La iniciativa presidencial para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego a fin de permitirles a los agentes estadunidenses operar armados en territorio nacional no haría sino legitimar una situación que ya existe de hecho. Empleados de la DEA y del FBI confirman que esta práctica se observa desde hace décadas –todo mundo lo sabe pero nadie lo menciona–. Esos funcionarios aseguran que no verían “ningún cambio” si la propuesta de Peña Nieto se aprueba. WASHINGTON (Proceso).- Enfáticos y casi descaradamente, funcionarios de la DEA y del FBI sostienen que no verían “ningún cambio” en su manera de operar en México con la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto, que permitiría la portación de armas de fuego a agentes extranjeros dentro del territorio mexicano. “No cambiaría en nada nuestras operaciones en México”, dice un funcionario de la administración antidrogas estadunidense (DEA). “¿Cuál es la modificación? Es un tema que se agradece, pero no cambia nada”, refiere por su parte un empleado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ambos fueron consultados telefónicamente por Proceso y pidieron no ser identificados, toda vez que el tema gira en torno de un proyecto de ley que no ha sido refrendado por el Congreso mexicano. La semana pasada Peña Nieto envió al Senado un proyecto de modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuyo marco se permitiría a los agentes extranjeros, aduanales y de migración portar armas en territorio mexicano. La decisión de Peña Nieto tomó por sorpresa a la DEA y al FBI pues, admiten, durante años y por medio de los oficios diplomáticos del Departamento de Estado se abogó por que a sus agentes en México se les permitiera portar armas de fuego para su defensa; con más urgencia a raíz de la guerra contra el narcotráfico que lanzó el expresidente Felipe Calderón y mantiene Peña Nieto. “Es una grata sorpresa, sobre todo viniendo del presidente de México”, comenta con tono risueño el funcionario de la DEA. Desde 1973 –cuando esta agencia comenzó a operar en Sinaloa, Guerrero, Sonora y Jalisco– el Departamento de Estado pidió al gobierno mexicano que a sus agentes se les permitiera portar armas de fuego para su defensa. Sin embargo la respuesta de Los Pinos siempre fue una negativa. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)