Desde hace más de mil 400 días, periodistas veracruzanos piden justicia por el asesinato impune de su compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso. La lista de agravios en el sexenio del terror que encabeza el gobernador Javier Duarte ha afectado a otros 16 comunicadores; y aunque el miedo embarga al gremio, no cesa su reclamo. Lo que duele no es sólo la negligencia de las autoridades, sino también que muchos de los personajes del entorno del mandatario hayan sido premiados con ascensos. XALAPA, VER.– El tiempo se le agota al gobernador Javier Duarte de Ochoa –sólo le quedan siete meses de gestión– y los problemas se le multiplican. Inseguridad, extorsiones, levantones, desapariciones y asesinatos impunes, incluido el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Hoy jueves 28 se cumplen cuatro años de ese homicidio y las autoridades estatales han sido incapaces de atender el reclamo de justicia de familiares, amigos, lectores y reporteros de este semanario. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) desconocen el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien presuntamente ahorcó a Regina con una jerga de baño y la golpeó en diversas partes del cuerpo con una manopla. Después le robó un celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012. Proceso tuvo acceso una sola vez a las diligencias ministeriales, según lo determinó en mayo de 2012 el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado –antecesora de la FGE–, Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien hoy es el líder estatal del PRI por recomendación de Héctor Yunes Landa, quien busca refrendar la gubernatura en los comicios del próximo 5 de junio. Ya pasaron mil 400 días del homicidio de Regina y hasta ahora sólo ha sido recluido en el penal de Pacho Viejo Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH que debe purgar una condena de 38 años y dos meses. Los custodios aseguran que “por órdenes de la dirección” El Silva se encuentra aislado. La litigante Diana Coq Toscanini –ex­co­adyuvante de Proceso en el homicidio de Regina y actual defensora del Silva– critica la negligencia de las autoridades porque, dice, El Jarocho continua “paseándose” por la avenida Juan de la Luz Enríquez, en pleno centro histórico de Xalapa. Nadie lo detiene. Según comentó el gobernador al reportero, El Jarocho “se ha escondido muy bien, pero lo vamos a encontrar”, mientras que el fiscal Luis Ángel Bravo respondió por escrito a un cuestionario que se le hizo llegar: la orden de aprehensión contra el otro coacusado ha sido boletinada a toda la República, incluso a la Policía Federal, y también está “alojada en Plataforma México”. Y agregó: “Hay voluntad política y disposición jurídica. La FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos o mediáticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento”. Sin embargo, en el ámbito local, las inconsistencias no se han subsanado. La juez Beatriz Rivera, por ejemplo, nunca consideró las declaraciones de Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, un presunto operador de Los Zetas en Veracruz, pese a que aseguró (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011) que en el homicidio de Regina estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa (Proceso 1879). Peor aún, según la toca 673-13 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, El Silva fue detenido seis meses después de los hechos y sentenciado en 2013, en flagrante violación al debido proceso, pues no hubo una orden de aprehensión en su contra, como lo indican los artículos 14 y 16 constitucionales. Incertidumbre gremial El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, registra “medidas cautelares de protección” a 37 periodistas que ejercen su oficio en Veracruz, así como a 10 defensores de derechos humanos, entre activistas sociales y tuiteros. Según los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, sólo la Ciudad de México le gana a Veracruz con 47 comunicadores “beneficiarios” del mecanismo de protección. Sin embargo debe tomarse en cuenta que en la capital del país sólo han sido asesinados cuatro periodistas entre 2000 y octubre de 2015, contra los 17 ocurridos en Veracruz en el sexenio duartista, incluido el de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y AVC Noticias, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Rubencillo, como le decían sus compañeros, salió de Veracruz el 11 de junio de 2015, dos días después de colocar la placa de Regina Martínez para rebautizar la Plaza Lerdo con el nombre de su colega. Había decidido autoexiliarse tras detectar que policías vestidos de civil y empleados del gobierno estatal lo perseguían. “Me voy antes que me peguen una madriza y me dejen más loco de lo que ya estoy”, le dijo a sus allegados antes de despedirse. “Mi exilio es temporal. Mira carnal –dijo a este reportero–, hay que estar tranquilos. Después de lo que pasó con Regina, serían muy estúpidos si se metieran conmigo o contigo”. El fotoperiodista se fue a la Ciudad de México. Cuarenta y siete días después fue ejecutado junto a la activista cultural Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martín, la estilista Jesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete. El asesinato más reciente en el gremio veracruzano es el de Anabel Flores, de El Sol de Orizaba y de El Buen Tono, quien el 8 de febrero pasado fue sacada de su domicilio en Mariano Escobedo por un comando armado. Al día siguiente su cuerpo fue localizado en la carretera que va a Tehuacán, Puebla. Alarmados por la incertidumbre, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado “medidas cautelares de protección” –desde el llamado botón de pánico hasta escoltas– al gobernador, la FGE, la SSP y otras instancias federales. Inconsistencias e irregularidades La investigación ministerial 019/2012/PC, el proceso penal 358/2012 y la toca 673-13 están plagados de inconsistencias y diligencias inverosímiles. Según el expediente consultado sólo una vez por Proceso, la noche del 27 de abril de 2012 y la madrugada del día 28, el guardia de seguridad privada que vigilaba los alrededores de la calle Rodríguez Clara y la privada del mismo nombre, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde vivía Regina, se reportó enfermo. La patrulla asignada a la vigilancia del sector que incluye esa colonia, así como las de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, tampoco hizo su rondín en la calle Rodríguez Clara y privada del mismo nombre porque, según los uniformados responsables, el sector era muy extenso, por lo que decidieron hacer rondines aleatorios. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que durante el sexenio de Duarte fue transformada en la FGE, nunca incluyó la línea periodística crítica de Regina y decidió centrar las indagatorias en el entorno personal de la corresponsal de Proceso, una “persona altamente vulnerable” por ser mujer, entrada en años y vivir sola, según la investigación ministerial 019/2012/PC. En su “disposición victimógena”, servicios periciales concluyó que Regina se encontraba en el “inicio de una relación”, porqué encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes nuevos, así como insumos propios de una persona que “inicia una relación”. En abril de 2013, un año después del asesinato de Regina, el reportero de Proceso Jorge Carrasco, parte coadyuvante en el caso, recibió informes acerca de que exfuncionarios y colaboradores de Duarte, de la SSP y de la propia PGJE se reunieron para instrumentar “acciones hostiles” contra él por sus reportajes sobre el asesinato de Regina. En esa reunión presuntamente convinieron en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en la Ciudad de México, donde, dijeron, ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz. Los premiados El jueves 28 se cumplen cuatro años de impunidad en torno al caso de Regina Martínez Pérez. Durante este periodo Proceso ha documentado las pifias de las autoridades estatales, así como los premios a varios personajes del entorno duartista. Felipe Amadeo Flores Espinosa, el exprocurador que entrampó el expediente de los asesinatos de Regina, Goyo Jiménez y Víctor Manuel Báez Chino, entre otros, hoy está al frente de PRI estatal; su hijo Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aun cuando no ha hecho carrera judicial. Beatriz Rivera Hernández, la juez que validó los desaseos en la detención del Silva y en las diligencias ministeriales, también fue ungida como magistrada del TSJ. Marco Antonio Lezama Moo, el subprocurador de Justicia que llevó el caso al principio, despacha como magistrado en la Séptima Sala Penal desde hace dos años, pese a su negro historial. Él fue quien validó las irregularidades en el homicidio de Regina; también encaró un “juicio administrativo” de la propia PGJ por estar en la presunta nómina de Los Zetas. Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, declararon que Lezama Moo presuntamente recibía 80 mil pesos mensuales de la organización delincuencial a cambio de diligencias y favores cuando fungió como subprocurador en Córdoba. Lezama Moo también se ganó el repudio de tuiteros, organizaciones y activistas sociales a raíz de una entrevista con reporteros de Xalapa en la que el funcionario aseguró que la mayoría de las desaparecidas eran gente que se “iba con el amante, otra novia o con el amiguito”. El magistrado federal Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, que recayó con la toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito. A los tres meses de que ingresó el amparo, el gobierno de Duarte promovió a la esposa de Romero, María Dolores Silva Ovando, como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE), a propuesta de Duarte. El magistrado Edel Álvarez, exlíder estatal del PRI, fue quien “revocó” la sentencia contra El Silva, lo que le permitió al inculpado estar libre durante nueve meses, fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia. El presidente del PJE, Alberto Sosa Hernández, quien también dio curso legal a la investigación ministerial del expediente de Regina, se reeligió en diciembre de 2013. Jorge Toss Capistrán, el juez federal que concedió “el amparo” en la segunda etapa del expediente, para que El Silva regresara a la cárcel, fue compensado, aunque de forma indirecta: uno de sus hermanos, Adolfo, es candidato del PRI a la diputación por Xalapa, mientras que otro, Leopoldo, pasó de ser un empleado en el PJE a juez de primera instancia. Consuelo Lagunas, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, fue removida dentro de la FGE; hoy es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata. Otros reacomodos: Braulio Salazar Conde, excomandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) asignado al caso Regina, hoy es delegado regional de la Policía Ministerial en la zona sur; Marco Antonio Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado en Denuncias en Contra de Periodistas y/o Comunicadores, fue ascendido a juez interino de Procedimiento Penal Oral en Xalapa; Norberto Pérez, jefe de grupo de la antigua AVI, fue enviado como comandante de la Policía Ministerial en la zona sur, y Crosbi González Montiel pasó de director de Servicios Periciales del Estado a subprocurador regional de Justicia. En los últimos cuatro años Regina Martínez Pérez ha recibido diversos homenajes dentro y fuera del país. En Veracruz, sus amigos y colegas bautizaron en dos ocasiones la Plaza Lerdo con el nombre de la corresponsal de Proceso. Cada 28 de abril salen a las calles a exigir justicia al gobierno de Duarte por ella y los otros 16 periodistas veracruzanos. En enero pasado, a instancias de los reporteros de la fuente legislativa, el Congreso local bautizó la Sala de Prensa de su recinto con el nombre de Regina. En esa ocasión recordaron que ella recorrió cientos de veces los pasillos del parlamento veracruzano para hacer sus reportajes y documentar sus denuncias, siempre puntuales. Decenas de fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos y directores de medios de comunicación que asistieron al homenaje aplaudieron a Ana Lilia Velázquez, reportera de Notiver y Plumas Libres, cuando leyó: “Es un pequeño y perenne homenaje a la reportera solidaria, profesional, firme, discreta, fuerte e independiente. Así fue ella”, Asimismo se leyó el mensaje del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en el que reiteró: “Como lo hicimos en su momento, clamamos por una justicia que no llega. Reiteramos nuestro rechazo a las investigaciones y a los resultados que dicen haber obtenido las autoridades de Veracruz y una vez más, desde este recinto (el Congreso local), volvemos a decir: ¡No les creemos! “El asesinato de Regina Martínez hirió a Proceso en lo más profundo y provocó un dolor que ha sido compartido por el gremio periodístico de Veracruz, del país entero y de muchas partes del mundo. “De hecho, el crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político en México, en particular en el depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, sigue adelante.”