CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La magistrada Yasmín Esquivel Mossa le mintió al Senado de la República en su comparecencia como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El martes 5 le repitió a los senadores lo que había declarado a Proceso el viernes anterior: que fue ajena a cualquier conflicto de interés en un juicio que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que ella preside, resolvió a favor de su esposo, el empresario constructor José María Rioboó. Documentos oficiales y de la propia firma obtenidos por este semanario demuestran lo contrario. Grupo Rioboó participó en la obra hidráulica de la Supervía Poniente, autorizada por el entonces gobierno del Distrito Federal (GDF), en ese momento a cargo de Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, la organización no gubernamental Greenpeace y varios vecinos del sur de la capital, quienes desde el primer momento impugnaron la obra ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México), le pidieron oficialmente a la magistrada que se abstuviera de participar en el juicio, por ser esposa del presidente de una de las empresas implicadas en la obra. El 4 de abril de 2012, cuando la Supervía ya estaba en construcción –pese a que el Tribunal Administrativo había declarado, en primera instancia, la invalidez de la manifestación de impacto ambiental–, Grupo Rioboó gestionó el visto bueno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para las obras hidráulicas en las que estaba participando, en el proyecto de unir al sur con el poniente de la capital. Más aún, dejó en claro que personal del gobierno capitalino había ayudado a las maniobras técnicas de la empresa. La gestión consta en una comunicación del ingeniero Óscar Cerón Bautista, quien firmó como gerente de Instalaciones Hidráulicas del Grupo Rioboó, dirigida al ingeniero Mauricio J. Hernández García, entonces director técnico del Sacmex. El representante de Rioboó le dijo al funcionario capitalino que en las siguientes semanas el GDF “promoverá el desarrollo del proyecto denominado ‘Vía de comunicación urbana de peaje vialidad elevada Luis Cabrera’ como parte del proyecto Vías Rápidas del Poniente, y consiste básicamente en diseñar una vialidad elevada sobre la Av. Luis Cabrera y que une el túnel de salida de la Supervía hasta la Autopista Urbana Sur”, en el Periférico Sur. Textualmente le explica que para hacer “el sembrado de zapatas y columnas de esta vialidad se tomó en cuenta el trazo real del Colector Luis Cabrera de 2.44 m de diámetro. Para determinar la trayectoria del colector se tubo (sic) que accesar a el (sic) para lo cual contamos con el apoyo de personal de oficina de Control de Calidad del Agua y de los buzos”. Le informó también que le había enviado “el avance del proyecto” para que lo comentara “y/o en su caso (dar) el visto bueno para continuar con la etapa de la construcción”. Una copia de la carta fue para el arquitecto Manuel Olivares Olivares, entonces gerente de costos y actual responsable de Proyectos Industriales de Grupo Rioboó. Con ese antecedente, Greenpeace México solicitó al Tribunal Administrativo la excusa de la magistrada Esquivel Mossa. La petición se la hizo a la magistrada Victoria Eugenia Quiroz, quien era la encargada del caso en la Sala Superior, presidida ya por la ahora candidata a ministra de la Suprema Corte. “Solicitamos atentamente que la magistrada presidente de la Sala Superior de ese H. Tribunal, licenciada Yasmín Esquivel Mossa, deje de conocer de los recursos de apelación R.A 242/2012 y 244/2012, acumulados al primero, que se ventilan ante esa H. Sala Superior desde enero pasado, derivado de su vínculo matrimonial con el empresario José María Rioboó, cuya empresa participa en asesoría en materia hidráulica para la empresa desarrolladora del proyecto Sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México”, conocido como Supervía Poniente, dice la comunicación del departamento jurídico de Greenpeace. La organización no gubernamental internacional también advirtió que de no excusarse, la magistrada caería en las responsabilidades establecidas en el Código de Procedimientos Civiles de la capital del país. La presidenta del tribunal administrativo desoyó la petición y se sumó a la votación de seis a uno, en la Sala Superior, para revertir la resolución previa del Tribunal, que había sentenciado como ilegal la manifestación de impacto ambiental. El primer fallo tomó en cuenta que no se había hecho la consulta pública prevista en la Ley Ambiental de la capital y que la Barranca de Tarango, por donde pasó el trazo de la Supervía, estaba catalogada como “área de valor ambiental del DF”, por la misma ley, y por tanto la obra tenía un vicio legal de origen. La autorización ambiental había sido otorgada por Bernardo Lesser Hiriart, entonces director general de Regulación Ambiental en la secretaría de Medio Ambiente del GDF. En el sexenio pasado, Lesser fue asesor de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Información reservada La negativa del conflicto de interés también fue hecha de manera expresa por el propio Tribunal Administrativo. En marzo de 2012, en respuesta a una petición de acceso a la información pública formulada por Greenpeace, el entonces secretario general de Acuerdos del tribunal, Rubén Alcalá Ferreira, aseguró en el oficio no. 08 (1)-5446/12, que la información sobre el caso se mantenía reservada en tanto no causara estado. “Sin embargo, independientemente de lo anterior y revisados los autos de los expedientes, que actualmente se encuentran en trámite en la Secretaría General a mi cargo, no existe relación o dato que vincule a algún magistrado de este H. Tribunal con las partes, ni con sus abogados; y que consecuentemente existiera algún impedimento para conocer del juicio en cuestión”. El gobierno de Ebrard mantuvo también la información reservada cuando Greenpeace le pidió que le informara la relación que existía en Grupo Rioboó y el consorcio integrado por la constructora OHL Concesiones de México, Inmobiliaria COPRI y la Constructora ATCO para crear Controladora Vía Rápida Poetas, encargada de la construcción de la Supervía. También en marzo de 2012 la Oficialía Mayor del GDF le respondió que no le podía dar esa información porque el caso estaba en litigio, además de que había sido clasificada como reservada durante siete años. El conflicto de interés fue documentado por Greenpeace en el Senado de la República el miércoles 6, horas después de que la Comisión de Justicia, presidida por Morena, aprobara “la idoneidad” de las tres candidatas a ministras de la Suprema Corte: las magistradas Yasmín Esquivel y Celia Maya y la académica Loretta Ortiz. La terna fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entregó a Grupo Rioboó el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. La organización ambientalista señala que ante las declaraciones de Esquivel a la revista (Proceso 2209), en las que negó el conflicto de interés, demostró en su momento que la magistrada sí incurrió en esa práctica. Conforme al artículo 46 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, y 171 y 172 del Código de Procedimientos Civiles del DF, se obliga a los magistrados integrantes del tribunal a excusarse de conocer asuntos que ahí se ventilan en caso de ser cónyuges y tener interés personal en el asunto que motiva el juicio, bajo la advertencia de ser sujetos de responsabilidad, escribió a los senadores el director ejecutivo de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani. Recordó que el juicio ante el Tribunal Administrativo comenzó cuando demandó, junto con un grupo de vecinos, la nulidad de la manifestación del impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, encabezada entonces por Martha Delgado Peralta, ahora subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Greenpeace entregó copia de su comunicación al Senado, tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Relator para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU. Durante su comparecencia ante los senadores de la Comisión de Justicia, Esquivel Mossa volvió a negar que haya estado implicada en un conflicto de interés al votar a favor del proyecto de resolución que dio vía libre a la construcción de la obra, aunque ésta ya se había realizado debido a la dilación del tribunal para resolverlo. El senador panista Damián Zepeda la cuestionó sobre el tráfico de influencia, nepotismo y conflictos de interés de los que ha sido señalada. La magistrada respondió: “El ingeniero Rioboó, lo he dicho enfáticamente, no participó en esta Supervía. De haberlo hecho, tenemos nosotros la excusa, que es un elemento que utilizamos los jueces y magistrados, cuando existe amistad, enemistad con cualquiera de las partes, familiaridad. Lo hubiera hecho de manera inmediata”. Y aunque me hubiese excusado, dijo, la resolución no hubiera cambiado en el fondo, “pero no lo hice porque no había elementos en el expediente que advirtiera alguna participación de ese grupo Rioboó o del señor José María Rioboó en el tema”. Explicó que se casaron hace siete años, a los cinco meses de conocerse y cuando “yo ya tenía una vida profesional consolidada”. Y como lo declaró al semanario, dijo que su esposo “nunca ha tenido un asunto en la Suprema Corte, y si lo llegara a tener, yo me excusaría de inmediato del conocimiento de ello”. Agregó que la Sala Superior votó a favor de que siguiera la obra, porque la demanda se presentó fuera de tiempo, pues Greenpeace no estaba afectada en su esfera jurídica de defensa de su objeto social y porque los particulares nunca acreditaron vivir en la Ciudad de México. “Esas fueron las razones por las cuales 6 de los 7 magistrados de la Sala Superior determinaron que no procedía la nulidad, que era legal la obra y debía continuar”, dijo la magistrada. Después, la sentencia fue confirmada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y la Suprema Corte rechazó revisar el caso por falta de importancia y trascendencia, “por lo que quedó firme la obra que conecta la parte sur con la parte poniente” de la ciudad, afirmó. Aunque en su comparecencia en el Senado negó que haya actuado unilateralmente en el caso del personal, puesto que las decisiones “las toma de forma colegiada la Sala Superior”, además de que “ninguno de mis jefes me ha pedido que contrate a alguien de su familia”, el Tribunal enfrenta dos juicios promovidos por dos de sus exmagistrados que salieron durante la gestión de Esquivel y a quienes atribuye la información que se ha publicado sobre su gestión. En un escrito enviado al reportero, el magistrado en retiro Jorge Fernández Souza aseguró que Esquivel Mossa ha utilizado recursos judiciales para prolongar el juicio que interpuso para el cobro de su pensión como magistrado del Tribunal y evitar la reinstalación del magistrado Carlos Rebolledo. “Es absurdo el criterio de que todo derecho que deba de ser respetado por alguna autoridad, tenga que ser defendido necesariamente en tribunales, en este caso federales. El absurdo es aún mayor si quien tiene la responsabilidad de respetar la ley y no lo hace es quien preside un Tribunal”, señala. Agrega que la justicia federal le ha dado la razón, “aunque la presidenta del Tribunal interpuso un recurso de revisión, en la… lógica de prolongar el litigio”. La negativa a mi reclamo “sería por razones extrajurídicas”, dijo. En una breve comunicación al semanario, el magistrado Rebolledo desmintió que haya demandado al tribunal para pelear su pensión, como le dijo la magistrada Esquivel a Proceso: “Mi demanda es porque me obligaron a dejar el Tribunal a los 75 años, siendo que mi nombramiento es inamovible. Tengo sentencia del juez a mi favor y ratificada por el Tribunal Colegiado, por lo que es sentencia firme… La magistrada ha hecho todas las artimañas para no cumplir con la sentencia”. Atribuye su separación del Tribunal a haber votado contra la Supervía.