La semana pasada, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso de desaparición forzada ocurrido en México en diciembre de 2009 en perjuicio de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado, en el que están implicadas tropas del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y aunque la delegación mexicana que compareció en la capital costarricense arguyó que los autores fueron delincuentes disfrazados de militares y que no se trató de desaparición forzada, cayó en múltiples contradicciones. SAN JOSÉ (Proceso).- La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto de encubrir los abusos militares durante la guerra decretada por su antecesor, Felipe Calderón, contra el crimen organizado y continuada en su administración, fue puesta en evidencia la semana pasada ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la revisión del caso de la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado en diciembre de 2009. La desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, y las represalias que han sufrido al menos una treintena de miembros de su familia tras denunciar la participación de personal del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue examinado por jueces de la Corte Interamericana presididos por Eduardo Vio Grossi, ante la imposibilidad de que, por razones de nacionalidad, el presidente del tribunal regional, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, participe en el debate. El caso se discutió en la Corte el jueves 26 y el viernes 27, después de que el Estado mexicano fuera omiso a las recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar con el paradero de las víctimas, sancionar a los responsables de la desaparición, así como “disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad, incluyendo acciones u omisiones de autoridades que hubieren obstaculizado la realización de diligencias de investigación”, así como tomar diligencias legislativas y administrativas para que “las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada”, entre otras. Ocho años después de esos hechos, la delegación del Estado mexicano, compuesta por 17 personas y encabezadas por el director de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Erasmo Lara, y la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, mantuvo la posición fijada por el Ejército, de que los hechos habrían sido perpetrados por miembros del crimen organizado disfrazados de militares. En abril de 2010 fue la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) la instancia que asumió la investigación, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR), que tuvo conocimiento de los hechos casi de manera inmediata, declinara su competencia a favor de los uniformados. Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2165, ya en circulación