El 9 de junio de 2018, una civil que impartía clases de inglés en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina fue presuntamente violada por un cabo de la dependencia, luego de varias semanas de acoso. Aun cuando la afectada interpuso su queja ante las autoridades navales y civiles, éstas, afirma, sólo la revictimizaron. El caso lo conoció desde septiembre de ese año el almirante José Rafael Ojeda Durán, entonces inspector y contralor general de la Semar y hoy titular de la secretaría, pero lo dio por cerrado a principios de noviembre. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 11 de diciembre de 2018 el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, envió una carta al titular de la Secretaría de la Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, en la que le pedía atender el caso de una maestra de inglés acosada y violada sexualmente en junio de ese año por un cabo adscrito a la dependencia. El almirante tenía 10 días en el cargo cuando recibió la petición “con carácter de urgencia”. El 11 de enero de 2019, cuando el gabinete de seguridad defendía la creación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, la madre de la agraviada –a quien se identifica como Claudia– interrumpió la audiencia y se dirigió a Ojeda Durán: “Después de la violación, mi hija ha sufrido mucha violencia de género dentro de las instalaciones de Marina y lo último que le hicieron en diciembre fue cancelarle las terapias psicológicas… ¡Le suplico justicia! ¡Si quiere que lo haga de rodillas, lo haré!”. Con rostro serio, el titular de la Semar tomó el micrófono y le contestó: “Si me permite, señora, yo la recibo y vemos su caso con todo gusto. Y se va a aplicar la ley con toda transparencia y a fondo”. Los diputados y el mismo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aplaudieron al almirante. Ojeda Durán conocía el caso de Claudia desde septiembre de 2018 y el 5 de noviembre siguiente, cuando era inspector y contralor general de la Semar, tras recibir el documento D/:2271/SG.DQP.499/2018, determinó que la dependencia “no era competente” para hacer la investigación sobre la conducta delictiva del cabo agresor ni para ordenar medidas cautelares por la seguridad de la víctima; mucho menos para repararle el daño. Incluso catalogó el caso como “asunto concluido”, según la copia del documento consultado por la reportera. Hoy, expone la víctima, el agresor está libre, pues aunque fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) en agosto pasado, sólo estuvo unos días en el reclusorio. El juez Joel de Jesús Garduño ­desestimó las pruebas de acoso y el dictamen médico que probaba la violación ­sexual y lo liberó. Según Garduño, Claudia es “problemática” y presentó la denuncia sólo por vengarse del cabo al haber difundido éste sus fotos en un chat. Para la denunciante, esa opinión la revictimiza. Ella está desempleada y padece ansiedad y estrés postraumático, lo que la obliga a tomar medicamento psiquiátrico, que compra con el dinero que le regalan. En entrevista con Proceso, comenta que no pudo continuar su terapia psicológica en el Hospital Naval y dice estar decepcionada del sistema de justicia de la Semar: “Está diseñado de una manera que la víctima es constantemente revictimizada y empodera y defiende al agresor”.

Acoso sistemático

La pesadilla de Claudia inició a principios de mayo de 2018, cuando impartía clases de inglés en el turno vespertino en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), ubicado en Calzada de la Virgen 1800, colonia Exejido de San Pablo ­Tepetlapa, alcaldía Coyoacán. Las autoridades escolares ordenaron a los profesores crear grupos de Whats App para tener comunicación académica con los alumnos. Sin embargo, uno de ellos, de grado tercer maestre e hijo de Melesio Cabrera Vaca, jefe de Departamento de Idiomas del Centro –y cuyo nombre ella pidió reservar por temor a más represalias–, comenzó a enviarle mensajes personales: la invitaba a salir y a tener relaciones sexuales a cambio de ayudarle a ascender formalmente en la institución, pues ella sólo tenía contratos trimestrales por honorarios y no pertenecía a la Semar. Claudia asegura que rechazó las invitaciones y reportó el caso al vicealmirante Hilario Durán Tiburcio, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Uprodehu) de la Semar. Para atender el caso, y según las normas de la dependencia federal, le fueron asignados dos consejeros: el capitán de navío Alfonso Carrillo Mendoza y la teniente de corbeta Viridiana Volante Facio. De manera inusualmente rápida y para no dejar crecer el escándalo por acoso y hostigamiento sexual, que según la víctima incluyó agresiones físicas, el maestre fue separado de su grupo y del Cesnav, y Claudia continuó trabajando. Sin embargo, a los pocos días otro alumno, un cabo del Servicio de Ingenieros de la Armada escala albañil –cuya identidad está reservada en el juicio a petición de él mismo– incurrió también en acoso contra Claudia dentro y fuera de las instalaciones navales. Ella afirma que le hacía invitaciones directas para tener relaciones sexuales. De los mensajes, denuncia la profesora, el acosador pasó a las llamadas telefónicas con groserías, amenazas y burlas, aun cuando ella desde el principio lo rechazó. De acuerdo con una relatoría que Claudia entregó al entonces titular de la Semar, Francisco Soberón, con copia al entonces contralor Ojeda Durán, cuando acudió a sus consejeros para reportar la situación, ellos le dijeron que “no era posible que tan rápido estuviera metida en otro problema”. Sostiene que le negaron su derecho a recibir un formato “C” –utilizado para continuar con la denuncia–, según los protocolos internos de la dependencia. Desde ese momento empezó a sentirse indefensa, dice. Claudia asegura que en una clase el cabo le tomó fotografías por la espalda dentro del salón y publicó una de ellas en un grupo de Whats App, acompañada de comentarios que insinuaban que habían tenido relaciones sexuales, y se burlaba de su físico. Las imágenes y el diálogo que el agresor tuvo con otras personas fueron difundidos también entre los alumnos del grupo, según la copia de esas imágenes consultada por la reportera. Tras la negativa de ayuda de sus consejeros, Claudia acudió al capitán David López Ortiz, subdirector de Posgrados de Ciencias, Humanidades e Idiomas, quien le recomendó exponer su caso en el área jurídica, pues él “no quería una demanda por parte del cabo, quien tenía derechos humanos que no podían ser violentados”. Claudia refiere que al final López Ortiz le dijo que presentara su denuncia ante un Ministerio Público (MP) porque en Marina “no podían ayudarla”.

La presunta violación

El cabo fue dado de baja del curso de Claudia el 6 de junio con el argumento de que había faltado cinco veces de manera injustificada. No obstante, a ella le entregaron un escrito en el que le indicaron que la expulsión se debió al acoso que denunció. El cabo fue enviado por un tiempo a Sonora como comisionado, pero regresó. Claudia narra que el 9 de junio, alrededor de las dos de la madrugada, él se presentó en su casa para “aclarar” lo de la fotografía y los chats. “Entró y me violó; me golpeó y amenazó con matarme si decía algo de la violación”. De acuerdo siempre con la versión de la profesora, ella huyó en un descuido del agresor, encontró una patrulla y pidió ayuda a los policías, quienes la llevaron junto con él a una agencia del Ministerio Público, donde no había médico legista que revisara las lesiones de Claudia. El encargado pidió a los policías que llevaran a las dos personas a la Fiscalía de Delitos Sexuales, pero como el presunto agresor les advirtió que era militar y tenía “palancas”, terminaron en un Juzgado Cívico. Afuera de las instalaciones, frente al presunto violador, los uniformados le recomendaron a Claudia que conciliara: “No, amiga –le dijo uno–, sí se pasó con todo lo que te hizo; cachetéatelo delante de nosotros y vámonos a dormir”. Los oficiales y el victimario se fueron del lugar. Claudia cuenta que fue al Centro Médico Naval, en cuyo departamento de Urgencias le diagnosticaron “agresión sexual”, mordidas en los labios, golpes en las piernas y agresión psicológica. Permaneció internada una semana. Al salir, presentó su denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos de la Semar. Ahí le dijeron que como la violación se cometió en la vía pública, no les correspondía atender el caso y le pidieron que interpusiera su denuncia ante el MP. Así lo hizo y la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales abrió la carpeta de investigación CI-FDS-2/UI-FDS-2-02/00395/06-2018 por abuso sexual. Ante el desinterés de la Semar, días después Claudia inició la queja 2018/5123/Q/Segunda Visitaduría /Directiva 3 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y otra más en la Fiscalía General de Justicia Militar, con número de expediente CI/FGJM/HOSGENAES-CDMEX/168/2018. También solicitó protección porque dijo que temía por su vida. Después interpuso otra querella en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a la Fiscalía General de la República (carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000 604/2018). Cuando Claudia volvió a la escuela a dar clases, el agresor siguió acosándola. Se acercaba al salón, la miraba desde la ventana y fingía tomarle fotos con su celular. Peor aún, las autoridades asignaron al cabo a la obra de un edificio cercano al Cesnav, donde ella impartía clases. Ambos se encontraban con frecuencia en el camino. El cabo continuó enviándole mensajes por redes sociales. En agosto de 2018 el teniente Daniel Rebollar Ortega, del Ministerio Público Militar, emitió una medida cautelar consistente en prohibir al cabo acercarse a Claudia, pero éste la ignoró y amenazó a la profesora con darle “otro revolcón”. Ella pidió protección a las autoridades de la Semar, pero no se la otorgaron, aun cuando, dice, el 23 de junio de 2014 el cabo fue sometido a un juicio de honor por uso de drogas en las instalaciones navales. Los directivos de la escuela sólo ­prohibieron el uso de chat entre maestros y alumnos. El almirante José Héctor Orozco Tocavén, director de Áreas Tecnológicas, Humanidades, Idiomas e Investigación, avaló la medida para, según él, no repetir casos de “involucramientos románticos”. Con esa expresión, subraya ella, de nuevo la revictimizaron. El periodo escolar terminó; para el siguiente, el Cesnav ya no la recontrató. Le dijeron que no había plazas, aunque ella siempre había trabajado por honorarios. Desesperada, el 15 de octubre pasado Claudia envió una carta a la Presidencia de la República para pedir ayuda, pero su caso fue remitido a la Semar, justamente donde han desdeñado su caso.

“Asunto concluido”: Ojeda

Las exigencias de justicia por parte de Claudia, entre ellas castigo para su agresor y para las autoridades omisas de la Semar, llegaron hasta el escritorio del entonces inspector y contralor general, José Rafael Ojeda Durán, el 21 de septiembre de 2018. Para el 5 de noviembre, un mes antes de asumir el cargo como titular de la Semar y en relación con el expediente 10C.9.1.1.161/2018, el almirante respondió a la víctima que los directivos a quienes ella denunció no infringieron la disciplina naval; por el contrario, le dijo, actuaron conforme a los protocolos. Este argumento se encuentra en el oficio D/:2271/SG.DQP.499/2018 consultado por Proceso. Ojeda Durán también le dijo que el delito de violación no era competencia de la Semar, sino del MP; incluso le enfatizó que el cabo agresor no estaba en el ejercicio de sus funciones en la Semar cuando cometió el delito, por lo que la denuncia debía hacerse ante el MP federal. De las medidas cautelares que Claudia pidió, el funcionario le respondió que no era competencia de la Marina otorgárselas, sino de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. La misma razón le dio en cuanto a su demanda de reparación del daño. Al final del documento, Ojeda Durán aseguró: “Por todo lo expuesto con anterioridad y al haberse dado respuesta a los escritos de quejas citados en el presente curso, este organismo los tiene por atendidos y, en consecuencia, da por concluido el presente asunto”. El 21 de diciembre siguiente, la profesora se reunió con personal de derechos humanos de la Semar y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con cuya mediación se acordó que la Semar seguiría dándole atención psicológica y médica. La comisión puso énfasis en la importancia de la reparación del daño, que incluye una disculpa pública, su recontratación y el respeto al debido proceso con perspectiva de género. Sin embargo, la Semar desdeñó por completo estas recomendaciones. Peor aún: el jueves 26 Claudia recibió un correo electrónico en el que la dependencia le informó sobre la cancelación de las terapias y le sugirió pedir atención en la CEAV. Pero, como ella insistió, la Marina accedió a continuar con el apoyo, pero no en el Hospital Naval. El 28 de enero de 2019, 17 días después de que en la Cámara de Diputados la madre de Claudia le suplicó atender el caso, el titular de la Semar accedió a recibir a la señora y a la diputada federal del PT Dionicia Vázquez García, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para tratar el caso. La cita fue hecha por correo electrónico. La condición: que sólo asistieran ellas dos. Sin embargo, también Claudia acudió y se enfrentó con un discurso muy distinto del almirante: “Me reclamó que yo por qué andaba poniendo el nombre de la Marina de boca en boca. Me dijo que no me podían devolver la terapia psicológica en el Hospital Naval porque no soy derechohabiente, aunque yo sé que sí hay gente que tampoco lo es y recibe atención. “La diputada le recordó al secretario que él se había comprometido a tener buena disposición. Él respondió que sí podía negociar con la diputada, pero que ya no quería ver nada conmigo y que aquí (en mi caso) no se había cometido ninguna injusticia.” Ahora, ya con la asistencia de una abogada del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, Claudia insiste en que se haga justicia ante las múltiples violaciones a sus derechos humanos, así como por la discriminación, negligencia y omisión de la que ha sido objeto de parte de distintas autoridades de la Semar. “Desde que denuncié a mi agresor –dice–, en la Semar se han dedicado a empoderarlo. Si se hubieran tomado las medidas adecuadas (lo pudieron haber mandado de comisión o lejos de mí, sin violentar mis derechos humanos), no hubiera sucedido lo que me sucedió.” Este reportaje se publicó el 29 de diciembre de 2019 en la edición 2252 de la revista Proceso