A pesar del consenso que ha logrado en varios sectores la necesidad de que los productos procesados presenten información clara sobre sus componentes potencialmente dañinos (etiquetado frontal), la resistencia de los gigantes de la agroindustria está lejos de ser vencida. Para resistirse a la medida legislativa cuentan con operadores muy influyentes en el gobierno federal, ligados sobre todo al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante el riesgo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implemente un etiquetado frontal que advierta sobre los excesos de calorías, azúcar, grasas, sal y otros edulcorantes en sus productos ultraprocesados, la agroindustria inició el contraataque. El pasado 13 de noviembre Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé en México, exhortó a sus proveedores a presionar al gobierno federal para impedir la entrada en vigor del nuevo etiquetado, el cual pretende reducir el consumo masivo de estos productos, que hundió a México en una grave epidemia de obesidad y diabetes. En una carta dirigida a sus proveedores, Costa solicitó su “oportuna intervención” para “expresar a las autoridades federales nuestra preocupación por el proyecto de la norma para etiquetado”. Añadió que “en dicho proyecto se plantea calificar a distintos productos preenvasados como dañinos para la salud, al agregarles una advertencia de ‘Exceso de’ como parte de su envoltura, con la intención de desincentivar su consumo entre los mexicanos”. La carta, en poder de Proceso, muestra que la agroindustria –dominada por gigantes como FEMSA, Bimbo, Nestlé, PepsiCo y Gruma– teme las disposiciones de la NOM 051 que atacan sus estrategias de mercadotecnia, como una que prohíbe usar “personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos” en las cajas de productos no saludables, como las de cereales saturados de azúcares. “Su intervención en el caso es indispensable para evitar la destrucción de estas fuentes de empleo en momentos en que el panorama de la economía nacional es desafiante”, insistió Costa, cuyo grupo registró ventas en el país por 54 mil 656 millones de pesos el año pasado. Además de sus voceros y organizaciones oficiales, como el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conméxico) o la Fundación Mexicana para la Salud, la industria agroalimentaria cuenta con aliados en el gobierno federal, particularmente en la Oficina de la Presidencia de la República que encabeza el millonario Alfonso Romo Garza. Romo puso como plazo fatal a la agroindustria a más tardar el próximo 3 de diciembre para que lleve a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria una contrapropuesta a la norma del etiquetado actual, como lo muestra un intercambio de mensajes entre actores de la industria, que consultó Proceso. Más allá de su relación directa con el clan Garza Lagüera –su familia política, dueña de FEMSA– o de su amistad con algunos empresarios de la agroindustria, Romo tuvo vínculos comerciales con ese sector. En septiembre de 2011, por ejemplo, Romo selló una alianza por 15 millones de dólares con Grupo Nestlé y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, mediante la cual su empresa de biotecnología Agromod se comprometió a proveer 30 millones de semillas a 20 mil caficultores durante 10 años; Nestlé, por su parte, compraría el café de sus cosechas. En junio pasado Romo contrató a Rodrigo Alanís Urdiain –representante legal de Agromod desde agosto de 2018– como asesor jurídico de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia. En noviembre de 2017 Romo, a través de su empresa EnerAll, concretó un negocio multimillonario con Cargill, otro gigante trasnacional de la agroindustria que se dedica a proveer con materias primas a las empresas procesadoras de alimentos y bebidas y del sector farmacéutico. EnerAll y el grupo estadunidense inauguraron una planta de 140 millones de pesos en Tizimín, Yucatán, para procesar los graneles agrícolas de productores de la región, entre ellos la propia EnerAll. Si bien Romo renunció a la dirección de sus empresas cuando entró en el gobierno federal, en ellas permanecen sus socios –con los que armó sus negocios desde hace décadas– y familiares, lo que Carlos Urzúa Macías denunció en entrevista con Proceso en julio pasado, cuando renunció a la Secretaría de Hacienda. El próximo 10 de diciembre concluirá la consulta pública sobre el proyecto de etiquetado, y el sector privado adelantó que aportará evidencias sobre la inocuidad de los edulcorantes sobre la salud de los niños y del jarabe de maíz fructosa; además, señalará que una reducción en el consumo de comida chatarra y refrescos afectará al campo y a las pequeñas empresas. Hasta el momento el proyecto de norma elaborado en consulta con la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, obliga a las empresas a colocar en las envolturas de sus productos dañinos un octágono negro que dice “Exceso de”… calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio, según el caso. Y si los productos tienen edulcorantes o cafeína, el octágono debe tener la advertencia: “Evitar en niños”. En caso de tener un octágono, la norma prohíbe a la industria indicar que su producto obtuvo el “aval” de asociaciones médicas o que contiene propiedades nutrimentales –como “alto en minerales”– y le impide imprimir estímulos de mercadotecnia como personajes destinados a fomentar el consumo entre los niños. México detenta el macabro récord en tasas de sobrepeso y obesidad infantil: cuatro de cada 10 niños lo sufren, así como siete de cada 10 adultos. A la par, el país figura como el primer consumidor de refrescos y alimentos procesados del planeta, con 163 litros de bebidas azucaradas y 214 kilógramos de comida chatarra por persona cada año. Mientras las enfermedades derivadas de la obesidad y la diabetes causan la muerte de más de 200 mil personas al año, la agroindustria goza de cabal salud: Conméxico afirma que sus 45 empresas afiliadas generan ventas anuales equivalentes a 3.5% del PIB y emplean a 2.3 millones de personas. Operadores Aunque Romo no ha defendido públicamente la postura de la industria en el etiquetado, lo hizo uno de sus allegados: José Manuel Madero Garza, primo lejano del magnate, hijo del empresario regiomontano Enrique Madero Bracho, tío segundo de Romo y exmiembro del Consejo Directivo del Grupo de Embotelladoras Coca-Cola en el Pacífico. En su perfil de Linkedin, Madero Garza se ostenta como “asesor honorario de la Oficina de la Presidencia de la República” –es decir, de Romo– desde marzo pasado. También aparece como integrante propietario del consejo de administración de Vector, la casa de bolsa de Romo. En los últimos cuatro años Madero dirigió Bepensa, la principal embotelladora de Coca-Cola en el sur del país. Durante los ocho años anteriores tuvo un alto cargo en la transnacional Monsanto –a la que Romo vendió su empresa Seminis por mil 500 millones de dólares en 2005– y, entre 1997 y 2006, Madero fue empleado de Romo en Grupo Pulsar y Seminis. El pasado 23 de julio Madero y el cabildero Antonio Michel Díaz acudieron a una reunión del grupo de trabajo que elaboró la norma sobre el etiquetado: en representación de la Presidencia de la República, trataron de deshacer la iniciativa, que tacharon de “prácticamente ideológica”, y negaron que el etiquetado fuera a tener efecto sobre la salud o la obesidad. Según los mensajes que consultó este semanario, José Manuel Madero Garza recibió la contrapropuesta de la industria en materia de etiquetado. Si bien se presenta como “asesor honorario” de la Oficina de la Presidencia de la República, Madero Garza no aparece en la nómina del gobierno federal y en la Plataforma Nacional de Transparencia no figura ninguna persona contratada en la Presidencia bajo la figura de honorarios. La razón: Madero Garza forma parte del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico (Cofinece), una instancia dirigida por Romo, que López Obrador creó mediante decreto presidencial el pasado 17 de mayo. Según este decreto, la Cofinece funge como “instancia de vinculación al Ejecutivo federal” con el sector privado, y tiene entre sus atribuciones la de “coadyuvar en la planeación, diseño y coordinación de las acciones del sector público, privado y social, a fin de promover la inversión, fomentar el desarrollo económico y fortalecer las fuentes de empleo en el país”. El decreto establece que, además de los representantes de nueve secretarías de Estado, la Cofinece está formada por “un mínimo de 30 integrantes de los sectores privado, empresarial, social y académico”, quienes “serán invitados por el presidente del consejo”, es decir, por Romo. Desde su integración, Romo ha manejado la Cofinece de manera opaca; tiene una cuenta de Twitter activa, pero su nómina no es pública ni lo son sus reuniones o acciones. Proceso encontró que, además de Madero Garza, Romo nombró “asesor honorario” en la Cofinece a Héctor González Treviño, quien fue director jurídico de Grupo Plenus –de Romo– entre 2004 y 2018, y como tal ha sido representante legal de decenas de empresas, como Agromod o EnerAll; es, además, consejero suplente de Vector, Casa de Bolsa, todas ellas de Romo. En agosto pasado la revista Expansión publicó un reportaje sobre el Cofinece, en el cual señaló que, como parte de sus atribuciones en este consejo, Romo encargó una misión en Tabasco a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México y director general de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, quien a su vez forma parte del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador. Vínculos duraderos En julio pasado, mientras la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados discutía sobre el etiquetado en la Ley General de Salud, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, postulada por Morena, trató de torcer el proceso: propuso un artículo transitorio que permitía a la Cofinece encabezar la elaboración de la norma. La propuesta de Clouthier consistió en que la Cofinece, junto con las secretarías de Salud y de Economía, formaran un “grupo multidisciplinario” de legisladores, representantes de la industria y académicos para definir el etiquetado, lo que despertó alarmas en organizaciones como El Poder del Consumidor, que denunció un intento de introducir al sector privado en un asunto de salud pública. La propuesta fue rechazada. Clouthier no sólo fue empleada de Romo –dirigió en 2018 la Preparatoria de la Universidad Metropolitana de Monterrey, que pertenece al magnate–, sino que en mayo de 2005 ella fue una de las 61 personas que se adhirieron al movimiento Opción Ciudadana, el grupo político que formó Romo con miras a competir en las elecciones de 2006. Entre los firmantes destacaban políticos como Esteban Moctezuma Barragán –actual secretario de Educación Pública y entonces presidente de la Fundación Azteca, de Salinas Pliego–, así como Alejandro Gertz Manero, ahora fiscal general. También figuraban empresarios vinculados a la agroindustria, como Roberto y Daniel Servitje, del grupo Bimbo, y los Madero Bracho. Dos políticos priistas se sumaron al proyecto político de Romo: el exgobernador zacatecano Genaro Borrego Estrada y Roberto Campa Cifrián. Ambos asumieron la dirección de Asuntos Corporativos de FEMSA –su rama de cabildeo–: el primero entre 2007 y 2019, y el segundo desde febrero pasado. Si bien Unión Ciudadana no prosperó, los vínculos de Romo con el grupo empresarial continuaron en la fundación Empresarios por la Educación Básica (Exeb), creada en 2006 por Enrique Madero Bracho y dedicada a difundir su Modelo de Autogestión Escolar, que alienta a las instituciones educativas a “gestionarse a sí mismas, como si fueran empresas”, según su sitio en internet. En el informe anual 2019 de Exeb, publicado el pasado miércoles 20, Romo aparece como integrante del Consejo de Patronos, mientras que su hijo, Alfonso Romo Garza Lagüera, forma parte de su Comisión Consultiva. En el Consejo de Patronos también aparece un grupo de poderosos empresarios de la agroindustria: Daniel Servitje Montull, de Bimbo; Eduardo Tricio Haro, de Grupo Lala; José Antonio Fernández Carbajal, de FEMSA; Francisco Javier Bours Castelo, de Bachoco; Eugenio Clariond Reyes Retana, integrante del consejo de administración de Grupo Xignux; y Eduardo de la Vega Echavarría, de Zucarmex. Entre los consejeros honorarios pro tempore de la organización figuran Esteban Moctezuma y Marcos Antonio Bucio Mújica –éste, subsecretario de Educación Básica–, así como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex. Este reportaje se publicó el 24 de noviembre de 2019 en la edición 2247 de la revista Proceso