Ni las sucesivas crisis económicas que mantienen empobrecida a la mayoría de los mexicanos, ni los inacabables casos de corrupción que han exhibido al gobierno en todo el mundo, ni las políticas de “austeridad” implantadas ante estos escenarios, se han traducido en una voluntad política dispuesta a acabar con los privilegios de los expresidentes de la república, la mayor parte de los cuales son, en dinero y en especie, de los más altos del mundo. En su libro Los parásitos del poder, que acaba de ser puesto en circulación por Ediciones Proceso, los investigadores Ernesto Villanueva e Hilda Nucci aportan los elementos nodales para comprender por qué buena parte de esos beneficios son ilegales, además de escandalosamente desproporcionados. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pensionados de por vida con cientos de miles de pesos mensuales por unos cuantos años de trabajo, agraciados para siempre con seguro social y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, asistidos y protegidos por centenares de empleados públicos, favorecidos con subvenciones y apoyos de todo género, los expresidentes mexicanos forman una casta insólita, única en el mundo por sus privilegios casi monárquicos y los multimillonarios recursos que consumen del erario, muy superiores incluso a los de los países más ricos. Si bien desde el periodismo, la academia y la arena política ha logrado documentarse una breve parte de esa condición parasitaria que se eterniza a costa del dinero de los ciudadanos, en México muy difícilmente puede encontrarse una investigación que, con datos duros y basada en rigurosas metodologías de las ciencias sociales, haya abarcado ese cúmulo de beneficios como lo hace Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, libro de Ernesto Villanueva e Hilda Nucci que acaba ser puesto en circulación por Ediciones Proceso. “En México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la Ley del Seguro Social de 1997, debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el IMSS, haber cotizado como mínimo mil 250 semanas –más o menos el equivalente a 25 años de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada”, puntualizan los autores. Por el contrario, advierten, “un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”. Los autores se dieron a la tarea de revisar los ordenamientos legales relativos a los beneficios de los exgobernantes en 21 naciones representativas de los cinco continentes y compararlos con la situación mexicana. Sus hallazgos fueron contundentes: “El caso que más llama la atención es el de México, pues es el único país donde un expresidente recibe aproximadamente 2 mil 379 salarios mínimos como ingreso global mensual.” Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052, ya en circulación