El caso de la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, presa en su país bajo cargos de corrupción, dio un vuelco este mes, cuando Estados Unidos solicitó su extradición… y ella aceptó ser extraditada. Esto hace pensar a los expertos que se trata de una maniobra que le permitiría dilatar su proceso varias décadas. En su petición, por otra parte, Washington revela que la exfuncionaria presuntamente estableció una lucrativa relación con Los Zetas, a quienes habría dejado operar impunemente en su país. CIUDAD DE GUATEMALA (Proceso).- El proceso penal contra Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala, dio un giro el miércoles 7, tras conocerse una solicitud de extradición del gobierno estadunidense y los presuntos vínculos de la exfuncionaria y del exministro guatemalteco de Gobernación Mauricio López Bonilla con Los Zetas. El expediente enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición, destapa los supuestos vínculos de Baldetti con Los Zetas, cártel que le habría entregado a la exfuncionaria más de 250 mil dólares a cambio de que se le permitiera operar impunemente en territorio guatemalteco. En un comunicado, mediante el cual se da a conocer la solicitud de extradición, el Ministerio Público (MP) informó que el estadunidense Distrito de Columbia acusa a Baldetti de “asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”. Se programó, pues, una audiencia para el jueves 15, a fin de informarle a la exvicepresidenta los motivos por los cuales Estados Unidos la requiere. Baldetti fue vicepresidenta en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien fue desaforado por cargos de corrupción. Luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente investigador financiado por las Naciones Unidas, revelara que Pérez Molina y Baldetti orquestaron una red de contrabando aduanero conocida como La Línea, que defraudó al Estado de Guatemala por 3.8 millones de dólares, ambos se vieron obligados a renunciar, en medio de una fuerte ola de protestas. Actualmente ambos guardan prisión preventiva. Pérez Molina enfrenta tres procesos penales por corrupción y Baldetti, cuatro. En la petición de extradición, Estados Unidos asegura que “Baldetti prometió que como vicepresidenta, ella restringiría las actividades de los cuerpos policiales para permitir que los traficantes de droga, quienes contribuyeron a su campaña electoral en 2011, utilizaran las rutas terrestres, aéreas y marítimas para transportar drogas a través de Guatemala”. El documento cita a varios informantes que aseveran que Baldetti se reunió en la Ciudad de Guatemala con integrantes de Los Zetas, incluyendo uno identificado en el expediente como “Testigo 1”, quien decidió colaborar con las autoridades estadunidenses. Según el Departamento de Justicia estadunidense, durante esas reuniones, sostenidas durante la campaña electoral de 2011, Baldetti negoció un acuerdo con Los Zetas como parte del cual recibiría 250 mil dólares, un pago que se hizo efectivo entre noviembre de 2011 y enero de 2012, una vez electa. Para confirmar que había recibido el pago, Baldetti supuestamente envió a un individuo que fungía como enlace con Los Zetas un video que muestra la recepción del dinero, video que fue adjuntado al expediente y se encuentra en manos del MP y de la Corte Suprema de Justicia. “El Testigo 1 dirigió entregas de dinero y regalos a los agentes de Baldetti porque creyó que Baldetti permitiría a Los Zetas el tráfico de cocaína a través de Guatemala”, reza el expediente. Además de ese pago, Baldetti supuestamente solicitó y recibió seguridad armada de Los Zetas para sus mítines de campaña en el departamento norteño de Huehuetenango, entre noviembre de 2010 y enero de 2012. Eliminación de un rival Testigo 1 también afirma que en 2012 solicitó la ayuda de Baldetti para “eliminar a un traficante de drogas asociado a un cártel mexicano rival” y que en respuesta la exvicepresidenta le informó que ese narco tenía una orden de captura vigente, con los cuales Los Zetas infirieron que Baldetti “resolvería el problema”. Posteriormente el narcotraficante rival, cuya identidad no se revela, fue arrestado. En 2012 las autoridades guatemaltecas arrestaron a tres narcotraficantes de alto perfil. El primero fue Horst Walther Overdick Mejía, detenido en abril de 2012 y extraditado a Estados Unidos en diciembre. Se le acusa de transportar 200 kilos de cocaína a ese país. El segundo fue el mexicano Ramón Antonio Yánez Ochoa, detenido en la Ciudad de Guatemala en septiembre de 2012. A éste se le acusa de encabezar una estructura dedicada a procesar y producir metanfetaminas y trasegar precursores. Se le acusa de transportar drogas entre México y Guatemala desde 2009 y la justicia estadunidense lo requiere por delitos de narcotráfico. En octubre de 2016 Yánez Ochoa fue condenado a 28 años de prisión. El tercero fue Luis Fernando Castillo Velásquez, detenido en diciembre de 2012, señalado como integrante de un cártel liderado por Carlos Rubio Parra, alias El Canche. Fue detenido en la Ciudad de México el 18 de julio de 2016, acusado de trasladar unos 300 kilos de cocaína desde Guatemala entre febrero de 2006 y octubre de 2008, que posteriormente serían transportados a Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, Rubio era el intermediario entre los cárteles mexicanos y colombianos y su base de operaciones era la Ciudad de México. La justicia estadunidense le ha solicitado a México que autorice su extradición para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Antes de que la Corte de Columbia formulara los cargos contra Baldetti y López Bonilla el 22 de febrero de este año, los presuntos vínculos de la exvicepresidenta con la narcotraficante Marllory Chacón Rossell, La Reina del Sur, documentados por el diario El Periódico, ya habían generado sospechas sobre su involucramiento con cárteles de la droga. Chacón, señalada por el Departamento del Tesoro estadunidense como la líder de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero que operaba en Guatemala, Honduras y Panamá y que abastecía a los cárteles mexicanos, fue condenada en Miami, el 5 de mayo de 2015, a 12 años de cárcel por posesión de más de cinco kilos de cocaína con intención de distribuirla en territorio estadunidense. La Corte le redujo sustancialmente la pena por colaborar con el gobierno en la captura de otros narcotraficantes. Investigaciones publicadas por El Periódico acusaron al Partido Patriota, el cual llevó al poder a Pérez Molina y a Baldetti, de recibir 2 millones de dólares de la estructura criminal encabezada por Chacón durante la campaña electoral de 2011. Acepta la extradición El jueves 15 Baldetti compareció en una videoconferencia desde la cárcel de Santa Teresa, a una audiencia en la cual el Tribunal Quinto de Sentencia le informó sobre la solicitud de extradición planteada por la justicia estadunidense. La exvicepresidenta, luego de conocer la acusación, dijo que aceptaría la extradición voluntaria, lo cual agiliza el trámite. Sin embargo, penalistas guatemaltecos afirman que bajo los términos del acuerdo de extradición suscrito entre Guatemala y Estados Unidos, Baldetti solo puede ser extraditada una vez que haya enfrentado los cuatro procesos que tiene pendientes en Guatemala, lo cual podría tardar más de 40 años. “No existe forma legal de que ella (Baldetti) se vaya sin terminar sus procesos acá. Mientras esos procesos no se resuelvan mediante una sentencia condenatoria o absolutoria firme, no podría enfrentar a la justicia estadunidense”, asegura el penalista David Pineda. “(Baldetti) ha de estar bien asesorada porque ponerse a pelear una solicitud de extradición cuando los jueces siempre las otorgan no tendría ningún valor estratégico. Aunque no estuviera bien fundamentada, ningún juez la va a negar, tratándose de alguien tan señalada como ella, y más si se trata de Estados Unidos”, agregó Pineda. Según Pineda, para que Baldetti pudiera ser extraditada de inmediato, el MP tendría que desistir en los procesos legales que se llevan en su contra, lo cual sentaría “un mal precedente para la justicia guatemalteca”. A criterio de Carmen Aída Ibarra, directora del movimiento Pro Justicia, una organización civil, es improbable que el MP abandone los procesos contra Baldetti mientras Thelma Aldana siga al mando de la institución y la CICIG permanezca en el país. Sin embargo, este panorama político podría cambiar cuando Aldana sea relevada en su cargo a mediados de 2018. “El año entrante van a nombrar a un nuevo fiscal general y habrá una nueva correlación de fuerzas. Los altos funcionarios, como Otto Pérez Molina, involucrados en casos de corrupción, le están apostando a que el presidente (Jimmy Morales) elija a un fiscal favorable a su causa y a que se acabe el mandato de la CICIG o llegue un comisionado diferente”, dijo Ibarra. En cuanto a la permanencia de la CICIG en el país, cabe recordar que la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el principal donante que apoya la comisión, supone un cambio en la política exterior estadunidense hacia Centroamérica, lo cual podría traducirse en un menor apoyo hacia las labores de la comisión. Este reportaje se publicó en la edición 2120 de la revista Proceso del 18 de junio de 2017.