Cuando Sebastián Piñera decretó un aumento significativo al pasaje del Metro, inflexible ante el descontento de distintos sectores de la población, subestimó a la sociedad de su país. El abandono del sistema de salud, la injusticia de la política tributaria, la impunidad de los empresarios y políticos corruptos, además de las raquíticas pensiones, entre otros males, sólo requerían del arrojo de la juventud, que salió a las calles, enfrentó la feroz represión y unificó todas esas causas hasta desbordar la capacidad de reacción del gobierno. VALPARAÍSO.- El lunes 7 de octubre, cuando un nutrido grupo de estudiantes del tradicional Instituto Nacional (IN) ingresó a la estación Universidad de Chile, del Metro de Santiago, en rechazo a la enésima alza del pasaje decretada por el gobierno del derechista presidente Sebastián Piñera, Chile era una caldera a punto de explotar. Los “institutanos”, que cargaban con la rabia de haber sido perseguidos inmisericordemente desde que Piñera asumió el poder en marzo de 2018, sacaron el conflicto de sus aulas y lo llevaron al espacio público. Al hacerlo, activaron la chispa que haría explotar en mil pedazos el modelo neoliberal chileno, que hasta el estallido de esta crisis era presentado por la prensa internacional y los organismos multilaterales como “un ejemplo” mundial de desarrollo económico. Todo era una gran mentira. En los meses previos al estallido social, el IN –donde se han formado 18 presidentes de Chile y uno de Perú– fue objeto de feroces cargas policiales que incluyeron golpizas a niños en sus propias aulas. Los institutanos, junto a estudiantes de otros liceos “emblemáticos”, habían encabezado el rechazo a la ley “Aula Segura”, promulgada por Piñera en noviembre de 2018. Esta, en los hechos, criminaliza la participación política de los estudiantes al facultar a los directores a expulsar a quienes “estén involucrados en actos violentos y que causen daños a la institución o generen algún perjuicio a quien forme parte de ella”. El lunes 14 eran miles los estudiantes de secundaria que ingresaban sin pagar e invitaban a otros usuarios del Metro a hacerlo. La consigna “¡El pueblo unido jamás será vencido!” acompañaba las acciones. El gobierno dispuso cientos o miles de efectivos policiales para neutralizar la protesta, pero de nada sirvió. Tampoco, que el Metro restringiera el paso de los secundarios ni que cerrara las puertas de ingreso a las estaciones. La mañana del miércoles 16 un centenar de personas, sobre todo adultos, pero liderados por secundarios, empujó hasta derribar las puertas metálicas que impedían el ingreso a la céntrica estación Plaza de Armas. Un día después, un nutrido grupo de secundarios arrasó con las rejas de la estación Santa Lucía. El puñado de carabineros que la custodiaba nada pudo hacer. Una vez que las niñas y adolescentes saltaron los torniquetes de pago, gritaron: “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”. Escenas como estas se repitieron varias veces esos días y se viralizaron en las redes. La clase política reaccionó a esta sublevación con más castigos. El miércoles 16, la Cámara de Diputados aprobó en su trámite final la ley de “detención por sospecha”, dirigida contra los adolescentes, promovida por el Ejecutivo y con el respaldo parlamentario de la Democracia Cristiana y del “opositor” Partido Radical, tal como ocurrió con Aula Segura. El viernes 18 los carabineros, que dependen del Ministerio de Interior, comenzaron a disparar a los estudiantes. El medio digital Piensa Prensa difundió, a las 19 horas, el video de una niña herida con un proyectil en la región púbica. Esto ocurría en la Estación Central de trenes. A la misma hora, tras reunirse de emergencia en La Moneda (sede de gobierno) con Piñera, el entonces ministro de Interior Andrés Chadwick Piñera, primo del mandatario, compareció ante los periodistas y anunció que se invocaría la Ley de Seguridad del Estado contra “todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del Metro de Santiago”. Chadwick nada dijo sobre las demandas planteadas ni menos de abrir espacios de diálogo. Mientras numerosos manifestantes eran atacados con armas de fuego, las barricadas e incendios se expandían por la ciudad. A las 20.30 horas de ese viernes se hizo sentir en Santiago con atronadora fuerza un cacerolazo convocado a través de las redes sociales, que también fue seguido masivamente en comunas acomodadas de Santiago como Providencia y Las Condes. En los días siguientes el caceroleo fue aún más fuerte y se ha mantenido hasta ahora como símbolo y herramienta principal de las manifestaciones ciudadanas. Al finalizar el viernes 18, el edificio institucional de la transnacional energética italiana Enel se incendió. No se sabe si fueron manifestantes o un autoatentado. Dos decenas de unidades del transporte colectivo corrieron la misma suerte esa noche. El cinismo Mientras Santiago ardía, Piñera celebraba el cumpleaños de un familiar comiendo pizza en el restaurante Romaria, en la elegante comuna de Vitacura. Esto lo supo la ciudadanía gracias a las redes sociales. La indignación creció. Pasadas las 23:30 horas, el mandatario volvió a La Moneda y comunicó en cadena nacional de radio y televisión que había decretado el estado de emergencia, con lo que se entregaba la seguridad de la capital a los militares. “Ese fue el peor error que pudo cometer”, “fue como tratar de apagar el fuego con bencina”, señalaron a este corresponsal manifestantes consultados al respecto. Desde esa noche y por varios días, decenas de estaciones de Metro, supermercados, oficinas de empresas concesionarias de servicios básicos y plazas de peaje fueron incendiadas por multitudes de manifestantes. Un centenar de tiendas de la cadena Walmart fueron saqueadas y una veintena de ellas ardieron por completo. Existen numerosas denuncias –algunas en video– sobre la pasividad de las fuerzas policiales y militares ante la destrucción de servicios estratégicos como el Metro y de los supermercados. Según cifras oficiales, 118 de las 136 estaciones del Metro de Santiago sufrieron daños; 25 fueron incendiadas parcialmente y siete en su totalidad. La Dirección del Metro ha calculado los daños en 380 millones de dólares. El gobierno decretó toque de queda en Santiago la noche del 19. Éste se expandiría por casi todo el país en los días siguientes, pero la restricción de la circulación fue masivamente desobedecida en todo Chile. El sábado 19 las manifestaciones ya alcanzaban todo el territorio nacional. “No es por 30 pesos (lo que subió el pasaje del Metro), es por 30 años”, gritaban las multitudes descontentas en alusión al largo periodo de la transición a la democracia, iniciada en 1990, en la que se mantuvo e incluso profundizó el modelo económico que incrementó la desigualdad social. Dos mujeres que avanzaban por calle Brasil de Valparaíso aquel sábado 19 portaban camisetas negras con una frase en su espalda: “No es el Metro: es la salud, la educación, la luz, son las bajas pensiones, el sueldo de los parlamentarios, el perdonazo al empresario. Es nuestra vida y nuestro futuro. Despierta Chile”. En las redes sociales se difundió la imagen de una adolescente que levantaba alto con sus brazos una pancarta: “Por la salud de mierda que te dejó partir, Mamita; por ti”. “¡Pensé que iba a morir sin conocer a este día!”, expresó una mujer en la Plaza Aníbal Pinto, de Valparaíso. En los días fue evidente que había dos tipos de protestas: las multitudinarias y pacíficas; y las violentas, contra los símbolos del neoliberalismo y “la opresión del capital”, como dicen las pintas en las paredes. Paralelamente hubo saqueos masivos a todo tipo de comercios, lo que provocó caos –alimentado por los grandes medios– y desabasto. Presidente inflexible y autoritario Piñera no sólo dejó que el conflicto creciera. Según el estudio Pulso Ciudadano, de la consultora Activa Research, realizado los días 22 y 23 de octubre, el 58% de los chilenos estima que el gobierno no ha dado solución a los problemas planteados en las manifestaciones; un 37% afirma que lo ha hecho lentamente; y un 3% cree que lo ha hecho rápidamente. Asimismo, la aprobación al gobierno fue de 13.9%, contra 78.8% que lo desaprueba. Un 83.6% se manifestó a favor de las protestas ciudadanas. Más de 85% de los encuestados citaron como causas para movilizarse las siguientes: sueldos de los trabajadores; precios de los servicios básicos (luz, agua, gas); pensiones de los jubilados y desigualdad económica entre los chilenos. El sábado 19, con el descontento en auge, Piñera dio marcha atrás en el alza de la tarifa del Metro, pero ya nada detenía la erupción de rebeldía. A las 22.30 del domingo 20, desde la Guarnición Militar de Santiago, Piñera subió la apuesta: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”, declaró. El presidente chileno, cuya fortuna fue estimada por en la lista Forbes 2019 en 2 mil 888 millones de dólares (puesto 804 del mundo), añadió que Chile está “en lucha contra la violencia” y “la delincuencia”. La declaración de guerra de Piñera fue congruente con la represión a la protesta social. El 31 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que 700 personas fueron heridas por los uniformados, pero deben ser muchos más. Tan sólo los casos de trauma ocular severo registrados hasta el comienzo de esta semana era de 127 y la mayor parte de ellos derivará en pérdida de la vista. El 24 de octubre Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que enviaría a Chile una delegación para “examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, misma que ya está en el país. Amnistía Internacional (AI) hizo lo mismo. En entrevista con el canal de noticias 24 Horas, el martes 29 la investigadora de AI Pilar San Martín advirtió “indicios de graves violaciones a los derechos humanos, de uso excesivo de la fuerza, de posibles actos de tortura, de posibles detenciones arbitrarias, pero lo más importante es que lo vemos a un nivel masivo, y lo vemos durante una cantidad de tiempo muy sostenido, con consecuencias muy graves para la población”. Hasta ahora se han comprobado 23 muertes relacionadas con las protestas. Aunque no se aclara cuántos de estos casos son responsabilidad del Estado, el Ejecutivo oculta información. El martes 22 la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile informó que “las personas heridas y fallecidas superarían las cifras reconocidas por la autoridad”. La madrugada de ese martes el director del INDH, Sergio Micco, fue a la Posta Central de Santiago para conocer la situación de los heridos en las protestas, pero se le impidió el paso. Debió regresar con un juez para poder entrar. En el Servicio Médico Legal (SML) la opacidad es total. El mal manejo de crisis le pasó la factura a Piñera. El martes 29 le pidió la renuncia a ocho secretarios de estado, entre ellos Chadwick, a quien gran parte de los ciudadanos señalan como uno de los principales responsables de la represión. El día anterior, parlamentarios del Partido Comunista y del izquierdista Frente Amplio anunciaron que impulsarán un juicio político contra Piñera. En tal circunstancia, el 30 de octubre Piñera anunció que cancelaba las cumbres de la APEC y del cambio climático de la ONU, programadas para noviembre y diciembre. La sorpresa El estallido social tomó al sector privilegiado por sorpresa, pese a todo. El titular del derechista diario La Tercera el domingo 20 fue: “La crisis que nadie previó”, y en su editorial sólo admite que la situación “es la consecuencia más evidente de la desconexión que existe entre la clase política y las reales preocupaciones de la población”. Lo cierto es que los gremios de la salud ya estaban movilizados ante el abandono gubernamental del sistema de salud. El ministerio del ramo difundió el 1 de agosto que en 2018 fallecieron 25 mil 981 personas esperando ser atendidas en hospitales públicos. Por otro lado, según un informe de Fundación Sol, el 87% de los hombres y 94% de las mujeres recibe de las administradoras de Fondos de Pensiones jubilaciones inferiores a 154 mil 304 pesos, equivalentes a 209 dólares, con el agravante de que las grandes cadenas de farmacias y de supermercados se coluden para encarecer medicamentos y alimentos. Chile es el país con peor distribución de la riqueza entre los miembros de la OCDE. “El 1% más rico, que concentra el 33% de los ingresos, en términos proporcionales paga menos impuestos que los sectores medios y los hogares vulnerables”, señala un reporte de Fundación Sol que se dio a conocer tras la explosión de inconformidad. Pese a esta delicada situación, Piñera impulsa en el Congreso Nacional una reforma tributaria que haría aún más injusta la repartición de la riqueza. Los economistas George Lambeth, Cristóbal Otero y Damián Vergara, en su artículo “Cómo y por qué el gobierno permitirá a las empresas no pagar impuesto corporativo” (publicado el 18 de julio en el sitio del Centro de Investigaciones Periodísticas), explicaron que dicha reforma provocará que la tasa efectiva de tributación sea de 0% para todas las empresas, además de que “baja el impuesto que pagan sus dueños y aumenta la posibilidad de éstos de evadir o eludir sus obligaciones” personales. Antes de que se generalizaran las manifestaciones, ya se habían movilizado muchas comunidades rurales para exigir la derogación del Código de Aguas, impuesto en 1981 por el régimen de Pinochet y que implica la entrega gratuita del líquido a un grupo de oligarcas, a expensas de los campesinos y la población general. La única respuesta del Estado fue la represión. El domingo 20 el influyente periodista de CNN Chile Daniel Matamala publicó en su columna: “Desde el poder se cataloga de ‘delincuente’ a quien evade un pasaje de 830 pesos, pero jamás se ocupará tamaña palabra para referirse a evasores como (Carlos) Délano y (Carlos) Lavín, quienes evadieron impuestos por 857 millones 084 mil 267 pesos cada uno”. Estos empresarios, muy cercanos a Piñera, cometieron delitos como sobornos a funcionarios y financiación ilícita de campañas políticas, además de evasión tributaria. Pero, con la complicidad de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos –cuando gobernaba la socialista Bachelet–, fueron sancionados en 2018 con una multa menor y la obligación de asistir a clases de ética. “Seamos claros –señaló Matamala en su columna–: fue esa élite la que rompió el contrato social al consagrar su propia impunidad, y al hacerlo tapó la olla, subió el fuego al tope y se tapó los oídos para no escuchar cómo el agua entraba en ebullición”. Este reportaje se publicó el 3 de noviembre de 2019 en la edición 2244 de la revista Proceso