luz de alarma”, a lo que el primero respondió que continuaran con el trabajo. Al salir del área, el técnico le señaló que la dosis recibida era de 200 mrem, “nivel que no pude constatar”. Al concluir la actividad y someterse a una medición, Rodríguez reportó niveles de 240 mrem y una rapidez de dosis de 7 mil 600 mrem/hr. El Reglamento General de Seguridad Radiológica, de 1988, estipula un límite de dosis efectivo anual para POE de 5 mil mrem. “No hubo apoyo por parte de PR (protección radiológica) para mi descontaminación, la cual realicé personalmente con ayuda de otro compañero”, de nombre Víctor y quien también estuvo expuesto. Luego de dos evaluaciones más, Rodríguez tomó tres baños helados sin que bajaran los niveles. Luego, a los cinco trabajadores expuestos les tomaron muestras de saliva, fosas nasales y oídos para efectuar los análisis pertinentes. Luis Huesca, uno de los jefes de turno de Protección Radiológica, los retiró del área, pese al riesgo de contaminación. Además, a instrucción suya, la persona encargada de descontaminación tiró las muestras tomadas. “¿Qué parte de que las tires no entendiste?”, espetó ante la insistencia de que esas tomas debían ser analizadas. Además, ordenó que los afectados no se inscribieran en el autorregistro de personal contaminado. Antes de salir, les avisaron que debían someterse a mediciones los siguientes 10 días. A partir del 21 de agosto de 2017, la trabajadora empezó a pedir los conteos diarios, pero le respondieron que no se los podían dar por ser “información interna”. Desde esa fecha le impidieron el acceso al área restringida de la Unidad 1 de Laguna Verde y los monitoreos se practicaron cada tercer día entre el 3 y el 17 de septiembre, cuando concluyó su contrato temporal con la CFE. Entre el 9 de octubre y el 19 de noviembre, Rodríguez reingresó para trabajar en la recarga de combustible de la Unidad 2, pero relató que sus actividades consistieron en la separación de desechos. Al salir del Edificio de Desechos, los equipos de monitoreo indicaron radiactividad en piernas y hombros. Mediante el oficio AOO 400/034/2018, del 5 de marzo de 2018, la CNLV informó de un caso de contaminación interna con cobalto-58 (Co-58) y cobalto-60 (Co-60), isótopos radiactivos producidos en reactores nucleares, ocurrido presuntamente durante una recarga de combustible nuclear de la Unidad 1. En una notificación del 5 de marzo de 2018, la CNSNS indicó que el 29 de noviembre de 2017, Rodríguez solicitó a la Dirección General Adjunta de Vigilancia Radiológica, Ambiental, Seguridad Física y Salvaguardias una revisión para descartar contaminación interna con Co-58 y Co-60, que emiten rayos gamma, que en dosis altas son letales. La empleada reveló que el Área de Dosimetría de la CNLV le avisó que había absorbido esos radionúclidos, “situación que le causó preocupación por un posible riesgo a la salud”. A partir del examen del 5 de diciembre de 2017, esa dependencia constató la presencia interna de ambos componentes. La mujer declaró al personal de la Dirección General Adjunta que “ha sido ajena a los conteos” efectuados en el laboratorio de la generadora y que el personal de Protección Radiológica había ignorado sus solicitudes de acceso a esos registros. El documento menciona que el informe radiológico sobre la recarga de combustible del reactor no menciona casos de contaminación, un dato irreal. Informes falsos Después de repetidas solicitudes, Rodríguez recibió en enero de 2018 sus conteos, que confirmaron la presencia de Co-58 y Co-60, según consta en el oficio AOO.400/040/2018 del 12 de marzo de 2018. Para el físico Bernardo Salas, a quien la CFE despidió en 1996 por denunciar la inseguridad en la planta de Laguna Verde, la dosis que recibió Rodríguez fue “muy alta”.  “En la zona donde trabajaron hay mucha contaminación y eso implica un riesgo para la salud. Si la radiación se acumuló en sus pulmones, es muy difícil eliminarla; le va a dar cáncer”, explica en entrevista Salas, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La CNLV, valuada en más de 53 mil millones de pesos, según la CNSNS, está compuesta por dos unidades generadoras, a la primera de ellas la Comisión le otorgó licencia de operación comercial en 1990 y a la restante, en 1995. Ambas expirarán en 2020 y 2025, respectivamente. En su conferencia matutina del pasado 28 de enero, López Obrador anunció que solicitaría un informe “con elementos técnicos, creíbles, sólidos”. El 11 de febrero aseguró en su comparecencia ante los medios que “no existe ningún riesgo en la planta y tiene una certificación de un organismo internacional que se hace cargo de la seguridad”. Por su parte, Manuel Bartlett, director de la CFE, declaró que “la seguridad de Laguna Verde está asegurada por la vigilancia que ejercen los organismos internacionales”. Ambos aludieron al reporte más reciente de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), un ente privado que aglutina a las empresas atómicas y que no es un regulador internacional.  Riesgo de “cancelación temporal” Por el manejo de esos casos, la CNSNS, que regula el uso de materiales nucleares en el país, concluyó que el personal de la CNLV “ocultó, modificó o eliminó” parte de la información, “una grave falta” que puede ameritar la suspensión de la licencia de operación de la Unidad 1. En total, la CNSNS halló seis quebrantos a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional sobre materia nuclear, dos al Reglamento General de Seguridad Radiológica y un incumplimiento de la NOM-008-NUCL-2011 sobre control de la radiación en áreas de trabajo, según el dictamen de inspección del 21 de junio de 2018 y destinado al entonces director de la CNLV, Pablo Chama, y cuyo sustituto es desde enero pasado Ricardo Córdoba Quiroz. El regulador halló información omitida e incompleta en los formatos para reportar dosis y tipos de radionúclidos. Para el caso de Rodríguez, había tres versiones diferentes llenadas en diferentes momentos. En su respuesta al reportero, la CNSNS indicó que evalúa los incumplimiento documentados, los daños ocasionados o que puedan producirse, el carácter intencional o no de la acción u omisión relacionada con la infracción y la reincidencia de la CNLV, para la imposición de una posible sanción. Un grupo de trabajadores anónimos se comunicó el 9 de julio de 2018 con 10 funcionarios de la Secretaría de Energía y de la CFE, entre ellos el entonces secretario Pedro Joaquín Coldwell, para denunciar la falta de información sobre la situación de la planta, sin que sus reclamos fueran atendidos. Entre enero de 2012 y el pasado julio, la CNLV sufrió 242 incidentes, de los cuales la mayor cantidad –78– ocurrió en 2012, mientras que en 2015 reportó 76. Los más serios fueron los apagados de emergencia de las unidades (scram), presencia de radiactividad por encima de los límites permitidos, paros por incumplimiento de especificaciones técnicas operativas (ETO) y aumento de la temperatura del agua de enfriamiento de los reactores. En ese lapso la nucleoeléctrica registró 20 ETO, 18 scram automáticos y manuales y cuatro situaciones de presencia de radiactividad por encima de los niveles permitidos. La meta anual estipulada por WANO es de un scram. Llama la atención también que el 9 de agosto de 2017 la planta puso en marcha el plan de emergencia interno, que generalmente ocurre cuando hay fuga radiactiva o fallas en los reactores. Además, la lista obtenido cita una invasión al espacio aéreo del área protegida, sin especificar el tipo de aeronave, ocurrida el 17 de febrero de 2012. Salas, quien durante años ha denunciado las condiciones de la planta, afirma que ésta “trabaja de manera muy deficiente (…) ha incurrido en irregularidades serias. A López Obrador le dan información falsa”. El experto le escribió a López Obrador, luego de su toma de posesión, sobre la situación de la CNLV, sin recibir respuesta. En su evaluación más reciente, según Salas, WANO le dio a la planta una calificación de 4, en una escala en la que uno es excelente y cinco implica clausura. “Le concedieron 90 días a la CNLV para corregir las irregularidades”, señala. Por si fuera poco, la planta se enfrenta a la saturación de los depósitos de desechos y material contaminado. El Plan de gestión de desechos radiactivos y combustible nuclear gastado 2017-2023, del 6 de julio de 2018, advierte que cuatro de sus cinco instalaciones están al borde de su capacidad. Para los desechos sólidos húmedos, la planta posee el almacén temporal en sitio (ATS), que consta de dos naves de almacenamiento. El ATS I se encuentra lleno y ATS II, a 40%. Mientras, el depósito de desechos radiactivos sólidos secos, que tiene dos bodegas, está lleno y los dos confinamientos del almacén temporal de materiales contaminados radiológicamente operan a 85 y 80% de capacidad, respectivamente. Desde 1989 el volumen de residuos sólidos húmedos se ha comportado irregularmente, con alzas y caídas. En total, la CNLV generó hasta 2017 casi 3 mil 734 metros cúbicos de desechos. Desde 2015, cuando esa instalación desechó 33.19 metros cúbicos, esa cifra ha crecido, pues subió a 119.5 en 2017. Mientras, las albercas de combustible gastado carecen de suficiente capacidad de almacenamiento y se saturarían en 2022. El depósito del reactor uno cuenta con 2 mil 103 ensambles almacenados y el del dos, mil 659. El combustible gastado contiene radionúclidos como plutonio-239, cesio-136-, kriptón-85, uranio-238 y uranio-235. La generadora acumula señalamientos de la CNSNS por mal disposición de residuos, como lo refleja el dictamen de inspección OI-10/12-LV1, del 13 de septiembre de 2013, y que identificó nueve anomalías. Ese examen devino en la imposición de una multa por 768 mil 40 pesos en 2015.  Este reportaje se publicó el 17 de marzo de 2019 en la edición 2211 de la revista Proceso.