La difusión de un video donde el legislador panista Enrique Flores explicaba la “ecuación de la corrupción” que implicaba al Congreso de San Luis Potosí, a los alcaldes y a la Auditoría Superior del Estado acrecentó la indignación social como no se veía desde el movimiento del doctor Salvador Nava. Este fue el impulso que necesitaban las organizaciones civiles para articularse en el Frente Ciudadano Anticorrupción, que exige transparentar las cuentas de los poderes estatales y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos. SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (Proceso).- El pasado 19 de junio se presentó formalmente ante la sociedad potosina el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y lo primero que hizo fue calificar a los diputados locales como “vergüenza nacional”. Además, anunció una actuación formal en el Congreso y ante el Ejecutivo para que se investiguen y sancionen las irregularidades en que se han visto involucrados diputados, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y alcaldes. El Frente ya se plantó ante el gobernador Juan Manuel Carreras López y ante el Congreso para que escuchen sus propuestas para el nuevo auditor superior y el fiscal anticorrupción. Además, el 29 de junio comprometió por escrito a los legisladores a sacar de la congeladora el dictamen para eliminar el fuero de todos los servidores públicos en San Luis, que se negaban a aprobar. “De allí no hay regreso”, coinciden en entrevistas los dirigentes de cuatro organizaciones que integran el FCA: el Parlamento Ciudadano, Ciudadanos Observando, Ciudadanos Hasta la Madre y Acción Ciudadana. Roger Errejón, del Parlamento Ciudadano –un frente que surgió en 2010 como enlace entre gobierno y ciudadanos–, resume que a principios de junio, cuando el periódico Pulso exhibió en video al diputado panista Enrique Flores Flores cuando explicaba una operación de cobros ilegales para blanquear cuentas municipales y de organismos en colusión con personal de la ASE, se confirmó lo que estos activistas tenían años y meses señalando ­infructuosamente. “El video sirvió para que todos constataran lo que veníamos denunciando. A veces el silencio de tantas personas es tan grande… aunque no estaban al margen, no hallaban cómo expresarse”, dice Errejón. Recuerda que, si bien algunas asociaciones ya habían conformado un colectivo contra la corrupción, la publicación del video detonó la reacción social y eso sirvió para sumar a otros sectores: profesionistas y catedráticos, así como cámaras y otros organismos empresariales: “Todos vimos una corrupción desbordada y dijimos: ya basta”. El Parlamento Ciudadano comenzó a documentar y denunciar públicamente el desempeño de la ASE desde que la encabezaba Héctor Vicente Mayorga, y con el sucesor, José de Jesús Martínez Loredo, quien se vio obligado a renunciar el pasado 15 de junio tras la difusión de los videos del ­diputado Flores Flores, en los que la ASE y varios de sus funcionarios fueron mencionados como partícipes de la trama conocida como “Ecuación de la corrupción”. Errejón sostiene que, además de estar conformado por políticos que han brincado de diputaciones a alcaldías y viceversa, el Congreso local es controlado por legisladores de representación proporcional; “esa es la primera circunstancia en contra: toman el poder dentro del Legislativo quienes no llegan electos por el pueblo”. En su opinión, para los potosinos es más factible recordar “el circo en el que se convierte el Congreso, que una iniciativa de ley que haya pasado para beneficiar a la sociedad de San Luis”. Insultos, gritos, pleitos, exhibición de tráfico de influencias, hijos “mirreyes” involucrados en trifulcas de antros e iniciativas, como la que pretendió penalizar los “memes”, forman parte de las imágenes cotidianas la actual legislatura local. La tibieza de Carreras Para José Guadalupe González, fundador y vocero de la organización por la transparencia Ciudadanos Observando, el gobernador Carreras López tiene una responsabilidad porque “dejó crecer terriblemente el problema, se mantuvo muy pasivo, y sus operadores, si los tiene, fueron verdaderamente ineptos. La realidad los sacudió y le tuvieron que entrar porque ya no había de otra, se llegó a una situación extrema”. Lupillo González alude a los meses de silencio que transcurrieron para que Carreras López interviniera para obligar a tres de los cuatro legisladores involucrados en la “ecuación de la corrupción” a salir de la Comisión de Vigilancia del Congreso –donde dictaminaban los informes de cuentas y auditorías de la ASE– y a pedir licencia en sus curules. Enrique Flores Flores, del PAN; Óscar Bautista, del PRI, y José Guadalupe Torres –perredista, considerado el alfil del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez– dieron paso a sus suplentes, mientras que el cuarto implicado, Manuel Barrera Guillén, del Partido Verde, se ha negado a hacerlo. A cinco años del surgimiento de Ciudadanos Observando, el activista y empresario Lupillo González comenta que en ese tiempo se documentaron las tropelías en el Legislativo, como el uso de facturas apócrifas para justificar gastos, lo que han hecho diputados de todos los partidos, como demostró esa organización al obtener dichos documentos a través de la Unidad de Transparencia del Congreso. Coincide con Errejón en que “todo lo que se destapó en el video eran cosas que teníamos años denunciando, señalando y exhibiendo. Pero como quedó demostrado, al estar coludidos los alcaldes, diputados, auditores y gobierno, no pasaba nada. “Este movimiento evidencia un hartazgo en la ciudadanía, pero esta irritación hay que transformarla en acciones más concretas: salir de la queja en redes sociales, impulsar denuncias penales, desplegados, movilizaciones que aglutinen a todos los sectores de la sociedad.” Ahora el FCA impulsa “una reestructuración de las instituciones, porque está comprobado que están terriblemente corroídas”. Navismo contra la corrupción Esta articulación de sectores y colectivos tiene influencia del navismo, movimiento en el que militaron o participaron en distintos momentos algunos participantes del FCA. Con ese impulso inicial, se acercaron a otros organismos civiles, como Transparencia Mexicana, Fundar y México Evalúa, entre otros. Como ya habían dialogado para unirse por otras causas, optaron por organizarse contra la corrupción en el estado, ya que el gobierno no actuaba ante sus denuncias. Reconocen que un ingrediente sustantivo de la movilización general fue la indignación de buena parte del sector empresarial, que por primera vez en 25 años se sumó a la movilización ciudadana junto con los colegios de profesionistas (desde ingenieros hasta valuadores), como se vio en los primeros desplegados del FCA que aparecieron en medios. Con siete años de labor cívica, en el reciente proceso electoral Ciudadanos Hasta la Madre mostró su desdén por los partidos políticos “secuestrados por mafias y pandillas que se reparten el poder”. A decir de Héctor Blanco Cedillo, fue una especie de experimento que podrían repetir: “Iniciamos un programa para promover las candidaturas independientes no registradas; es decir, el voto por ciudadanos sin registro que se sumaron a participar para quitarles votos a los partidos. (Alentamos) que la gente sí fuera a votar y participara, pero que manifestara expresamente su rechazo a esas pandillas, que no los beneficiara.” Esta organización ha promovido desde hace tiempo la figura del juicio político, comenzando con funcionarios como Marco Antonio Aranda, actual secretario del ayuntamiento capitalino, quien siendo magistrado del Tribunal de Justicia del estado pidió licencia para desempeñarse como secretario de Gobierno en el sexenio de Fernando Toranzo y después regresó a su magistratura para concluir su periodo. “Esa persona ha violado la Constitución y debería de estar inhabilitado como funcionario público”, remarca Blanco Cedillo. En junio del año pasado también promovió un juicio político contra el entonces titular de la ASE José de Jesús Martínez Loredo, incluido en la “Ecuación de la corrupción”. “Promovimos el juicio y una denuncia penal –relata– porque se conoció un dictamen original de 160 páginas de las cuentas públicas de 2016, del ayuntamiento de la capital, que contenía diversas observaciones por varios millones de pesos, y repentinamente ‘apareció’ en la ASE otro dictamen que tenía 30 páginas menos y al que se le habían eliminado las observaciones. Se mutiló el dictamen original que habían elaborado los auditores… Esto fue denunciado desde el interior de la propia ASE y documentado.” Blanco Cedillo se inspira en el movimiento social que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez entre las décadas de los ochenta y noventa. “Tuve oportunidad de formar parte del equipo del doctor Nava cuando fue alcalde de la capital de 1983 a 1985, y con Guillermo Pizzuto fui secretario del ayuntamiento. Vi cómo se trabajaba de manera honesta; vi las traiciones de sus sucesores, cómo se avorazaron, se pusieron sueldos altísimos. Se comparaba el sueldo de alcaldes, como Mario Leal, por encima del sueldo del mayor de Houston. Desde ahí empezamos a ver cómo la gente que llegaba a los puestos públicos los veía como un botín.” Blanco Cedillo está convencido de que el movimiento anticorrupción, como el navismo, “puede educar al país”, al contrario que “el pasmo de Juan Manuel Carreras y su omisión para ejercer su papel de titular del Ejecutivo; parece que no tenemos gobernador”. Hugo Stevens, representante de Acción Ciudadana –otro colectivo ciudadano de inspiración navista– también recupera “esa escuela, esa formación y experiencia de asumir la trinchera ciudadana para enfrentar abusos y arbitrariedades del poder en todos los niveles”. Con 10 años de haberse constituido de manera formal en el aniversario 50 del surgimiento del movimiento navista, Acción Ciudadana se ha enfocado últimamente a vigilar y denunciar las anomalías en las administraciones municipales de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, en manos de Ricardo Gallardo y su hijo del mismo nombre, ambos bajo las siglas del PRD. “Comenzamos a señalar los desvíos de recursos del gobierno de Ricardo Gallardo Juárez en temas como la compra de medicamentos a la presunta proveedora Sandra Sánchez, que resultó ser una particular con una pequeña farmacia apenas provista de algunos productos, y ahora por la pretendida ampliación millonaria del contrato para la adquisición de luminarias LED para la capital con la empresa Panavi, que afortunadamente en este contexto de presión social ya se echó abajo, aunque se resistieron.” A raíz de que Acción Ciudadana y otras organizaciones, además de algunos periodistas exhibieron las dudas e indagaron los contratos de medicamentos, el gobierno municipal comenzó a perseguir a algunos de los activistas con clausuras y multas sorpresivas a sus empresas o negocios, así como cancelaciones de publicidad a los medios. Por este motivo la revisión de la cuenta pública de la capital potosina de 2016 –donde inicialmente se apreciaron anomalías superiores a mil 500 millones de pesos– es uno de los propósitos del FCA, que no duda en pedir auxilio a la Auditoría Superior de la Federación porque no cree en las instituciones de fiscalización en el estado. “Nos importa mucho quién va ser el nuevo auditor –puntualiza Stevens–. La ley prevé que el Congreso presente una terna, pero eso es una negociación entre los partidos, así que queremos romper esa componenda y que sea la sociedad civil la que proponga una terna de ciudadanos honorables, de prestigio, para que de ahí salga el auditor superior. Lo mismo queremos hacer con el fiscal anticorrupción.” Este reportaje se publicó en la edición 2122 de la revista Proceso del 2 de julio de 2017.