EL PASO, TX (apro).- En los ocho años que fungió como alcalde de esta ciudad fronteriza, John Cook presenció en dos ocasiones el despliegue de la Guardia Nacional en la línea que divide a Ciudad Juárez de El Paso. La primera ocasión fue en 2006, cuando el entonces presidente George Bush envió seis mil tropas a la frontera. La segunda fue en 2010 cuando el presidente Barak Obama envió mil 200 tropas. En ambos periodos, cientos de soldados se apostaron a lo largo de la franja fronteriza para apoyar a la Patrulla Fronteriza y a las agencias locales de seguridad nacional en tareas de vigilancia y monitoreo de la frontera. “Los militares se desplegaron en posiciones remotas con sus binoculares y equipos de monitoreo. Difícilmente los veías”, recuerda el exalcalde y actual director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes Fronterizos México-Estados Unidos. “Aún así hubo la percepción de que la frontera se estaba militarizando”. En ese entonces, Cook se sentía tranquilo porque las reglas de involucramiento de la Guardia Nacional fueron claras: su trabajo era ayudar en labores de inteligencia y monitoreo; no podían arrestar, decomisar drogas o portar armas de largo alcance. Pero a diferencia de entonces, dice Cook, las reglas ahora no parecen estar suficientemente claras. “El presidente Trump no sabe lo que quiere y eso es un gran problema”, dice Cook tras agregar que el presidente podría modificar las reglas y solicitar un mayor involucramiento de la Guardia Nacional. “Desde una perspectiva política no entiendo lo que está haciendo, porque en lugar de decir ‘desde que he sido presidente ha habido menos inmigración ilegal y estamos deportando a más gente, en lugar de eso, decide militarizar la frontera y mandar un mensaje negativo para toda la región”. El pasado 4 de abril, el presidente Trump anunció su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México para apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza. A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el despliegue de la Guardia Nacional se mantendrá hasta que el Congreso tome las acciones “para cerrar los vacíos legales que debilitan los esfuerzos para proteger la frontera, incluyendo la práctica de arrestar y liberar (migrantes)”. El comunicado no especificó cuántos militares serían desplegados, pero en una entrevista con reporteros el jueves, Trump dijo que serían entre dos mil y cuatro mil y aseguró que muchos de ellos podrían permanecer ahí hasta que el muro sea construido. Al dar a conocer la decisión, la Casa Blanca aseguró que diariamente unas mil personas violan la soberanía nacional al cruzar ilegalmente la frontera. “Con las leyes y recursos actuales no podemos detener el cruce de extranjeros ilegales tampoco deportar a todos los que atrapamos. De los más de 75 mil arrestados en el año 2017, solo dos mil 605 fueron removidos”, indicó. Kristjen M. Nielsen, encargada del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el despliegue de tropas tiene como objetivo cerrar brechas en materia de seguridad nacional y detener las actividades ilegales que constituyen una amenaza para el país. “Seguimos viendo niveles inaceptables de drogas ilegales, actividades pandilleriles peligrosas, grupos criminales transnacionales y un flujo de inmigrantes ilegales a través de nuestra frontera”, dijo Nielsen. “Esperamos que el despliegue empiece inmediatamente”. Tracy Norris, general adjunto del Departamento Militar de Texas, declaró en conferencia de prensa que en su estado el despliegue de los efectivos de la Guardia nacional será en las próximas 72 horas. Por su parte, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció en su cuenta de Twitter que dicho despliegue en su entidad será en la próxima semana. Militarización política Pero el momento y las razones del despliegue militar a lo largo de la frontera levantaron suspicacias entre analistas políticos. “Mi primer pensamiento es por qué enviar la Guardia Nacional cuando cada documento que se cita para justificarlo habla sobre niños, familias y solicitantes de asilo”, dice Adam Isacson, analista de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) una organización que promueve los derechos humanos en la región. “La decisión es 100 por ciento política y obedece al deseo de Trump de motivar a sus bases”, agrega. “Hay que recordar que el 21 de marzo pasado Trump firmó un presupuesto que no le dio lo que él quería para seguridad fronteriza. Quería dinero para construir las primeras 60 millas de muro de concreto y solo obtuvo (aprobación para) 33 millas de valla. Quería 500 nuevos agentes fronterizos y no obtuvo ninguno. El necesitaba algo para complacer a su base de extrema derecha”. En el mismo sentido, Elaine Kamark, analista del Brookings Institution argumenta que la militarización de la frontera suena sospechosamente como una estrategia para energizar la base de Trump antes de las elecciones intermedias, y enfatiza que, desde la última gran recesión, el cruce de inmigrantes indocumentados y el número de arrestos ha decrecido de manera constante. Además de ello, agregó Kamark, el número de inmigrantes mexicanos ha decrecido como proporción del total de población indocumentada en Estados Unidos, lo que significa que la militarización de la frontera no ayudará a resolver el problema de los extranjeros que llegan con visas y se quedan ilegalmente. Para ella, la última jugada de Trump no es más que una ocasión para extraerle todo el jugo político al tema migratorio. Ambos analistas coinciden en que el impacto que tendrá el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera dependerá del alcance de su involucramiento en acciones tales como arrestos, decomisos y uso de fuerza. “El presidente Bush lanzó la operación Jump Start y cuando el presidente Obama lanzó la suya (Phalanx), el impacto fue mínimo porque el personal militar se limitó a vigilar. Ellos fueron como ojos y oídos extra para la Patrulla Fronteriza, pero no hicieron arrestos o decomisos. Su función se limitó a apoyar a la Patrulla Fronteriza”. No está claro qué tan extenso será el involucramiento de la Guardia Nacional en este nuevo despliegue de tropas, pero podría existir la posibilidad de que el presidente Trump amplíe su campo de acción. “Veo difícil que eso suceda, pero el presidente podría asegurarse de que los militares pudieran arrestar personas o decomisar drogas en la frontera”, dice Isacson. “Sin embargo, tendría que quedar claro que es una situación inusual y de emergencia...No creo que suceda”. Costos vs beneficios Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) estimó los costos del despliegue de la Guardia Nacional durante las administraciones de Bush y Obama en mil 35 millones de dólares. El reporte elaborado en 2012 se basa principalmente en entrevistas con funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado. En la operación Jump Start, entre junio de 2006 y julio de 2008, las Guardia Nacional participó con apoyo de aviación, ingeniería e inteligencia. En la operación Phalanx, entre julio de 2010 y septiembre de 2011, la misión de la GN se limitó al análisis criminal e inteligencia. En ambas ocasiones, las tropas actuaron bajo el título 10 que les impide participar directamente en labores de aplicación de la ley, o bajo el título 32 que podría permitirles participar en ello bajo circunstancias específicas. En ambos casos las tropas estuvieron limitadas en su accionar y básicamente brindaron apoyo logístico y de inteligencia. El reporte de GAO indica que el despliegue militar en ambos periodos contribuyó al número de detención de personas y decomisos de drogas a lo largo de la frontera, así como a detener la actividad ilegal en la región. Adicionalmente, citó el reporte, el personal militar tuvo oportunidades de entrenamiento en un área geográfica similar a las áreas de combate en el exterior. La GAO señaló que, en el periodo de Bush, la Guardia Nacional en la frontera ayudó en 11.7% de las detenciones de personas intentando cruzar la frontera, mientras que en la administración de Obama apoyó en el 5.9% de las detenciones de inmigrantes. Sin embargo, los funcionarios entrevistados por GAO indicaron que el despliegue de tropas militares en la frontera supuso varios desafíos y preocupaciones que deberían atenderse. Citó como ejemplo, la ausencia de una estrategia integral para asegurar la frontera sur y por ende las dificultades para identificar el papel que el Departamento de Defensa tendría en ello. Asimismo, señaló la preocupación por el impacto que tendría la militarización de la frontera en momentos en que Estados Unidos y México trabajaban juntos para resolver problemas fronterizos y de criminalidad. La GAO no emitió recomendación alguna sobre el uso futuro de la Guardia Nacional en la frontera. Preparativos y oposición Mientras el país debate la conveniencia de movilizar a la Guardia Nacional a la frontera, la Patrulla Fronteriza se prepara para recibirlos. Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de Agentes Fronterizos declaró a la prensa que la presencia militar contribuirá a incrementar la detención de inmigrantes indocumentados, así como los decomisos de contrabando y drogas a lo largo de la frontera. “La Guardia Fronteriza estará en tareas de vigilancia, monitoreando cámaras y sensores, mientras que nuestros agentes estarán en el campo recibiendo esa información, lo que les permitirá hacer las capturas”, dijo Judd a la prensa. Respecto a la posibilidad de que los militares porten armas, Judd dijo que aún no está claro ese tema, pero enfatizó que la última vez que hubo presencia militar en la frontera, los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban encargados de la seguridad. “Lo único que sabemos ahora es que van a estar en tareas de vigilancia”, dijo. Organizaciones pro-inimigrantes y de defensa de los derechos humanos, así como funcionarios locales han levantado la voz en contra de la presencia de la Guardia Nacional. “Enviar a nuestros militares a la frontera es irresponsable y contrario al rol constitucional que tiene el Ejército”, dijo Astrid Domínguez, directora del Border Rights Center de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Texas. “Es innecesario porque no hay una crisis de seguridad en la frontera y porque más de 15 millones de residentes fronterizos ya han sido afectados por las crueles estrategias de deportación de esta administración”. La Diócesis de El Paso emitió un comunicado en el que calificó la decisión del presidente Trump como irresponsable y peligrosamente ineficiente. “Como una comunidad fronteriza sabemos de las consecuencias de la militarización. Nuestros hermanos y hermanas indocumentadas se ven atrapados entre esas fallidas leyes; nuestros jóvenes soñadores continúan viviendo en la incertidumbre y ansiedad, mientras que quienes buscan asilo viven aterrorizados, encarcelados y separados de sus familias”. El actual alcalde republicano de El Paso, Dee Margo, se sumó a las condenas y dijo que esta ciudad no necesita la guardia nacional. “Somos una de las ciudades más seguras del país y ya tenemos una valla fronteriza”, dijo Margo. “Lo que quisiera ver es un mejor entendimiento de lo que sucede aquí en la frontera...Vengan para acá y entiendan lo que pasa en la frontera. Tenemos problemas, pero somos la ciudad más segura en Estados Unidos,” dijo.