La violencia en Chile no cede. A las protestas populares se responde con una represión brutal. Tanto que organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya han señalado las “preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos”. Pero para Sebastián Piñera y su gobierno no valen esos argumentos, y aun se defienden aduciendo que no se ha empleado a fondo la fuerza del Estado. Y mientras la popularidad del mandatario cae en picada, diputados de oposición presentaron una acusación constitucional contra él, algo que nunca había ocurrido en el país sudamericano. VALPARAÍSO, (Proceso).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está cada vez más acorralado por organismos judiciales, políticos y de defensa de los derechos humanos, que han reaccionado contra los crímenes de Estado cometidos desde que empezó el “estallido social”, el 18 de octubre, tras el alza en el pasaje del Metro de Santiago. Pese a que lo ha negado, las fuerzas policiales y militares han matado, torturado y mutilado masivamente a la población chilena. “Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (policía uniformada)– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.” Esta es la conclusión del informe Chile: Política deliberada por dañar a manifestantes –que apunta a la responsabilidad de mando–, confeccionado por Amnistía Internacional (AI) y dado a conocer el jueves 21. En dicho reporte se sostiene que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan, para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual”. Al presentar el informe, la directora para las Américas de AI, Érika Guevara, afirmó que, “en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos”, las autoridades bajo el mando de Sebastián Piñera “han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”. Guevara afirmó que la responsabilidad penal de estos crímenes “no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo”, indicando que, para garantizar que haya justicia y los crímenes no se repitan, se necesita “sancionar a aquellos mandos superiores que, aun con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. En el informe se destaca que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2 mil 300 han resultado lesionadas, de las cuales más de mil 400 presentan heridas por arma de fuego. Según estadísticas actualizadas del Colegio Médico, ya son casi 300 las personas con trauma ocular severo, fruto de disparos o golpes propinados por la policía, lo que constituye un triste récord mundial. Asimismo, AI subraya en su investigación que el Ministerio Público ha tomado razón “de más de mil 100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos”. El gobierno de Chile respondió al informe de AI –el mismo día en que fue emitido– por conducto de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Ella leyó una declaración en el Palacio de La Moneda sin aceptar preguntas. Rechazó “categóricamente” el informe de AI y aseguró que “la única política que ha tenido el gobierno es la de la protección de los derechos humanos”. Recabarren aseguró –sin mostrar pruebas– que el citado informe “incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente”. El mismo jueves 21 la Aviación, la Armada y el Ejército emitieron una inusual declaración conjunta en la que rechazaron “categóricamente” el citado reporte, asegurando que “no es cierto” que mientras rigió el estado de emergencia (18 al 26 de octubre) las Fuerzas Armadas actuaron con la intención de dañar a quienes se manifestaban. “Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo”, aseguraron. Esta declaración fue autorizada por el ministro de Defensa, Alberto Espina. El martes 26 el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se entrevistó en La Moneda con Piñera. A él le entregó el informe que su organización preparó en las semanas previas tras la visita de una misión especial a Chile. “Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y que deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, afirmó Vivanco tras la reunión. En su informe, HRW subrayó la comisión de abusos sexuales a mujeres. “Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa”. HRW recabó pruebas que evidencian que Carabineros “utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. “Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto”, indicó. Esta ONG informó que, entre el 18 de octubre y el viernes 22, los servicios de urgencias médicas de Chile atendieron a 11 mil 564 personas con heridas relacionadas con las manifestaciones, según le informó el Ministerio de Salud. De estas, más de mil 100 presentaban lesiones moderadas o graves. Diversas fuentes consultadas por este corresponsal señalan que esas cifras se quedan en extremo cortas en relación con los números reales. Esto se explica por el hecho de que hay muchos heridos que no se atienden en recintos hospitalarios ante el temor de ser detenidos o perseguidos por la policía. Además muchas víctimas han sido trasladadas a recintos privados que no llevan estadística diferenciada de los afectados en protestas. Vivanco aseguró que los deficientes sistemas internos de control de los carabineros “facilitaron que se produjeran graves violaciones a los derechos de muchos chilenos”. Pese a sus semejanzas, hay un punto no menor en que el informe de HRW difiere de lo planteado por AI. Mientras este último organismo apuntó al mando político como responsable de los crímenes, HRW puntualizó que deben ser los tribunales quienes determinen las culpabilidades. Este elemento dio pie a que el gobierno acogiera de mejor forma –y hasta tergiversara– lo planteado por la ONG estadunidense. “Human Rights Watch ha desestimado la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes”, sostuvo Recabarren. En entrevista con Proceso, el historiador, sociólogo y experto en derechos humanos Felipe Portales señala que la reac­ción gubernamental a los informes en derechos humanos ha sido de “impotencia disfrazada”. Explica: “No está dispuesto a reconocer públicamente que no manda efectivamente a los militares y a la policía uniformada (Carabineros). Por lo tanto, ha tendido a minimizar los hechos, caracterizándolos de ‘excesos’ aislados. Y recientemente se ha limitado a pedirle a Carabineros (que luego del fin del estado de emergencia ha monopolizado el ejercicio de la represión) que modifique sus protocolos con el fin de hacer más ‘benigna’ la represión”. A juicio de Portales, lo que debe hacer el gobierno es solicitar del Congreso “una urgente” modificación de la Constitución y de las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros “para que éstas vuelvan a estar claramente subordinadas a las autoridades civiles, como sucede en todos los países ‘normales’”. Además propone, como posible salida a la crisis, que el Ejecutivo “acceda a la aspiración ampliamente mayoritaria de la sociedad chilena de sustituir el modelo extremadamente neoliberal que impuso a sangre y fuego la dictadura de Pinochet; y que luego la centroizquierdista (en el papel) Concertación por la Democracia legitimó, consolidó y perfeccionó… pacíficamente”. La violencia continúa Sin importar los informes de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos, ni menos la reprobación ciudadana, el cuerpo de Carabineros sigue cometiendo crímenes horrendos que ya se han vuelto cotidianos. Este martes 26, en medio de una huelga general convocada por la Mesa de Unidad Social –que congrega a organizaciones sindicales, territoriales, feministas y ecologistas movilizadas contra el modelo neoliberal–, la represión fue feroz. En la jornada circularon profusamente en redes sociales imágenes de golpizas brutales; disparos de policías a manifestantes, algunos de ellos por la espalda; y arrollamientos con vehículos blindados. En la comuna de San Bernardo (Región Metropolitana) ocurrió el hecho más lamentable. Cuando comenzaba la noche, Fabiola Campillay, de 36 años, se dirigía a tomar un autobús para ir a su trabajo. De pronto, sin mediar provocación alguna ni nada que lo justificase, un carabinero irrumpió en su camino y le disparó a quemarropa una bomba lacrimógena, desfigurándole el rostro y provocándole –a la postre– la pérdida total de la vista de los dos ojos. Según relató al canal Megavisión una hermana de la víctima (testigo del hecho), ella le pidió a los policías que la atacaron que la ayudaran en vista de que su hermana se desangraba en el suelo. Pero estos, en vez de hacerlo, arrojaron otra bomba química –tipo granada– a un costado de la mujer que agonizaba…. Luego se fueron. Como ha sido la tónica desde el inicio de la revuelta, el cuerpo de Carabineros se ha ensañado con adolescentes y niños. Este miércoles 27 el INDH presentó una querella en Punta Arenas (Región de Magallanes) por apremios ilegítimos perpetrados contra un menor de tres años que resultó lesionado luego de que su padre –a quien acompañaba– fue detenido por los carabineros durante una manifestación el domingo 10. Este martes 26, efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas al Colegio San Francisco de la santiaguina comuna de San Ramón, provocando escenas de pavor entre infantes que corrían despavoridos huyendo de los tóxicos químicos usados por la policía chilena. Presidente indolente Los saqueos e incendios, que se extienden por todo el país y afectan a iglesias, hoteles, plazas de peaje, supermercados, son aprovechados por los grandes medios para intentar desvirtuar las protestas, menguar su apoyo entre la población y justificar el aumento de la represión, coinciden diversos analistas. En medio de la caótica situación que se vive en el país, a mediodía del miércoles 27 Sebastián Piñera se presentó ante los medios acreditados en La Moneda. Había expectativa: después de todo, en un país tan extremadamente presidencialista como el chileno, el jefe de Estado es la única persona con poder para reconducir, por sí solo, su destino. No obstante, fue todo decepción. Sin aceptar preguntas, leyó una declaración en la que respaldo a los Carabineros y puso énfasis en la gravedad de los desórdenes públicos, dejando en segundo plano las violaciones a los derechos humanos y las demandas ciudadanas por cambios estructurales en el modelo de desarrollo. “Todos debemos unirnos y condenar categóricamente la violencia en Chile, sin ninguna ambigüedad ni tibieza”, indicó. Además urgió al Congreso Nacional a aprobar a la brevedad los proyectos de ley “antiencapuchados”, “antisaqueos” y “antibarricadas”, promovidos por su administración. Cabe consignar que las encuestas señalan que la aprobación del presidente de Chile oscila entre 9 y 12%. El rechazo a su gobierno va en torno a 85%. Como sea, el proceder represivo de su gestión ya le está pasando la cuenta a Piñera.. El miércoles 6 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella en su contra por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 19 de octubre, cuando decretó el Estado de Emergencia. Esta acción fue presentada por un grupo de 16 abogados encabezados por el jurista Óscar Castro. La investigación quedó a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Por otra parte, el martes 19, 10 diputados de oposición presentaron una acusación constitucional contra el jefe de Estado, la que ya se encuentra en trámite. Esta requiere de la aprobación de la mayoría de los diputados y de dos tercios de los senadores para alejar del poder a Piñera. Cabe hacer notar que es la primera vez en la historia de Chile que el Parlamento acusa constitucionalmente a un presidente. El arrinconamiento de Piñera y su gobierno cruza con holgura las fronteras. Expresión de esto es que Francia rehusó dar al gobierno de Chile asesoramiento sobre métodos para mantener el orden, rechazando una solicitud en ese sentido planteada y anunciada por el presidente. La información la dio a conocer la agencia de noticias France Press este miércoles 27. Lo hizo citando fuentes policiales francesas que no especificó: “En este momento no estamos cooperando con las autoridades de Chile sobre asesoramiento sobre métodos para mantener el orden, y todos los proyectos que puedan haberse planificado están pospuestos”. Este reportaje se publicó el 1 de diciembre de 2019 en la edición 2248 de la revista Proceso