A los cuestionamientos de numerosas ONG nacionales e instancias internacionales se suman los de activistas proderechos humanos y familiares de desaparecidos por la decisión de los diputados de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que da más poder al Ejecutivo federal y a las Fuerzas Armadas. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunció que si el Senado ratifica esa oprobiosa ley, podría ejercer sus facultades para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) el pasado 30 de noviembre con los votos de los diputados del PRI y sus aliados en San Lázaro echó por la borda los informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como las llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad pública en los últimos 10 años en México. De nada valieron las múltiples advertencias, pues esa ley –que da amplias facultades al presidente de la República para mantener de forma indefinida a miembros de las Fuerzas Armadas en las calles– impulsada por el priista César Camacho Quiroz fue avalada por 248 votos. “Los diputados decidieron no escucharnos, por más que se les quiso decir que esto va a acarrear más violencia y más violaciones a derechos humanos”, lamenta Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem). Y añade: “Ellos (los priistas y sus comparsas) se justificaban diciendo que ya se la debían a las Fuerzas Armadas. Si así, sin la ley en la mano, hacían lo que hacían las tropas, con mayor razón, creemos, se va a incrementar la violencia”. Madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en 2008, doña Yolanda reitera: “Los diputados no tomaron en cuenta lo que han sufrido las familias por parte de los militares. Su decisión nos hace sentir amenazadas”. Desaparecido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fernández Morán es un ejemplo de lo que puede hacer el personal castrense cuando tiene el control de la seguridad pública, pues muchos soldados no son ajenos a la corrupción. Fernández Morán fue secuestrado el 19 de diciembre de 2008 por efectivos de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila. Y si bien fueron detenidos cinco militares, entre ellos el teniente Ubaldo Gómez Fuentes, todos fueron asesinados dentro del penal de Torreón; cuatro en 2009 y uno al año siguiente. Otro elemento identificado como Miguel Ángel Lara sigue prófugo. “Creemos que hay más militares involucrados –sostiene doña Yolanda–. (A los cinco) los mataron para que no abrieran la boca… Y es que no sólo fue mi hijo; también habían secuestrado a un empresario de Nuevo León, al que mataron y calcinaron. Se supo también que los militares secuestraban al menos a una persona al mes.” Durante el sexenio de Felipe Calderón ella y otros familiares de desaparecidos pidieron ayuda al entonces procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, para buscar a más soldados involucrados. “Él nos dijo que quienes se habían llevado a mi hijo eran sólo los identificados y que secuestraban en su tiempo libre. Ahora que cuentan con la Ley de Seguridad Interior, ¡imagínese qué no van a poder hacer los militares en las calles! “Por eso vamos a seguir insistiendo, ahora a los senadores, que escuchen a las familias que hemos sido víctimas de esta estrategia fallida”, puntualiza doña Yolanda, firme impulsora de la Ley General sobre Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, así como de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra. El informe del Centro Prodh El pasado 27 de noviembre, al alertar sobre el “albazo legislativo”, organizaciones civiles ofrecieron datos duros sobre lo que ha significado en materia de derechos humanos la militarización de la seguridad pública en los últimos 10 años. De acuerdo con la información recabada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, de las 82 mil 745 quejas recibidas por el ómbudsman nacional, 23 mil 347 corresponden a las autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, Policía Federal y PGR), y de ellas en 10 mil 404 se señala a la Sedena como autoridad responsable. En materia de tortura y/o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el mismo periodo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 4 mil 483 denuncias en las que se señala a la Sedena como responsable, y a la Semar con mil 32. En el informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad. La Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de política de seguridad en México contraria a los derechos humanos”, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) destaca que, en materia de recomendaciones, la CNDH ha emitido 140 contra Sedena y Semar, 109 y 31 respectivamente; de ese total, 87 corresponden a tortura, 41 a ejecuciones extrajudiciales, seis a desapariciones forzadas y otras tantas al uso ilegal de la fuerza. El extenso documento advierte que diversos mecanismos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en sentencias del tribunal regional contra México han formulado al menos 16 recomendaciones para retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, robustecer las policías estatales y municipales, y castigar efectivamente los abusos castrenses. La CMDPDH y el Centro Prodh tienen amplia experiencia en el litigio ante la CIDH y la ONU de casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la llamada “guerra sucia” de la década de los setenta, así como en la “guerra contra el crimen organizado” iniciada durante la gestión de Calderón. Los primeros días de noviembre, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) difundió su informe “Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, que demuestra la impunidad de las tropas de la Sedena que han cometido atrocidades en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de información, el reporte registra que entre 2012 y 2016, la PGR integró 505 carpetas de investigación contra miembros de la Sedena y la Semar por diversos abusos, pero en el mismo periodo el Poder Judicial sólo ha emitido 16 sentencias condenatorias. Del total de indagatorias abiertas, 268 corresponden a tortura, 121 a abuso de autoridad, 37 a desaparición forzada, 31 a violencia sexual, 17 a homicidios, 13 a lesiones, nueve a delitos contra la administración de justicia, tres a extorsión, tres a privación ilegal de la libertad, dos a robo y una investigación por allanamiento de morada. Las evidencias muestran que los 10 años del incremento de la violencia a partir de la militarización ha tocado de manera particular a los más indefensos de este país, a 32% de la población nacional que corresponde a personas de cero a 17 años. Los últimos recursos De acuerdo con la decimotercera edición del informe “La Infancia Cuenta en México”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), cada día cuatro niñas, niños o adolescentes desaparecen y tres son asesinados; de los más de 33 mil víctimas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 6 mil 79 son menores de 17 años. De esa cifra, 4 mil 394 desaparecieron durante el gobierno de Peña Nieto. “En los primeros ocho años de la guerra contra el crimen organizado, 2 mil fueron asesinados, de los cuales la mitad ocurrió en enfrentamientos que involucraron la participación de fuerzas de seguridad.” Todavía el 30 de noviembre –el día que se aprobó la LSI en San Lázaro por 248 votos–, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, alertó que la ley “petrifica” la situación de violencia y abusos cometidos por fuerzas federales. Al recordar que a partir de 2006 “se multiplicaron varias graves violaciones de derechos humanos”, Jarab urgió buscar una “salida gradual de las Fuerzas Armadas” y a fortalecer a los cuerpos policiacos. Y sentenció: Si el índice de homicidios que tenemos es un argumento para seguir con esta estrategia, se necesita una reflexión inclusiva honesta pública sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en el modelo de seguridad actual. La noche del 30 de noviembre, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, anunció desde Washington que en caso de que la LSI sea aprobada en definitiva por el Senado, la CNDH podría ejercer sus facultades para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En febrero pasado, González Pérez presentó al Senado el documento “Algunas consideraciones ante las propuestas legislativas que se han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior en México”, en el que enlistaban 10 puntos a considerar para garantizar el respeto a los derechos humanos y apegarse a la Constitución, los cuales fueron soslayados en el dictamen final. A la reacción del ómbudsman se sumaron organizaciones civiles como Amnistía Internacional, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que llamaron a los senadores a enmendar la plana a los diputados. Propuestas al Senado En entrevistas por separado, el director ejecutivo de la CMDPDH, José Antonio Guevara Bermúdez, y el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, desmenuzan el dictamen, que será presentado el martes 5 en Comisiones en el Senado. Guevara Bermúdez identifica al menos 12 “problemas de constitucionalidad”, en tanto que el subdirector del Centro Prodh hace 18 observaciones al dictamen compuesto por 34 artículos. Ambos coinciden: entre los riesgos más evidentes están la falta de controles efectivos a las Fuerzas Armadas, la discrecionalidad del presidente de la República para determinar la afectación de seguridad interior y de prolongar la presencia de las fuerzas federales, incluidas las armadas, por tiempo indeterminado, la subordinación de los poderes civiles al mando castrense, la facultad para exigir información a órganos autónomos de investigaciones sobre fuerzas federales, decidir cuándo una manifestación o protesta social es pacífica, y la atribución de clasificar todas las acciones realizadas en el contexto de la atención a una declaratoria de afectación de seguridad interior, como reservada por ser un tema de seguridad nacional, entre otros factores. Destacan que corresponderá impugnar la LSI por medio de alguna acción de insconstitucionalidad a la CNDH o al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a un porcentaje representativo de diputados o bien a gobernadores o alcaldes que consideren afectados por el pacto federal. “Es una ley que va en contra de las víctimas y el acceso a la justicia –razona Guevara Bermúdez–. Se va a dificultar totalmente litigar incluso en instancias internacionales; vas a tener a una víctima y ya, porque no vas a poder documentar si hubo despliegue militar, qué pelotón intervino en una violación a derechos humanos, menos aún quiénes conforman ese pelotón o quiénes viajaban en tal vehículo militar. La Sedena o la Semar van a negar todo, argumentando la seguridad nacional.” Al recordar que la CIDH ha considerado el modelo de seguridad interior como “propio de los regímenes autoritarios, pues fue el que invocaron las dictaduras del Cono Sur y recientemente Venezuela”, Aguirre Espinosa advierte que las organizaciones de la sociedad civil tendrán como tarea posicionar el tema en instancias internacionales. “Vamos a recurrir a los mecanismos de control internacional, desde luego las instancias internacionales de derechos humanos encontrarán preocupante la Ley de Seguridad Interior, por lo que a nivel interno, exigimos al Senado que mínimamente corrija los peores aspectos de la ley, como la prórroga indefinida de la presencia castrense”, apunta el subdirector del Centro Prodh. Sin embargo, ambos defensores coinciden en que, como sucedió en la Cámara de Diputados, en el Senado el PRI tiene alianzas, particularmente con “los rebeldes del PAN”, quienes probablemente le darán la mayoría necesaria para consolidar la legislación. “Lo que se avecina es una ley que le da carta blanca a las Fuerzas Armadas para seguir interviniendo en seguridad pública, que satisface la exigencia castrense y que eleva a rango de ley una política de seguridad que ha fracasado en la última década”, insiste Aguirre Espinosa. Para Guevara Bermúdez, la aprobación de la LSI y su virtual ratificación en el Senado significa “un retroceso y una regresión autoritaria terrible”. El fantasma del 68, así como la represión estudiantil del 71, la guerra sucia de los setenta y esta guerra iniciada en 2006 por Calderón se nos hizo realidad, ahora es ley”. Este texto se publicó el 3 de diciembre de 2017 en la edición 2144 de la revista Proceso.