Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), que durante las pasadas tres administraciones federales recibieron infinidad de contratos que les redituaron ganancias millonarias, comienzan a desmoronarse. Hoy, esa corporación, que tiene en su nómina a 23 mil 792 elementos, sólo tiene seis contratos que terminarán en diciembre próximo, por lo que su futuro es incierto. Los intentos por indagar la forma en que obtuvieron sus fondos han fracasado hasta ahora. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El primer semestre de 2019 los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) comenzaron a perder los contratos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto. De los 17 que firmaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –por un total de 85 millones de pesos, según una consulta en la plataforma Compranet– sólo seis permanecen activos y tendrán vigencia hasta diciembre próximo. Se trata de convenios firmados para la vigilancia de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa Liconsa (hoy Segalmex), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, según la plataforma consultada y corroborada con varias entrevistas. Cusaem sólo firmó contratos por un valor estimado en 10% de los ingresos que obtuvo en el sexenio pasado, los cuales representan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, según solicitudes de acceso a la información pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en revisiones al portal de Compranet. El pasado 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración iniciaría un procedimiento para revisar todos los convenios firmados con la administración pública federal en los que existieran sospechas de protección y posibles actos de corrupción. Sin dar nombres, adelantó: “Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos”, dijo. Dos meses después, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en medio de la crisis por la protesta de policías federales que se negaron a incorporarse a la Guardia Nacional, adelantó que Cusaem y otras dos empresas acapararon más de una tercera parte de los contratos que la pasada administración firmó con “empresas de seguridad privada”. Para sustituir este tipo de asignaciones, dijo el funcionario, se dará prioridad a Servicio de Protección Federal, un órgano desconcentrado de la SSPC. Las declaraciones de López Obrador y Durazo Montaño antecedieron a la marginación de Cusaem en nuevos procesos de licitación, así a como una investigación emprendida por la LX Legislatura del Estado de México en contra de esa corporación. A finales de julio pasado, las sospechas adelantadas por López Obrador sobre la legalidad en ese tipo de contrataciones quedaron confirmadas por el lanzamiento de la licitación pública nacional LA-009000987-E31-2019, bajo la intervención y cuidado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El propósito de la convocatoria era presentar propuestas para la “contratación de servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles, muebles y equipos para las dependencias y entidades de la administración pública federal”; es decir, para la contratación de entre 12 mil y 15 mil policías privados para la vigilancia de 2 mil 937 edificios, oficinas, unidades, alcaldías y hospitales públicos. Dos semanas después de la convocatoria, la SCT informó que participaron 20 empresas, entre ellas Cometra, GSI, Sepsa Seguridad Privada, Siker, Sepsa, Sedragal y Servicios Especializados en Investigación y Custodia –ligada a Cusaem, según fuentes federales–. Ninguna de ellas cumplió “con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria”. El círculo mexiquense Frente a la pérdida de licitaciones, el pasado 2 de mayo decenas de policías de Cusaem se apostaron frente a las instalaciones del Congreso del Estado de México para exponer sus inconformidades laborales –bajos salarios, maltrato, carencia de prestaciones– y exigieron la presencia de su director, José Manuel Álvarez González, cercano a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación durante la gestión de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2008 Álvarez González fue secretario particular de Navarrete Prida cuando éste fue secretario de Desarrollo Metropolitano durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México; en 2009 y 2010, cuando Navarrete fue diputado federal, se desem­peñó como asesor. Dejó el cargo para irse a Cusaem, donde estuvo dos años. Cuando Navarrete Prida llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Álvarez fungió como su secretario particular, donde estuvo hasta 2017. Ese año fue nombrado director general de Cusaem, donde aún despacha. Otro directivo de Cusaem es Nicolás Martínez Hernández, representante legal de la empresa. Maestro en finanzas por el Centro de Estudios de Alta Dirección en Naucalpan de Juárez, Martínez Hernández declaró a la Secretaría de la Función Pública que entre 2001 y 2007 fue director del Instituto de Servicios Periciales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México –los mismos años en que Navarrete Prida era subsecretario de Seguridad Pública en la entidad–; de ahí pasó a la Procuraduría General de Justicia estatal. Entre 2008 y 2013 Martínez Hernández estuvo en Cusaem como director de administración; después fue “coordinador general” en la STPS, justo con Navarrete Prida como titular de la dependencia. Desde ese cargo Martínez negoció como “representante legal” de Cusaem el contrato abierto PM/C/007/2018 que firmó a principios de 2018 con Pro-México para el empleo de 13 custodios –12 de ellos armados– que prestaron el “servicio de vigilancia de los bienes muebles e inmuebles” de la institución. Este contrato costó al erario 2 millones 237 mil pesos. Bajo investigación Tras la protesta de los uniformados frente al Congreso mexiquense, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Liliana Gollás Trejo, de Morena, llamó a comparecer a Álvarez González “para aclarar la situación legal” de Cusaem y “deslindar responsabilidades legales si existiera mal manejo de los recursos”. El mismo mes de mayo, Gollás Trejo giró el oficio GTL/050 en el que solicitó los estados financieros de los Cusaem y pidió que le fuera detallada la situación fiscal del organismo, así como sus adeudos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym). También solicitó copia del Manual de Operaciones y del organigrama de la corporación, número de elementos y armas con las que cuenta, así como una relación de demandas en su contra. A decir de Gollás, el gobierno mexiquense tiene la información que ella solicitó, pero la Ley de Transparencia de la entidad tiene un candado que impide acceder a datos y documentos del Cusaem, en particular los estados financieros de la corporación. “Pero vamos a solicitarlo a las áreas federales y seguramente se nos proporcionará. Porque se puso cuando el gobierno federal era de otra tendencia”, comenta la diputada local. De acuerdo con las respuestas que Cusaem y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México dieron al oficio de la legisladora de Morena –consultadas por el reportero–, la corporación cuenta con 23 mil 792 elementos, casi la mitad de los que hoy integran la Guardia Nacional; 15 mil armas de fuego, todas registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante, se desconoce quiénes las tienen y cómo las emplean. “Existe una ambigüedad jurídica porque Cusaem posee ‘autonomía’ al ser considerado desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, pero al mismo tiempo sus elementos reciben prestaciones laborales reconocidas por el Issemym”, añade Gollás. Por cierto, Cusaem tiene un adeudo millonario con este instituto: le debe mil 37 millones de pesos, según el oficio 203F 51103 DC0880/2018, fechado el 3 de octubre de 2018, que firmó Nicolás Martínez Hernández, apoderado legal de la corporación. Poco ha podido avanzar la investigación debido a la “ambigüedad jurídica” en la que actualmente se encuentra Cusaem. “En la práctica nadie puede auditarlos pues son ‘autónomos’, y firman sus propias contrataciones; por otro lado, son parte de la administración pública mexiquense cuando ofrecen sus contratos”, dice la legisladora. Asegura que si en la operación del Cusaem existieran señalamientos de corrupción cometidos por funcionarios de gobiernos anteriores, “se tendrán que sancionar. No va a haber tapaderas para nadie”. Parte de las hipótesis que ahora persigue se basan en el crecimiento que tuvo Cusaem en los gobiernos estatales de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. En la primera administración Navarrete Prida fue titular de la Secretaría de Seguridad de la entidad; en la segunda, la dependencia la ocuparon Wilfrido Robledo –a quien se señala como responsable de la represión en San Salvador Atenco– y Héctor Jiménez Baca. De acuerdo con un reportaje de Arturo Rodríguez (Proceso 2009), en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Cusaem ganó sus primeros contratos con el gobierno federal: de 2002 a 2006 obtuvo 557 millones de pesos; entre 2007 y 2012 sus entradas fueron de mil millones de pesos; es decir, una octava parte de los que tuvo en el gobierno de Peña Nieto. A prueba de la transparencia Tres meses después de la protesta de policías de Cusaem, el auditor Fernando Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización en el Estado de México (Osfem), presentó su renuncia tras argumentar que el Congreso no tenía la posibilidad de auditar los Cuerpos de Seguridad Auxiliares. Designado titular de Osfem desde 2009, año en que Peña Nieto era gobernador en la entidad, Baz Ferreira forjó una carrera que se mantuvo inmune de ataques mientras el PRI mantuvo la mayoría en el Congreso local. José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, y quien durante años ha votado por transparentar las cuentas de Cusaem, sostiene que la negativa de Baz Ferreira impidió una auditoría a ese organismo. Si Baz Ferreira hubiera presentado un pliego de observaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de México, dice, ésta hubiera exigido a la Secretaría de Seguridad abrir la información del Cusaem. Hubiera bastado con argumentar ser parte de la administración pública y obtener ingresos a nombre del estado, ante la eventualidad de un probable daño al erario. Para Luna Hernández, los candados que impidieron “la revisión de malos manejos (de Cusaem) en gobiernos pasados” los impuso el Grupo Atlacomulco, hegemónico en el gobierno del estado. El primer candado consistió en promulgar la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, decretada con Alfredo del Mazo González y en la que reconoció su “autonomía”; su sucesor, Arturo Montiel Rojas, volvió a suscribir el convenio que los adhiere a Issemym, el cual lo reconoció parcialmente como parte de la administración pública. Con Peña Nieto como gobernador Cusaem creció y se hizo cargo de la vigilancia de más áreas de la administración; con la modificación a la Ley de Seguridad Pública mexiquense, Eruviel Ávila Villegas mantuvo el respeto a la autonomía de la corporación, si bien señala que dependen del gobierno mexiquense. Con Ávila Villegas se impusieron las trabas que impiden el reconocimiento del estatus jurídico de Cusaem. A los candados se añaden los vínculos políticos: Alfredo del Mazo Maza –actual gobernador mexiquense– es hijo de Del Mazo González, primo del expresidente Peña Nieto y familiar lejano de Montiel Rojas. –¿La opacidad viene del gobierno de Ávila Villegas o de otros? –se le pregunta a Luna Hernández. –De varios gobiernos. Yo creo que varios auditores tuvieron que haber observado esta circunstancia. Porque es un tema que la Legislatura se ha planteado desde el año 2000, que yo recuerde. –¿Qué implica una resolución de inexistencia de esos documentos? –Que el Osfem debió iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas para determinar qué servidor público es el responsable de que se encuentre fuera del ámbito gubernamental. A partir de ahí, determinar si existe un daño al erario. Pero eso no ocurrió durante los nueve años de gestión de Baz Ferreira en el Osfem; tampoco el gobierno federal detuvo la contratación de sus servicios; el Servicio de Administración Tributaria federal ni siquiera le pidió aclarar su estatus jurídico para ver si debía pagar impuestos. –¿Hay sospechas de quién se puede beneficiar de esta situación? –Sí. Hay sospechas de que evidentemente esto ha sido en beneficio de los grupos gobernantes anteriores. Sólo hay que considerar una cosa: ¿qué alentó al gobierno federal pasado, encabezado por un mexiquense, a cambiar al grupo de personas que se encargaban de la custodia de las instalaciones federales? Este reportaje se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso