En el sismo del pasado 19 de septiembre cuatro puentes que conectaban dos edificios del Tec de Monterrey Campus México se derrumbaron y causaron la muerte de cinco estudiantes. La deficiente construcción de esas estructuras –y el consecuente fallecimiento de los muchachos– debe tener responsables, pero a medio año de la tragedia los padres de las víctimas acusan a la procuraduría capitalina de inacción para hacerles justicia, pues está al servicio, afirman, de la institución educativa. También denuncian que ni el gobierno ni la Comisión de Derechos Humanos locales se han mostrado dispuestos a ayudarlos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A seis meses del sismo del 19 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene prácticamente “congelada” la investigación sobre la muerte de los cinco estudiantes a los que ese día se les vinieron encima cuatro puentes superpuestos que estaban mal colocados en el Campus México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Los padres de las víctimas y su abogado aseguran que la procuraduría capitalina “está al servicio” del Tec de Monterrey, pues no sólo se niega a indagar la responsabilidad de la escuela en el siniestro, sino que además les impide el acceso a la carpeta de investigación de la denuncia que, por presunto “homicidio culposo”, ellos mismos interpusieron contra el ITESM. Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de uno de los estudiantes fallecidos –el joven Juan Carlos Álvarez Díaz-González–, comenta indignado: “Es increíble. A seis meses del sismo la procuraduría todavía no ha encontrado a ningún responsable de la muerte de nuestros hijos. Tiene congelada la investigación. Esto nos huele muy mal. Mientras tanto, seguimos esperando que se nos haga justicia”. Con él coincide Otilia González Neri, madre de otro estudiante fallecido, Édgar Michel Anzano González, quien señala: “Aparte de que no ha hecho absolutamente nada por hacernos justicia, la procuraduría nos está impidiendo el acceso a la carpeta de investigación. Ni siquiera nos deja hojearla, mucho menos sacarle copias. ¡Nada! Nos tiene bloqueados a los padres de las víctimas”. Por su lado, el abogado que lleva el caso de ambas familias, el penalista Gabriel Regino García, lanza la siguiente afirmación: “Suponemos que la procuraduría está al servicio del Tec de Monterrey y no al servicio de las víctimas. ¿Y cuál es la razón? pues por el peso que tiene el Tec de Monterrey”. –¿Entonces el Tec está interviniendo para obstaculizar la investigación? –Así es. Tenemos sospechas fundadas de ello. –¿Qué fundamentos tienen ustedes? –Basta hacer comparativos con otras investigaciones realizadas por la misma procuraduría a raíz del sismo. En esos procesos, la procuraduría integró investigaciones y realizó consignaciones, mantuvo una dinámica que no se paralizó por ninguna circunstancia. Regino pone como ejemplo la investigación acerca del edificio caído de Zapata número 56, en la delegación Benito Juárez, donde murieron dos mujeres; fueron detenidos el director responsable de obra y el encargado de tramitar los permisos de construcción. Agrega el abogado: “Como el caso de este edificio, hay otros expedientes consignados en cuya investigación la procuraduría avanzó normalmente. En cambio, en el caso del Tec de Monterrey no hay ningún avance significativo, no se ha avanzado ni siquiera para consignar”. Juan Carlos Álvarez y Otilia González refieren por su lado el caso del Colegio Rébsamen, la otra institución educativa donde el sismo también provocó muertes, y cuya directora y dueña, Mónica García Villegas, tuvo incluso que afrontar órdenes de aprehensión y sujetarse a una rigurosa investigación. “A la directora del Colegio Rébsamen comenzaron a investigarla desde el primer momento, por las condiciones de inseguridad de su plantel. En cambio, a los directivos del Tecnológico de Monterrey no los han tocado para nada, pese a que también tienen responsabilidad en la mala construcción de los edificios de su campus. Esto demuestra que la justicia en México no se aplica al parejo para todos”, dicen los padres de familia. Los escombros, la prioridad A diferencia de los inmuebles de la zona, el sismo del 19 de septiembre provocó resquebrajaduras y grandes boquetes en los edificios del campus Ciudad de México del ITESM, como si hubieran sufrido un bombardeo. Los puentes superpuestos que aplastaron a los cinco estudiantes cayeron estrepitosamente, en medio de una gran polvareda, según muestran los videos filmados por los propios alumnos y puestos en las redes sociales. Sin respetar los protocolos de seguridad internacionales, a cinco horas del sismo los directivos del plantel permitieron la entrada de maquinaria pesada para remover los escombros, sin importarles el rescate de los estudiantes atrapados en ellos. Resultaron cinco jóvenes muertos y 40 heridos (Proceso 2137). Dos días después, el 21 de septiembre, la procuraduría capitalina abrió de oficio, por presunto “homicidio culposo”, una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Al mes siguiente, el 30 de octubre, Juan Carlos Álvarez y Otilia González, acompañados por el abogado Gabriel Regino, acudieron a la procuraduría a interponer su propia denuncia, pidiendo castigo para los directivos del Tec que, por comisión u omisión, resultaran culpables de la muerte de sus hijos. Cuentan los padres de familia que, para su sorpresa, la procuraduría envió la denuncia a su Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Ambientales, que lleva asuntos de otro tipo. Y a partir de entonces prácticamente se congeló el caso y no se les permitió el acceso a la carpeta de investigación. Por su lado, y también a fines de octubre, el Tec de Monterrey dio a conocer el resultado del dictamen que mandó realizar para estudiar la caída de los puentes. Ahí se determinó que los cuatro puentes superpuestos descansaban sobre soportes de apenas 15 centímetros de longitud. Y se cayeron porque el sismo movió a distancias mayores a los edificios que sostenían los puentes: los llamados Aulas 2 y Aulas 3. Igualmente dio los nombres de las constructoras de los puentes: una es Acueducto y Urbanizaciones y la otra, Acero, Electricidad y Forja. El Tec agregó que entregó su dictamen a las autoridades judiciales para que finquen las responsabilidades correspondientes, lo cual hasta el momento no se ha hecho. Al respecto, Juan Carlos Álvarez dice: “El Tecnológico de Monterrey intenta lavarse las manos echando a estas dos constructoras por delante. Pero el Tec es igualmente culpable, pues le dio el visto bueno a la obra, es el dueño del terreno y le estuvo sacando usufructo a sus edificios mal construidos y peligrosos. “El sismo del 7 de septiembre ya había provocado daños visibles en los inmuebles. Y sin embargo las autoridades del Tec no hicieron nada, no implementaron ninguna medida de seguridad, pusieron en riesgo la vida de los alumnos. Viene después el sismo del día 19 y derrumba los puentes… Sí, por la negligencia del Tec nuestros hijos perdieron la vida”. Sin respuesta Cuentan los padres de familia que, para exponer su caso y pedirles apoyo, han solicitado audiencia al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, así como al procurador de justicia de la ciudad, Edmundo Garrido, pero hasta el momento los funcionarios se niegan a recibirlos. Comentan: “Al jefe de gobierno y al procurador queremos decirles que nuestra investigación está congelada y no tenemos acceso a la justicia. Pero se niegan a recibirnos, no dan la cara. En cambio, Miguel Ángel Mancera acaba de reunirse con los directivos del Tec, de quienes recibe apoyo para las labores de reconstrucción. A ellos Mancera sí tiene tiempo de recibirlos”. En efecto, en un acto realizado el pasado 24 de febrero, Mancera firmó el convenio denominado “30 Tec”, mediante el cual el Tecnológico de Monterrey se comprometió a financiar la construcción de 30 casas para apoyar a personas que perdieron sus viviendas en el sismo. Los padres de familia consideran muy significativo el hecho de que el 27 de febrero, tres días después de tener el acto con Mancera, los directivos del Tec organizaron en el campus una ceremonia de despedida a 11 edificios que serán demolidos, pues el sismo los dañó. “Esa ceremonia de despedida constata que el gobierno ya les otorgó la licencia de demolición de esos edificios mal hechos, los cuales se hubieran derrumbado completamente si el sismo hubiera durado unos segundos más. A los directivos del Tec les urge demolerlos porque constituyen una prueba de su negligencia. Y el gobierno los apoya al otorgarles la licencia de demolición, mientras que a nosotros nos tiene congelada nuestra carpeta de investigación”, se lamentan los padres de familia. En ese acto de despedida participaron alrededor de 3 mil estudiantes. Y en su discurso, Rashid Abella, vicepresidente de la Región Ciudad de México del Tec de Monterrey, dijo: “Es hora de decirle hasta pronto y hasta siempre a nuestro campus”. Y luego prometió: “En poco tiempo las instalaciones que aquí se construirán serán excepcionales y modernas”. Este nuevo campus –adelantan los directivos– estará listo para el semestre agosto-diciembre de 2019, bajo el modelo educativo “Tec 21”, que tendrá los “más altos estándares de calidad”. Al terminar el discurso de Abella se develó una placa con los nombres de los cinco estudiantes muertos, a quienes de víctimas se les intenta hacer pasar como una especie de héroes: Juan Carlos Álvarez Díaz-González, Édgar Michel Anzano González, Alejandro Meza Guerrero, Luis Manuel Pacheco Rosales y Rubén Ortiz García. Dicen los padres de familia entrevistados: “A pesar de que se recordó a nuestros hijos, a esa ceremonia nosotros no fuimos invitados. Fue puro circo y faramalla. Es muy grave que los directivos del Tec sean tan insensibles a nuestro dolor y que, de paso, congreguen a miles de alumnos a estos shows donde lo único que festejan es la impunidad”. Ante la cerrazón de la procuraduría capitalina para atender su caso, el pasado 14 de noviembre los padres de familia interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ahí aseguran que la procuraduría está propiciando el “retraso en la práctica de diligencias”, lo cual “propicia impunidad y deniega a las víctimas el acceso a la justicia”. Igualmente, en la queja se señala que en agosto de 2017 –un mes antes del sismo– el ingeniero Alejandro Diego González del Pliego, en su carácter de director responsable de obra (DRO), “avaló la seguridad estructural de todas las instalaciones” del campus. Después, indica que con el sismo del 7 de septiembre las instalaciones sufrieron “severos daños” –registrados en fotografías y videos tomados por los alumnos–. Pese a ello, el DRO “volvió a validar la seguridad estructural del campus”, sin que el Instituto de Verificación Administrativa ni la Secretaría de Protección Civil –instancias del gobierno capitalino– realizaran visitas de inspección o pidieran informe alguno. Estas “omisiones”, prosigue la queja, provocaron que con el sismo del 19 de septiembre se cayeran los puentes superpuestos que “unían a los edificios Aulas 2 y Aulas 3 (…) provocando la muerte de nuestros hijos, quienes sólo tenían esa ruta de escape”. Y para colmo, ese mismo día “las maniobras de retiro de escombro se privilegiaron sobre el rescate de víctimas. Ninguna autoridad del gobierno de la ciudad de México impidió lo anterior”. Por último, la queja le pide a la CDHDF que intervenga y emita las “recomendaciones correspondientes”, ya que estos actos provocaron “violaciones a derechos humanos”. El abogado Regino lamenta que la CDHDF tampoco haya hecho nada a cuatro meses de haber recibido la queja: “Es increíble, pero así están las cosas; la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tampoco quiere entrarle al asunto del Tec de Monterrey”, dice. Por ello, agrega, en febrero pusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo expediente reservado lo lleva la segunda visitaduría. “Aquí el proceso va mucho más adelantado”, comenta Regino. Y advierte que el Tec de Monterrey, en las demoliciones que va a realizar de 11 inmuebles de su campus, no debe tirar los dos edificios que sostenían los puentes derrumbados, pues están asegurados por las autoridades y sujetos a investigación. “La procuraduría debe también investigar a las empresas constructoras y a los demás responsables de esas obras”, dice. El reportero solicitó una entrevista con el procurador capitalino. Lo único que obtuvo fueron escuetas respuestas, vía WhatsApp, del vocero de la procuraduría capitalina, Octavio Juárez, quien negó que la investigación esté estancada: “Las carpetas iniciadas por el caso se desarrollan en una sola investigación”, escribe y recalca que “las indagatorias continúan” y actualmente se están “recabando entrevistas y elementos documentales para la integración de los dictámenes”. Cabe añadir que el pasado martes 6, Mancera reactivó la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, donde nombró subcomisionada a la arquitecta Erandi Jiménez Jacques, directora regional del Departamento de Arquitectura del ITESM. Este reportaje se publicó el 25 de marzo de 2018 en la edición 2160 de la revista Proceso.