CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las mujeres y hombres indígenas que el pasado martes 6 fueron recibidos por integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chihuahua tienen un largo  historial de violaciones a sus derechos humanos. Desde 2012 han sido desalojados de asentamientos tarahumaras que fueron construidos por los jesuitas para preservar sus costumbres y tradiciones. Tras el viacrucis que han vivido desde entonces, los indígenas rarámuri fueron recibidos el martes por los legisladores de Chihuahua, quienes degustaban un suculento desayuno y no fueron capaces de ofrecer un vaso de agua a sus interlocutores. Los afectados confirmaron que una y otra vez la Fiscalía General del estado (FGE) los ha ignorado, y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas ha hecho muy poco por ellos. Apro recogió testimonios de indígenas despojados de los asentamientos “Carlos Díaz Infante” y “Carlos Arroyo” –localizados al sur de Chihuahua--, quienes hablaron con cautela por temor a más represalias. El primero de esos asentamientos fue fundado por el sacerdote jesuita Díaz Infante, quien buscó apoyos del gobierno. Posteriormente se creó el segundo, con el objetivo de tener más espacios para los indígenas que llegaban de la Sierra Tarahumara por diferentes motivos. Durante una década, con organización y disciplina, realizaron celebraciones de su cultura y se aseguraron de que los niños y adolescentes fueran a la escuela, y que los jóvenes no consumieran alcohol ni drogas, un requisito para permanecer en la comunidad. Quienes deseaban habitar una vivienda debían reunir 500 horas de trabajo en la construcción, tarea que generalmente recaía en el padre de familia. Con regularidad los sacerdotes iban a esos sitios para oficiar misa, y la comunidad estaba organizada en diferentes comisiones. Algunos se encargaban de las actividades o pláticas para preservar sus tradiciones, costumbres y reforzar sus propios valores, recuerdan los indígenas desplazados que ocuparon las primeras viviendas. Había un encargado de dar seguimiento a la situación de los niños, a quien le llamaban Mayor, y el Capitán tenía la encomienda de reunir a la gente cuando fuera necesario, mientras que los Tenanches se ocupaban de organizar las fiestas y los Chapeyocos juntaban a los danzantes. “Nos organizábamos como en la sierra, como en Norogachi, en Bocoyna, en Tewerichi. Eran fiestas muy bonitas, convivios, cooperábamos entre nosotros y hacíamos comida”, dice una de las mujeres que fue gobernadora de la comunidad. A los niños los llevaban en un camión a la escuela de Educación Indígena y por las tardes les ayudaban a hacer tareas, en comunidad. Tenían un equipo que hacía evaluaciones cada 15 días, es decir, un plan de trabajo enfocado en lo humano y en lo espiritual. “Los niños tenían horas de campo tradicional y uno de los hombres tocaba el violín y otros la guitarra. Los preparaban para convivir en la ciudad con la gente mestiza, sin dejar de perder las costumbres. Había un equipo de autoridades. La mayoría hacía reuniones con niños para pláticas y asesorarlos en temas de valores”. Cuando el padre Díaz Infante dejó el asentamiento lo sustituyó el jesuita Carlos Arroyo, quien continuó la labor sin ningún problema. Posteriormente llegó otro jesuita, Óscar Reynal, y creó la asociación civil Asentamientos Tarahumares. Más tarde arribó una misionera carmelita para hacerse cargo del asentamiento. Todo iba bien, hasta que en 2012 ella partió y llegó como encargado Eleazar Ramos, un hombre mestizo de la ciudad de Chihuahua. “Llegó Eleazar que iba a reforzar, que era alguien que sabía de la cultura. Comenzó a preguntar. La hermana había renovado el comodato de todos en enero de 2012, pero Eleazar hizo de nuevo el comodato, así nada más, decía a la gente que andaba fallando. Comenzó a investigarnos, no le gustaba el plan de trabajo de nosotros en lo cultural y en lo humano”, señalaron los afectados en una de las entrevistas que dieron para dar a conocer su situación. Cada familia pagaba 15 pesos por semana, luego la cuota subió a 20 pesos, pero Eleazar Ramos comenzó a dividir a la comunidad. “Agarró a grupos de mujeres, eran como cuatro. Les ponía películas en la noche, unas no iban porque iban sus hijos a la escuela al otro día. Éramos alrededor de 200 personas, unas 50 familias en 67 casas (en uno de los asentamientos). Lo primero que hizo fue quitar al gobernador, a pesar de que lo habíamos elegido bien”, en presencia del padre Reynal y de otras autoridades indígenas. De acuerdo con los indígenas, en marzo de 2012, sin causa alguna, Eleazar le pidió a la maestra Juana Palma que desocupara su casa, supuestamente “por quejas de la gente”. La hostigaron y en abril le sacaron sus cosas. “Fueron unas mujeres que ya estaban del lado de Eleazar”. Juana Palma interpuso una demanda que quedó archivada hasta 2016. Antes habían hecho lo mismo a un hombre de más de 60 años. “Lo desalojaron con nietos, con familia grande, hijas y nietos con tres familias”. Para permanecer en el asentamiento, las cuotas subieron a 50 pesos por semana para los chicos y 100 pesos para los grandes, además de que los habitantes debían dar un depósito de 400 pesos. “Se molestan cuando preguntamos por qué. Han metido muchachos y muchachas que ya no usan vestidos tradicionales, como era obligatorio. Ya van con pantalones, buscan a quien pueda estudiar para que paguen. Ya van varias familias que han corrido”. Los rarámuris resaltan el caso de Catalina, quien vivía con dos hijos, uno de los cuales, de 16 años, tenía epilepsia, y el otro de 20 no podía caminar porque sufrió un accidente. “A ella la engañó Eleazar cuando le dijo que la llevaría a una granja donde podría trabajar y mantener a sus dos hijos. “Entusiasmada, Catalina accedió. Llegaron a una granja ubicada en la colonia Ávalos, ahí la dejaron con sus dos hijos. Era una granja abandonada, sin servicios y sin un lugar donde dormir dignamente. Ella debía caminar horas para llevar galones de agua a sus hijos. Al mes se le murió uno de ellos y el otro andaba en las calles, deambulando”. Otra familia afectada es la de los esposos Benjamín Moreno y Refugio Bustillos Rascón, con dos hijas, una de 22 años que estudiaba enfermería y la más chica de 16. Tenían dificultades para pagar la renta que les exigían. El 13 de abril de 2016 les sacaron todas sus pertenencias y las llevaron a una bodega. Por varias semanas no supieron dónde estaban sus cosas y las niñas no fueron a la escuela. Los indígenas desalojados se unieron, buscaron apoyo en diferentes dependencias e interpusieron demandas. Lo único que lograron fueron amenazas “por haber delatado” a las autoridades. Denunciaron que la asociación civil recibe fondos extranjeros, y ahora pretenden vender en 38 mil pesos las casas ubicadas en los terrenos que fueron donados. La Coepi En un comunicado, la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi) reprobó el desalojo de los habitantes de los asentamientos y también la actuación de los congresistas que recibieron a los rarámuris sin ofrecerles siquiera un vaso de agua, mientras ellos degustaban un vasto desayuno. La dependencia de Chihuahua dio a conocer que tienen conocimiento de que los asentamientos indígenas “Carlos Díaz Infante” y “Carlos Arroyo” están a cargo de la asociación civil Asentamientos Tarahumares, que --previo contrato de arrendamiento-- actualmente cobra 100 pesos al mes en promedio a 105 familias que ocupan las viviendas. Los encargados ejercen presión a los arrendatarios para que sean puntuales con el pago y en caso de no cumplir, promueven el desalojo. La Coepi destacó que atiende a dos familias que fueron desalojados por la falta de pago de seis meses de renta, y a través del departamento jurídico las canalizó a la Defensoría Pública porque se trata de un asunto de materia civil y la dependencia no tiene atribuciones para atender el caso. “Nos parece lamentable el desaojo de las familias rarámuri, así como también el comportamiento de los diputados frente al conflicto relacionado con temas tan delicados que involucran a niñas, niños, adolescentes y familias indígenas”, señaló la titular de la Coepi, María Teresa Guerrero Olivares. Y dijo que solicitarán a la asociación civil que dialogue con los afectados para que lleguen a acuerdos conjuntos y den una solución a la problemática.