CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- En su momento nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés: ni los agentes de investigación de la Procuraduría capitalina, ni mucho menos las impartidoras del Tribunal Superior de Justicia. A lo largo de siete años todas esas instancias la ignoraron, nadie le creyó y, quienes encontraron evidencia de su dicho, prefirieron ocultarla. La trágica historia comenzó con una denuncia por violación sexual infantil y terminó cuando las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que presumiblemente llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su padre y su madre antes de que su expareja siguiera abusando sexualmente de los tres menores de edad. El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas –una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer diagnóstico fue muerte por envenenamiento, pero lo que no termina de esclarecerse por parte de la autoridad o hacia la opinión pública es por qué la familia decidió quitarse la vida. Es por esta razón que un grupo de defensoras de derechos humanos de las mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años, expusieron este día el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron desde diciembre de 2010, antes de decidir que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción por parte de L. Olvera, quien fuera esposo de Mireya y padre de los tres menores. La denuncia En 2010 el niño E., de sólo tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre. Cuando Mireya notó los cambios en su comportamiento, pensó que era un problema de salud y lo llevó al proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual. Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico, así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones de trabajo, determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre. Con las evidencias de su lado, la madre quiso proteger a su hijo y el 16 de junio de 2011 denunció ante el MP la violación sexual (averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06), pero lo que al inicio pareció una investigación para castigar al presunto culpable, en realidad enfrentó a la familia con un ineficiente sistema de agencias en delitos sexuales que se supone deberían ser especializadas. El 29 de junio de ese mismo año Mireya solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de abuso y violencia sexual, pero mientras continuaba la denuncia penal, en casa L. Olvera se defendió al señalar que era mentira, al tiempo de solicitar el divorcio y la patria potestad de su hijo. En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido. Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril siguiente L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su hijo. Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las pruebas indicaron que éste pudo ser víctima del mismo delito cuando era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del abuso contra E.; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras abusaba sexualmente de él. Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre siguiente él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre “alienación parental”, figura que –a pesar de no ser reconocida por institución alguna de salud ni psiquiátrica de prestigio– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina, en el artículo 323 séptimus del Código Civil. La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 el ombudsman local impugnó esta figura jurídica a través de una acción de inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse. Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de alienación parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal. Manipulación El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño. Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mismas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso. Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial”, y es que uno de los supuestos de la alienación parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que convivan la presunta víctima y el victimario. En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento, pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones, por lo que se solicitó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con E. para abordar el tema de violencia sexual. Presionada por su expareja y la jueza, y considerando que la denuncia no llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre de 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajó a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella. Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (averiguación previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02), pero a la vez L. Olvera presenta un recurso ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia de los menores. De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre, pese a que ellos no querían y sin considerar que su exmarido estaba acusado de violencia sexual. En esa misma entrevista, la fiscal de Atención a Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia familiar. Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyo a Adivac para interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y, al mismo tiempo, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos quejas tuvo resultados, pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de seguir conociendo del caso. Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido. El niño contó todo el abuso sexual, no obstante, la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el menor tiró los juguetes a la basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre, pero ante la negativa del abuelo materno, ordenó que acudiera la policía. En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos, pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y, cada vez que no lo hacía, era multada; incluso tenía una orden de arresto. Por su parte L. Olvera no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia. Al conocer esto, en septiembre pasado, Mireya interpuso la tercera denuncia ante la Procuraduría capitalina, que abrió una carpeta de investigación (CI FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal Superior, pero un mes después a la niña se le hizo la prueba de Bosty (creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la cual resultó negativa. Amenazas El 24 de octubre pasado L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo, y como consecuencia el exesposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya e irrumpir en la casa de los abuelos maternos, intimidando y amenazando a la familia para que entregaran a las niñas y al niño. No lo logró. Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del miércoles 7 de junio. El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la jueza undécima de lo Familiar informó a Mireya que había perdido la guarda y custodia, e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesar de todo, la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, pues quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario. Casi siete años después de la primera denuncia, Mireya y sus padres, y con ellos los tres menores, optaron por quitarse la vida, y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio, debido a que pudo ser provocado, y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones por indagar. Agrupaciones como Adivac, Save the Children, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, entre otras, alertan que hay más casos como el de Mireya, y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres, por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recurso sobre alienación parental, y finalmente derogar este concepto de la legislación capitalina.