EL PASO, Texas (Proceso).- Decenas de organizaciones civiles, agrupaciones de abogados y centros de apoyo a inmigrantes en Estados Unidos han volcado sus esfuerzos en una meta: reunificar en el menor tiempo posible a cientos de padres separados de sus hijos por las políticas antiinmigrantes de Washington. No es tarea fácil: cuando el gobierno federal lanzó su política de separación de familias como estrategia para desalentar a los solicitantes de asilo y en general a la inmigración indocumentada, no tenía un plan claro para la reunificación. Ahora ese esfuerzo recae en la propia familia y en quienes los ayuden. “Crearon un problema enorme”, dice Rubén García, director de Annunciation House. “Implementaron esa política sin tener una estrategia clara para la reunificación”. Annunciation House, organización civil dedicada a brindar apoyo a inmigrantes, recibió el 24 de junio al primer grupo de migrantes liberados después de que el gobierno removió los cargos federales en su contra por entrada ilegal al país. El grupo de 32 personas, la mayoría centroamericanos, fue recibido por voluntarios y abogados que estaban listos para iniciar la búsqueda y el proceso de reunificación de esas familias. En la mayoría de esos casos, los padres sabían a qué lugar fueron llevados sus hijos, pero no habían logrado tener contacto con ellos. Zulma, guatemalteca de 27 años, fue separada de su hijo de 12 años unas horas después de entregarse el 26 de mayo en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. En el mes que estuvo detenida intentó infructuosamente averiguar el paradero de su hijo, hasta que finalmente una trabajadora social de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) le informó que el niño estaba en Denver. “Esta tarde podrá hablar conmigo”, dijo Zulma con la voz entrecortada. “No saber dónde estaba, no saber si lo volvería a ver, ha sido lo peor que me ha pasado. Eso no se le hace a nadie”. “Mucha burocracia” Localizar a los hijos es la primera parte de un proceso laborioso y complicado. La segunda parte, aún más difícil, es lograr la reunión. Una vez que la familia es separada, el Departamento de Seguridad Nacional asigna al padre o a la madre un número como extranjero y lo mismo hace con el menor. En teoría los padres pueden saber a dónde llevaron a sus hijos marcando un número 1-800, donde les informan del paradero de los menores. Pero múltiples testimonios de padres y abogados coinciden en que ese sistema funciona sólo en el papel. En ese número los padres deben dejar su información, así como los datos generales de su hijo. Entonces deben esperar más de una semana hasta que alguien de la ORR los contacte y les diga dónde están sus hijos. Para Mario, un hondureño que pasó 20 días en la cárcel, el proceso nunca dio resultado. Llamó para indagar el paradero de su niña de 10 años y nadie le respondió. “Es mi princesa. Es bien duro para mí no saber de ella”, dijo. “Yo estoy bien dañado porque no se nada de ella. Hoy cumple 10 años y no he podido decirle que la amo tanto”. No fue sino hasta que llegó al albergue de Annunciation House cuando finalmente pudo saber dónde estaba la pequeña. Otros padres tuvieron mejor suerte. Fue el caso de la hondureña Iris. Pudo localizar a su hijo de seis años después de que una trabajadora social llamó a un familiar de ella para informarle que el menor estaba en Arizona. “Para mí no sirvió ese número. En prisión yo nunca pude comunicarme a ese número. Sólo por medio de la trabajadora social que llamó a un familiar pude saber dónde está”. Una vez que el padre sabe dónde está su hijo, empieza el arduo proceso de reunir a la familia. “El proceso es muy complicado e involucra a mucha gente y mucha burocracia”, explica Taylor Levy, coordinadora legal de Annunciation House. “Primero los padres tienen que proveer actas de nacimiento de los menores y casi todas las personas con las que hemos hablado dicen que traían consigo un acta, pero se las quitaron al ser detenidos.” Esto implica que las familias tienen que movilizarse para conseguir un acta en su país de origen lo más pronto posible. “Si tienes una persona de una región indígena de Guatemala, el proceso se complica por la distancia, por los costos, por muchas cosas”, agrega Levy. Una vez que entregan el acta, a los adultos se les toman las huellas digitales para introducirlas a una base de datos. Y lo mismo sucede con los niños. Si el padre ya demostró la paternidad, entonces tendrá que permanecer en un albergue o domicilio temporal hasta que pueda ser visitado por personal de la ORR. La mayoría de los inmigrantes que han sido liberados traen un brazalete que facilita su ubicación. Es decir, pueden moverse de estado para buscar a sus hijos, pero están siendo monitoreados por las autoridades. Cuando la ORR determina que es seguro para el niño regresar con su padre o madre, estos tendrán que conseguir dinero para pagar el boleto de avión de su hijo, así como el de la persona que lo custodiará en el vuelo. “En algunos casos la ORR puede remover ese requisito, pero por lo general piden a las familias que lo cubran”, dice Levy. En la mayoría de casos, los niños fueron trasladados a albergues muy lejanos de los puertos de entrada fronterizos, lo que implica un gasto significativo para las familias. “A mi tía que vive en Luisiana le dijeron que yo tenía que gastar mil 800 dólares para poder reunirme con mi hija”, dijo Johana, una inmigrante hondureña cuya pequeña de 11 años fue localizada en Chicago. “¿De dónde creen que uno puede sacar ese dinero?”. En una situación ideal, el proceso de reunificación termina cuando padres e hijos se encuentran nuevamente y están en condiciones de enfrentar juntos su caso migratorio ante el juez. Generalmente el tiempo para la reunión es de entre seis y ocho semanas. “Todo este proceso tiene sentido cuando se trata de menores no acompañados, pero en este caso los niños venían con sus padres”, explica Levy. “El gobierno le quitó los niños a las familias; los niños no venían solos y el gobierno debe entonces regresar a los niños de manera más expedita a sus padres”. El peor escenario El 27 de junio un juez federal en California ordenó al gobierno la reunificación inmediata de los casi 2 mil 300 niños que fueron separados de sus padres al tratar de ingresar al país. La orden del juez Dana Sabraw estableció un plazo de 14 días para la reunificación de niños menores de cinco años y de 30 días máximo para niños mayores. Hasta el 28 de junio el gobierno federal no había informado si apelará la orden de Sabraw. Pero activistas y abogados están preocupados por aquellos casos en que los padres fueron deportados antes de haber encontrado a sus hijos, o por casos en los que el inmigrante no tiene redes de apoyo familiar en Estados Unidos o no puede comunicarse claramente. “Entrevistamos al menos a dos padres que apenas podían hablar español. Difícilmente pudimos obtener su nombre y fecha de nacimiento, pero nada más” dice Efrén Olivares, del Texas Civil Rights Project, una organización civil en McAllen que ha ayudado a la reunión de más de 300 familias en los últimos días. “Ellos hablaban quiché y estoy muy preocupado porque ellos no podrán explicar a las autoridades migratorias que su hijo está perdido, y si los deportan no habrá un documento que explique que tienen un niño en Estados Unidos”. Olivares dice que en el peor escenario posible, esos menores no verán nunca más a sus padres. “Puedo imaginarme lo peor. Si estos dos padres son deportados, sus hijos se quedarán aquí. Tenemos sus nombres y estamos haciendo todo por encontrarlos, pero temo que sean separados de sus hijos permanentemente”, dice Olivares. “Ese es el peor escenario, pero yo espero que cada uno de estos niños vuelva a reunirse con su familia en el menor tiempo posible”. En caso de que la reunificación no se dé, el niño quedará bajo la custodia del Estado, quien tendrá entonces la prerrogativa de ponerlo en adopción temporal o buscarle un hogar permanente.  Este reportaje se publicó el 3 de julio de 2018 en la edición 2174 de la revista Proceso.