CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Sin ningún acuerdo plenamente cumplido de parte del gobierno federal y el local, las jornaleras del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), siguen en condiciones de trabajo precarias y abusivas a un año de haber exigido con megamarchas y paros laborales mejoras salariales, e infraestructura médica y de cuidados. Con el movimiento laboral iniciado el 17 de marzo de 2015 en San Quintín, las mujeres jornaleras no sólo arroparon las exigencias del gremio por aumento salarial y seguridad social, sino que además se posicionaron con sus propias demandas. Su salario de menos de 120 pesos diarios, las jornadas extenuantes y la ausencia de protección social derivaron en un paro laboral que duró semanas y que conllevó también la toma de la carretera Transpeninsular durante varias horas. Se gestó así un movimiento que fue un reflejo de lo que ocurre con las trabajadoras agrícolas de todo el país, cuya población y condiciones de vida son inciertas por la ausencia de un censo oficial. Las exigencias femeninas se centraron desde el inicio en cuatro puntos: creación de un hospital de especialidades de tercer nivel para mujeres embarazadas o con enfermedades provocadas por los riesgos de su trabajo; guarderías de calidad para las jornaleras; medidas contra el acoso sexual, e inspecciones para asegurar que los empleadores cumplan las licencias de maternidad y no cometan abusos contra ellas. Las jornaleras han sido protagonistas de estas movilizaciones que incluso a mediados de 2015 fueron reprimidas, al grado de que las autoridades de BC entraron a las comunidades a golpear a activistas, y permitieron una ola de despidos en los campos agrícolas. Según el balance de activistas de la región, a un año de las movilizaciones en San Quintín los avances son raquíticos para las mujeres. Nada de hospital En noviembre pasado inició en San Quintín la ampliación de infraestructura del Hospital Rural Prospera Número 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Vicente Guerrero (principal comunidad de migrantes de la etnia triqui), el mismo que en enero de 2015 recibió una recomendación de la CNDH por violencia obstétrica contra una mujer indígena. Las modificaciones al nosocomio están pensadas para concluir en el primer semestre de 2016 y, de acuerdo con información del IMSS, requiere una inversión de 45 millones de pesos para 10 camas más, la remodelación del área de urgencias, quirófanos y hospitalización, así como la creación de 10 consultorios de especialidades, pero ninguna vinculada con la salud reproductiva de las mujeres. La indígena y activista Lucila Hernández García, que viajó hasta el Senado en marzo de 2015 para exigir mejor atención médica para las jornaleras, dijo que la ampliación del Hospital Rural no representa lo que en origen querían las trabajadoras del campo: contar con centros médicos de la más alta calidad y con equipo y suficiente personal especializado para evitar muertes de mujeres embarazadas, quienes tienen que viajar hasta por cuatro horas a Ensenada (a 188 kilómetros de San Quintín), para recibir atención de tercer nivel. Si bien el proyecto de ampliación está planeado en cuatro fases, hasta ahora los resultados no se traducen en atenciones especializadas contra las muertes maternas, sino únicamente en la construcción apenas de tan sólo seis metros cuadrados de piso y pared. Guarderías, ni en el papel En peores términos está el compromiso de crear guarderías para las trabajadoras agrícolas de la región, aseguró Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Y es que hasta abril pasado no había más que estancias infantiles improvisadas con láminas sobre llantas de colores, y una guardería del IMSS en la que estaba inscrito sólo el hijo de una jornalera, como lo constataron estas agencias al visitar San Quintín. Como se observa en los tres informes de avances que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se encargó de revisar la situación de las y los jornaleros de San Quintín, mientras más avanzaban los encuentros entre las autoridades y el movimiento jornalero, la propuesta de crear guarderías se iba diluyendo hasta el punto de no quedar escrita en alguna minuta. En resumen, un año después no hay ni tres piedras colocadas en el piso que avizoren la construcción de una estancia de calidad para cuidar a las y los hijos de las jornaleras mientras ellas trabajan, ya que permanecen en las calles, al cuidado de otras mujeres sin paga, o detrás de las rejas sus casas. Fideicomiso que nunca se creó Destaca que para la creación del hospital de especialidades y las guarderías, así como de otras mejoras de infraestructura, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, estipuló la creación de un fideicomiso al que aportarían recursos tanto el gobierno federal como del estado, y quedaría a cargo de las y los jornaleros. Los detalles de ese fondo se discutieron en la mesa de diálogo del 24 de abril de 2015, en un restaurante del Valle de San Quintín, al que acudió, además del subsecretario de Gobernación, el gobernador Francisco Vega, e integrantes de la Alianza de Organizaciones. Al respecto, Sánchez Gabriel precisó que en reuniones sucesivas se acordó que el fideicomiso también contendría recursos para el desarrollo de programas sociales focalizados a las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos. Las y los jornaleros podrían participar en la administración del fideicomiso siempre y cuando, advirtieron las autoridades, el movimiento lograra consolidarse con una figura jurídica, lo que sucedió el 3 de diciembre de 2015 al crearse un sindicato. Sin embargo, al día de hoy, con las y los jornaleros agrupados incluso en dos organizaciones sindicales, no hay fideicomiso ni recurso alguno palpable para esta población. En su lugar, en septiembre pasado el gobierno de BC presentó un Programa de Atención para la Región de San Quintín, en el que reconoce los grandes rezagos sociales que denunciaron las y los jornaleros meses antes. Como parte de ese programa, para el que se aseguró una inversión de 2 mil 720 millones de pesos del gobierno del estado y el federal, se establecieron varias líneas de acción enfocadas a “grupos vulnerables” en los que se integra la salud y condición de las 21 mil mujeres que habitan la región. Mediante apoyos sociales, programas asistencialistas, conferencias, talleres y mejoras de infraestructura que incluyen sólo una estancia infantil (sin detallar sus características), el gobierno local pretende hacer frente a problemas de salud sexual y reproductiva que padecen las jornaleras, como cáncer de mamá y embarazos de alto riesgo. Efímeros módulos contra acoso sexual En abril de 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que previo a iniciar inspecciones laborales en los centros de trabajo en San Quintín, promovería módulos de atención para que las jornaleras que afrontaran acoso sexual fueran atendidas de manera directa. No obstante, desde la primera semana que estuvieron estos módulos, estas agencias verificaron que, incluido el que permanecía afuera de la Casa de Gobierno en San Quintín, sólo eran una carpa amarrada con lazos y no había una sola persona que atendiera a las víctimas. Días después los módulos desaparecieron y todo volvió a ser como antes. En mayo pasado, la STPS presumió haber realizado más de 300 inspecciones en diferentes centros de trabajo, pero los resultados públicos no reflejaron casos de mujeres víctimas de acoso o violencia sexual. A fin de procurar que las inspecciones cumplieran sus objetivos y no fueran una simulación más de las autoridades, las y los jornaleros solicitaron acompañar al personal de inspección en sus tareas, petición que fue admitida pero nunca se concretó. A esa demanda se sumó una solicitud del Senado en noviembre pasado para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizaran en un censo el número de mujeres y niñas que se dedica al trabajo agrícola en México. Al respecto, a una solicitud de información de estas agencias a ambas dependencias, la Sagarpa respondió no estar al tanto de tal censo y refirió la petición al Inegi, que hasta ahora tampoco ha respondido. Mientras, Margarita Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena en San Quintín, relató que durante 2015 siguió recibiendo casos de mujeres que padecieron abusos laborales por trabajar en los campos agrícolas. Al menos 4% de los más de 200 casos de violencia en general que atendió Cruz tenía que ver con despidos injustificados y el incumplimiento de las licencias de maternidad. A decir de la defensora, la proporción de mujeres que denunciaron abusos laborales en 2015 no varió respecto de otros años. Su personal incluso realizó entrevistas e instaló módulos para conocer si en algo había mejorado la situación de las jornaleras, pero los relatos de discriminación, abusos y pobreza persistente confirmaron que no. Lo único que cambió este año –aseguró– fue que finalmente personal de la Secretaría del Trabajo de BC aceptó escuchar las propuestas de la Casa de la Mujer Indígena para iniciar programas de información sobre derechos laborales para las jornaleras, una medida en la que las activistas de San Quintín insistían cada año sin obtener respuesta. Por su parte, la Alianza de Organizaciones apuntó que el principal logro, y tal vez único a lo largo de este año, no fue el aumento salarial por categoría –que derivó en el aumento de tareas y en cuotas más altas al Seguro Social–, sino la creación el pasado 3 de diciembre del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 4 de noviembre de 2015 el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, del cual la secretaria de Equidad de Género, Lucila Hernández, acaba de renunciar por considerar que no se toman en cuenta las demandas de las mujeres. Así, a un año de distancia del inicio de las movilizaciones y “sin nada que festejar”, las y los jornaleros comenzaron hoy desde muy temprano una caminata que durará varios desde San Quintín hasta las playas de Tijuana para hacer un balance de los avances y retrocesos con trabajadores agrícolas de la frontera norte. Medidas cautelares La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas al gobierno de Baja California, así como a los municipios de Ensenada y Tijuana, además de comisionar a visitadores adjuntos para participar como observadores en las actividades que hoy llevarán a cabo personas jornaleras. En el marco de las actividades para defender sus derechos laborales, jornaleros y jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín convocaron a diversas movilizaciones para este día, como una marcha entre las ciudades de Ensenada y Tijuana, así como a una reunión con autoridades estatales y municipales en el Centro de Gobierno de San Quintín. Las medidas cautelares tienen la finalidad de salvaguardar la dignidad e integridad de las personas que participen en la marcha y reunión, así como de la población en general y de los integrantes de los medios de comunicación que ejerzan su labor al documentar los hechos.