Tras la expulsión del Estado Islámico (EI) de vastos territorios de Irak, las autoridades de ese país están enjuiciando a quienes consideran corresponsables de los ataques de los fundamentalistas. Según la organización Human Rights Watch, entre los acusados hay extranjeros, presuntas viudas de combatientes del EI y médicos que ejercieron durante su dominio, quienes ahora se enfrentan a sentencias de muerte o cadena perpetua sin que los jueces locales apliquen criterios objetivos del derecho ni sus países de origen se preocupen por su destino.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pequeña, delgada, de facciones finas acentuadas por delgados anteojos de arillo y con el rostro enmarcado por un jiyab (velo) de color café que cae sobre sus hombros, la joven francesa Djamila Boutoutao está de pie en el centro de un mundo que la odia a muerte.  Viste una blusa rosada, larga, y falda negra. Tiene poco espacio para moverse: se encuentra encerrada en un corral de madera, que se eleva hasta un metro cincuenta de alto, a la altura de sus ojos, y que a su vez ocupa el centro de una amplia sala de audiencias.  Frente a la mujer, tres jueces se sientan en una barra, contemplándola con rigidez. Detrás de ella hay tres filas de bancos, ocupadas por abogados. No hay familiares o amigos de la acusada.  Las paredes de la sala están desnudas, salvo por un mosaico de letras en caligrafía árabe, que componen un verso coránico: “Cuando juzgues a la gente, juzga con justicia”. No es algo que signifique mucho para Djamila, quien, sin terminar de entender su situación, tendrá unos pocos minutos para defender su vida, la mínima oportunidad de responder con elocuencia a preguntas severas para las que nadie la ha preparado. Algunos periodistas han logrado ser admitidos en el proceso y uno de ellos, Martin Chulov, de The Guardian, consiguió acercarse a Djamila minutos antes, cuando ella estaba en otra jaula en el cuarto de detención, cargando a su hija de dos años, y hablar brevemente con ella.  “Me estoy volviendo loca –le dijo la joven–. Pueden condenarme a pena de muerte o cadena perpetua. Nadie me dice nada, ni el embajador ni la gente de la cárcel. ¡No dejes que se lleven a mi hija! Estoy dispuesta a ofrecerte dinero si contactas a mis padres. Por favor, ¡sácame de aquí!” Justicia de escalera eléctrica  Se estima que más de 40 mil extranjeros –entre ellos mil 900 franceses y 800 británicos– viajaron a vastos territorios de Irak y Siria para incorporarse al llamado “califato” que de 2014 a 2017 impuso Abubakr al Baghdadi, líder del Estado Islámico (EI).  Es el caso de Djamila, quien nació hace 29 años en Lille, Francia, cuna de mujeres que ascendieron al liderazgo del Partido Socialista. En 2014 ella, su esposo Mohammed Nassereddine y sus dos hijos se trasladaron a Irak. Él murió en combate en Mosul, en 2016, y su pequeño Abdullah fue víctima de la ofensiva gubernamental de 2017, en la que la joven fue capturada por los peshmergas (milicianos) kurdos y enviada a Bagdad.  Según la organización internacional Human Rights Watch, las fuerzas iraquíes han detenido a alrededor de mil mujeres acusadas de pertenecer al EI. Casi todas ellas serían viudas de combatientes de ese grupo, y sus hijos –cerca de 820 niños y niñas de cuatro años o menos–, serían huérfanos de padre. La sala de juicios presidida por el juez Suhail Abdullah, en la capital iraquí, es el sitio por donde tienen que pasar todos los acusados por terrorismo en el país. La presión combinada de la cantidad de procesados, la ira de la opinión pública y la mirada internacional crea un sentimiento de urgencia.  En muchos casos, los juicios duran apenas 10 minutos, en los que los magistrados toman decisiones trascendentales. La prensa extranjera los ha descrito como “justicia de escalera eléctrica”, en la que las personas son juzgadas y sentenciadas en fila, como van llegando. Culpable por la mirada  Las tropas gubernamentales liquidaron a los combatientes del EI en cuanto éstos quedaron a su merced o poco tiempo después. Bajo la lógica de que los yihadistas se camuflaron entre la población, detuvieron luego a personas con base en sospechas o señalamientos con poco fundamento.  En las zonas donde el EI impuso su califato, miles de civiles se vieron obligados a colaborar con esa dictadura religiosa, so pena de ser asesinados junto con sus familias: choferes, campesinos, albañiles o profesionales.  “La justicia iraquí no está distinguiendo entre la culpabilidad de médicos que salvaron vidas bajo control del EI y los responsables de crímenes contra la humanidad”, asienta el reporte de Human Rights Watch titulado Irak: procesamiento fallido de sospechosos de Estado Islámico, el cual denuncia los abusos de que son objeto los acusados.  Ni el gobierno iraquí ni el de la Región Autónoma del Kurdistán (la parte norte del país) han desarrollado una estrategia para darle prioridad al procesamiento de quienes cometieron abusos más graves, ni para tratar los delitos del EI en toda la amplitud de su espectro, sino que simplemente se están dictando condenas al vapor con base en las leyes antiterroristas, sólo por haber pertenecido al EI, sin enfocarse en crímenes específicos. Así se ha enviado a unas 300 personas a la horca y a muchas otras a prisión de por vida. Ante los señalamientos, los jueces iraquíes han defendido su expedita labor con el argumento de que no importa que los crímenes hayan sido cometidos individualmente, pues son responsabilidad compartida de todos los que ayudaron a que la milicia funcionara.  “Ayer tuve un caso de un cocinero del EI y recomendé que le dieran pena de muerte”, dijo un magistrado a Human Rights Watch. “¿Cómo podría un combatiente del EI haber ejecutado a alguien si no le hubieran dado una buena cena la noche anterior?”  La organización humanitaria también señaló la falta de interés de los jueces por conseguir evidencia más sólida que confesiones arrancadas bajo tortura o en concederles a los acusados un auténtico derecho de defensa Por ejemplo: dos detenidos aseguraron ante el tribunal que no viajaron a Irak a unirse al EI sino para hacer negocios. El juez Abdullah los confrontó con lo que se asentaba en el expediente que ellos habían declarado en un interrogatorio: “Eso no es lo que dicen ustedes aquí”, concluyó. Y los sentenció a muerte. Con frecuencia las decisiones se toman por intuición: “He trabajado aquí durante 10 años y puedo darme cuenta de quién es inocente por la mirada –le dijo uno de los funcionarios del juzgado al periodista de The Guardian Martin Chulov–. Te puedo compartir historias de terror y momentos de magia”. Algunas viudas de combatientes del EI han logrado convencer a los jueces de que no son culpables sino víctimas. En un entorno religioso radical como el de esa organización, las mujeres tienen márgenes de decisión casi inexistentes y varias de ellas alegaron con éxito, ante las rápidas preguntas de los magistrados, que fueron forzadas por sus familias a casarse, o que fueron raptadas o engañadas. Gracias a eso se ordenó su liberación sin cargos. Pero ello ocurrió en contados casos y en casi todos las mujeres eran de nacionalidad iraquí. Para las extranjeras, no existió la piedad. La ofensiva del EI del verano de 2014 humilló al ejército iraquí. Durante la toma de Mosul 30 mil soldados de este país huyeron de unos 800 milicianos yihadistas mal equipados. Lo más grave fue que puso en verdadero peligro la existencia tanto de la República de Irak como de la Región Autónoma del Kurdistán: los peshmergas lograron detener al EI a 40 kilómetros de la capital kurda, Erbil, y el gobierno iraquí requirió del apoyo militar de potencias enemigas entre sí –como Estados Unidos y Rusia o Irán y Arabia Saudita– para no perder Bagdad.  La contraofensiva tomó tres años y se realizó a costa de constantes bombazos terroristas contra objetivos civiles y del sufrimiento de la población sometida al control del califato.  Esto ocurrió cuando Irak ya había pasado por sucesivas y dolorosas crisis, después de lo que el entonces presidente estadunidense George W. Bush llamó “liberación” al derrumbe del régimen de Saddam Hussein en 2003.  Esto ha provocado una crisis de identidad tan grave que no pocos han anunciado la inminente partición de Irak en tres estados: uno chiita, uno kurdo y uno sunita. La llegada del EI pareció ser la culminación de los desastres, y la incorporación de decenas de miles de extranjeros al califato fue tomada como una puñalada en la espalda. Por eso, el rencor contra ellos es especialmente duro: “En la mente de los iraquíes, de la magistratura y del gobierno, por el solo hecho de que seas extranjero y hayas escogido vivir en territorio del EI, tienes culpabilidad –señala Human Rights Watch–. No ocurre lo mismo en los casos de las mujeres iraquíes, en los que evidencia muy específica puede conducir a sentencias menos duras”. Djamila Boutoutao explicó a los jueces que pensaba que su marido era un rapero, no un yijadista, y que cuando viajaron a Irak ella en realidad creía que se mudaban a Turquía. Tuvo suerte: a diferencia de unas 40 viudas extranjeras de combatientes del EI que fueron ejecutadas, ella recibió la condena de pasar el resto de su vida en la cárcel central de Bagdad. En noviembre, un informe de la ONU determinó que “las cortes y tribunales iraquíes carecen de jurisdicción sobre crímenes internacionales, tales como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra”, y que “los fiscales, investigadores policiales y los jueces no tienen la capacidad de investigar, fincar cargos y juzgar tales crímenes”, por lo que el organismo demandó turnarlos a la Corte Penal Internacional. Nadie ha actuado para llevarlo a los hechos, ni el gobierno iraquí ni las potencias involucradas en el conflicto. Por el contrario, el Consejo de Seguridad emitió la resolución 2379 que estableció la integración de un equipo de investigación destinado a recolectar y preservar evidencia de crímenes, precisando que los procesos quedarán a cargo de las cortes locales. Es una papa caliente que nadie quiere agarrar. Como lo son también los acusados de haber formado parte del EI, incluidas las viudas…. y sus bebés. La actitud prevaleciente es que los gobiernos extranjeros se desentienden de sus nacionales, asumiendo sin demostración de por medio que pertenecen al EI. Aunque los de Francia y Gran Bretaña han anunciado que detendrán y procesarán a los que retornen bajo sus sistemas judiciales, será difícil demostrar su culpabilidad. Prevalece el temor de que, si regresan, cometerán ataques terroristas en casa. Por eso, se asume que la mejor opción es que Irak se haga cargo de ellos como pueda y quiera, más allá de preocupaciones por salvaguardar sus derechos. La gran cuestión es qué hacer con los huérfanos. Cada madre encarcelada representa uno o dos niños que mantener en prisión con ella. Y las que son ejecutadas los dejan a cargo del gobierno, porque las familias de origen muy rara vez tienen la voluntad o los medios para reclamarlos. La sensación general de la población, según comentarios obtenidos por la prensa, es que los pequeños crecerán para convertirse en lo mismo que sus padres. Pero es la parte en la que el Estado no puede tomar decisiones en 10 minutos. Este reportaje se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.