Después de que el presidente Donald Trump canceló el programa DACA –que protegía de la deportación a unos 800 mil jóvenes indocumentados y les proporcionaba permisos de trabajo renovables cada dos años–, la suerte de éstos se encuentra en manos del Congreso, el cual tiene ahora seis meses para generar una propuesta legislativa que solucione el problema. El debate se centra en el tipo de ley que podría aprobar: una específica para los dreamers o una que contemple otros asuntos migratorios y que condicione su aprobación a factores como el reforzamiento de la seguridad fronteriza, incluido el financiamiento y la construcción del muro. LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO (Proceso).- En la mente de Sergio Baray no hay lugar para la autocompasión. El joven de 22 años está enfocado no sólo en terminar sus estudios universitarios, sino también en diseñar un plan de emergencia que le permita a su familia hacer frente a una eventual deportación. Es el peor de los escenarios posibles, pero Baray está consciente de que podría suceder. Sus padres son indocumentados y él está bajo la protección del programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron desde la Infancia (DACA), que fue cancelado la semana pasada por el presidente Donald Trump. “Ahora casi sólo pienso en terminar la escuela. Tengo un año y medio para graduarme y alcanzo a renovar mi permiso dos años más”, dice Baray, quien estudia ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Nuevo México. “Mis padres están muy angustiados por lo que nos espera”. Baray llegó a Estados Unidos en 1999, cuando tenía cuatro años. Su madre cruzó la frontera desde Cuauhtémoc, Chihuahua, para reunirse con su esposo, quien había emigrado cinco años antes con la idea de forjar un mejor futuro para su familia. Sus dos hermanos, de 13 y 17 años, son ciudadanos estadunidenses. La familia se estableció en Santa Fe y poco a poco logró salir adelante. Después de 11 años de trabajo con el mismo patrón, su padre logró comprar un restaurante y convertirlo en un negocio exitoso. Además, tienen una pequeña cafetería en un centro recreativo. “Mis padres han trabajado muy duro y tienen miedo, pero su esperanza es que hemos contribuido a la economía, hemos pagado impuestos y no tenemos antecedentes criminales”, dice el joven. Baray siempre supo que era indocumentado. Recuerda que de pequeño escuchaba en la radio sobre las “redadas de limones”, la manera en que se avisaba a la comunidad sobre redadas de la Patrulla Fronteriza. Desde pequeño supo también que ese estatus le impedía viajar y hacer cosas que otros niños de su edad podían hacer sin problema. Por eso cuando el DACA entró en vigor, en 2012, no dudó en presentar su solicitud. Tener una identificación oficial y un número de seguridad social le dio una libertad que no había conocido antes. Pudo trabajar y andar en la calle sin miedo, sin esconderse; mejoró su ingreso y ganó autonomía de sus padres. El DACA le dio certezas en la vida. Desde entonces ha renovado su permiso dos veces y está listo para renovarlo por tercera y quizás última. “Sería muy triste que me deportaran antes de terminar la escuela… ¿De qué serviría todo el esfuerzo si no puedo tener mi diploma?”, dice. La suerte de Baray, como la de miles de jóvenes indocumentados, está ahora en manos del Congreso. En el futuro de esos jóvenes cabe tanto la posibilidad de la deportación como la legalización permanente de su estatus migratorio. “Fichas de negociación” La semana pasada Trump anunció la cancelación del DACA, bajo el cual unos 800 mil jóvenes indocumentados lograron protección ante una eventual deportación y obtuvieron permisos de trabajo renovables cada dos años. El presidente urgió al Congreso a legislar al respecto. La terminación del programa fue anunciada por el procurador general Jeff Sessions, quien acusó al anterior presidente, Barack Obama, de haber ejercido inconstitucionalmente su autoridad al implantar el programa en 2012. Sessions añadió que cientos de miles de estadunidenses perdieron oportunidades de empleo porque se les dieron a jóvenes indocumentados. A partir del anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional dejó de recibir solicitudes para el DACA y dio a conocer que sólo renovará permisos cuya fecha de vencimiento es el 5 de marzo de 2018. La fecha límite para aceptar esas solicitudes será el 5 de octubre, lo que significa que los últimos permisos bajo el DACA expirarán en 2020. El Congreso tiene un plazo de seis meses para generar una propuesta legislativa que solucione el problema, lo que parece complicado en la escena política actual. El mayor debate se centrará en la posibilidad de generar una ley específica para los dreamers o bien una ley que contemple otros asuntos migratorios y condicione su aprobación a factores como el reforzamiento de la seguridad fronteriza, incluido el financiamiento y construcción del muro. Dos días después de la cancelación del DACA, el líder de los republicanos, Paul Ryan, dejó ver que su partido buscará una ley que contemple esos factores adicionales. “Es razonable y adecuado que cuando atendamos este problema tan real y humano que está frente a nosotros, también atendamos las causas que lo originan y que tienen que ver con que nuestras fronteras no están suficientemente controladas”, dijo Ryan a reporteros en la Casa Blanca. Sin embargo, la líder demócrata Nancy Pelosi llamó a Ryan a someter a votación la Dream Act, una iniciativa bipartidista auspiciada por los senadores Dick Durbin, demócrata de Illinois, y Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que considera un camino a la ciudadanía para los dreamers, pero no incluye previsiones relacionadas con otros temas migratorios. La Dream Act ha sido introducida al Congreso en diversas ocasiones y siempre ha sido derrotada. En julio pasado fue reintroducida al piso legislativo. En la mesa habrá otras iniciativas, como la del congresista republicano Carlos Curbelo, de Florida (Recognizing America’s Children Act), así como del congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez (The American Hope Act), que también se enfocan en los dreamers sin considerar medidas adicionales de seguridad fronteriza. Ante el debate que se avecina, organizaciones proinmigrantes han dicho que no aceptarán una ley que condicione el estatus legal de los dreamers a medidas de reforzamiento de la frontera, ya que temen que en esa negociación política los jóvenes se conviertan en una pieza de cambio. “Estamos determinados a luchar por una ley limpia. No creo que ningún miembro de una familia, ningún joven, va a decir que está bien obtener un beneficio a cambio de tener más agentes que perseguirán a sus padres. Eso sería una solución inaceptable”, expuso Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, que agrupa a jóvenes inmigrantes en 26 estados. Frank Sharry, fundador ejecutivo de America’s Voice, una organización que apoya a los inmigrantes, dijo que la decisión de terminar el DACA ha puesto una presión adicional al Congreso, que en este periodo tendrá que decidir sobre varios temas, como el techo de la deuda, el fondeo para financiar gastos del gobierno e incluso una reforma sobre impuestos. Demócratas y republicanos deben apoyar el Dream Act como una iniciativa independiente, dijo Sharry: “(Los llamamos) a utilizar cada herramienta para sacar adelante esta iniciativa y ponerla en la mesa de una vez por todas”. Miedo a la deportación Tras la cancelación del DACA, una coalición de procuradores de 15 estados interpuso una demanda contra la administración de Trump con el argumento de que la decisión violenta el debido proceso al ser fundamentalmente injusta, además de que viola leyes sobre procesos federales. Al mismo tiempo, la directora de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, Marielena Hincapié, anunció que interpondría una demanda para garantizar la protección de los datos personales y familiares que miles de jóvenes entregaron al gobierno al hacer sus trámites para quedar amparados por el DACA. “Es uno de los grandes temores que tenemos: qué pasará con la información, si se mantendrá en la confidencialidad o no –expresó Hincapié–. El gobierno garantizó a los solicitantes del DACA que los datos serían confidenciales, pero estamos siguiendo este asunto y considerando la posibilidad de una demanda.” Al anuncio de la cancelación del DACA siguieron protestas en Nueva York, Washing­ton, Chicago, Los Ángeles, Denver y otras ciudades. En decenas de universidades los estudiantes organizaron actos de apoyo para sus compañeros con DACA. La presidenta de la Universidad de Texas en El Paso, Diana Natalicio, envió este mensaje de solidaridad a sus estudiantes con el DACA: “Queremos decirles que la universidad apoya sus sueños de un mejor futuro. Sepan que haremos todo lo posible para asegurarles la oportunidad de lograr sus metas educacionales”. En la Universidad Estatal de Nuevo México un grupo de estudiantes y profesores expresó su apoyo a la lucha por regularizar el estatus migratorio de los jóvenes afectados, entre ellos Brandon, de 20 años, que estudia arquitectura ahí. “El DACA me hizo sentirme como un ser humano –dijo Brandon en el acto de apoyo–; dejé de trabajar en el campo y pude emplearme en otras cosas, pagar impuestos, ayudar a mi comunidad… el DACA cambió mi vida.” Brandon tenía dos años cuando su madre lo trajo a Estados Unidos junto con sus tres hermanos. Sus recuerdos de infancia están ligados al trabajo duro de su madre y a las dificultades de vivir en la pobreza. “Mi mamá nos dejaba en la escuela y se iba a recoger latas para el reciclaje. A veces trabajaba en la cosecha de nueces, cebollas o chile, y yo me iba con ella para ayudarla. Siempre hemos sido muy pobres”, relató el estudiante, que se registró para el DACA tras graduarse de la preparatoria y recibió su identificación en 2016. “Antes del DACA me sentía atrapado… Con el DACA pude entrar a la universidad, solicitar una beca y apoyar a mi mamá con los gastos de la casa”, agregó. El programa le permitió trabajar como salvavidas en un parque acuático, como operador de maquinaria en un campo de chile y emplearse en un casino. Actualmente es tutor de matemáticas en el Colegio Comunitario Doña Ana. La sola posibilidad de perder lo que ha ganado con el DACA y de tener que regresar a México lo aterroriza. “No me puedo imaginar en México, no sabría qué hacer –dice Brandon en un claro y nítido inglés–. Hablo español, pero no puedo escribirlo bien. No me sentiría seguro en ese país. Sólo puedo imaginarme como un vagabundo.” Para Baray las cosas no son distintas: “Lo que mucha gente no entiende es que la deportación sería muy difícil para nosotros porque crecimos aquí. Yo nací en México, pero no soy de allá. No conozco el país; no me veo escribiendo código en español. No sería fácil”. Le preocupa que el gobierno tiene toda su información personal y la de sus padres, pero tiene la esperanza de que no irán tras ellos: “Estamos muy conscientes del riesgo que enfrentamos por la información que dimos. Ellos (las autoridades) saben dónde vivimos, qué hacemos, tienen todos nuestros datos, pero la única razón por la que no nos preocupamos es que no tenemos historial criminal. Pero si llega a suceder, nuestro plan de emergencia es hablar con abogados y pelear en la corte para que nos den tiempo de vender lo que tenemos y recuperar lo que mis padres han hecho con tanto esfuerzo. Ojalá no lleguemos a eso”. Este reportaje se publicó el 10 de septiembre de 2017 en la edición 2132 de la revista Proceso.