BUENOS AIRES (Proceso).- Amado Carrillo Fuentes no parece haber tenido la misma suerte que durante años disfrutaron Josef Mengele, Adolf Eichmann o Erich Priebke. En 1996 –cuando era jefe del Cártel de Juárez– concluyó que los países del extremo sur del continente americano, distantes del teatro de operaciones delictivas por las que la Interpol pedía su captura, podían ser un buen refugio para seguir su vida con una identidad nueva, tal y como hicieron aquellos nazis medio siglo antes. Carrillo, El Señor de los Cielos, compró en Argentina, Uruguay y Chile haciendas y departamentos, establecimientos agropecuarios, empresas y autos blindados; y generó una estructura que su muerte, en 1997, le impidió utilizar. Los bienes del Cártel de Juárez en Argentina fueron denunciados en 1999 y embargados en 2000. El juicio contra sus testaferros argentinos demoró 17 años. Y el pasado jueves 8 la justicia argentina anunció la subasta de los bienes embargados, cuya tasación asciende a unos 15 millones de dólares. Carrillo llegó a Argentina en diciembre de 1996 –con un pasaporte que lo acreditaba como Juan Antonio Arriaga Rangel– y se presentó como empresario. Se valió de la complicidad de numerosos prestanombres argentinos para comprar un departamento de 180 metros cuadrados en el barrio de Recoleta, el más caro de Buenos Aires; un departamento en Bahía Blanca; una mansión señorial y un hotel en Mar del Plata; el establecimiento agropecuario El Arbolito, de 2 mil 500 hectáreas; la hacienda Rincón Grande, de mil 50 hectáreas; los establecimientos agropecuarios El Estribo y El Espejo, todos en la provincia de Buenos Aires; y también unas 7 mil hectáreas distribuidas en los campos Minitas, Totoras y Hornitos, en la provincia de San Juan. A esto hay que sumar cinco camionetas de lujo y equipos y maquinaria agrícolas. Presentándose a veces como el empresario Francisco Mora Guerrero, Carrillo vivió los primeros meses de 1997 en la hacienda Rincón Grande, cercana a Mar del Plata. Lo acompañaban su mujer, Sonia, quien se hacía llamar Laura, y algunos de sus hijos. Esta hacienda cobró fama, poco más tarde, cuando los investigadores encontraron en ella un Cristo de tamaño natural que ornamenta la capilla y el león embalsamado que parecía vigilar la sala. En marzo de 1997 cruzó a Chile, donde compró 12 propiedades y 18 vehículos, tres de ellos blindados. Antes había estado también en Uruguay, donde adquirió cuatro establecimientos agropecuarios y una casa en el exclusivo balneario de Punta del Este. De regreso en México, murió el 4 de julio de 1997, horas después de haberse sometido a una cirugía estética. Tenía 42 años y se le consideraba el sucesor de Pablo Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante colombiano. Tras la muerte de Carrillo, su lugarteniente, Eduardo González Quirarte, continuó en 1997 y 1998 con el esquema de lavado de dinero en Argentina. En diciembre de 1999 la embajada mexicana en Buenos Aires presentó una denuncia ante la autoridad local. “El dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadunidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores”, reseñaron los jueces del Tribunal Oral Federal N. 6 en su sentencia del 29 agosto de 2016, 17 años después de iniciada la causa. Prestanombres Como ocurre con numerosos expedientes judiciales en Argentina, el tiempo diluyó casi por completo la condena. El dinero transferido, luego de pasar por el Citibank de Nueva York y por el Bank of America, iba a diferentes paraísos fiscales, para luego ser depositado en cuentas particulares de diferentes instituciones financieras del banquero argentino Aldo Ducler, fallecido en 2017. En 2000, Ducler llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, que le retuvo 600 mil dólares. Argentina lo libró de todo cargo pues, de hecho, él no había recibido ni un centavo del narco sino que habría sido intermediario de transacciones desde instituciones bancarias internacionales. En la primera línea de sospecha quedaron los principales testaferros argentinos del Cártel de Juárez: el agente inmobiliario Nicolás di Tullio y el empresario Ángel Salvia. Entre 1997 y 1999 ambos fueron miembros destacados de las sociedades anónimas Energía del Sudeste, Petrolera Mar del Plata, Euro América Finance NV, Tamilur, Pampa de Ansilta, PMDP, Estancias El Espejo, Estancia Rincón Grande, Agrosudeste, Ecomar Automotores, Santa Venera y Mirbet, creadas para lavar en Argentina el dinero proveniente del narcotráfico. Di Tullio, quien recibió transferencias por más de 18 millones de dólares, fue procesado como socio principal del Cártel de Juárez en Argentina. Fue detenido en abril de 2001 y salió de la cárcel en 2004. Murió en 2012 en un accidente automovilístico. Ángel Salvia, por su parte, denunció judicialmente a los “inversionistas mexicanos” e intentó quedarse con los bienes de los cuales era prestanombres. Fue asesinado a tiros el 6 de mayo de 2007 en Mar del Plata, junto a su novia, Karina Pili, por el exmarido de la mujer, el sargento de la policía Óscar Buseta. La causa fue identificada como “crimen pasional”. Mejor suerte corrió otro testaferro, el italiano Elio Stecca, quien se quedó viviendo en el lujoso departamento comprado por Carrillo Fuentes en Buenos Aires, hasta que en agosto de 1999 dos hombres de origen mexicano lo sacaron de ahí a patadas; llegó la policía y la propiedad finalmente fue secuestrada por la justicia, sin que el ciudadano italiano presentara jamás un reclamo. En agosto de 2016 el tribunal convalidó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, en un juicio abreviado. Los siete imputados –Raúl Óscar Marinone, Roberto Antonio Trolio, Jorge Díaz, Rosendo Miguel Lorente, Mirta Beatriz Llera, Alfredo Héctor Rodríguez y Óscar Ernesto Moreno–, todos actores de segundo orden, reconocieron ser “penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con el de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, entre mayo de 1997 y diciembre de 1999. A cambio se les impusieron penas mínimas: tres años de prisión en suspenso a cada uno. La única forma de que alguno pise alguna vez la cárcel es que incumpla el pago de las magras multas o las tareas comunitarias que les impuso el juzgado. La subasta de los bienes embargados al Cártel de Juárez estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende de la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento los bienes han sido administrados por una comisión mixta dependiente de la Corte Suprema de Justicia y de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Aún resta decidir el destino de los 11 millones de pesos (unos 600 mil dólares) prevenientes de casi dos décadas de arrendamiento de las casas y los campos embargados. El Estado estudia la factibilidad de convertir en reserva natural las 7 mil hectáreas en la provincia de San Juan. En cuanto a los departamentos de Buenos Aires y Bahía Blanca, el Ministerio Público Fiscal sugirió que en ellos “se promueva la instalación de dependencias judiciales especializadas en la sustanciación de procesos del tipo de delitos como el que aquí se ventila”. Este reportaje se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 de la revista Proceso.