CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su recomendación sobre el caso Nochixtlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “omitió información para no causarle daño a la Secretaría de Gobernación”, considera Juan Araujo Riva Palacio, el defensor de los agredidos el 19 de junio de 2016. La Procuraduría General de la República (PGR) prefirió excluir cientos de testimonios de los lugareños agredidos por agentes de la Policía Federal, quienes, acuerpados por policías estatales, atacaron a la población con armas de fuego y granadas lacrimógenas, con el pretexto de liberar las vías de comunicación tomadas por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). No incluyó testimonios como los de Santiago Ambrosio Hernández, Juan José Acevedo Martínez y María de los Ángeles Santiago Pérez, habitantes del poblado de Asunción Nochixtlán. El primero asegura: “A las 11:00 de la mañana, me encontraba sobre la carretera federal a la altura del panteón municipal de Asunción Nochixtlán. Los policías me aventaron una bolsa con gasolina, rociándome con la intención de prenderme fuego. También recibí un impacto en la nuca con un objeto duro, enseguida sentí un impacto de un proyectil de arma de fuego en la espinilla derecha”. El segundo recuerda: “Entre las 9:15 y las 9:40 de la mañana, cuando me encontraba sobre la calle que conduce a la puerta principal del panteón municipal, recibí un impacto de bala desde atrás, en la oreja izquierda; el proyectil salió por la mejilla. Eso me ocasionó fractura de mandíbula inferior izquierda y la pérdida de cuatro molares”. La tercera relata: “Como a las 11:00 de la mañana, cuando me encontraba en el hospital básico comunitario, la policía empezó a disparar (…). Quienes estábamos ahí nos cubrimos para no ser heridos. En el momento en que me escondía en una jardinera me pegué en la cabeza a la altura del oído. Sentí un fuerte mareo. Días después comenzaron los dolores de cabeza, me sentía muy débil”. Para la PGR, según el expediente del caso, sólo existe la declaración de los policías heridos cuando los nochixtecos salieron en defensa de los maestros de la Sección 22. La propia CNDH, en su recomendación, evidenció que la procuraduría no realizó las indagatorias, los peritajes ni la recreación de los hechos, comenta el abogado de las víctimas. Dirigida a la PGR, a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la recomendación 7VG/2017 de la CNDH –fechada el martes 17, pero dada a conocer el miércoles 18– admite que se cometieron “delitos graves”. Sin embargo, responsabiliza en gran medida a la corporación estatal, a pesar de que la federal llevaba el mando. Recomendación sesgada De acuerdo con la CNDH, murieron siete personas y 174 pobladores resultaron lesionados, aunque añade que decenas de policías federales también fueron heridos. Araujo Riva Palacio cuestiona duramente la resolución de la CNDH: “Lo que soslaya es cómo el Estado enfrenta la protesta social. Fue una determinación muy clara del Cisen, de la Segob y del entonces gobernador Gabino Cué para reprimir la protesta social”. Y puntualiza: “El miércoles 18, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, anunció el protocolo para modificar el uso de la fuerza de la Policía Federal, lo cual no es coincidencia, pues estaba en pleno conocimiento de que el mismo día vendría la recomendación de la CNDH”. Pese a ello, la recomendación no va dirigida a la Segob ni al Cisen, insiste Araujo; busca un “equilibrio salomónico” entre los policías heridos y la población civil muerta o herida: “Me parece que en ese punto la CNDH no fue objetiva. Incluso establece que hubo civiles, pero no determina si eran parte de la inteligencia del Cisen o pertenecían a la población. La parte importante es que el Cisen, un día antes (de la agresión), tomó la determinación de realizar el operativo. Eso está documentado en el expediente”. El abogado alude a la declaración del comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Froylán Carlos Cruz (que se encuentra en el concentrado de las carpetas de investigación 1694/A.N./2016, 1695/A.N./2016, 1696/A.N./2016, 1697/A.N. /2016, 1698/A.N./2016, 1701/A.N./2016 y 17 03/A.N./2016, a las que tuvo acceso este semanario), pues, dice, es contundente al describir la participación de las instancias federales. En su edición del 5 de marzo de 2017, Proceso recogió el testimonio de Carlos Cruz: “Hubo varias reuniones previas, entre ellas la del sábado 18 de junio de 2016, como a las 10 de la mañana, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, a la que asistí en atención a la instrucción que me dio el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge Alberto Ruiz Martínez. Llegando a la junta estaban el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco; el delegado de Gobernación, Germán Garciamoreno Ávila; el delegado del Cisen, Ernesto Salcedo; el inspector jefe de la Policía Federal, Jorge Isaac Trujillo Morales; y Jaciel Vázquez Castro, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. “El Cisen, la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal, encabezaron la Mesa de Mando que ordenó el operativo en Nochixtlán el domingo 19 de junio de 2016. Al frente iban 174 elementos de la División de Gendarmería Nacional, 32 de ellos con armas largas y cortas.” Según Araujo, también está el asunto de los francotiradores vestidos de civil. Él los identifica como tales: “No como parte de la población civil de Nochixtlán. Eso tendrá que investigarlo a profundidad la PGR. De resultar cierta esa versión, la recomendación se quedó muy corta y tergiversa la verdad, porque prueba que realmente la provocación vino desde la policía”. Se le recuerda al abogado que en marzo pasado, en una reunión con senadores, el ómbudsman dirigió la responsabilidad a los policías estatales. “Ha habido un trabajo intenso de Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, para minimizar la intervención de las fuerzas federales –sostiene Araujo–. La verdad es que no hay forma de modificar lo que está en el expediente. Las declaraciones del comisionado estatal apuntan a que el mando recayó en la Policía Federal. Eso es ineludible. Nuestra intención es que la sanción llegue hasta el gobernador y el entonces comisionado de la PF, Enrique Galindo”. Araujo explica que en materia penal no sólo las acciones están castigadas; las omisiones con resultado también se sancionan. Si en este operativo se determina no sólo quién disparó, sino también quién toleró u omitió evitar eso, ambos son responsables de los homicidios: quienes tomaron las decisiones en primer nivel son responsables de las muertes por omisión impropia desde el punto de vista del Código Penal Federal. E insiste en que ha habido simulación en cuanto a la portación de armas por parte de los policías, y sobre el operativo “mal planeado”, como observa la CNDH en su recomendación. Araujo sostiene que fue dolosamente dirigido; “la declaración del comisionado Cruz no deja lugar a dudas”. Si se analiza la agresión del 19 de junio de 2016 desde el punto de vista de cómo el Estado ha enfrentado la protesta social en forma sistemática, la apuesta de los defensores de las víctimas es que las investigaciones deben configurar el crimen de lesa humanidad. –¿No importa que sea la Sección 22 de la CNTE? –No. Porque reprimieron a la población completa y eligieron el Día del Padre, cuando hay plaza pública, mercado, cuando en Nochixtlán se reúne muchísima gente, incluso de poblaciones vecinas. Estos hechos evidentemente debieron haber sido previstos por el Cisen, antes de ordenar la entrada de policías federales, y por la CNDH, al emitir su recomendación. –¿Por qué no investigó la responsabilidad de los órganos de inteligencia del Estado para saber quién determinó reprimir, si era obligación de la CNDH llegar al fondo? –Lo ignoro. No se quiso meter hasta ese punto. Pero el hecho de que reconozca que hay violaciones graves nos permite trascender la recomendación y exigir a la PGR que avance en la investigación y determine lo que le estoy diciendo. Parece que el hecho de que la Policía Federal dirija operativos en los que se cometen violaciones graves a los derechos humanos en Oaxaca es la caja de resonancia de lo que pasó en Ayotzinapa y es la constante en esta administración (la de Peña Nieto). E insiste: “Creo que aquí es en donde está la clave de la palabra soslayar. La CNDH buscó que esta recomendación no le cause daño a la Segob. Es un operativo no contra un enfrentamiento de delincuentes armados, como se menciona, sino contra una población civil que plantea una propuesta social ante una reforma educativa que (los maestros disidentes) consideran anticonstitucional. Este texto se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.