AQUILA, Mich. (apro).- Las comunidades de la Sierra-Costa de Michoacán se mantienen en alerta ante los nuevos delitos que la Procuraduría General de la República (PGR) imputa a los comandantes de las policías comunitarias que desde 2014 resguardan los municipios de Coahuayana y Aquila. Por ello, el Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán exige al gobierno federal que cese los hostigamientos, que retire los cargos y que se presenten en la región Berta Paredes, delegada de la PGR en Michoacán, y Tania Jaqueline Rangel Villaseñor, agente del ministerio público que integró las carpetas de investigación por los delitos de robo, secuestro, delincuencia organizada, robo de gasolina, lavado de dinero, entre otros. “Es aberrante que fabriquen delitos a quienes son nuestros guardianes”, dice un empresario de Coahuayana y miembro del Concejo Ciudadano (pide anonimato), pues desde que se hicieron cargo de su propia seguridad en 2013 “la gente ya puede dormir tranquila (…) lo que tenemos es un mando ranchero que se sostiene con nuestra palabra, con un peso, con una despensa, con lo que aportamos todos, el Estado en cambio no gasta ni en un litro de aceite para darnos seguridad”. A principios de noviembre llegó un citatorio de la PGR dirigido al alcalde de Aquila, José Luis Arteaga, donde también aparecían los nombres de Cemeí Verdía, comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula (quien ya estuvo preso en 2015 y salió libre al demostrar su inocencia); Germán Ramírez, encargado de la seguridad municipal de Aquila; Héctor Zepeda Navarrete, a cargo de los comunitarios de Coahuayana; y Rubén Baltazar. El Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán mantiene un plantón en la carretera de Lázaro-Cárdenas en el punto llamado Triquis (donde está la intersección con la carretera que conduce hacia la cabecera municipal de Aquila) como presión para que el gobierno federal explique la situación legal de los imputados y retire los cargos contra los comandantes. De lo poco que saben de la carpeta de investigación es que inculpan a los comunitarios del secuestro de cinco policías municipales de Aquila que ellos mismos rescataron de manos de los Caballeros Templarios. El 6 de febrero de 2017, hombres armados (los testigos reportaron que era “gente vestida con uniformes de la Marina”) se llevaron a cinco municipales originarios de San Pedro Naranjestil que vigilaban el puesto de revisión de la comunidad indígena de Tizupan –ubicado sobre la carretera federal 200 que conecta Michoacán y Colima¬–. Los comunitarios de Aquila y Coahuayana se movilizaron de inmediato para buscarlos y después de tres días lograron su liberación, lo cual fue relevante para la región ya que lograron rescatar con vida a los desaparecidos. Desde que los privaron de su libertad, el alcalde de Aquila, José Luis Arteaga, interpuso ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán una denuncia penal por secuestro de sus policías municipales. Ahora es él y los comandantes que participaron en la liberación a quienes la PGR acusa de secuestro. Germán Ramírez dice irónico: “por rescatar a nuestros compañeros ahora nos premian con órdenes de aprehensión”. El Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Costa-Sierra de Michoacán se conformó el pasado 9 de noviembre ante el hostigamiento permanente de la PGR, la Marina Armada de México y la Sedena contra los pueblos que siguen a cargo de su propia seguridad. “Hace cuatro años nos mataban como pollos. Todos nosotros somos personas dolidas que queremos mantener la paz y tranquilidad que han logrado los comunitarios. Ahora vean con gusto cómo están las playas, cómo está la gente, teníamos hambre de vivir tranquilos. Ustedes revisen las estadísticas del Estado y somos los municipios donde ya no hay robos, extorsiones ni desapariciones”, resaltó el mismo empresario de Coahuayana que pide anonimato y que participó en una rueda de prensa el lunes 4 de diciembre en la cabecera municipal de Coahuayana. Berta Paredes, delegada de la PGR en Michoacán, declaró al medio local Idimedia que quienes tienen que asistir a la ciudad de Morelia a conocer los detalles de las investigaciones son los imputados o sus abogados, que la “carpeta de investigación está debidamente sustentada” y que no existe orden de captura en contra de ninguno. El Concejo Ciudadano señaló en un comunicado de prensa del 5 de diciembre que los elementos de seguridad se encuentran en proceso de regularización tal y como se ha acordado con las autoridades estatales, “por lo que condenamos enérgicamente esta nueva serie de ataques directos contra la tranquilidad de nuestros municipios”, ya que la detención de los comunitarios “puede ser motivo para que se desate un nuevo escenario represivo y de militarización de la región”. Cemeí Verdía cree que estas nuevas acusaciones pueden estar vinculadas con que el alcalde de Aquila presionó para lograr la libertad de Agustín Villanueva Ramírez y sus hermanos Vicente y Efraín, quienes salieron de la cárcel el 13 de octubre pasado luego de que se resolvió un recurso de apelación a su favor. Agustín fue presidente de bienes comunales de Aquila, dirigente de las autodefensas de la cabecera municipal de Aquila y quien presionó en 2012 a la minera Ternium para mejorar el convenio económico a favor de la comunidad indígena. Tanto las autoridades agrarias de Santa María Ostula como los empresarios de Coahuayana que forman parte del Concejo Ciudadano analizan que lo que hay detrás de la persecución de los comunitarios es que al gobierno y a las empresas interesadas en dichos territorios les estorba que la gente esté organizada, pues es como han impedido que privaticen sus playas y el robo de minerales y maderas preciosas en toda la Sierra Madre del Sur que corre paralela al Océano Pacífico. Los hombres que estorban a las mineras Agustín Villanueva tiene unas semanas en libertad. Debajo de un árbol en una brecha de la sierra, acepta hablar unos minutos con la condición de no responder preguntas difíciles porque aún se siente perseguido. Alrededor está su hermano y otros familiares que también estuvieron presos. Relata: “No me siento muy bien porque me echaron cuatro años a la cárcel sin haber cometido ningún delito, me siento como, no sé cómo decir, me siento desesperado y ofendido de parte de los gobiernos, es muy peligroso en estos tiempos hablar de los gobiernos como recio, como fuerte, no me siento a gusto porque yo lo que hice fue enfrentarme con los asesinos; con mis amigos, mis compadres, mis primos, ya no aguantábanos, porque pagábamos cuota a un señor que le dicen ‘Lico’ (Federico González, quien trabajaba para Los Caballeros Templarios), que lo mandaba la Tuta. “Nos hizo desesperar tanto que dijimos ¡ya basta! y nos levantamos en armas. Yo Agustín, sabedor, me levanté en armas con mis compañeros, sin pensar todo lo que pasó. Agarrar armas en las manos es un peligro, no las agarramos por lucirnos o darnos gusto, las agarramos para defender a nuestras familias, estábamos todos amenazados, arruinados, ya nadie quería trabajar porque había que pagar cuota para los Templarios”. Cuando cayeron presos Agustín y sus parientes, la región costa-sierra de Michoacán era de las más peligrosas del Estado. La carretera costera, los cerros y las playas eran controladas por el cártel que tenía como base La Placita. Hasta febrero de 2014, cuando la comunidad indígena de Santa María Ostula se levantó en armas, los Templarios huyeron y poco a poco el pueblo fue recuperando el control del territorio hasta el punto actual en que los turistas regresaron, detuvieron el robo de madera sangüalica, la gente volvió a tener libertad y no volvió a haber asesinatos ni desapariciones. Ahora que está de regreso en su pueblo, sus compañeros de otros municipios le dicen que los levantamientos valieron la pena porque ya no viven con temor de Los Templarios. –Dicen que las nuevas acusaciones contra comunitarios pueden estar vinculadas con las minas– se le pregunta. –Ay muchacha, es una pregunta bien preguntada pero muy peligrosa porque es una historia que estamos viviendo los señores de la comunidad de Aquila, es una historia muy larga, y está bien peligrosa por la razón de que la empresa minera Ternium les roba el mineral a los señores de la comunidad indígena de Aquila, les roba sus recursos por muchos años, es un problema bien serio para mí y para ustedes también. La mina es algo bien serio, bien peligroso, muy peligroso, de vida o muerte. Actualmente Ternium-Las Encinas S. A. explota la mina San Miguel de Aquila, la cabecera municipal de Aquila. Sin embargo, tiene concesiones de hierro en el resto de la sierra donde habitan las comunidades indígenas de Santa María Ostula, Coire y Pómaro, también en el municipio de Aquila, lo que significa un peligro permanente para los pueblos. Cada que hay incidentes de seguridad, por un lado o por otro se asoma el rumor de que detrás están los intereses mineros. “Un modelo ranchero de seguridad” Los integrantes del Concejo aseguran que en la Sierra-Costa de Michoacán ya encontraron el elemento que le hace falta al resto del país para sacar al crimen organizado y disminuir los delitos. En el municipio de Coahuayana, por ejemplo, sólo se ha permitido que 17 elementos estén registrados ante la Policía de Michoacán; el resto realiza labores voluntarias o recibe apoyo económico de las aportaciones de los mismos habitantes, principalmente productores de plátano que avalan a “los muchachos que nos cuidan (encabezados por Héctor Zepeda conocido como comandante “Tetos”). Si nosotros no perseguimos a nadie, ¿por qué no nos dejan vivir en paz? Actualmente le tenemos más miedo al Estado que a los criminales. No se vale nos quiten nuestra tranquilidad. Ellos quieren que desaparezcamos”, dice el empresario de Coahuayana. El municipio siguiente es Aquila, que actualmente está vigilado por Germán Ramírez (quien es originario de Santa María Ostula) y alrededor de 200 hombres, aunque no todos estén registrados como Policía de Michoacán. Además, la comunidad nahua tiene a su policía comunitaria que es nombrada en Asamblea y no realiza rondines, pero está atenta ante cualquier emergencia, más el resto de la población que participa en todas las movilizaciones como el plantón actual que permanece en la carretera costera. El Concejo de Seguridad El 9 de noviembre de 2017 se conformó el Concejo Ciudadano de Seguridad de los municipios Libres de la Sierra-Costa de Michoacán integrado por autoridades locales, ejidales y empresariales de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Coalcomán y Tepalcatepec. En una nota publicada en el diario El Sol de Michoacán, el secretario general de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, desestimó las denuncias penales a las que alude el Concejo. Aseguró que las peticiones de los municipios fueron resueltas hace una semana al igual que el bloqueo que mantenía el consejo en el Triquis, sin embargo éste permanence.