El enriquecimiento de la familia Hank Rhon es una de las historias más oscuras de la política mexicana. Hoy enfrenta otro capítulo. Grupo Interacciones –presidido por el hermano mayor de la dinastía, Carlos– ha prestado 61 mil millones de pesos a distintos gobiernos estatales y locales, avalados por las participaciones federales. Sin embargo, las autoridades responsables y la propia empresa han maniobrado para mantener en la opacidad los contratos y condiciones de dichos empréstitos. Hoy, mediante dos amparos –ya aceptados a trámite– buscan ocultar los detalles de este multimillonario negocio. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al admitir a trámite dos amparos interpuestos por Grupo Financiero Interacciones –que preside el magnate priista Carlos Hank Rhon–, el Poder Judicial de la Federación puso en juego el derecho de los ciudadanos a conocer a detalle el monto de las deudas contratadas por los tres niveles de gobierno. Interacciones dobló a los juzgadores Martín Adolfo Santos Pérez y Juan Pablo Gómez Fierro, cuya decisión de analizar la constitucionalidad del derecho de acceso a los contratos de bancos con gobiernos se dio después de la alerta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por los altos montos de deuda contratados en 10 entidades federativas. Los dos jueces consideraron que otorgar suspensiones provisionales a Interacciones “no priva a la colectividad de algún beneficio ni se le genera daño, sino que por el contrario, de entregarse la información solicitada se consumaría irreparablemente”. Esto significa que, para los garantes de la constitucionalidad, el derecho a saber es un “daño irreparable” en este caso. No es la primera vez que Proceso enfrenta una batalla legal para ejercer el derecho de acceso a la información. En 2006, por ejemplo, solicitó acceso a las boletas electorales de la elección presidencial, y recorrió todas las instancias en México y los organismos internacionales durante siete años, hasta que en 2013 el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló a favor del Estado mexicano avalando el no acceso y la destrucción de boletas. Al respecto, la revista expuso: Este semanario “ya no tiene otro recurso. Sin embargo, podemos decir con orgullo que esta batalla contra la impunidad político-electoral valió la pena” (Proceso 1921). Con tal convicción, esta revista y su director, Rafael Rodríguez Castañeda, han dejado claro que ejercer a plenitud el derecho de acceso a la información forma parte de su línea editorial. Entre otros casos, esta publicación también se amparó contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en 2009 se negó a entregar el expediente de una queja interpuesta por el propio semanario contra la Secretaría de Seguridad Pública, argumentando que contenía información de averiguaciones previas no susceptibles de transparencia. Cuatro años después, en febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a Rodríguez Castañeda, promovente del amparo. Con ello se sentó un precedente para la apertura de averiguaciones previas, algo hasta entonces imposible (Proceso 1893). Esta vez, entre los argumentos de Interacciones destaca que, de transparentarse los contratos de deudas y otros instrumentos, se vulnerarían los secretos empresarial, fiscal, bancario y fiduciario y se le causaría un daño como entidad financiera. Ante las actuaciones judiciales, este reportero solicitó ser incluido como tercero interesado en los dos juicios promovidos por Interacciones, en virtud de que el asunto tiene su origen en dos solicitudes de información realizadas como parte de un trabajo de investigación que se desarrolla en esta empresa editorial. Para la representación jurídica se designó al abogado Luis Miguel Cano, quien también llevó los casos de las boletas y el de la CNDH. En los últimos meses, Cano ha invocado el carácter público de la información, pues desde la Constitución se establece que todo dato relativo al uso de recursos públicos es público. En este caso, no sólo se solicitó conocer el uso de dinero público, sino la forma en que diversos entes en los tres órdenes de gobierno han comprometido recursos hasta por dos décadas. El origen Un elegante salón y la presencia del presidente Enrique Peña Nieto sirvieron para dar realce a la entrega del Premio Nacional de Investigación, un proyecto del Grupo Financiero Interacciones con universidades, gobernadores y la trasnacional Price Waterhouse Cooper de México, una consultora financiera y contable. Era el 6 de noviembre de 2014, y el acto parecía una mera cortesía presidencial para un viejo amigo mexiquense, Carlos Hank Rhon, que incluía la presencia de los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Educación, Emilio Chuayffet; el rector de la UNAM, José Narro, y 13 gobernadores. En su discurso, Hank Rhon aprovechó para promover la contratación de deuda por parte del sector público pues, dijo, en México el financiamiento bancario representa 3% del Producto Interno Bruto, mientras que en países con un desarrollo similar supera 10%. Entonces añadió: “En los últimos 10 años, Interacciones ha incrementado en 17 veces la cartera de crédito otorgada a entidades federativas y municipios, sumando un total de 61 mil millones de pesos. Y, hace unos días, anunciamos un ambicioso programa para duplicar esta cifra en los próximos tres años.” Peña Nieto, en tanto, se refirió a los galardonados al iniciar su mensaje, pero rápidamente empezó a hablar de federalismo fiscal y de los recursos con que a partir de 2015 contarían los estados y municipios, producto de la reforma hacendaria. Luego insistió en que su gobierno propiciaba la transparencia en los fondos federales. Los recursos a los que se refirió Peña Nieto son los que en gran medida respaldan la deuda de estados y municipios. Un día después del acto, el 7 de noviembre de 2014, el reportero solicitó copia de todo contrato relativo a financiamiento y asesoría a proyectos de infraestructura física y social, créditos y operación de fideicomisos firmados por Interacciones con el gobierno federal, los estados y municipios. Contra la opacidad A la solicitud hecha a la SHCP se le asignó el folio 0000600284814, y a la que se hizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se le dio el 0610000050814. En respuesta, la CNBV declaró la información confidencial, al considerar que en esa calidad se la había entregado Interacciones; que si bien contaba con información, no la podía transparentar, porque podría ser útil a algún competidor de Interacciones. La declaración de confidencialidad se recurrió ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el 8 de diciembre de 2014. El asunto se asignó al comisionado Joel Salas Suárez, con el expediente RDA 5415/14. Durante la sustanciación, la CNBV alegó que tenía mil 498 líneas de crédito de Interacciones con entidades públicas, que representarían unos 4 mil 344 contratos, de los que sólo poseía una muestra representativa de 115. Al transparentar sólo eso, expuso, se podrían alcanzar conclusiones erróneas sobre las operaciones de Interacciones. A la CNBV le preocupaba, y en ello fue reiterativa, que la transparencia afectara el know how de Interacciones, es decir, las experiencias, técnicas, decisiones o procedimientos de negocio que le permiten ser competitivo. También que algunos de los créditos fueron contratados con concesionarios cuyos datos patrimoniales y personales no eran públicos. El proyecto de Salas Suárez fue ­exhaustivo. Después de un análisis detallado del caso y de diferentes aspectos jurídicos, concluyó que dar a conocer la información no afectaba a Interacciones. Entre otras consideraciones, concluyó que la CNBV no tenía derecho a clasificar la información como confidencial. Salas Suárez demostró que desde la Constitución queda establecido que los recursos públicos tienen un carácter “eminentemente público” y, en virtud de que todo crédito los compromete, transparentar los contratos es una obligación para los tres órdenes de gobierno. Al respecto, enlistó cinco resoluciones previas del INAI, que mostraban el mismo criterio. El proyecto fue votado por unanimidad y se notificó el 9 de abril. Respecto de la SHCP, la respuesta se otorgó el 23 de enero de 2015. A diferencia de la CNBV, la dependencia que encabeza Luis Videgaray puso a disposición copias simples de la información: eran los contratos de 15 estados y 42 municipios con Interacciones. Pero estaban incompletos, por lo que se consideró que la dependencia no fue exhaustiva en sus búsquedas y no entregó ningún contrato del gobierno federal. El recurso de revisión ante el INAI fue asignado al comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, con el número de expediente RDA 1011/15. Entre los reclamos que se presentaron al INAI destacaba, por ejemplo, que no se incluyó la totalidad de los anexos de los contratos, de manera que en diferentes casos se saltaba del fin de un contrato a un Anexo 5. Peor aún: en lo entregado, a la SHCP se le fueron post-it, entre otros, uno en el que se leía: “Versión final anexos corresponde a gaceta oficial y formatos para disposición. Inofensivos”, seguido de una rúbrica de “visto bueno”. Más allá de los argumentos que se expusieron, la ponencia de Guerra Ford identificó que, en efecto, la búsqueda no fue exhaustiva, pues inclusive localizó datos ya públicos que no se habían entregado. También dio la razón al solicitante en cuanto a la ausencia de anexos. En torno de los post-it, la SHCP negó que fueran suyos y el asunto fue desestimado por el INAI. La resolución instruyó modificar la respuesta, recuperar datos que se omitieron, realizar una nueva búsqueda que incluyera contratos federales y, en general, concedió la razón a todos los reclamos. El proyecto de Guerra Ford también tuvo aprobación unánime y fue notificado el 18 de mayo de 2015. En el contraste de las dos resoluciones, un aspecto resultó relevante: según la CNBV, en ocho años se registraron 4 mil 344 contratos con Interacciones, por contratación de deuda de entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, pero la SHCP sólo admitía tener registro de 57 contratos. Al amparo del poder… Judicial El Grupo Financiero Interacciones se especializa en brindar servicios al gobierno. El presidente del consejo de administración es Carlos Hank Rhon, el magnate de la élite mexiquense recién incluido en la lista de millonarios del mundo de la revista Forbes, hijo del extinto Carlos Hank González, a quien se consideró jefe del llamado Grupo Atlacomulco. De acuerdo con los indicadores financieros de la Bolsa Mexicana de Valores, Interacciones es el tercer prestamista del sector gobierno, al concentrar 12% del mercado, sólo superado por Banorte (que acapara 24%) y BBVA Bancomer (con 26%). Sin embargo, como familia, los Hank concentran 36% del mercado, pues el hijo de Hank Rhon, homónimo de su abuelo, Carlos Hank González, es presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte. El 15 de abril de 2015, el juez quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión provisional y notificó a las autoridades imputadas por Interacciones (Expediente 793/2015). La CNBV admitió que el banco tenía razón pero que tenía una orden del INAI de entregar la información. Un mes más tarde, el juzgador otorgó la suspensión definitiva. El INAI expresó su inconformidad debido a que se causa un daño grave a la colectividad por la magnitud del derecho de acceso, e intentó recurrir la sentencia, sin conseguirlo, en el Cuarto Tribunal Colegiado. Durante el resto de 2015 las actuaciones siguieron –ya con la suspensión definitiva– hasta que el 7 de diciembre se notificó que el juzgado concedió el amparo e instruyó que el INAI le diera audiencia a Interacciones. Con su resolución, el juez no dejó satisfecho a nadie, pues el banco se inconformó porque pretendía un amparo con mayores alcances. Luis Miguel Cano, abogado que representa a Proceso, presentó un recurso en el que se reclama que el juez Gómez Fierro debió decidir primero si la información es pública o no. El argumento es similar al del INAI, que además alega que no tiene por qué darle audiencia a una entidad privada y que, siendo un órgano constitucional autónomo, deben respetarse sus resoluciones, aun por el Poder Judicial. Por cierto, la versión pública colocada por el juzgado, descuidó la secrecía solicitada por Interacciones, al revelar el nombre de la entidad financiera, lo mismo que el del reportero en calidad de tercero interesado. Todos los recursos se encuentran ahora radicados en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (Expediente 30/2016). Respecto del caso radicado en el Juzgado Tercero, relacionado con la instrucción del INAI a la SHCP, fue notable que Interacciones incluyera el nombre del reportero y argumentara su profesión como un riesgo. Como Interacciones presentó su amparo contra la Presidencia de la República, contra el Senado por aprobar la Ley de Transparencia y contra la propia ley, y contra el INAI, dichas entidades públicas no sólo rechazaron los alegatos del banco, sino que dieron la razón al INAI. En ese caso (expediente 1415/2015) el avance es lento porque Interacciones pidió que los 15 estados y 42 municipios que tienen deuda acudan como terceros interesados a declarar que la información debe clasificarse. El juez Santos Pérez lo admitió. Cano ha considerado que se trata de una práctica dilatoria que llevará meses desahogar, por lo que solicitó que se depositara una garantía económica por Interacciones que, concedida por el juez, el banco recurrió ante el Cuarto Tribunal para evitar depositarla. Por lo pronto, las decisiones de los juzgados Tercero y Quinto de Distrito en Materia Administrativa ya dilataron casi un año el acceso a la información. Esto equivale, en tiempo, a la tercera parte del “ambicioso plan” anunciado por Hank Rhon aquel 6 de noviembre de 2014, con el que pretende triplicar la deuda que con él contraigan los gobiernos.