Las crisis políticas y humanitarias no son nada nuevo en Haití. Desde el jueves 7 el país caribeño arde nuevamente con protestas callejeras, disturbios y saqueos; los jóvenes haitianos exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise, quien cumple dos años en el poder y está implicado en un grave caso de corrupción. La tragedia haitiana incluye grandes áreas sin agua, alimentos ni atención médica, niños que mueren de hambre en los barrios miserables y una represión que ha dejado medio centenar de muertos… pero es una tragedia que nadie ve, porque todos los reflectores del mundo apuntan a otra nación en crisis: Venezuela. Nuevamente Haití está sumido en el caos. Ahora por una ola de protestas, disturbios y saqueos que estallaron el jueves 7 para exigir la renuncia del presidente, Jovenel Moise, y que aún hoy tienen semiparalizado al país más pobre del hemisferio.  En lo que ya se perfila como una sublevación social motivada por la miseria, el descrédito del gobierno y la corrupción, los jóvenes haitianos han tenido un papel protagónico. En medio de la anarquía, ellos, un grupo de organizaciones sociales y religiosas y la oposición tradicional tratan de conducir la furia popular hacia un espacio en el que pueda abrirse paso un proyecto nacional capaz de dar respuestas eficientes a la persistente crisis política, económica y social. “Estamos viendo una rebelión de las masas en la que no hay líderes claros”, dice a Proceso el politólogo y economista haitiano Joseph Harold Pierre.  Ya son más de dos semanas de manifestaciones, bloqueos de calles y carreteras, de negocios y automóviles que arden en llamas y de violencia. Al menos 15 personas habían muerto a balazos hasta el viernes 22, entre ellos el menor de 14 años Roberto Badio, y los heridos se contaban por decenas. La oposición habla de 50 muertos. “Hay mucha tensión y siguen las protestas. Esto va a continuar porque la gente está muy inconforme con el gobierno y quiere la renuncia del presidente”, dice vía telefónica, desde Puerto Príncipe, el director ejecutivo de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Esperance. De acuerdo con el activista, “la violencia está latente y probablemente crecerá, porque el gobierno está enfrentando a balazos y con represión las manifestaciones”. Esperance relata que en las principales ciudades hay barricadas de jóvenes y niños que cierran vías con llantas encendidas, lo que dificulta el abasto de productos de primera necesidad. La Oficina de Protección Ciudadana reportó que en distintas áreas del país no hay agua, alimentos ni atención médica y que muchas embarazadas se ven obligadas a dar a luz en sus viviendas.  “En los hospitales provinciales varios pacientes ya han muerto por falta de oxígeno y hay niños que están muriendo de hambre en muchos barrios pobres de todo el país”, indicó el organismo.  Esperance advierte: “Estamos cerca de una catástrofe humanitaria”.  La protesta estalló el jueves 7, día en el que se cumplieron dos años de la llegada de Moise a la Presidencia y 33 del fin de la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Y las movilizaciones y disturbios mantuvieron paralizado al país hasta el domingo 17.  Durante 11 días permanecieron cerrados comercios, escuelas, oficinas públicas, gasolinerías, el transporte público y varios hospitales. La gente se refugió en sus casas.  Un símbolo de la parálisis nacional fue la salida de circulación, durante ese periodo, del diario Le Nouvelliste, el mayor del país, que se volvió a imprimir hasta el lunes 18. Desde ese día, las protestas y los piquetes de “resistencia” se focalizaron en diversos puntos y barrios de las ciudades, y las actividades escolares, comerciales y los servicios de salud se comenzaron a reanudar en forma parcial. Todo esto, en medio de un clima de tensión. Pero el viernes 22 las manifestaciones volvieron a ser masivas y las actividades cotidianas se paralizaron de nuevo. “Haití está en ebullición y en cualquier momento se puede incendiar. La gente está cansada y hay muchas demandas insatisfechas que avivan el fuego de las protestan”, asegura Esperance.  El miércoles 20, un policía y dos choferes de transporte público murieron a balazos en Puerto Príncipe a manos de bandas armadas, las cuales abundan en Haití por la alta incidencia del narcotráfico, el contrabando y la delincuencia común. La volátil situación llevó a la municipalidad de Puerto Príncipe a suspender las festividades de carnaval de este año, mientras el turismo –una de las escasas fuentes de divisas de país– se desplomó. El viernes 22 sólo estaban ocupadas cuatro de las 174 habitaciones del tradicional Hotel Karibe, y a escala nacional los hospedajes estaban vacíos.  Estados Unidos, Canadá y Francia, de donde proviene la mayoría de los visitantes de Haití, emitieron alertas para que sus ciudadanos no viajen a la nación caribeña, y el sitio de ventas de servicios turísticos por internet Expedia eliminó temporalmente al país de su oferta de destinos, lo que le generó una oleada de críticas. Licencia para disparar Un hecho que intensificó la fuerza del vendaval haitiano ocurrió el domingo 17, cuando en un retén policiaco en el centro de Puerto Príncipe fueron detenidos siete mercenarios extranjeros: cinco estadunidenses (entre ellos tres exmilitares), un ruso y un serbio. El comando se transportaba en dos camionetas negras sin placas en las que la policía encontró seis pistolas 9 milímetros, seis rifles de asalto, dos drones, cinco chalecos antibalas y tres teléfonos satelitales. “Mi jefe llamará a tu jefe”, dijo uno de los mercenarios a un policía. Una de las camionetas había sido comprada por un exfuncionario del gobierno y estaba asignada a Fritz Jean-Louis, asesor del presidente Moise y quien intentó, sin éxito, liberar a los detenidos tras su captura.  El consejero presidencial huyó del país el miércoles 20 y, en una decisión insólita, ese mismo día el gobierno haitiano entregó a Estados Unidos a los cinco mercenarios estadunidenses, quienes fueron traslados en un vuelo comercial a Miami sin que hubieran comparecido ante la justicia de Haití.  El Consejo Superior de la Judicatura declaró esa acción “ilegal y arbitraria” y un grupo de organizaciones sociales criticó la “sumisión” del gobierno frente a Washington y la “injustificable” protección que dio Estados Unidos a mercenarios “que amenazaron las vidas de ciudadanos haitianos” en su propio territorio.  La oposición haitiana y organizaciones sociales dijeron que los detenidos tenían como misión asesinar a adversarios políticos del presidente y a dirigentes de las protestas. Al llegar a Estados Unidos, los mercenarios dijeron que estaban a cargo de la seguridad de un “hombre de negocios” y fueron dejados en libertad.  De inmediato, el cese de “la intromisión” de Washington en los asuntos internos de Haití se incorporó como una demanda más en las movilizaciones callejeras.  El gobierno de Moise cuenta hasta ahora con el respaldo de Washington y un cauteloso apoyo del Core Group, integrado por un representante de la ONU, un delegado de la OEA y los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Francia y Estados Unidos. El profesor y dirigente de la coalición opositora Sector Democrático y Popular Nacional, André Michel, dijo en conferencia de prensa que la comunidad internacional, que está muy involucrada en la crisis de Venezuela y se muestra indiferente frente a la catástrofe haitiana, debe entender que el principio de la solución es la renuncia de Moise y la formación de un gobierno provisional. El novelista y poeta haitiano Lyonel Trouillot coincidió con Michel y escribió que, irónicamente, Haití ha considerado en las sesiones de la OEA al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un gobernante “ilegítimo”, pero este mandatario y Moise enfrentan una situación muy parecida. Sobre Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, Washington dice que busca “la restauración de la democracia”. En Haití, una nación sin riquezas, el gobierno de Donald Trump prefiere dejar las cosas como están: en estado crítico.  Nación en ruinas Según todos los estudiosos del tema, el drama de la nación caribeña tiene su origen en su Independencia, consumada en 1804 por un ejército de esclavos de origen africano tras una sangrienta guerra contra los colonizadores franceses.  En Las venas abiertas de América Latina el escritor uruguayo Eduardo Galeano afirmó que Haití “nació en ruinas y no se recuperó jamás”. Ha pasado por dictaduras militares, invasiones extranjeras, masacres, epidemias y desastres naturales, como el terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó 222 mil muertos y pérdidas materiales superiores al PIB de un año, y el huracán Matthew, de octubre de 2016, que provocó 600 muertes y daños equivalentes al presupuesto público anual. Esta suma de tragedias ha hecho de Haití, país que comparte la isla La Española con la República Dominicana, el más pobre del hemisferio occidental. Según un estudio de la ONU realizado en 2012, 59% de la población vivía en la pobreza y el 24% en la extrema pobreza. Organizaciones humanitarias estiman que hoy, ocho de cada 10 haitianos son pobres y tres de cada 10 son extremadamente pobres. La tasa de mortalidad en menores de cinco años es de 68.3 por cada mil, índice que triplica al promedio de América Latina.  De los 10.9 millones de habitantes del país, sólo la mitad tiene acceso a la salud y 4.4 millones carecen de internet. Y el acceso a la educación es tan limitado, que uno de cada dos mayores de 15 años es analfabeto.  “Hay urgencia. Los haitianos somos pobres y estamos hambrientos, y esto es mortal. Nuestras crisis políticas, económicas y sociales nos están asfixiando. También vemos que el gobierno y la oposición están en un mismo barco que no va a ninguna parte”, señaló un editorial de Le Nouvelliste. Para Joseph Harold Pierre, la pobreza y la falta de una élite que pueda conducir una transformación democrática “son los dos factores que explican la situación que estamos viviendo”.  De acuerdo con el especialista en democratización y gobernabilidad en América Latina, Haití requiere hoy una “solución estructural” que pasa por la dimisión del presidente Moise, la disolución del Congreso, la creación de un gobierno provisional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una Constitución que prevea una reforma a fondo del Estado. “El sistema semipresidencialista y semiparlamentario que tenemos (con un presidente y un primer ministro) no nos ha dado gobernabilidad. Tenemos que transitar hacia un régimen presidencial y acabar con la atomización de partidos políticos (hay más de 200)”, considera el académico haitiano.  La ingobernabilidad y la desconfianza en el sistema electoral son parte del problema político.  Moise, un empresario bananero sin experiencia política previa, llegó al cargo luego de dos reñidas elecciones en octubre de 2015 y noviembre de 2016, que estuvieron ensombrecidas por enfrentamientos entre los diferentes bandos políticos y denuncias de fraude.  Harold Pierre, maestro en economía y candidato a doctor en ciencia política de la Universidad de Nottingham Trent del Reino Unido, señala que la ola de protestas de las dos últimas semanas es muestra del hartazgo del pueblo haitiano en un “Estado fallido” al que responsabiliza de la “catástrofe” nacional. Desde 2015, un año de convulsión política, el crecimiento del país está estacado en 1.3% anual, en promedio, y el ingreso per cápita incluso se redujo a 701 dólares anuales, cifra menor en 92% al ingreso promedio en América Latina.  El gran salvavidas de la economía haitiana son las remesas de los migrantes, las cuales llegaron el año pasado a unos 2 mil 900 millones de dólares, equivalente a 33.9% del PIB.  Ningún otro país en el mundo es tan dependiente de las remesas, pero estas son sólo un paliativo para una economía básica y precaria. El presidente de la Cámara de Diputados, Gary Bodeau, estimó que las pérdidas económicas por la agitación social que vive el país llegan a unos 50 millones de dólares, lo que anticiparía una desaceleración en el PIB este año y un mayor desequilibrio en las finanzas públicas.  El gobierno arrastra un alto déficit fiscal que trata de compensar con la impresión de dinero y esto presiona el alza de precios desde 2015, lo que disminuye la capacidad de compra de una ciudadanía ya de por sí muy empobrecida. En 2018 la inflación fue de 14.1%, la más alta de la región después de la de Venezuela y Argentina. “La gente ha vivido meses y meses de alza de precios y esto agrandó su enojo”, dice Harold Pierre. Y a ese malestar hay que sumar la irritación con los políticos, que la gente percibe como incompetentes, dispendiosos y corruptos. Una de las demandas de los manifestantes es investigar y sancionar a los responsables del desvío de unos 3 mil 800 millones de dólares de Petrocaribe –un programa venezolano de suministro de petróleo en condiciones preferenciales que destina fondos al desarrollo social– durante el periodo 2008-2016.  Según una investigación del Tribunal de Cuentas, al menos 15 exministros y funcionarios del actual gobierno están involucrados en el caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar al cargo. De hecho, una de las organizaciones que ha liderado las movilizaciones de las dos últimas semanas es el Movimiento para el Juicio del Caso Petrocaribe, que aglutina a miles de jóvenes en todo el país. Harold Pierre dice que ese movimiento, surgido de la sociedad civil, y la oposición política tradicional, conduce las protestas, aunque “los jóvenes tienen mucha más legitimidad y pueden jugar un papel más determinante en estos momentos para buscar una salida a la crisis”. De acuerdo con Harold Pierre, coordinador de la plataforma de profesionistas Estamos Salvando a Haití, esta es una oportunidad “para dejar que muera este sistema que genera miseria y construir uno nuevo que resuelva los problemas estructurales y nos encamine a la modernidad”. De lo contrario, advierte, “hay un alto riesgo de un estallido de violencia”. Este reportaje se publicó el 24 de febrero de 2019 en la edición 2208 de la revista Proceso.