CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre septiembre de 2014 y enero de 2016 se registró en las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado un intenso juego de presiones e intereses. El propósito era crear una ley a modo para el combate al robo de combustibles que no incluyera la extinción de dominio ni el aseguramiento de las gasolineras que vendieran combustible robado, y menos la conformación de una fiscalía especializada en la materia dentro de la Procuraduría General de la República (PGR). Estas fueron las diferencias fundamentales entre la iniciativa presentada por el diputado federal priista Marco Antonio Bernal –aprobada el 9 de septiembre de 2014 por 366 votos a favor y 17 en contra– y la ley que rehizo y confeccionó en el Senado su correligionario Omar Fayad, aprobada el 12 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016. En ambas leyes estuvo la mano –y la presión– del general brigadier del Estado Mayor Eduardo León Trauwitz, entonces subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México y mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los presuntos responsables del incremento exponencial del robo de combustibles en el sexenio pasado. La iniciativa impulsada por Bernal fue elaborada en la oficina del Departamento Jurídico de Pemex, a cargo de Marco Antonio de la Peña. Entre abril y septiembre de 2014, en medio de la discusión y aprobación del paquete de reforma energética, el diputado federal priista trabajó una nueva ley que afectaría no sólo los intereses de quienes encabezaban el robo ilícito desde el interior de Pemex, sino también a los “establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustibles, en donde el producto adquirido ilícitamente y, supuestamente, bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor”. Bernal propuso que, ante la inexistencia de un tipo penal específico que sancionara a las gasolineras que expendieran el combustible robado, se reformaran y derogaran diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se incorporara a las gasolineras. En particular, propuso reformar el último párrafo del artículo 368 del Código Penal Federal para que, además de las sanciones contempladas, como penas de prisión y sanciones económicas, se impusiera “la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad” de las gasolineras. Iniciativas a modo El dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados ordenó que el Ministerio Público “asegurara el establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicio, notificando de manera inmediata al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de que dicho establecimiento o empresa pase a su administración y se continúe prestando el servicio que resulte estratégico para el país y evitar con ello el desabasto y con ello la afectación de consumidores”. En su edición del 21 de junio de 2017, Proceso publicó un reportaje según el cual cuando llegó al Senado la reforma fue “congelada” por presiones de León Trauwitz, “que se valió de Rosario Brindis, encargada de enlace legislativo, y de Omar Fayad, senador priista, para frenarla”. El 11 de noviembre de 2014, Fayad presentó otra iniciativa, con el aval del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, quien acudió al Senado a defenderla, y del propio León Trauwitz, de acuerdo con el testimonio de varios legisladores que estuvieron presentes en aquella ocasión. Consultado por Proceso, Marco Antonio Bernal recordó que tuvo discusiones con Omar Fayad por las diferencias entre una y otra ley, y confirmó que, en efecto, el general León Trauwitz estuvo pendiente de la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado. No estuvo de acuerdo con la reforma votada en San Lázaro y presionó para que se elaborara otra. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra del Patrimonio Nacional en Materia de Hidrocarburos se presentó en el Senado con modificaciones sustanciales a lo que se había ya aprobado en San Lázaro. De entrada, el robo de combustibles se denomina “extracción ilícita de hidrocarburos” y se enmarca como un “inconveniente” para la reforma energética emprendida en el gobierno de Enrique Peña Nieto “que cambió la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos”, que pasó a ser “una empresa productiva del Estado”. La iniciativa que presentó Fayad mencionó que alrededor de los 68 mil kilómetros de ductos que tiene Pemex las “tomas clandestinas” han aumentado “considerablemente entre 2010 y 2014” y que 95% de quienes realizan estos robos no son detenidos ni existen aseguramientos. Como ese delito no es considerado grave, las inculpados salen con facilidad. En 2013 hubo 937 detenciones; al año siguiente fueron 711. El daño ocasionado por el “mercado ilícito de combustible” (Fayad no lo llama crimen organizado) ascendió a 32 mil 200 millones de pesos. Las omisiones En su iniciativa, Bernal expuso ante la Cámara de Diputados esa misma cifra y datos similares, pero destacó el incremento exponencial de las “tomas clandestinas” en los ductos de Pemex, justo en el periodo del general León Trauwitz. En 2010 fueron detectadas y clausuradas 710 tomas clandestinas. En 2013 eran 3 mil 46; es decir, se cuadruplicaron. La exposición de motivos de la iniciativa de Fayad mencionó que “se tienen detectados a miembros de la delincuencia organizada, especializados en la sustracción de hidrocarburos y realizan dichas actividades, coaccionando al personal de Petróleos Mexicanos y miembros de seguridad pública federal, estatal y municipal que participan en la realización de dichas actividades o bien para que proporcionen la información necesaria”. Sin embargo, acotó el documento, “el fenómeno relacionado con el robo de hidrocarburos no sólo se da por la delincuencia organizada. Existen zonas geográficas en donde la mayoría de los robos, a través de las tomas clandestinas a ductos, son cometidos por personas que no pertenecen al crimen organizado, pues en varias ocasiones los mismos concesionarios ordenan a sus empleados sustraer hidrocarburos”. Ninguna de las dos iniciativas mencionó que 80% del robo de combustibles proviene de la propia estructura de Pemex y un 20% lo realizan personas ajenas a la empresa pública. Tampoco destacaron que la propia administración de Pemex notificaba este robo y lo contabilizaba como “mermas” y no como sustracción ilegal de combustible. El Senado actual, a iniciativa de Martí Batres y Antares Vázquez Alatorre, aprobó el 6 de diciembre pasado una reforma al artículo 19 constitucional que tipifica como “delito grave” y autoriza la “prisión preventiva” a ilícitos como la delincuencia organizada, el feminicidio o el secuestro, pero también “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, lo que obligará a rehacer o diseñar una nueva ley secundaria contra el robo de combustibles. Desde Hidalgo, el actual gobernador Omar Fayad afirmó el 7 de diciembre que apoya esta modificación constitucional y recordó que cuatro años antes le costó “mucho trabajo” por “tantos intereses que hay ahí metidos” sacar adelante la ley contra el huachicoleo. Hidalgo está catalogada como la segunda entidad con mayor número de “tomas clandestinas” detectadas en ductos de Pemex, con un total de mil 491 de enero a septiembre de 2018. Este texto se publicó el 13 de enero de 2019 en la edición 2202 de la revista Proceso.