CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Si Odebrecht no le prueba fehacientemente al licenciado Lozoya (los señalamientos), voy a proceder con una demanda de daño moral en contra de Odebrecht”, dice Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin. Desde su despacho en la Ciudad de México, el abogado sostiene que ni él ni Lozoya han tenido a la vista el expediente, que la Procuraduría General de la República no lo ha citado a declarar y que desconocían que hubiese declaraciones de altos ejecutivos de Odebrecht que lo involucran en una trama de tráfico de influencias y corrupción. Para Coello Trejo todo es un asunto mediático. –Los ejecutivos de Odebrecht proporcionaron a la fiscalía de Brasil pruebas documentales de su dicho e incluyeron documentos bancarios, registros de transferencias –se le comenta. –¿Hay algún depósito, alguna cuenta a nombre del licenciado Lozoya? –No, en los expedientes que hemos consultado. –Lo que sabemos es lo que los de Odebrecht dijeron, y que ha aparecido en los medios, pero no hay una sola prueba que acredite que el licenciado Lozoya recibió pagos. –Los ejecutivos describen una serie de encuentros, en distintos lugares, incluso en la casa del propio Emilio Lozoya, en el curso de dos años. Según su testimonio, él les dijo: “Les voy a dar unas cuentas bancarias de empresas ubicadas en el extranjero, que no están a mi nombre”. Dicen que hubo confirmación de que el dinero llegó. –Por lo que dicen y yo entiendo, son testigos protegidos. En México, los testigos protegidos que no proteja la PGR jurídicamente no tienen ningún valor. Ahora, que Odebrecht es corrupta, ya no lo pueden tapar. Pero de eso a que el licenciado Lozoya haya recibido un peso de Odebrecht es absolutamente falso y lo vamos a probar. –Uno de los alegatos es que él influyó sobre el Consejo de Administración de Pemex para que le dieran a Odebrecht el contrato de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. –Ya revisé los dos contratos, que son los que realmente se dieron, los aprobó el Consejo de Administración… No encuentro y creo que la Auditoría Superior o la Secretaría de la Función Pública tampoco han encontrado que los contratos hayan sido mal otorgados. –Hablan de conversaciones y tratos desde 2012, antes de que fuera funcionario público, durante la campaña y ya siendo director. Hablan de un periodo de 2012 a 2014 y de que le entregaron 10 millones de dólares. –¿Diez millones? Mientras no exista una prueba fehaciente de que haya ingresado a las cuentas del licenciado Emilio Lozoya, no hay nada. Ahora, el dinero ¿dónde está? No conozco el expediente. Para mí es una sorpresa esto. No podemos irnos a meter a Brasil porque no estamos imputados. Todo esto es mediático. –Hay 77 ejecutivos de Odebrecht que han declarado sobre distintos temas, en distintos países. –¿Qué lograron estos funcionarios con estas declaraciones?” –Reducir condena, posiblemente. –Jurídicamente el valor que puede tener un testigo protegido es mínimo. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja: “Si yo digo lo que tú quieres que yo diga, ¿me reduces la pena? Pues sí. Pues te lo digo”. “No quiero hablar de más. Yo lo único que les digo es que mi cliente y mi amigo no recibió un solo peso. Lo único que digo yo es si a Emilio Lozoya le acreditan que él recibió el dinero, está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario. Pero no recibió. Ahora, qué fácil es depositar en una cuenta y luego decir algo. ¿Por qué no le dan seguimiento a esa cuenta? Que le den seguimiento. Alguien sacó el dinero. ¿Quién lo sacó?” Este texto se publicó en la edición 2128 de la revista Proceso del 13 de agosto de 2017.